La empresa Prospecciones Greenfield SpA, vinculada a la canadiense Aclara Resources, dio un nuevo paso para avanzar en la actividad minera en la comuna de Hualqui, Región del Biobío. El 20 de agosto de 2026, el Diario Oficial publicó una manifestación minera denominada “VERONICA 25, 1 al 60”, mediante la cual la compañía busca constituir una concesión de explotación compuesta por 60 pertenencias de cinco hectáreas cada una, equivalentes a aproximadamente 300 hectáreas.
El antecedente es relevante porque demuestra que el interés de Aclara por los minerales críticos de Hualqui ha avanzado desde la etapa de exploración hacia un procedimiento destinado a constituir derechos de explotación. Sin embargo, es importante precisar que una manifestación minera no significa que exista actualmente una mina autorizada ni que la empresa pueda comenzar inmediatamente a extraer minerales. La constitución de una concesión de explotación requiere cumplir las etapas establecidas por la legislación minera chilena y, para un eventual proyecto que deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también deberán obtenerse las autorizaciones ambientales correspondientes.
La manifestación fue presentada el 10 de julio de 2026 ante el Primer Juzgado Civil de Concepción y posteriormente publicada en el Diario Oficial. El documento establece las coordenadas del área solicitada y confirma formalmente el avance de Prospecciones Greenfield en la zona.
La noticia adquiere especial importancia por la ubicación territorial de Hualqui y por la existencia de sectores rurales y sitios de valor histórico y arqueológico en el entorno de Quilacoya. Entre ellos se encuentra el Cerro Piedra de la Costilla, reconocido por su importancia patrimonial debido a la presencia de estructuras megalíticas y petroglifos. Investigaciones impulsadas desde el ámbito del patrimonio cultural han identificado este lugar como un espacio de relevancia arqueológica y cultural.
La historia de Quilacoya también está estrechamente relacionada con la minería. Según antecedentes recopilados por Memoria Chilena, los lavaderos de oro de Quilacoya fueron explotados durante el período colonial mediante sistemas de trabajo indígena forzado, convirtiendo al territorio en uno de los escenarios históricos de la explotación aurífera durante la colonización española.
Hoy, siglos después, el territorio vuelve a quedar bajo presión extractiva, aunque esta vez por el interés internacional en las denominadas tierras raras, un conjunto de elementos químicos utilizados en tecnologías vinculadas a la electrónica, los vehículos eléctricos, sistemas de generación energética, imanes permanentes y otras aplicaciones consideradas estratégicas para la transición tecnológica.
Aclara plantea precisamente que su objetivo es desarrollar una fuente de tierras raras fuera de China y posicionar a Chile como productor de estos minerales críticos. La compañía desarrolla una tecnología denominada “Cosecha Circular de Minerales”, orientada a recuperar tierras raras presentes en arcillas iónicas.
Pero detrás de la etiqueta de “minerales críticos” existe una discusión ambiental que no puede ser ignorada.
La experiencia internacional demuestra que la extracción de tierras raras puede generar impactos importantes sobre los ecosistemas, especialmente cuando se utilizan procesos de lixiviación para separar los minerales contenidos en las arcillas.
Uno de los métodos empleados históricamente en determinadas regiones de China consiste en utilizar sulfato de amonio como agente lixiviante. Investigaciones científicas han advertido que estos procesos pueden modificar las características químicas del suelo y favorecer la migración de compuestos hacia aguas y terrenos ubicados aguas abajo.
Un estudio publicado en Science of the Total Environment encontró que terrenos afectados por este tipo de explotación presentaban niveles de acidificación del suelo significativamente superiores a los suelos naturales estudiados y detectó procesos de migración de amonio hacia sectores ubicados aguas abajo.
Otra investigación científica también ha advertido que parte del sulfato de amonio utilizado durante la lixiviación puede permanecer en el terreno y posteriormente liberarse, generando potenciales problemas ambientales incluso después del término de las operaciones.
Estos antecedentes no permiten afirmar que Aclara vaya a generar necesariamente los mismos impactos observados en China. Las características geológicas, la tecnología, las medidas de control y las condiciones ambientales son diferentes.
Pero existe un elemento que hace necesario mirar con atención el proceso.
Una investigación realizada por la Universidad de Concepción sobre la planta piloto de Aclara estudió precisamente variables asociadas al proceso de extracción de tierras raras desde arcillas, entre ellas el sulfato de amonio, el pH y el porcentaje de sólidos. El trabajo analizó 118 toneladas de arcilla y obtuvo concentrado de tierras raras mediante el proceso desarrollado por la compañía.
Aclara, por su parte, sostiene que su tecnología busca disminuir significativamente la huella ambiental de la extracción convencional y que el proceso industrial contempla recirculación de agua y reducción de residuos líquidos. Para su proyecto de Penco, la empresa señala que aproximadamente el 95% del agua del proceso sería recirculada.
Aquí aparece uno de los principales desafíos ambientales: las promesas tecnológicas deben ser verificadas en la práctica y bajo las condiciones específicas de cada territorio.
