En un hecho histórico, se registraron más de 100.000 inscriptos para las audiencias públicas en defensa del agua. Pero el gobierno nacional sólo permitió que se expresen 200 personas. Dos días donde quedó muy en evidencia que el Congreso Nacional se mueve en función de los intereses de multinacionales mineras. La complicidad del Poder Judicial y las voces de los territorios que rechazan el extractivismo.
Por Nahuel Lag
Las audiencias públicas pretendieron ser para el gobierno nacional un escalón más hacia el objetivo de aprobar la modificación de la Ley de Glaciares y habilitar a las multinacionales mineras a explotar oro, plata, cobre y litio sobre zonas glaciares y periglaciares. El récord de inscriptos para una audiencia pública, más de 100 mil, en su abrumadora mayoría para defender las fuentes de agua, forzó al oficialismo a manipular el proceso de audiencia pública y restringir la participación a sólo el 0,3 por ciento de los expositores, por lo que desde la sociedad civil se tildó de “farsa” lo sucedido, mientras que un grupo de diputados presentó una impugnación contra la audiencia. El Poder Judicial, por el momento, habilitó el trámite, a pesar del Acuerdo de Escazú, pero quedó en evidencia que el oficialismo prioriza los intereses económicos de las empresas mineras por encima de los argumentos científicos, ambientales y humanos.
La tensión crece con una agenda oficial que insiste en no escuchar y, junto a sus aliados, pretende dar dictamen y llevar al recinto el proyecto en abril. En segunda instancia, el Poder Judicial aún podría frenar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja si hiciera lugar a la medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil, que pidieron demorarla hasta que se dé efectivo cumplimiento de una participación bajo los parámetros de Acuerdo de Escazú y la Ley Ambiente, con participación abierta, transparente y efectiva de quienes pidieron expresarse ante los diputados.
Si el oficialismo consigue los votos aliados, para avanzar con el dictamen y llevarlo al recinto, las presentaciones por inconstitucionalidad serán la regla de esta “modernización” o “adecuación” de la norma, por la vulneración del artículo 41 de la Constitución y la Ley de Ambiente, sobre los presupuestos mínimos ambientales de carácter federal (ya reconocido por un fallo de la Corte Suprema en 2019) y el principio de “no regresión” reconocido por la Ley de Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, entre otros puntos. Los expositores de las comunidades indígenas Huarpe, Diagüitas, Ocloya, entre otros, denunciaron también el incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, la falta de consulta previa, previsto en el Convenio 169 de la OIT, y el Derecho de la Naturaleza.
Una ley para las mineras
La Casa Rosada no se inmutó por la apabullante cantidad de expositores en defensa del agua y avanzó con su agenda a favor de las multinacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, en paralelo a la audiencia del jueves, más beneficios del Régimen de Incentivos a Grandes Inversores (RIGI) para la británica Río Tinto, que participa del proyecto Los Azules sobre ambiente glaciar, y ahora ampliará el proyecto Fénix, en el Salar de Hombre Muerto. Esa explotación de litio inició en 1997 y, desde entonces, secó el Río Trapiche y no trajo ni progreso ni empleo para Antofagasta de la Sierra. El presidente de Lithium Argentina, Gerardo Romero Agüero, empresa que explotaba el yacimiento ahora bajo control de Río Tinto desde febrero de este año, fue uno de los expositores a favor de la reforma de la Ley de Glaciares.
Los intereses de las mineras detrás de la reforma fue una denuncia constante en las exposiciones de sociedad civil, que mostró un músculo de participación de récord mundial. Quienes pudieron llevar su voz al micrófono en las audiencias del 25 de marzo y 26 de marzo, sostuvieron la necesaria defensa del agua (mediante los glaciares y periglaciares) en un contexto de crisis climática y “quiebra hídrica”. Alertaron sobre lo irreversible de destruir estos cuerpos de agua y la necesidad vital de cumplir los objetivos del artículo 1 de la norma actual: “Reservas estratégicas” para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas, la protección de la biodiversidad, ciencia y turismo.
Una de las exposiciones que buscó dejar en claro que el proyecto de ley tiene “nombre y apellido” fue la del presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale. Es que MARA y El Pachón (de la multinacional Glencore en Catamarca y San Juan), Vicuña (de las multinacionales BHP y Lundin Mining en San Juan), y Los Azules (de McEwen Cooper en San Juan), son algunos de lo proyectos beneficiados por el RIGI, que operan en zona de glaciares.
