Vecinas y vecinos de Alto Mañihuales denuncian un nuevo vertimiento de residuos líquidos asociados al yacimiento El Toqui, reactivando una preocupación que se arrastra por décadas y que vuelve a poner en el centro del debate la calidad del agua, la protección de los ecosistemas y la respuesta de las autoridades frente a los pasivos ambientales de la actividad minera.
Durante los últimos días, registros ciudadanos volvieron a mostrar aguas con características anómalas en cursos de agua del sector, situación que organizaciones ambientales y habitantes atribuyen a un nuevo episodio de contaminación proveniente de las instalaciones mineras de El Toqui. La denuncia ocurre mientras continúan las demandas por una fiscalización efectiva, monitoreo permanente y medidas concretas de reparación ambiental.
El problema no es nuevo. La explotación minera en El Toqui comenzó en 1983, y durante más de cuatro décadas la zona ha acumulado denuncias y antecedentes relacionados con relaves, metales pesados, contaminación de aguas y degradación de suelos. Estudios y fiscalizaciones realizados en los últimos años han identificado presencia de contaminantes en distintos componentes del ecosistema.
Arsénico y metales pesados: una alerta que persiste
Uno de los antecedentes más preocupantes corresponde a investigaciones desarrolladas en la zona que han detectado altas concentraciones de arsénico. Un estudio presentado por investigadores de la Universidad de Aysén identificó niveles que superan en más de 60 veces el límite establecido para agua potable según la NCh409/1 y en alrededor de 12 veces el límite para descargas de residuos líquidos en aguas continentales superficiales, de acuerdo con el Decreto Supremo 90.
La situación adquiere una dimensión aún mayor cuando se considera que la preocupación ambiental también se relaciona con la exposición de las comunidades y con la posible presencia de metales pesados en suelo, agua, forraje, ganado y organismos humanos.
Ante este escenario, organizaciones y habitantes han planteado la necesidad de realizar nuevos estudios epidemiológicos y ambientales que permitan establecer con mayor precisión la magnitud de la exposición y sus eventuales impactos.
Un territorio que también sostiene actividades campesinas
Para Alto Mañihuales, el problema ambiental no se limita al estado de los cursos de agua. La contaminación potencial afecta directamente un territorio donde existen familias campesinas, actividades ganaderas, suelos productivos y ecosistemas de alto valor ecológico.
Vecinos han denunciado durante años la muerte de animales y alteraciones observadas en cursos de agua. Estos antecedentes han reforzado la demanda por estudios independientes que permitan determinar científicamente las causas y establecer eventuales responsabilidades.
La preocupación también alcanza la recuperación del ecosistema. Antecedentes difundidos durante 2025 señalan que la presencia de metales pesados y la degradación del suelo constituyen una amenaza para la regeneración del bosque nativo, además de representar un riesgo para las actividades productivas locales.
Relaves y pasivos ambientales bajo la lupa
Uno de los puntos críticos corresponde al tranque de relaves Confluencia. Antecedentes de Sernageomin conocidos en 2025 señalaron que este depósito habría almacenado una cantidad de relaves equivalente a aproximadamente tres veces el máximo autorizado, además de haber extendido su funcionamiento más allá del período originalmente permitido.
A esto se suman procedimientos ambientales iniciados contra la actual titular del proyecto. La Superintendencia del Medio Ambiente ha señalado incumplimientos relacionados con modificaciones del tranque de relaves que no habrían sido sometidas a evaluación ambiental y con deficiencias en el catastro y monitoreo de aguas superficiales asociadas al depósito Doña Rosa.
Estos antecedentes muestran que el conflicto no puede reducirse exclusivamente a un eventual episodio puntual de vertimiento. Existe un problema más profundo asociado a la gestión de pasivos ambientales, el monitoreo de relaves, la calidad de las aguas y el cumplimiento de las obligaciones de cierre de la faena.
La justicia también se pronunció
En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó sanciones impuestas por Sernageomin a Minera Pacífico del Sur relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas para el cierre de la faena minera.
La resolución confirmó una multa de 5.840 UTM y la obligación de constituir garantías financieras por más de 320.697 UF, equivalentes a más de $12 mil millones, destinadas a respaldar las obligaciones del plan de cierre.
La decisión judicial constituye un antecedente relevante, pero para las organizaciones ambientales el desafío va mucho más allá de las sanciones económicas: el objetivo debe ser evitar nuevos episodios de contaminación, asegurar la protección de las personas y avanzar en la recuperación de los ecosistemas afectados.
Dos versiones frente a un mismo territorio
En medio de la controversia también existe una diferencia entre los antecedentes difundidos por organizaciones y comunidades y la posición de la empresa.
En abril de 2026, Minera Pacífico del Sur sostuvo que análisis realizados por la Seremi de Salud mostraban parámetros dentro de la normativa vigente en las aguas analizadas en sectores cercanos al yacimiento. La empresa señaló que los estudios consideraron, entre otros elementos, arsénico, cadmio, mercurio, manganeso, plomo, hierro y zinc.
La existencia de resultados diferentes refuerza una de las principales demandas de la comunidad: contar con monitoreos independientes, transparentes, periódicos y públicamente verificables, que permitan establecer qué está ocurriendo realmente con las aguas, los suelos y los ecosistemas de Alto Mañihuales.
La pregunta que sigue abierta
Mientras los organismos públicos continúan desarrollando mesas de trabajo y procesos de fiscalización, los habitantes del territorio siguen esperando respuestas concretas.
En 2025 se anunció la conformación de una Mesa Técnico-Científica y la realización de muestreos de calidad de aguas en distintos puntos del área de influencia del yacimiento. También se planteó la necesidad de ampliar los estudios hacia suelo, forraje, ganado y población expuesta.
El nuevo episodio denunciado vuelve a instalar una pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo más puede una comunidad convivir con la incertidumbre sobre la calidad del agua y los efectos de un pasivo minero que se arrastra desde hace más de 40 años?
Para las organizaciones ambientales, la respuesta no puede limitarse a reaccionar después de cada denuncia. Se requiere prevención, fiscalización efectiva, transparencia, reparación ambiental y garantías de no repetición.
Porque en Alto Mañihuales no solo está en juego un curso de agua. Está en juego el derecho de una comunidad a vivir en un territorio sano, producir sus alimentos, proteger sus animales y desarrollar su vida sin estar expuesta a una contaminación que se prolonga por generaciones.