En los bosques cordilleranos del sur de Chile y Argentina habita uno de los animales más representativos de la fauna nativa: el huemul (Hippocamelus bisulcus). De movimientos discretos y adaptado a terrenos montañosos, este ciervo forma parte del patrimonio natural de los ecosistemas andinos. Sin embargo, su historia también refleja las profundas transformaciones que ha experimentado el territorio y las dificultades que enfrentan las especies silvestres para sobrevivir frente al avance de las actividades humanas.

Los antecedentes científicos recopilados en la ficha de evaluación del 17.º proceso de clasificación de especies silvestres describen una reducción considerable de su distribución histórica, una disminución de sus poblaciones y una creciente fragmentación de los lugares donde todavía consigue sobrevivir. La situación resulta particularmente delicada en la zona de Nevados de Chillán y Laguna del Laja, donde persiste una de las poblaciones más septentrionales de esta especie.

Una especie que ha perdido gran parte de su territorio

Históricamente, el huemul ocupaba una extensa franja de territorio a ambos lados de la cordillera de los Andes. En Chile, su distribución se extendía desde el río Cachapoal hasta el estrecho de Magallanes, mientras que en Argentina se encontraba desde la provincia de Mendoza hasta las cercanías de Río Gallegos.

No obstante, la información científica citada en la ficha señala que, durante los últimos cinco siglos, su distribución geográfica se redujo aproximadamente en un 50 %. El documento también recoge estimaciones históricas que situaban la población total de huemules de Chile y Argentina en menos de 1.500 ejemplares, una cifra equivalente a una disminución cercana al 99 % respecto de las abundancias históricas estimadas por los autores citados.

La reducción de su territorio no solo significa que existen menos lugares donde encontrar huemules. También implica que muchas poblaciones han quedado separadas entre sí, dificultando la conectividad y aumentando su vulnerabilidad frente a nuevas amenazas.

Según los antecedentes reunidos en la ficha, las poblaciones actuales se distribuyen en numerosas subpoblaciones fragmentadas, principalmente en los Andes patagónicos. Esta separación constituye un problema especialmente grave cuando los grupos son pequeños y se encuentran aislados de otras poblaciones.

Nevados de Chillán: una población al borde de la desaparición

La situación del huemul en Chile central merece especial atención. En el corredor cordillerano de Nevados de Chillán y Laguna del Laja sobrevive una población de importancia evolutiva, aislada geográficamente de otras poblaciones de la especie.

Los registros históricos analizados por Hinojosa y colaboradores en 2018 estimaron que la extensión de presencia del huemul en Chile central disminuyó de 1.540,4 kilómetros cuadrados a 681 kilómetros cuadrados. Esta variación representa una reducción del 56 %.

La superficie efectivamente ocupada también experimentó una contracción: pasó de 544 kilómetros cuadrados, considerando registros del período 1940-1997, a 436 kilómetros cuadrados entre 1998 y 2017, equivalente a una reducción del 20 %.

Las estimaciones poblacionales incluidas en el documento reflejan, además, la fragilidad de este grupo. Para 1998 se calculaban alrededor de 60 individuos distribuidos en 12 sitios, mientras que en 2002 la estimación descendió a 40 ejemplares en 11 sitios. Posteriormente, el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Huemul citado en la ficha estimó una población de 84 individuos distribuidos en 13 sitios.

Estas cifras corresponden a estimaciones elaboradas en distintos momentos y mediante antecedentes específicos; no deben interpretarse como un conteo simultáneo ni como una confirmación de la población actual. Sin embargo, el conjunto de los registros muestra la importancia de mantener un monitoreo permanente y fortalecer las acciones de conservación.

La preocupación aumenta al considerar que algunas subpoblaciones presentan condiciones reproductivas muy frágiles. El documento señala que, en una de ellas, se habían registrado únicamente dos hembras y no existían evidencias de nacimientos desde 2005, según los antecedentes citados.