La ex diputada nacional y autora del proyecto de ley votado en 2010, Marta Maffei, recordó también que un estudio de la Universidad de Zurich reveló, al menos, 53 casos entre Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Catamarca y San Juan, donde ya funcionan proyectos mineros sobre zonas de ambientes glaciares y periglaciares; y llamó a los diputados a la reflexión para que no voten la norma aprobada por el Senado porque “omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente”.
Durante la audiencia, Viale señaló un caso concreto de relación entre los legisladores y las mineras. El de la senadora salteña Flavia Royón (ex secretaría de Energía y Minería en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei), por tener vínculo de asesoría con la minera Río Tinto, la misma que benefició Caputo durante el segundo día de audiencias. Sobre el cierre de las audiencias, Abogados Ambientalistas presentó la denuncia penal contra Royón en Comodoro Py por delitos contra la administración pública por negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, tráfico de influencias y cohecho. La organización denunció que la ex funcionaria formó parte del Directorio de empresas proveedoras mineras como Minenco SAS y Zelandez sin respetar el periodo de carencia con la función pública.
Si la norma fuera aprobada tal como salió del Senado, cada provincia definirá —violentando el principio constitucional de presupuestos mínimos ambientales y el ordenamiento federal que rige en la Ley de Ambiente— si el glaciar o zona periglaciar cumplen la «función hídrica» de “reserva estratégica” o si el inicio de una explotación minera, hidrocarburífera o industrial —hoy prohibidas— podrían generar una «alteración relevante».
Las autoridades ambientales de Buenos Aires, la ministra Daniela Vilar, y de La Pampa, la secretaria de Ambiente Vanina Basso, se presentaron en la audiencia para rechazar la norma. Una falta de acuerdo entre las provincias que quedó expresada en la última reunión extraordinaria del Cofema —organismo reconocido por la Ley de Ambiente para ordenar la política ambiental del país— donde la reforma no tuvo quórum. Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Formosa, Santa Cruz y La Rioja también se opusieron. Los propias provincias reconocieron que una aplicación sin criterios federales y abandonados los glaciares a las decisiones provinciales, resultará en una victoria para la presión económica que ejercerán las mineras, algo que el Senado ya desoyó a favor de las multinacionales y las provincias mineras que pidieron esta reforma: San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza (Jujuy, la impulsó, pero mostró un cambio de posición para sumar modificaciones que aún no se reflejaron en el texto).
En su exposición, el titular de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, resumió lo que ocurrirá si la norma le da el poder a las provincias: “Cuanto más cerca de un emprendimiento minero, menos chance va a tener un glaciar de ser considerado reserva de agua“. Además, señaló que la norma permite a las provincias ordenar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), instituto del Conicet a cargo del inventario, borrar glaciares y periglaciares del mapa y legalizar los proyectos que ya operan en la ilegalidad. Pero advirtió que, lejos de traer seguridad jurídica para las inversores, la “única seguridad que van a tener es que van a tener cientos de demandas, por cada glaciar que le quieran sacar la reserva estratégica se van a presentar miles”.
La posición de las mineras, gobierno y provincias aliadas quedó reflejada en pocas exposiciones, parte del lobby que opera sobre la oscuridad y no a la luz de una audiencia pública, pero hubo tres exposiciones que resultaron significativas. Una fue la de Pablo Marcet, quien como denunció la periodista Tais Gadea Lara, se presentó como geólogo para hablar a favor de la reforma y ocultó ser miembro de la junta directiva de la minera canadiense Pan American Silver Corp, esa que lleva años intentando romper el “No a la mina” de la provincia de Chubut.
El otro caso lo denunciaron las diputadas Lucía Cámpora y Sabrina Selva, de Unión por la Patria, cuando a viva voz y frente a los presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y José Peluc, respectivamente, denunciaron una modificación en la lista de expositores para agregar a un representante del Ministerio de Minería de San Juan y un representante del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Argentina (Genera). Un ejemplo claro de la manipulación de la audiencia, que impide cumplir con el Acuerdo de Escazú.