Los resultados vuelven a poner sobre la mesa una problemática que durante décadas ha afectado a comunidades que viven en zonas donde la contaminación dejó una huella que no desapareció con el retiro de los residuos. Según el estudio, la distribución de estos elementos es compatible tanto con fuentes históricas de contaminación como con actividades urbanas e industriales más recientes.

El origen de parte importante de esta problemática se remonta a mediados de la década de 1980, cuando más de 20.000 toneladas de residuos mineros provenientes de Suecia fueron ingresadas a Chile y depositadas en Arica.

Los materiales fueron presentados como residuos no tóxicos destinados al procesamiento para recuperar oro y plata. Sin embargo, posteriormente se estableció la presencia de metales pesados y los residuos permanecieron expuestos al aire libre, cerca de sectores habitados.

Con el paso de los años, el crecimiento urbano aumentó la exposición de la población. La situación terminó convirtiéndose, durante la década de 1990, en una crisis sanitaria y ambiental, que derivó en el retiro de los residuos, la relocalización de familias afectadas y distintos procesos judiciales.

El nuevo estudio plantea que la remoción de los residuos no necesariamente significó el término de la contaminación. Las concentraciones detectadas en distintos puntos de Arica muestran que todavía existen sectores donde permanece la señal asociada a aquel episodio ocurrido hace más de 30 años.

El académico Carlos Manzano, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, explicó que el escenario actual es particularmente complejo porque al legado histórico se suman fuentes contemporáneas asociadas a actividades urbanas e industriales.

El investigador también señaló que algunas concentraciones superan valores de referencia internacionales. Aunque este resultado no permite afirmar por sí solo que exista un daño a la salud, sí constituye una señal que justifica mantener la vigilancia ambiental y sanitaria en los sectores identificados.

La historia de los polimetales de Arica demuestra que los problemas ambientales no terminan necesariamente cuando se retira un residuo o se ejecuta una medida de remediación.

Cuando la contaminación se instala durante años en el territorio, sus efectos pueden trascender generaciones y transformar la vida cotidiana de las comunidades. El suelo, el aire y los espacios donde se desarrolla la vida de las personas forman parte de un mismo ecosistema, por lo que la recuperación ambiental debe considerar también la protección de quienes habitan esos territorios.

En este sentido, la nueva evidencia científica vuelve a plantear la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental y sanitaria, mantener información transparente hacia las comunidades y avanzar en medidas que permitan identificar y controlar las distintas fuentes de contaminación.

El caso de Arica también abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad frente a los territorios expuestos a residuos peligrosos y sobre la necesidad de aplicar el principio de prevención ambiental antes de que una contaminación se transforme en una crisis sanitaria.

La experiencia de los polimetales deja una advertencia para Chile: los residuos industriales y mineros no desaparecen simplemente cuando dejan de ser visibles. Pueden permanecer en el territorio y redistribuirse, convirtiéndose en parte de una problemática ambiental que exige seguimiento científico, responsabilidad institucional y participación de las comunidades.

Más de treinta años después, Arica vuelve a mirar su suelo y encuentra parte de una historia que todavía permanece bajo sus pies.

Durante los últimos días, registros ciudadanos volvieron a mostrar aguas con características anómalas en cursos de agua del sector, situación que organizaciones ambientales y habitantes atribuyen a un nuevo episodio de contaminación proveniente de las instalaciones mineras de El Toqui. La denuncia ocurre mientras continúan las demandas por una fiscalización efectiva, monitoreo permanente y medidas concretas de reparación ambiental.

El problema no es nuevo. La explotación minera en El Toqui comenzó en 1983, y durante más de cuatro décadas la zona ha acumulado denuncias y antecedentes relacionados con relaves, metales pesados, contaminación de aguas y degradación de suelos. Estudios y fiscalizaciones realizados en los últimos años han identificado presencia de contaminantes en distintos componentes del ecosistema.

