La decisión de Andes Iron de retirar los recursos que mantenía ante la Corte Suprema no pone fin a la controversia. El proyecto minero-portuario, que contempla la extracción de hierro y cobre en La Higuera y la construcción de infraestructura portuaria, enfrenta ahora una nueva etapa administrativa, mientras organizaciones ambientales advierten sobre sus posibles impactos en uno de los ecosistemas marinos de mayor biodiversidad de Chile.
El proyecto minero-portuario Dominga vuelve a instalarse en el centro de la discusión ambiental y administrativa del país. Este 29 de septiembre de 2026, Andes Iron decidió desistirse de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema, desplazando nuevamente el conflicto hacia la vía administrativa.
La iniciativa, proyectada para la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, contempla la explotación de hierro y cobre, además de infraestructura asociada al procesamiento y embarque de minerales. Su tramitación se extiende por más de una década y ha estado marcada por decisiones administrativas, reclamaciones, fallos judiciales y una fuerte oposición de organizaciones ambientales y comunidades vinculadas al territorio.
El retiro de los recursos ante la Suprema no significa que Dominga haya sido aprobado. Por el contrario, el rechazo adoptado por el Comité de Ministros en enero de 2025 continúa siendo un elemento central del escenario actual, mientras avanzan solicitudes de invalidación contra dicha resolución.
Andes Iron sostiene que decidió retirar sus recursos judiciales para no obstaculizar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros. La empresa ha cuestionado dicha decisión administrativa y sostiene que no habría respetado lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental.
La admisión a trámite de una solicitud de invalidación, sin embargo, no equivale a una aprobación de Dominga ni determina por sí misma que el proyecto vaya a continuar. Se trata de una instancia administrativa en la que deberán revisarse los argumentos y antecedentes correspondientes.
Este nuevo escenario vuelve a poner la mirada sobre el Servicio de Evaluación Ambiental y las autoridades que deberán intervenir en las distintas etapas del procedimiento.
El caso adquiere además una dimensión política y administrativa debido al cambio de gobierno ocurrido entre la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025 y el escenario actual. De prosperar las acciones administrativas, la discusión podría eventualmente regresar a las autoridades del Ejecutivo, aunque cualquier resultado dependerá de las decisiones y procedimientos que correspondan conforme a la institucionalidad ambiental.
Más allá de los procedimientos administrativos y judiciales, una de las principales controversias en torno a Dominga está relacionada con su localización.
El proyecto se encuentra en las cercanías del Archipiélago de Humboldt, un territorio marino-costero reconocido por su alta biodiversidad. En sus aguas y sectores costeros habitan especies como pingüinos de Humboldt, ballenas, delfines, chungungos y numerosas especies de aves y fauna marina. Greenpeace ha advertido que la construcción de infraestructura portuaria, junto con el aumento del tráfico marítimo, podría generar presiones adicionales sobre estos ecosistemas.
La preocupación adquiere especial relevancia considerando la situación del pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), especie que fue reclasificada como “En Peligro” durante 2025 por el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
De acuerdo con Greenpeace, una proporción superior al 80% de la población mundial de esta especie se concentra en Chile, mientras sus colonias reproductivas enfrentan diversas presiones de origen humano. La organización sostiene que el eventual desarrollo de Dominga debe analizarse considerando precisamente este contexto de conservación.
La discusión sobre Dominga también excede la dimensión estrictamente ambiental.
En La Higuera, el debate involucra distintas visiones sobre el futuro económico del territorio. Mientras sus impulsores han defendido el proyecto argumentando sus potenciales aportes en inversión, empleo y actividad económica regional, sus detractores cuestionan que ese desarrollo pueda concretarse a costa de ecosistemas que sostienen actividades económicas y formas de vida vinculadas al mar.
La zona posee una importante actividad pesquera artesanal y una economía asociada al turismo de naturaleza. Por ello, la discusión no solamente plantea cuánto empleo podría generar una gran inversión minera, sino también qué actividades económicas podrían verse afectadas por modificaciones en el ecosistema marino y costero.
Desde esta perspectiva, el debate sobre Dominga plantea una pregunta que atraviesa numerosos territorios del país: ¿cómo compatibilizar la inversión minera con la protección de ecosistemas, actividades productivas locales y derechos de las comunidades?
La historia de Dominga muestra también las dificultades que enfrenta Chile para resolver grandes proyectos de inversión ubicados en territorios ambientalmente sensibles.
El proyecto ha atravesado diversas instancias administrativas y judiciales. En enero de 2025, el Comité de Ministros volvió a rechazarlo. Posteriormente, la controversia continuó en tribunales y Andes Iron recurrió ante la Corte Suprema. Ahora, la empresa decidió retirar esos recursos y concentrar la atención en la vía administrativa.
Para organizaciones ambientales, el conflicto no se reduce a un problema de permisos o procedimientos. Greenpeace ha señalado que durante la extensa tramitación se han cuestionado aspectos relacionados con la línea base ambiental, la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos y los efectos sobre especies y ecosistemas del territorio.
Estos cuestionamientos forman parte de una controversia que deberá seguir siendo contrastada con los antecedentes técnicos y las decisiones de la institucionalidad ambiental.
El caso Dominga vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del principio de precaución: qué debe hacer una sociedad cuando existe incertidumbre respecto de los impactos que una actividad de gran escala podría producir sobre ecosistemas de alta sensibilidad.
Para sus opositores, el valor ecológico del Archipiélago de Humboldt exige privilegiar la protección de la biodiversidad y de las actividades locales que dependen de un ecosistema saludable. Para sus impulsores, en cambio, el proyecto representa una oportunidad de inversión y desarrollo para la Región de Coquimbo.
Más allá de las posiciones enfrentadas, existe un elemento objetivo: el territorio donde se proyecta Dominga posee una relevancia ecológica que trasciende los límites administrativos de La Higuera.
El desafío para la institucionalidad ambiental será determinar, sobre la base de antecedentes técnicos y jurídicos, cuáles son los impactos previsibles del proyecto, qué medidas de mitigación y compensación serían suficientes —si correspondieran— y si estas permiten compatibilizar la iniciativa con la protección del territorio.
El retiro de los recursos ante la Corte Suprema cierra una etapa judicial, pero no cierra la historia de Dominga.
La atención se concentra ahora en las solicitudes de invalidación y en las decisiones que adopte la institucionalidad ambiental. El proyecto permanece en medio de una disputa donde convergen inversión minera, empleo, desarrollo regional, protección de la biodiversidad, actividades productivas locales y participación ciudadana.
En el fondo, Dominga representa una discusión mucho mayor que la construcción de una mina y un puerto. Es también un debate sobre qué modelo de desarrollo quiere impulsar Chile en territorios donde la riqueza mineral convive con ecosistemas de enorme valor ecológico y comunidades que dependen directamente de ellos.
Mientras la vía administrativa vuelve a abrirse, el Archipiélago de Humboldt permanece como uno de los principales escenarios de esta controversia. Y, después de más de diez años de tramitación, el futuro de Dominga continúa dependiendo de decisiones que deberán considerar no solamente las expectativas de inversión, sino también la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad de los territorios y comunidades involucradas.