Según el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 839 depósitos de relaves, distribuidos principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Estos depósitos almacenan los residuos generados tras la extracción y procesamiento de minerales, compuestos por roca molida, agua y una mezcla de metales pesados y sustancias químicas que pueden incluir arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre, sulfatos y otros compuestos potencialmente tóxicos, dependiendo del tipo de explotación minera y de la antigüedad de cada faena.

Las intensas precipitaciones registradas recientemente en la zona centro-norte del país han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de estos depósitos. El aumento del caudal superficial puede provocar rebalses, infiltraciones hacia acuíferos, escurrimientos hacia esteros y ríos, además de afectar la estabilidad estructural de tranques de relaves. A ello se suma la permanente amenaza sísmica que caracteriza a Chile, donde la historia registra tragedias asociadas al colapso de estas estructuras, demostrando que el riesgo no es únicamente ambiental, sino también humano.

Uno de los principales problemas es la existencia de relaves abandonados, instalaciones que dejaron de operar hace décadas y cuyos responsables, en muchos casos, ya no existen o no pueden ser identificados legalmente. Esta situación dificulta cualquier proceso de remediación, monitoreo o cierre seguro. Diversos especialistas advierten que precisamente estos depósitos antiguos podrían representar un mayor peligro, debido a que fueron construidos bajo estándares ambientales mucho menos exigentes y con tecnologías menos eficientes que las actuales, concentrando mayores cantidades de sustancias contaminantes.

La contaminación generada por los relaves no depende exclusivamente de un eventual colapso. Cuando permanecen expuestos, especialmente durante períodos secos, el viento transporta partículas de polvo cargadas con metales pesados, afectando la calidad del aire y aumentando la exposición de las comunidades cercanas a contaminantes asociados a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros efectos de largo plazo. Asimismo, la infiltración de aguas contaminadas puede comprometer napas subterráneas y cursos de agua utilizados para consumo humano, agricultura y abastecimiento de ecosistemas.

En este escenario, la responsabilidad de las empresas que operan en Chile adquiere un rol central. La legislación obliga a las compañías a implementar medidas de seguridad, monitoreo permanente y planes de cierre para sus depósitos de relaves, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente. Sin embargo, diversos episodios registrados en los últimos años evidencian que la prevención debe fortalecerse mediante mayores estándares de diseño, sistemas de monitoreo en tiempo real, mantenimiento continuo y protocolos de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad aumentan como consecuencia del cambio climático.

A ello se suma la necesidad de que el Estado fortalezca la fiscalización sobre los depósitos activos e inactivos, priorizando aquellos ubicados cerca de centros poblados y cursos de agua. La existencia de cientos de relaves abandonados representa una deuda ambiental acumulada durante décadas, que requiere políticas públicas orientadas a identificar los depósitos de mayor peligrosidad, evaluar su nivel de toxicidad y desarrollar planes de remediación que reduzcan los riesgos para las comunidades.

El crecimiento de la minería y la creciente demanda internacional por minerales estratégicos hacen indispensable avanzar hacia una actividad que incorpore plenamente el principio de responsabilidad ambiental. La gestión segura de los relaves no puede considerarse una etapa secundaria del proceso extractivo, sino una obligación permanente de las empresas y del Estado para proteger la salud de las personas, los recursos hídricos y los ecosistemas frente a uno de los pasivos ambientales más importantes del país.