Arsénico y metales pesados: una alerta que persiste

Uno de los antecedentes más preocupantes corresponde a investigaciones desarrolladas en la zona que han detectado altas concentraciones de arsénico. Un estudio presentado por investigadores de la Universidad de Aysén identificó niveles que superan en más de 60 veces el límite establecido para agua potable según la NCh409/1 y en alrededor de 12 veces el límite para descargas de residuos líquidos en aguas continentales superficiales, de acuerdo con el Decreto Supremo 90.

La situación adquiere una dimensión aún mayor cuando se considera que la preocupación ambiental también se relaciona con la exposición de las comunidades y con la posible presencia de metales pesados en suelo, agua, forraje, ganado y organismos humanos.

Ante este escenario, organizaciones y habitantes han planteado la necesidad de realizar nuevos estudios epidemiológicos y ambientales que permitan establecer con mayor precisión la magnitud de la exposición y sus eventuales impactos.

Un territorio que también sostiene actividades campesinas

Para Alto Mañihuales, el problema ambiental no se limita al estado de los cursos de agua. La contaminación potencial afecta directamente un territorio donde existen familias campesinas, actividades ganaderas, suelos productivos y ecosistemas de alto valor ecológico.

Vecinos han denunciado durante años la muerte de animales y alteraciones observadas en cursos de agua. Estos antecedentes han reforzado la demanda por estudios independientes que permitan determinar científicamente las causas y establecer eventuales responsabilidades.

La preocupación también alcanza la recuperación del ecosistema. Antecedentes difundidos durante 2025 señalan que la presencia de metales pesados y la degradación del suelo constituyen una amenaza para la regeneración del bosque nativo, además de representar un riesgo para las actividades productivas locales.

Relaves y pasivos ambientales bajo la lupa

Uno de los puntos críticos corresponde al tranque de relaves Confluencia. Antecedentes de Sernageomin conocidos en 2025 señalaron que este depósito habría almacenado una cantidad de relaves equivalente a aproximadamente tres veces el máximo autorizado, además de haber extendido su funcionamiento más allá del período originalmente permitido.

A esto se suman procedimientos ambientales iniciados contra la actual titular del proyecto. La Superintendencia del Medio Ambiente ha señalado incumplimientos relacionados con modificaciones del tranque de relaves que no habrían sido sometidas a evaluación ambiental y con deficiencias en el catastro y monitoreo de aguas superficiales asociadas al depósito Doña Rosa.

Estos antecedentes muestran que el conflicto no puede reducirse exclusivamente a un eventual episodio puntual de vertimiento. Existe un problema más profundo asociado a la gestión de pasivos ambientales, el monitoreo de relaves, la calidad de las aguas y el cumplimiento de las obligaciones de cierre de la faena.

La justicia también se pronunció

En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó sanciones impuestas por Sernageomin a Minera Pacífico del Sur relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas para el cierre de la faena minera.

La resolución confirmó una multa de 5.840 UTM y la obligación de constituir garantías financieras por más de 320.697 UF, equivalentes a más de $12 mil millones, destinadas a respaldar las obligaciones del plan de cierre.

La decisión judicial constituye un antecedente relevante, pero para las organizaciones ambientales el desafío va mucho más allá de las sanciones económicas: el objetivo debe ser evitar nuevos episodios de contaminación, asegurar la protección de las personas y avanzar en la recuperación de los ecosistemas afectados.

Dos versiones frente a un mismo territorio

En medio de la controversia también existe una diferencia entre los antecedentes difundidos por organizaciones y comunidades y la posición de la empresa.

En abril de 2026, Minera Pacífico del Sur sostuvo que análisis realizados por la Seremi de Salud mostraban parámetros dentro de la normativa vigente en las aguas analizadas en sectores cercanos al yacimiento. La empresa señaló que los estudios consideraron, entre otros elementos, arsénico, cadmio, mercurio, manganeso, plomo, hierro y zinc.

La existencia de resultados diferentes refuerza una de las principales demandas de la comunidad: contar con monitoreos independientes, transparentes, periódicos y públicamente verificables, que permitan establecer qué está ocurriendo realmente con las aguas, los suelos y los ecosistemas de Alto Mañihuales.

La pregunta que sigue abierta

Mientras los organismos públicos continúan desarrollando mesas de trabajo y procesos de fiscalización, los habitantes del territorio siguen esperando respuestas concretas.