Cuando una población queda reducida a grupos pequeños, aislados y con escasa reproducción, cualquier alteración adicional del hábitat puede comprometer seriamente sus posibilidades de persistencia.

Infraestructura, urbanización y ganadería: presiones sobre el hábitat

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran los proyectos de infraestructura y urbanización que disminuyen el hábitat disponible o dificultan el desplazamiento de los animales.

Embalses, centrales hidroeléctricas de paso, exploraciones geotérmicas, líneas de transmisión eléctrica, caminos y subdivisiones prediales pueden transformar los territorios donde vive el huemul. Sus efectos dependen de las características de cada intervención, su ubicación y las medidas de prevención, mitigación y compensación implementadas.

La ficha recoge antecedentes de desaparición de grupos de huemules durante la década de 1990, asociados a la construcción de un gasoducto y un oleoducto en la Reserva Nacional Ñuble, así como a procesos de desarrollo inmobiliario, turístico y ganadero en las cercanías de las Termas de Chillán.

La expansión de las actividades productivas y recreativas en sectores cordilleranos plantea un desafío central: compatibilizar las intervenciones humanas con la conservación de los ecosistemas y la continuidad de los corredores naturales que permiten el desplazamiento de la fauna.

La ganadería también representa una presión importante. La presencia de bovinos, caprinos y ovinos puede desplazar al huemul hacia sectores con menor disponibilidad de alimento y modificar la composición de la vegetación. A ello se suma el riesgo de transmisión de enfermedades y parásitos desde animales domésticos hacia la fauna silvestre.

El problema no se limita a la competencia por el espacio. La degradación de los ambientes naturales puede generar una cadena de impactos sobre la alimentación, el comportamiento y las posibilidades de reproducción de una especie cuya supervivencia depende de condiciones ecológicas específicas.

Perros y turismo sin regulación: amenazas que pueden pasar inadvertidas

La presencia de perros en ambientes naturales constituye otra amenaza documentada. Según la ficha, existen registros de huemules heridos y muertos por ataques de perros en la región de Aysén. En el sector de Nevados de Chillán y Laguna del Laja, la desaparición de ejemplares de algunas localidades también ha sido atribuida a la presencia de estos animales, asociada a asentamientos humanos.

Los perros que acompañan al ganado y circulan libremente por la cordillera pueden perseguir a los huemules, generarles estrés y provocar su desplazamiento desde áreas que anteriormente utilizaban.

A esta presión se suma el turismo no regulado. La visita masiva a sectores cordilleranos sin infraestructura adecuada para recibir personas puede traducirse en acumulación de basura, ruidos, presencia de perros, apertura de senderos informales y uso de vegetación para encender fogatas.

La ficha menciona como ejemplos la Laguna El Huemul, en la comuna de Pinto, y el sector de La Plata, en San Fabián, donde se describen problemas relacionados con el turismo y la ausencia actual de huemules en lugares con registros históricos de la especie.

La conservación no requiere excluir necesariamente a las personas de todos los espacios naturales, sino ordenar las actividades, establecer límites compatibles con la protección de la fauna y evitar que el disfrute del paisaje termine deteriorando aquello que lo hace valioso.

Los incendios forestales representan un riesgo considerable para el huemul y los ecosistemas cordilleranos. Aunque los animales con alta movilidad pueden escapar de las llamas, el desplazamiento hacia otros sectores no garantiza su supervivencia. Los lugares de destino pueden ofrecer menos alimento, presentar mayores riesgos o no reunir las condiciones necesarias para su permanencia.

La ficha documenta 132 reportes de incendios forestales al interior de la Reserva de la Biósfera en el período de diez años considerado por la fuente, con una superficie afectada de 14.259,9 hectáreas. Entre los episodios descritos se encuentra un incendio ocurrido en febrero de 2015 en el valle Las Águilas, que consumió alrededor de 4.500 hectáreas.

Si bien los monitoreos posteriores citados en el documento descartaron efectos directos o indirectos de ese incendio sobre los huemules en las zonas evaluadas, el antecedente evidencia la magnitud que pueden alcanzar estos eventos en los paisajes donde habita la especie.

