Chile se ha convertido en una potencia agroexportadora, pero detrás de la productividad de sus campos existe una preocupación que permanece muchas veces fuera de la discusión pública: la exposición de trabajadores agrícolas, niños, mujeres y comunidades rurales a los plaguicidas utilizados intensivamente en la agricultura. Una revisión sistemática de estudios epidemiológicos realizados en distintas regiones del país advierte sobre efectos neurotóxicos, genotóxicos y reproductivos asociados a esta exposición, además de niveles de contacto con estos productos que, en algunos grupos estudiados, superan los registrados en investigaciones internacionales.
Durante las últimas décadas, Chile desarrolló una agricultura orientada fuertemente a la agroexportación. Este proceso estuvo acompañado por una expansión de los monocultivos y por una utilización intensiva de productos fitosanitarios destinados a controlar plagas, enfermedades y malezas.
La revisión analizada señala que este modelo productivo convive con importantes vacíos en materia de regulación, vigilancia y conocimiento sobre la magnitud real de la exposición de la población. El problema no se limita a quienes trabajan directamente aplicando estos productos. La evidencia revisada muestra que también existe exposición ambiental en comunidades rurales y población general.
Entre los productos mencionados aparecen insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides, además de herbicidas como paraquat, glifosato y 2,4-D. La investigación advierte que algunos de estos compuestos han sido restringidos o se encuentran en procesos de prohibición en distintos países debido a sus riesgos.
Uno de los principales hallazgos de la revisión es que la exposición a plaguicidas no puede entenderse únicamente como un problema ocupacional.
Durante los períodos de fumigación se detectaron alteraciones en biomarcadores relacionados con la exposición a estos productos tanto en trabajadores agrícolas como en población general rural. En un estudio realizado en la Región de Coquimbo, la inhibición de determinadas enzimas superó los límites de tolerancia biológica en una parte de los trabajadores y también en personas de la población general.
La contaminación puede alcanzar además los alimentos. Una investigación realizada con escolares de la provincia de Talca detectó metabolitos de plaguicidas organofosforados en muestras de orina. Entre los principales predictores de exposición se identificaron residuos de clorpirifós y fosmet presentes en frutas consumidas durante la merienda escolar. También se encontraron residuos de distintos plaguicidas en frutas, hortalizas, suelo y agua.
La situación adquiere especial relevancia cuando se considera que algunos de los residuos identificados correspondían a productos considerados peligrosos.
Niños y niñas: una población especialmente vulnerable
Entre los grupos que generan mayor preocupación aparecen los niños y niñas que viven o estudian en territorios agrícolas.
La revisión identifica investigaciones realizadas en escuelas rurales del Maule que encontraron asociaciones entre la cercanía de los establecimientos a predios agrícolas donde se utilizan plaguicidas y determinados indicadores de discapacidad intelectual. Otro estudio detectó metabolitos de organofosforados en escolares y encontró una asociación entre una mayor concentración de uno de estos metabolitos y una menor velocidad de procesamiento cognitivo.
Los autores advierten que la infancia merece especial atención debido al proceso de desarrollo del sistema nervioso. La revisión señala que las concentraciones de metabolitos encontradas en escolares chilenos fueron superiores a las reportadas en determinados estudios internacionales.
Esto plantea una interrogante que excede el ámbito individual: ¿hasta dónde puede una familia proteger a sus hijos cuando la fuente de exposición se encuentra en el entorno donde viven, estudian, trabajan sus padres o se producen los alimentos que consumen?
La propia investigación entrega una respuesta indirecta. Una intervención educativa logró mejorar la percepción del riesgo entre la población, pero no consiguió reducir significativamente los niveles de determinados metabolitos en la orina de los niños. Para los investigadores, esto constituye una señal de que el problema ambiental no puede resolverse únicamente mediante conductas individuales de autocuidado.
Los trabajadores agrícolas constituyen el grupo más estudiado dentro de la evidencia chilena revisada: representan el 50% de las poblaciones consideradas en los estudios.
En trabajadores expuestos a plaguicidas organofosforados en la Región del Maule se observaron diferencias en determinadas pruebas neuropsicológicas respecto de trabajadores no expuestos. También se identificó una mayor frecuencia de intoxicaciones y un mayor riesgo de polineuropatía periférica en trabajadores agrícolas expuestos.
En la Región de Coquimbo, investigaciones encontraron un menor desempeño en funciones ejecutivas, memoria y atención entre trabajadores agrícolas expuestos y también entre personas que residían en zonas agrícolas, en comparación con grupos no expuestos.
Estos resultados adquieren una dimensión social cuando se considera que buena parte de la producción agrícola depende precisamente de quienes trabajan en estos territorios y permanecen en contacto directo o indirecto con los productos utilizados durante las temporadas agrícolas.
Mujeres temporeras y riesgos reproductivos
Otro de los grupos identificados por la investigación corresponde a las mujeres trabajadoras agrícolas de temporada.
En estudios realizados en la Región del Biobío se observaron mayores frecuencias de determinados indicadores de daño genético en mujeres temporeras expuestas a plaguicidas respecto de trabajadoras sin antecedentes de exposición ocupacional.
La revisión también recoge investigaciones que analizaron problemas reproductivos. En uno de estos estudios se observaron asociaciones entre exposición y problemas de fertilidad, complicaciones durante el embarazo, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Otro estudio encontró una mayor frecuencia de determinados daños genéticos entre mujeres agrícolas temporeras.
