Junio de 2026. El Movimiento Agroecológico de América Latina (MAELA-Chile) manifestó su rechazo al proyecto de Resolución Exenta impulsado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que busca establecer nuevos requisitos para la comercialización de la denominada “semilla corriente”, categoría que incluye a las semillas campesinas tradicionales, no certificadas por organismos oficiales.
Según la organización, la propuesta representa una amenaza para los sistemas de producción campesina y para la Soberanía Alimentaria, al intentar aplicar a las semillas tradicionales los mismos criterios regulatorios exigidos a las semillas certificadas por la agroindustria. MAELA sostiene que estas semillas forman parte del patrimonio agrícola de los pueblos y han sido utilizadas durante miles de años por comunidades campesinas para garantizar la alimentación local.
La organización critica además el carácter “inconsulto” y “autoritario” del marco regulatorio vigente en materia de semillas, señalando que su origen se remonta a normativas dictadas durante la dictadura militar, particularmente al Decreto Ley N.º 1.764 de 1977, que regula la producción y comercialización de semillas en Chile.
Uno de los puntos más cuestionados por MAELA es el amplio poder fiscalizador otorgado al SAG, al que acusa de actuar como “juez y parte” en los procesos de fiscalización. El documento señala que la legislación vigente permite inspecciones en predios agrícolas, decomisos y otras medidas coercitivas sin intervención previa de los tribunales de justicia, situación que consideran incompatible con principios democráticos y garantías fundamentales.
Para los integrantes de MAELA-Chile, el verdadero debate no debería centrarse en los requisitos para comercializar semillas tradicionales, sino en el reconocimiento efectivo de los Derechos Campesinos, especialmente el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas propias, reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, aprobada en 2018 con el voto favorable de Chile.
La organización destaca que dicha declaración reconoce expresamente el derecho de los campesinos a mantener y desarrollar sus propias semillas, así como la obligación de los Estados de promover los sistemas de semillas campesinas, la agrobiodiversidad y políticas que respeten las realidades de las comunidades rurales.
En este contexto, MAELA-Chile sostiene que cualquier modificación normativa relacionada con las semillas debe construirse mediante procesos participativos reales, respetando los compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno y fortaleciendo la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas alimentarios y productivos.
Finalmente, la organización hizo un llamado a avanzar hacia la incorporación de estos derechos en la legislación nacional y reafirmó su compromiso con la defensa de las semillas campesinas, la agroecología, la agrobiodiversidad y la Soberanía Alimentaria de los pueblos.