El cambio climático agrega otra dimensión al problema. Los escenarios descritos en la ficha consideran aumentos de temperatura y disminuciones de las precipitaciones para las próximas décadas, condiciones que podrían modificar la disponibilidad de vegetación y reducir la superficie de hábitat apropiado.

La capacidad de adaptación del huemul dependerá, entre otros factores, de la velocidad de esos cambios, del estado de sus poblaciones y de la existencia de ambientes conectados que permitan desplazarse hacia lugares con mejores condiciones.

Por eso, la conservación requiere proteger los sectores donde vive actualmente, mantener corredores ecológicos y desarrollar sistemas de monitoreo que permitan ajustar las medidas de manejo ante nuevas condiciones ambientales.

Proteger al huemul también significa proteger los ecosistemas

La ficha de evaluación concluye que el huemul se encuentra En Peligro (EN) en las regiones de Biobío al norte, mientras que para las regiones de Biobío al sur la categoría consignada es En Peligro Crítico (CR), de acuerdo con los criterios y antecedentes analizados en ese proceso de clasificación.

Estas categorías corresponden a la evaluación descrita en el documento y no deben confundirse con una actualización automática del estado oficial vigente en 2026.

Frente a este escenario, los instrumentos de conservación deben considerar acciones que vayan más allá de la protección aislada de algunos ejemplares. La conectividad entre poblaciones, la recuperación de hábitats, el control de perros, el manejo responsable de la ganadería, la prevención de incendios y la regulación de las actividades turísticas son componentes fundamentales de una estrategia integral.

También resulta necesario fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, comunidades locales, propietarios de terrenos, investigadores y organizaciones dedicadas a la conservación.

El desafío es particularmente importante en Chile central, donde la fragmentación y el aislamiento geográfico reducen las posibilidades de que las poblaciones más pequeñas reciban individuos desde otros grupos.

Una responsabilidad con la biodiversidad de Chile

La situación del huemul demuestra que la pérdida de biodiversidad no siempre ocurre de manera repentina. En ocasiones, avanza silenciosamente mediante la desaparición de pequeños grupos, la degradación de los bosques, la interrupción de corredores naturales y la transformación progresiva de los territorios.

Cada población que desaparece representa una pérdida ecológica difícil de revertir. En el caso del huemul de Nevados de Chillán, su relevancia evolutiva y su aislamiento convierten su conservación en una prioridad para la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos y templados de Chile.

Proteger al huemul implica reconocer que los bosques, las quebradas, las praderas y las montañas no son espacios vacíos disponibles para cualquier intervención. Son ambientes vivos, donde cada especie cumple una función y donde la continuidad de los procesos ecológicos depende de la conservación de condiciones adecuadas.

La pregunta, entonces, no es solamente cuántos huemules quedan, sino qué decisiones tomará la sociedad para evitar que sus últimos refugios continúen desapareciendo.

La supervivencia del huemul es también una señal de la salud de los ecosistemas andinos. Conservarlo exige proteger su territorio, reducir las presiones humanas y asumir que la biodiversidad no puede defenderse únicamente con declaraciones.

Fuente principal: Ficha de antecedentes de la especie Hippocamelus bisulcus, 17.º proceso de clasificación de especies del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres. Antecedentes compilados por Carlos G. Garcés Letelier, administrador del Santuario de la Naturaleza Los Huemules del Niblinto, CODEFF.

La Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) es una enfermedad viral de los animales acuáticos provocada por el virus ISAv. De acuerdo con Sernapesca, afecta principalmente al salmón del Atlántico (Salmo salar) en cultivo marino, pudiendo provocar anemia severa, hemorragias, lesiones en distintos órganos y mortalidades significativas. El organismo precisa además que el virus no constituye un riesgo para la salud humana, ya que no es considerado zoonótico. En Chile, el primer caso oficial fue reportado el 25 de julio de 2007, en un centro de cultivo de Chiloé, y desde entonces se han registrado casos y presencia del virus en centros de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En el caso de IZAZA, Salmones Camanchaca señaló que el 100% de los peces había sido vacunado antes de ingresar al mar, pero reconoció que la vacunación no impide completamente el desarrollo de la enfermedad. La empresa informó además que activó sus protocolos sanitarios, reforzó las medidas de bioseguridad y evalúa una eventual cosecha temprana de todo el centro, dependiendo de la evaluación establecida por la normativa vigente.