La evidencia disponible también incluye investigaciones sobre recién nacidos en la Región de O’Higgins y abortos espontáneos estudiados en la Región de Valparaíso, donde se observaron asociaciones con antecedentes de actividad agrícola.
Una de las dificultades centrales para dimensionar el problema es que la exposición a plaguicidas no necesariamente produce una intoxicación inmediata.
La revisión señala que, además de las intoxicaciones agudas, existe preocupación por exposiciones prolongadas a concentraciones subclínicas. Estas han sido asociadas en la literatura revisada con alteraciones cognitivas, reproductivas y neuroconductuales, entre otros efectos.
Esto genera un desafío para la salud pública: la ausencia de síntomas inmediatos no significa necesariamente ausencia de exposición o de riesgo.
La propia revisión muestra que la investigación chilena todavía presenta limitaciones. De los 19 estudios incluidos, solo tres cuantificaron directamente la concentración de plaguicidas o sus metabolitos en sangre u orina. Una de las razones señaladas es la falta de laboratorios acreditados en Chile y Latinoamérica capaces de realizar determinados análisis en muestras biológicas, lo que obliga en algunos casos a recurrir a laboratorios extranjeros con costos elevados.
La exposición humana forma parte de un problema mayor: la relación entre agricultura intensiva, contaminación y ecosistemas.
La revisión plantea la necesidad de fortalecer la vigilancia de la exposición y reducir la deriva de las fumigaciones hacia poblaciones cercanas. También recoge evidencia de presencia de plaguicidas en aire y en distintos componentes del entorno.
Desde esta perspectiva, el debate no se limita a determinar cuánto producto se aplica por hectárea. También resulta necesario preguntarse qué ocurre con esos compuestos después de la aplicación, hacia dónde se desplazan, cuánto tiempo permanecen en el ambiente y qué poblaciones quedan expuestas.
El problema adquiere una dimensión territorial particularmente relevante en comunidades rurales donde escuelas, viviendas, fuentes de agua, cultivos y lugares de trabajo pueden encontrarse próximos entre sí.
Chile cuenta con mecanismos regulatorios para controlar el uso de plaguicidas. El Ministerio de Salud, con apoyo del Instituto de Salud Pública, participa en la vigilancia de la exposición ocupacional, mientras que el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, regula materias relacionadas con la importación y comercialización de plaguicidas agrícolas.
Sin embargo, la revisión identifica dificultades para conocer la magnitud real de la exposición y plantea preocupación por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad y por las insuficiencias de fiscalización.
Entre las recomendaciones planteadas por los investigadores se encuentran fortalecer la vigilancia activa, aumentar el control sobre la venta de plaguicidas, incorporar biomarcadores y evaluaciones de salud en trabajadores agrícolas y aplicadores, y restringir productos respecto de los cuales exista evidencia contundente de daño para la salud.
Uno de los conceptos centrales que emerge de esta revisión es el principio precautorio.
Cuando existen señales de riesgo para la salud humana y el medio ambiente, la falta de información completa no debería convertirse necesariamente en una razón para postergar las medidas de protección. Los autores plantean, precisamente, la necesidad de restringir aquellos plaguicidas respecto de los cuales existe evidencia internacional de efectos perjudiciales.
Esto adquiere particular importancia en un país cuya economía agrícola depende de la producción intensiva y de la inserción de sus productos en los mercados internacionales.
El desafío consiste entonces en compatibilizar la producción de alimentos y la actividad económica con la protección efectiva de quienes trabajan la tierra, quienes viven cerca de los cultivos, quienes estudian en escuelas rurales y quienes consumen los alimentos producidos en estos territorios.
La revisión no plantea únicamente un diagnóstico. También propone líneas de acción.
En el ámbito comunitario, recomienda fortalecer la educación y capacitación de organizaciones rurales y establecer protocolos de seguridad frente a las aplicaciones de plaguicidas. En las escuelas rurales propone programas de educación ambiental y prevención. Para la academia plantea fortalecer los laboratorios capaces de analizar biomarcadores y ampliar la investigación. Y para las autoridades recomienda aumentar la vigilancia, fiscalización y control de la comercialización y utilización de estos productos.
El desafío, por tanto, no corresponde exclusivamente a los agricultores ni puede trasladarse a las familias mediante recomendaciones de autocuidado.
La evidencia recopilada apunta hacia una responsabilidad más amplia: regular, fiscalizar, investigar y prevenir los impactos ambientales y sanitarios asociados al modelo de producción agrícola.
Chile ha construido parte de su reconocimiento internacional sobre la capacidad de producir y exportar alimentos. Pero detrás de cada fruta, cada hortaliza y cada cosecha también existen territorios, trabajadores y comunidades.
La discusión sobre los plaguicidas obliga a mirar ese otro lado de la agricultura: el costo humano y ambiental que puede permanecer invisible mientras la productividad continúa creciendo.
La propia revisión concluye que los niveles de exposición detectados en niños, población general y trabajadores resultan preocupantes y plantea la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia local, sistemas integrales de vigilancia y una regulación más estricta de los productos considerados de mayor peligrosidad.
Porque producir alimentos no debería significar poner en riesgo a quienes los producen, a quienes viven en los territorios agrícolas ni al ecosistema que sostiene esa producción.