La movilización, impulsada por habitantes de Puerto Norte y Puerto Sur, mantiene paralizadas escuelas, jardines infantiles, centros de salud y diversas actividades comunitarias, reflejando la preocupación transversal de la población ante un modelo de desarrollo que, según denuncian, prioriza la extracción de recursos naturales por sobre la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Un ecosistema estratégico bajo presión

El Golfo de Arauco concentra actualmente el mayor número de proyectos de parques eólicos marinos en evaluación o planificación en Chile. Aunque la generación de energías renovables es fundamental para enfrentar la crisis climática, organizaciones ambientales y comunidades locales advierten que la transición energética no puede replicar las mismas lógicas extractivistas que históricamente han afectado al país.

Las iniciativas contemplan la instalación de enormes aerogeneradores flotantes y anclados en sectores utilizados por la pesca artesanal, además de ubicarse en las cercanías del Cañón del Biobío, un ecosistema submarino de enorme valor ecológico que alberga una rica biodiversidad y cumple funciones esenciales para el equilibrio del océano.

Especialistas han señalado que este tipo de infraestructura puede modificar rutas de navegación, alterar hábitats marinos, afectar aves migratorias, mamíferos marinos y generar impactos acumulativos que todavía no han sido suficientemente estudiados en las costas chilenas.

Tierras raras: un nuevo frente del extractivismo

A la preocupación por los parques eólicos se suma la existencia de cerca de 2.000 hectáreas de concesiones mineras en trámite, vinculadas a la empresa Madesal, alimentando el temor de que Isla Santa María se transforme en un nuevo polo para la explotación de tierras raras.

Estos minerales, altamente demandados por la industria tecnológica y la fabricación de componentes para la transición energética, requieren procesos extractivos que pueden generar importantes impactos sobre los suelos, el agua y los ecosistemas si no existen estrictos controles ambientales y participación efectiva de las comunidades.

Diversas organizaciones recuerdan que la transición hacia energías limpias no puede construirse sacrificando nuevos territorios ni trasladando los costos ambientales a comunidades rurales y costeras.

Permisología: el debate sobre la protección ambiental

El conflicto también se desarrolla en un contexto marcado por la mega reforma al sistema de permisos sectoriales y ambientales impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa busca simplificar y acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales y diversas comunidades han manifestado su preocupación por los efectos que podría tener una reducción de los controles ambientales, de las instancias de participación ciudadana y de las herramientas de resguardo para ecosistemas de alta sensibilidad.

En ese escenario, habitantes de Isla Santa María sostienen que una flexibilización del sistema de evaluación ambiental podría facilitar el avance de proyectos mineros y energéticos sobre territorios ecológicamente frágiles, por lo que llaman a fortalecer la protección del patrimonio natural, la biodiversidad y los derechos de las comunidades que dependen de estos ecosistemas para su forma de vida.

Defensa del territorio y justicia ambiental

Las y los habitantes de la isla hicieron un llamado a las autoridades regionales y nacionales para visitar el territorio, escuchar a la comunidad y considerar la protección del patrimonio natural, la identidad cultural y las actividades económicas tradicionales antes de autorizar nuevas intervenciones.

El caso de Isla Santa María vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de Chile: avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa, donde la descarbonización no signifique abrir nuevos ciclos de extractivismo, sino promover un desarrollo compatible con la conservación de la biodiversidad, la soberanía de los territorios y los derechos de las comunidades.

La movilización de la isla refleja una demanda que se repite en distintos puntos del país: que las decisiones sobre proyectos de alto impacto ambiental incorporen criterios de justicia ambiental, participación ciudadana efectiva y protección de ecosistemas estratégicos frente a los intereses económicos de corto plazo.