Chile se ha convertido en uno de los principales mercados mundiales de ropa usada por habitante, pero detrás del crecimiento de este comercio existe un problema ambiental cada vez más evidente: una parte importante de los textiles termina convertida en residuo y el país todavía carece de la infraestructura necesaria para reciclarlos y cerrar su ciclo.
Chile ocupa el tercer lugar del mundo en importación de ropa usada per cápita, con 5,46 kilos por habitante al año, y el octavo en volumen total, con aproximadamente 107 mil toneladas netas. Las cifras forman parte del informe “Chile en el circuito global de la ropa usada: Importación y comercialización del textil de segunda mano”, elaborado por investigadoras del Centro de Investigación en Economía y Sociedad (ESOC) de la Universidad Central de Chile, que analizó los movimientos de ropa de segunda mano entre 2015 y 2023.
El estudio permite mirar más allá de las imágenes de enormes acumulaciones de prendas abandonadas en el desierto de Atacama, particularmente en sectores de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. Estos vertederos ilegales se han transformado en uno de los símbolos más visibles de la crisis de los residuos textiles, pero el fenómeno responde a una problemática mucho más amplia: Chile forma parte de un circuito global donde millones de prendas son producidas, comercializadas, utilizadas y finalmente descartadas.
La investigadora Paz Concha, directora del ESOC y líder del proyecto Fondecyt “Comprendiendo el valor en la economía circular: el caso de la industria textil en Chile”, plantea que el desafío consiste precisamente en comprender este fenómeno como parte de un sistema internacional de circulación de mercancías y residuos, y no como un problema aislado del norte del país.
A nivel mundial, el comercio de textiles de segunda mano prácticamente se duplicó entre 2006 y 2023, pasando de 3,5 a 6,4 millones de toneladas anuales. En Chile, los flujos de ingreso han aumentado en promedio un 5,9% anual, concentrándose cerca del 45% en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Uno de los datos que genera mayor preocupación es que el 13% de la ropa que ingresa al país no tiene un origen declarado, situación que dificulta la trazabilidad de las prendas y conocer con precisión de dónde provienen, bajo qué condiciones fueron producidas y cuál será su destino una vez que dejen de ser utilizadas.
El mercado interno también ha experimentado una fuerte expansión. La comercialización de ropa usada creció cerca de 670% desde 2005, convirtiéndose además en una fuente importante de empleo, históricamente con una alta participación femenina. Sin embargo, la participación de mujeres en este sector disminuyó desde un 70,4% a un 55,5% entre 2005 y 2023.
Esta dimensión social resulta relevante al momento de discutir nuevas regulaciones. El problema ambiental no puede abordarse simplemente enfrentando a consumidores, vendedores o importadores, ya que cualquier modificación en las condiciones de ingreso de ropa usada también puede tener consecuencias sobre el empleo femenino y trabajadores vinculados a actividades muchas veces precarizadas.
Al mismo tiempo, Chile comienza a avanzar hacia una mayor regulación mediante la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que incorporó a los textiles como su séptimo producto prioritario, convirtiéndose además en el primero incorporado a la legislación después de su promulgación. El objetivo es avanzar hacia un sistema donde quienes introducen productos al mercado también tengan responsabilidades respecto de los residuos que estos generan al finalizar su vida útil.
Para avanzar en esta materia se encuentra en proceso de conformación el Comité Operativo Ampliado (COA), instancia que reúne a representantes públicos, privados y de la sociedad civil y que deberá aportar antecedentes para definir futuras metas de recolección y valorización de residuos textiles.
El desafío, sin embargo, no es menor. Chile presenta un alto nivel de consumo de vestuario y depende fuertemente de las importaciones. De acuerdo con especialistas del sector, más del 90% de la ropa nueva consumida en el país es importada, lo que dificulta conocer las condiciones de fabricación, los materiales utilizados y las posibilidades reales de reciclaje de las prendas.
A esto se suma una dificultad básica: el país todavía no cuenta con una industria textil de reciclaje suficientemente desarrollada para absorber los residuos que genera el mercado. Sin infraestructura de recolección, clasificación, reutilización y valorización a gran escala, una parte importante de las prendas que dejan de utilizarse termina en vertederos, basurales o lugares de disposición ilegal.
La falta de información también constituye una barrera para la implementación de la Ley REP. Durante el año pasado, la declaración de volúmenes textiles en la plataforma REPSE era voluntaria para las empresas del sector y fueron pocas las que entregaron sus antecedentes. Actualmente, la declaración es obligatoria, pero persisten dificultades para determinar cuántos kilos de productos textiles pone cada empresa en el mercado y cuál es exactamente la composición de las prendas.
Este último aspecto resulta fundamental para avanzar hacia una verdadera economía circular. No todos los textiles pueden reciclarse de la misma manera. La composición de las fibras, las mezclas de materiales, tinturas, tratamientos y accesorios presentes en una prenda pueden dificultar considerablemente su recuperación.
Por eso, iniciativas como los pasaportes digitales de productos, que buscan entregar información sobre el origen y composición de los bienes, también enfrentan desafíos. Especialistas advierten que parte de la información disponible puede ser autodeclarada por las propias empresas y no necesariamente contar con mecanismos suficientes de verificación independiente.
Mientras la regulación intenta avanzar, distintas empresas y emprendimientos están desarrollando soluciones para enfrentar la falta de infraestructura. Entre ellas se encuentran iniciativas destinadas a facilitar el cumplimiento de la Ley REP, mejorar la trazabilidad y generar información que permita conocer cuánto material textil entra al mercado y qué ocurre con él una vez que se transforma en residuo.
El problema ambiental, sin embargo, va mucho más allá de la ropa usada. El crecimiento acelerado de la industria de la moda y el aumento del consumo de prendas de bajo costo han generado una enorme presión sobre los recursos naturales utilizados para producir fibras, fabricar textiles, teñirlos, transportarlos y finalmente eliminarlos.
En ese contexto, la ropa de segunda mano puede ser una alternativa para extender la vida útil de las prendas, pero por sí sola no resuelve el problema. Si el volumen de producción y consumo continúa creciendo sin límites, incluso los sistemas de reutilización pueden verse sobrepasados.
El desafío para Chile consiste entonces en avanzar desde una lógica basada principalmente en comprar, usar y desechar, hacia un modelo que priorice la reducción del consumo, la reparación, la reutilización, la trazabilidad y, cuando sea técnicamente posible, el reciclaje de los materiales.
Las imágenes de toneladas de ropa abandonadas en el desierto de Atacama representan apenas la expresión más visible de una problemática global. Detrás de cada prenda descartada existe una cadena de producción, transporte, consumo y generación de residuos que involucra recursos naturales, energía, agua y trabajo.
Por eso, el debate sobre la ropa usada y la Ley REP no debería limitarse a cuánto se importa o cuánto se vende. La pregunta ambiental de fondo es qué cantidad de ropa necesita realmente la sociedad, cuánto tiempo utilizamos cada prenda y qué capacidad tenemos como país para evitar que aquello que alguna vez fue un producto termine convertido en basura.
Chile comienza a construir las reglas para enfrentar este desafío, pero mientras la infraestructura de reciclaje y valorización siga siendo insuficiente, el crecimiento del mercado textil continuará generando una presión ambiental que se hace cada vez más difícil de ignorar.