La iniciativa, valorizada en aproximadamente 200 millones de dólares, contempla la construcción de un centro de datos en un terreno de cerca de 23 hectáreas, con una superficie edificada de 32.412 metros cuadrados distribuidos en cuatro fases. Su tramitación se extiende por más de seis años y ha estado marcada por cuestionamientos ambientales, reclamaciones ciudadanas y modificaciones al diseño original.

Del consumo de agua al enfriamiento por aire

Uno de los principales antecedentes del caso se remonta a febrero de 2020, cuando el proyecto obtuvo su aprobación ambiental original. Sin embargo, en febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente dicha autorización tras las reclamaciones presentadas por vecinos y organizaciones, quienes cuestionaron, entre otros aspectos, la extracción proyectada de 169 litros de agua por segundo desde el acuífero Santiago Central.

En julio de ese mismo año, Google renunció a aquella autorización y presentó una reformulación del proyecto que incorpora un sistema de enfriamiento por aire, evitando el consumo de agua asociado al sistema de refrigeración inicialmente cuestionado.

La nueva propuesta considera 63 chillers enfriados por aire y 44 grupos electrógenos de respaldo que funcionan con diésel. Además, contempla una línea eléctrica de 110 kilovoltios, de aproximadamente 400 metros, conectada a la subestación Chena, junto con una subestación interna.

Aunque el cambio tecnológico modifica uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa, el uso de sistemas de respaldo alimentados con combustibles fósiles y la demanda energética de este tipo de infraestructura mantienen vigente la necesidad de examinar sus efectos ambientales.

En una resolución fechada el 16 de octubre, el SEA concluyó que el proyecto reformulado no reúne las condiciones que obligarían a su ingreso al SEIA, considerando los antecedentes presentados y las características de su diseño. Entre los aspectos examinados se encuentran el almacenamiento de aguas lluvias, combustibles y energía eléctrica.

Sin embargo, quedar fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no significa estar exento de cumplir la legislación ambiental vigente. El propio organismo señaló que su pronunciamiento no otorga derechos ni libera a la empresa de obtener los permisos sectoriales correspondientes.

La distinción es relevante: una resolución de este tipo determina si un proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental, pero no constituye, por sí sola, una autorización integral para ejecutar las obras.

Infraestructura digital y desafíos ambientales

El avance de los centros de datos responde al crecimiento de los servicios digitales, el almacenamiento de información y las plataformas tecnológicas. No obstante, estas instalaciones requieren infraestructura eléctrica, sistemas de refrigeración y equipos de respaldo que deben analizarse considerando sus efectos sobre el territorio y las comunidades cercanas.

En el caso de Cerrillos, el antecedente de la extracción de agua inicialmente proyectada demuestra la importancia de evaluar las consecuencias de los proyectos antes de su ejecución, especialmente en territorios donde la disponibilidad de recursos naturales y la calidad de vida de la población son asuntos relevantes.

La sustitución de un sistema de refrigeración por otro que no requiere consumo de agua para ese proceso constituye un cambio significativo en el diseño. Sin embargo, por sí sola no permite concluir que la iniciativa carezca de otros impactos ambientales. Entre los aspectos que merecen atención se encuentran las emisiones asociadas al funcionamiento de los generadores diésel, el origen de la electricidad utilizada, el ruido de los equipos y los efectos acumulativos de la infraestructura sobre el entorno.

Estos elementos deben distinguirse de los impactos que hayan sido formalmente acreditados: su magnitud concreta dependerá de las características de operación, las medidas de control y los antecedentes técnicos disponibles.

La resolución del SEA vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo asegurar que el desarrollo de nuevas infraestructuras tecnológicas avance sin debilitar la protección ambiental ni limitar el acceso de las comunidades a información relevante?

El caso de Cerrillos evidencia la importancia de contar con procedimientos transparentes, antecedentes técnicos accesibles y mecanismos de fiscalización eficaces. También plantea la necesidad de analizar los centros de datos más allá de su funcionamiento tecnológico, considerando su relación con el consumo energético, las emisiones, el uso del suelo y la disponibilidad de recursos naturales.

La transformación digital no ocurre al margen del territorio. Sus infraestructuras necesitan energía, espacio y sistemas de respaldo, por lo que su desarrollo debe ser compatible con la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

La decisión administrativa no cierra por sí sola el debate ambiental sobre el proyecto de Google en Cerrillos. Por el contrario, deja planteado el desafío de asegurar que la expansión tecnológica se realice bajo estándares exigentes de responsabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.