Según el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 839 depósitos de relaves, distribuidos principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Estos depósitos almacenan los residuos generados tras la extracción y procesamiento de minerales, compuestos por roca molida, agua y una mezcla de metales pesados y sustancias químicas que pueden incluir arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre, sulfatos y otros compuestos potencialmente tóxicos, dependiendo del tipo de explotación minera y de la antigüedad de cada faena.

Las intensas precipitaciones registradas recientemente en la zona centro-norte del país han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de estos depósitos. El aumento del caudal superficial puede provocar rebalses, infiltraciones hacia acuíferos, escurrimientos hacia esteros y ríos, además de afectar la estabilidad estructural de tranques de relaves. A ello se suma la permanente amenaza sísmica que caracteriza a Chile, donde la historia registra tragedias asociadas al colapso de estas estructuras, demostrando que el riesgo no es únicamente ambiental, sino también humano.

Uno de los principales problemas es la existencia de relaves abandonados, instalaciones que dejaron de operar hace décadas y cuyos responsables, en muchos casos, ya no existen o no pueden ser identificados legalmente. Esta situación dificulta cualquier proceso de remediación, monitoreo o cierre seguro. Diversos especialistas advierten que precisamente estos depósitos antiguos podrían representar un mayor peligro, debido a que fueron construidos bajo estándares ambientales mucho menos exigentes y con tecnologías menos eficientes que las actuales, concentrando mayores cantidades de sustancias contaminantes.

La contaminación generada por los relaves no depende exclusivamente de un eventual colapso. Cuando permanecen expuestos, especialmente durante períodos secos, el viento transporta partículas de polvo cargadas con metales pesados, afectando la calidad del aire y aumentando la exposición de las comunidades cercanas a contaminantes asociados a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros efectos de largo plazo. Asimismo, la infiltración de aguas contaminadas puede comprometer napas subterráneas y cursos de agua utilizados para consumo humano, agricultura y abastecimiento de ecosistemas.

En este escenario, la responsabilidad de las empresas que operan en Chile adquiere un rol central. La legislación obliga a las compañías a implementar medidas de seguridad, monitoreo permanente y planes de cierre para sus depósitos de relaves, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente. Sin embargo, diversos episodios registrados en los últimos años evidencian que la prevención debe fortalecerse mediante mayores estándares de diseño, sistemas de monitoreo en tiempo real, mantenimiento continuo y protocolos de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad aumentan como consecuencia del cambio climático.

A ello se suma la necesidad de que el Estado fortalezca la fiscalización sobre los depósitos activos e inactivos, priorizando aquellos ubicados cerca de centros poblados y cursos de agua. La existencia de cientos de relaves abandonados representa una deuda ambiental acumulada durante décadas, que requiere políticas públicas orientadas a identificar los depósitos de mayor peligrosidad, evaluar su nivel de toxicidad y desarrollar planes de remediación que reduzcan los riesgos para las comunidades.

El crecimiento de la minería y la creciente demanda internacional por minerales estratégicos hacen indispensable avanzar hacia una actividad que incorpore plenamente el principio de responsabilidad ambiental. La gestión segura de los relaves no puede considerarse una etapa secundaria del proceso extractivo, sino una obligación permanente de las empresas y del Estado para proteger la salud de las personas, los recursos hídricos y los ecosistemas frente a uno de los pasivos ambientales más importantes del país.

Por Anabel Pomar

Cobertura colaborativa entre Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva 

En una audiencia cargada de expectativa, y en un fallo favorable para el agronegocio, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues Da Cruz, absolvieron a los siete productores acusados por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino. Argumentaron que los hechos imputados a cada uno de ellos no fueron debidamente acreditados. Resolvieron condenar solamente a dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, a cargo de fiscalizar las pulverizaciones con agroquímicos en esa localidad bonaerense. Sabrina Ortiz, víctima y denunciante, fue clara: “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigarnos. No hay que quebrarse ante tanta impunidad”.

Los jueces, con ese fallo del 25 de junio, cuyos fundamentos serán leídos el 10 de agosto, y que puede ser apelado, le dieron la razón a siete de los nueve imputados. Todos los acusados relacionados directamente con la actividad agro-venenosa: Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada, fueron absueltos.

Ortiz aseguró tras conocerse la sentencia: “Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces que vive enfrente de mi casa y está probado. Esta es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que eso se logre, para que dejen de enfermarnos para siempre”.

