La desaparición acelerada de los glaciares en Chile ya no constituye únicamente una consecuencia del cambio climático. También pone en evidencia un conflicto político y ambiental de larga data: la falta de protección efectiva de las reservas de agua dulce frente al avance de la megaminería y otros proyectos extractivos en la alta cordillera.
El más reciente estudio de MapBiomas Agua, desarrollado por especialistas de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de La Frontera, revela una cifra alarmante: Chile perdió 344 mil hectáreas de superficie glaciar entre 1998 y 2025, una extensión equivalente a 21 veces la superficie de Rapa Nui. La investigación también confirma que el país ha perdido cerca de 40 mil hectáreas de aguas superficiales desde el inicio de la megasequía, fenómeno que se ha intensificado durante la última década.
Entre los territorios más afectados destaca la Región de Ñuble, donde la superficie glaciar disminuyó en un 91%, reflejando la aceleración del retroceso de estos ecosistemas en la zona centro-sur del país.
Glaciares: la reserva estratégica de agua que sigue sin protección integral
Chile alberga cerca del 80% de los glaciares de la cordillera de Los Andes, convirtiéndose en una de las mayores reservas de agua dulce del continente. Estos cuerpos de hielo alimentan ríos, humedales y acuíferos durante el verano, cuando las precipitaciones disminuyen y aumenta la demanda por agua para consumo humano, agricultura y ecosistemas.
Sin embargo, pese a su importancia para la seguridad hídrica nacional, Chile continúa sin una legislación que proteja integralmente todos los glaciares y ambientes periglaciares.
Durante más de una década distintos proyectos de ley han buscado establecer una protección efectiva, pero las iniciativas han enfrentado una fuerte resistencia por parte de sectores ligados a la gran minería y otros intereses económicos, que advierten posibles restricciones para el desarrollo de nuevos proyectos de extracción de cobre, oro y otros minerales estratégicos.
El resultado es un escenario donde numerosos glaciares permanecen expuestos a intervenciones autorizadas mediante procesos de evaluación ambiental, sin una normativa que los considere ecosistemas intangibles.
La megaminería y sus impactos sobre los glaciares
Aunque el cambio climático constituye el principal impulsor del retroceso glaciar a escala mundial, diversas investigaciones científicas han documentado que las actividades mineras en ambientes de alta montaña pueden acelerar el deterioro de los glaciares.
Las faenas de gran escala generan múltiples impactos:
- Emisión de polvo y material particulado, que al depositarse sobre el hielo disminuye su capacidad de reflejar la radiación solar (albedo), acelerando el derretimiento.
- Tronaduras y excavaciones que modifican la estabilidad geológica de zonas glaciares y periglaciares.
- Construcción de caminos, botaderos y depósitos de estériles, fragmentando ecosistemas de alta montaña.
- Extracción intensiva de aguas subterráneas, alterando el equilibrio hidrológico de las cuencas cordilleranas.
- Mayor presión sobre ecosistemas extremadamente frágiles, cuya recuperación puede tardar siglos o resultar imposible.
Uno de los casos más emblemáticos fue el proyecto Pascua Lama, en la frontera entre Chile y Argentina, donde distintos organismos públicos constataron afectaciones a glaciares cercanos durante el desarrollo del proyecto minero. El caso marcó un precedente internacional sobre los riesgos de intervenir zonas glaciares y evidenció la necesidad de fortalecer la legislación ambiental.
En años recientes, organizaciones ambientales y comunidades cordilleranas también han manifestado preocupación por el avance de nuevos proyectos extractivos en áreas cercanas a glaciares y reservas de agua, advirtiendo que la presión minera aumenta justamente cuando la disponibilidad hídrica disminuye producto de la crisis climática.
La crisis climática agrava un problema estructural
El estudio de MapBiomas confirma que la reducción de los glaciares ocurre en paralelo a una disminución sostenida de las aguas superficiales del país.
Actualmente, cerca del 95% del agua superficial chilena se concentra en las macrozonas sur y austral, mientras que las regiones del norte y centro —donde se ubica la mayor concentración de población y de actividad minera— disponen de apenas una fracción del recurso.
Esta desigual distribución incrementa la vulnerabilidad frente a la prolongada megasequía y proyecta escenarios cada vez más complejos para el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y la conservación de los ecosistemas.
Los investigadores recuerdan que los glaciares funcionan como verdaderas reservas naturales de agua, liberando caudales durante los períodos secos y amortiguando los efectos de las sequías prolongadas. Su desaparición implica una pérdida prácticamente irreversible a escala humana.
Un patrimonio estratégico para el futuro
La disminución de los glaciares no representa únicamente una pérdida paisajística. Constituye una amenaza directa para la seguridad hídrica, la biodiversidad, las economías locales y la adaptación del país frente al cambio climático.
En un escenario donde el agua se convierte en uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI, numerosos especialistas sostienen que la protección de los glaciares debería transformarse en una política de Estado, priorizando el derecho humano al agua por sobre intereses económicos de corto plazo.
La evidencia científica es contundente: mientras los glaciares continúan retrocediendo, el tiempo para garantizar su conservación se reduce año tras año. La decisión que enfrenta Chile ya no es únicamente ambiental, sino también ética, social y estratégica para las generaciones futuras