En 2025 se anunció la conformación de una Mesa Técnico-Científica y la realización de muestreos de calidad de aguas en distintos puntos del área de influencia del yacimiento. También se planteó la necesidad de ampliar los estudios hacia suelo, forraje, ganado y población expuesta.

El nuevo episodio denunciado vuelve a instalar una pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo más puede una comunidad convivir con la incertidumbre sobre la calidad del agua y los efectos de un pasivo minero que se arrastra desde hace más de 40 años?

Para las organizaciones ambientales, la respuesta no puede limitarse a reaccionar después de cada denuncia. Se requiere prevención, fiscalización efectiva, transparencia, reparación ambiental y garantías de no repetición.

Porque en Alto Mañihuales no solo está en juego un curso de agua. Está en juego el derecho de una comunidad a vivir en un territorio sano, producir sus alimentos, proteger sus animales y desarrollar su vida sin estar expuesta a una contaminación que se prolonga por generaciones.

Sin embargo, el avance del modelo de agricultura industrial, basado en monocultivos, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos como el glifosato, continúa deteriorando este patrimonio natural, poniendo en riesgo la producción de alimentos, la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.

Un suelo vivo produce alimentos sanos

Desde la agroecología, la conservación del suelo no consiste únicamente en evitar la erosión. Significa proteger toda la vida que existe bajo nuestros pies, comprendiendo que un suelo sano es la base de una alimentación saludable.

Cuando la tierra conserva su biodiversidad y está libre de glifosato y otros agrotóxicos, es capaz de producir alimentos sanos, nutritivos y libres de venenos, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el derecho de las comunidades a decidir cómo producir y consumir sus alimentos.

Por el contrario, el uso indiscriminado de herbicidas, insecticidas y fertilizantes químicos elimina microorganismos esenciales, reduce la fertilidad natural y genera una creciente dependencia de insumos externos, debilitando la capacidad regenerativa de los territorios.

Los principios agroecológicos del MAELA

El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) sostiene que la conservación del suelo debe construirse desde una visión integral que respete los ciclos de la naturaleza y fortalezca la autonomía de las comunidades.

Entre sus principios destacan:

• Cuidar y regenerar la vida del suelo, promoviendo su fertilidad natural mediante materia orgánica y biodiversidad.
• Producir alimentos sanos, diversos y culturalmente apropiados, libres de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados.
• Proteger las semillas campesinas y nativas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
• Fortalecer la soberanía alimentaria, priorizando la producción local y el acceso a alimentos saludables.
• Respetar la biodiversidad y los ciclos naturales, evitando prácticas extractivistas que degradan los ecosistemas.
• Promover la justicia social, la equidad y la organización comunitaria, reconociendo el papel fundamental de campesinas, campesinos y pueblos originarios en el cuidado de la tierra.
• Construir sistemas agrícolas resilientes al cambio climático, reduciendo la dependencia de insumos químicos y combustibles fósiles.

Estos principios entienden el suelo no como un simple recurso económico, sino como un bien común que sostiene toda forma de vida.

La agroecología como camino hacia un futuro sostenible

La agroecología propone recuperar la fertilidad del suelo mediante prácticas como la rotación y asociación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, los cultivos de cobertura, la conservación de semillas y el manejo ecológico de la biodiversidad.

Este modelo demuestra que es posible producir alimentos suficientes sin recurrir a sustancias altamente tóxicas, restaurando los ecosistemas y fortaleciendo la economía campesina y los mercados locales.

Cuidar el suelo es cuidar la vida

En este Día Internacional de la Conservación del Suelo, el llamado es a comprender que proteger la tierra es proteger nuestra alimentación, nuestra salud y el futuro de las próximas generaciones.

Cada decisión de consumo, cada huerta agroecológica y cada productor que opta por cultivar sin glifosato ni otros agrotóxicos representa un paso hacia un modelo alimentario más justo y sustentable.

Porque sin suelo vivo no hay biodiversidad, sin biodiversidad no hay alimentos, y sin alimentos sanos no hay futuro.

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