La aprobación ambiental del proyecto de Aclara en Penco, ocurrida durante 2026, constituye un antecedente relevante. La compañía señala que el proyecto contempla una superficie aproximada de 600 hectáreas y una producción promedio de alrededor de 811 toneladas anuales de óxidos de tierras raras, además de medidas de revegetación y reforestación con especies nativas.
Pero la aprobación de Penco no significa que Hualqui esté ambientalmente aprobado.
Cada eventual proyecto debe ser evaluado de acuerdo con sus propias características, ubicación, obras, procesos e impactos. La legislación chilena contempla el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para determinados proyectos de desarrollo minero, por lo que una concesión minera y una autorización ambiental son procedimientos distintos.
Por eso, la publicación de “VERONICA 25, 1 al 60” debe entenderse como una señal de avance de la actividad minera, pero no como el inicio de una explotación.
Al mismo tiempo, tampoco sería responsable minimizar el antecedente.
La existencia de una manifestación de aproximadamente 300 hectáreas significa que una empresa minera está buscando asegurar derechos sobre un territorio determinado, y eso obliga a abrir desde ahora una discusión pública sobre sus posibles consecuencias.
Entre las preguntas que deberían ser respondidas antes de cualquier eventual explotación están qué minerales pretende extraer la compañía, cuál será el método específico de extracción, qué superficie será efectivamente intervenida, cuánta agua será utilizada, qué cantidad de sulfato de amonio se requerirá, cómo se evitará la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cómo se manejarán los residuos, qué ocurrirá con los suelos intervenidos y qué medidas se adoptarán para proteger la biodiversidad y el patrimonio arqueológico.
También resulta necesario establecer con precisión la relación espacial entre las concesiones y los sitios patrimoniales existentes en el territorio. Con los antecedentes públicos actualmente disponibles no corresponde afirmar que la concesión “VERONICA 25” se superpone directamente con el Cerro Piedra de la Costilla. Esa afirmación requeriría una comparación cartográfica oficial entre las coordenadas de la manifestación y la delimitación precisa del sitio arqueológico.
Lo que sí está documentado es la existencia de un territorio con valor histórico, arqueológico, rural y ambiental, donde cualquier intervención de gran escala puede generar impactos directos o indirectos que deberán ser evaluados.
La discusión cobra todavía mayor relevancia frente a la expansión mundial de la demanda por tierras raras. La transición hacia vehículos eléctricos, energías renovables y tecnologías de menor emisión de carbono requiere grandes cantidades de minerales. Pero esto plantea una paradoja que los territorios como Hualqui deberán enfrentar: la transición energética también necesita minería y, por lo tanto, puede trasladar sus impactos ambientales hacia nuevas zonas de extracción.
Que las tierras raras sean fundamentales para determinadas tecnologías no significa que su extracción sea automáticamente sustentable.
La verdadera discusión ambiental consiste en determinar bajo qué condiciones se extraen, cuánto territorio se interviene, qué recursos naturales se utilizan y quién asume los costos ambientales de esa extracción.
En Hualqui, además, la discusión no ocurre sobre un territorio vacío. Se trata de una comuna donde existen comunidades rurales, actividades agrícolas, cursos de agua, ecosistemas de la Cordillera de la Costa y espacios de importancia histórica y patrimonial.
La historia de Quilacoya muestra que el territorio ya ha conocido las consecuencias de los ciclos extractivos. Primero fue el oro; hoy son las tierras raras.
La diferencia es que actualmente existen herramientas científicas, ambientales y jurídicas que permiten anticipar riesgos, exigir información y evaluar alternativas antes de que una actividad de gran escala transforme definitivamente un territorio.
Por eso, la manifestación minera de Aclara en Hualqui debe ser observada como una señal de alerta y no como un hecho consumado.
Todavía no existe una mina operando en ese lugar ni una autorización ambiental para explotar las 300 hectáreas solicitadas. Pero sí existe un avance concreto en la estrategia de la compañía para desarrollar derechos mineros en la comuna.
Y precisamente por eso, la discusión debe comenzar antes de que las máquinas lleguen al territorio.
La experiencia internacional con la extracción de tierras raras demuestra que los procesos de lixiviación pueden generar problemas de contaminación de suelos y aguas si no son adecuadamente controlados. La experiencia tecnológica de Aclara, por su parte, deberá demostrar que sus sistemas de recirculación, manejo de reactivos y control de residuos son capaces de evitar esos impactos a escala industrial.
En definitiva, Hualqui enfrenta una nueva presión extractiva en nombre de los minerales estratégicos para la transición energética. La pregunta no es simplemente cuánto valen las tierras raras bajo sus cerros, sino cuánto vale el agua, el suelo, el bosque, la biodiversidad, el patrimonio y la vida de las comunidades que existen sobre ellos.
Porque una transición energética verdaderamente sustentable no debería limitarse a cambiar los combustibles que utilizamos; también debería preguntarse cómo, dónde y bajo qué condiciones obtenemos los minerales necesarios para construirla.