El tribunal, que se despegó de su responsabilidad de tutelar derechos consagrados por la Constitución Nacional y de ejercer su tarea de control de otros poderes del Estado, basó sus absoluciones en argumentos que incluyeron, a modo de justificación, que si bien los daños a la salud y al ambiente existieron, no es el ámbito penal adecuado para dirimir, entre otros señalamientos, “si los metros de exclusión son insuficientes para cuidar la salud, o si las sustancias que se aplican son malas o no deberían autorizarse”, sino que eso debe ser atendido por los legisladores o los políticos responsables en otros ámbitos y lugares. “Un juez penal no está acá como un superhéroe para darle respuestas a lo que pide la sociedad sino para aplicar la ley”, se lo escuchó decir a Lanzón en una de las frases más descarnadas para las víctimas que lloran a sus familiares muertos y que hace década piden justicia.

Sobre las protecciones, medidas cautelares dictadas para alejar los venenos de las personas, el fallo estableció que queden vigentes hasta tanto el veredicto quede firme, pero se negaron a extender esas protecciones a más pueblos o escuelas rurales del municipio de Pergamino o a convertirlas en definitivas, como había solicitado la acusación. Otra vez, los jueces tiraron la pelota a otros lados: “Es el fuero civil y el municipio y las autoridades provinciales quienes deben hacer eso”.

“Entendemos que varios de los acusados no se comportaron bien con sus vecinos, pero somos jueces penales, aplicamos la ley, no la moral”, dijo el juez y, según su mirada, ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) ni la querella pudieron acreditar con suficiente evidencia las pruebas de los hechos denunciados. “El derecho penal no habrá de solucionar lo que necesita la protección del ambiente. No tomamos decisiones políticas para eso están nuestros representantes políticos”, se excusaron los jueces.

Además de condenar en el acto a los funcionarios, a dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y realizar dos horas de tareas ad-honorem semanales “de reparación” en áreas de salud o de protección del medio ambiente, y cobrarles una tasa de 4700 pesos, el juez Lanzón anunció que solicitó al MPF y al Juzgado de San Nicolás que investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y el de otros funcionarios involucrados en el cuidado de la salud y el ambiente, por entender que no fue eso ni atendido, ni garantizado, de modo adecuado, poniendo en riesgo la salud de la población, durante el lustro de las actuaciones de Tocalini y Naranjo, y que esos funcionarios son el eslabón más bajo de la cadena de responsables de fiscalizar.

“Ha quedado probado que existieron innumerables alertas que no fueron atendidas por esos funcionarios”, aseguró el juez y afirmó también que ha quedado acreditado que no existió ni prevención y control, que no fueron suficientes las acciones, que los funcionarios se quedaron a mitad de camino, justificándose por no hacerlo. “Tenían idoneidad y, sin embargo, no actuaron del modo que se requería” sosteniendo eso como una práctica habitual y constatada de eludir el control especifico y adecuado. Esas acciones, siempre según lo comunicado por el tribunal, contribuyeron para que no existan pruebas que podrían haber contribuido a saber con certeza si los hechos por los que llegaron a juicio Roces y Cortese fueron cometidos, “lo que no pudo acreditarse aquí” y motivó la absolución.

Ayer, en la audiencia del 24 de junio, los acusados tuvieron espacio para decir unas últimas palabras. Todos, menos Mario Roces, optaron por hacer uso de ese derecho. Las palabras elegidas, casi las mismas, para señalar la inocencia, la honestidad y el mal trago de pasar por este juicio, hostigados por la prensa, o atrapados en una guerra de ambientalistas contra el agronegocio. Algunos agradecimientos al tribunal y hubo un “estamos en sus manos”, generalizado. Ninguna palabra para las víctimas porque ellos, los acusados, eligieron ponerse en ese lugar. Marcaron lo que perdieron, socialmente o económicamente y el destrato a ellos o a sus familiares por el hecho de estar acusados o involucrados en ese litigio.

El veredicto tampoco otorgó lo que las verdaderas víctimas merecían: justicia. Los acusados dejaron todo en manos de ese tribunal, que ha dejado en claro que hoy, no los defraudó.

Desde la fiscalía de Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la acusación, le confirmaron a Agencia Tierra Viva que apelarán e irán a Casación. La causa (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento), inició en 2018 y no termina hoy con este veredicto.

“Desde el punto de vista técnico no encontramos explicaciones a esta sentencia”, afirmó el abogado de la querella, Carlos González Quintana, que aseguró no está todo terminado. Rodeada de familiares, amigos y referentes de la lucha por la defensa de la tierra, Sabrina Ortiz, con su pequeño hijo en brazos, así lo confirma. A pesar del trago amargo y el golpe que significa ese fallo del tribunal que tanto deja en deuda: confirmó que apelarán y seguirá la lucha hasta que dejen de fumigar con agrotóxicos.

Edición: Darío Aranda.