Un virus que vuelve a poner en discusión el modelo de cultivo

El episodio sanitario no puede analizarse solamente como un problema puntual de una empresa. La salmonicultura chilena funciona mediante una extensa red de centros de cultivo, transporte marítimo, plantas de proceso, pisciculturas, alimentación y movimiento de peces, equipos y personas. Precisamente por esta interconexión, la respuesta frente al ISA contempla vigilancia epidemiológica y medidas destinadas a evitar la propagación del agente entre centros.

La propia autoridad sanitaria mantiene un Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de ISA, cuyo objetivo es detectar tempranamente la presencia del virus y aplicar medidas de control oportunas. La experiencia acumulada demuestra que los episodios sanitarios requieren vigilancia permanente: Sernapesca registró, por ejemplo, un brote de ISA en 2023 y señala que las medidas de control permitieron contenerlo.

Pero existe una dimensión ambiental que va más allá de la enfermedad dentro de las jaulas. Los salmones cultivados en Chile no forman parte de la fauna íctica nativa del país. La introducción de salmónidos se inició hace más de un siglo y estuvo vinculada inicialmente a la pesca recreativa y posteriormente al desarrollo de la acuicultura. Estudios y documentos oficiales reconocen que distintas especies de salmónidos fueron introducidas desde el hemisferio norte y que posteriormente se expandieron mediante programas de cultivo, siembras y escapes.

El propio Sernapesca reconoce que la presencia actual de salmónidos en Chile está asociada principalmente a la acuicultura, las siembras en cuerpos de agua dulce y los escapes accidentales desde centros de cultivo.

La dimensión ecológica de esta introducción tampoco es menor. Investigaciones publicadas en la Revista Chilena de Historia Natural han documentado la presencia de salmónidos introducidos en ecosistemas del sur de Chile y advertido sobre posibles amenazas para peces nativos. En uno de estos estudios, truchas introducidas representaron más del 60% de la abundancia total de peces muestreados en determinados sistemas, mientras que varios cursos de agua no presentaron peces nativos.

Por ello, hablar de salmonicultura no significa solamente hablar de exportaciones, empleo o producción. También implica discutir qué especies se están cultivando, dónde se cultivan, qué presión ejercen sobre los ecosistemas y cuáles son los costos ambientales y sanitarios que debe asumir la sociedad.

El debate sobre los recursos públicos

A esta discusión ambiental se suma otra pregunta: ¿cuánto apoyo económico ha recibido esta industria desde el Estado chileno?

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a los subsidios a la mano de obra en zonas extremas. Una investigación de CIPER y Fundación Terram, basada en información de la Tesorería General de la República obtenida mediante la Ley de Transparencia, estableció que 31 empresas salmoneras recibieron más de $67 mil millones en subsidios entre 2004 y 2023, correspondientes al beneficio establecido por la Ley N.º 19.853. Estos recursos permitieron cubrir aproximadamente el 17% de más de dos millones de salarios imponibles.

La investigación también identificó que entre 2013 y 2023 esas empresas recibieron $28.598 millones en subsidios durante los seis meses posteriores a sanciones de la Dirección del Trabajo por infracciones laborales. El monto corresponde exclusivamente a ese período posterior a las sanciones y, por lo tanto, no representa el total de subsidios recibidos por esas empresas durante esos años.

El antecedente histórico es aún más amplio. Según la misma investigación, entre 1991 y 2002 el Estado entregó $258.670 millones a personas jurídicas y naturales mediante el régimen de bonificación a la mano de obra; de ese universo, 24 empresas salmoneras recibieron en conjunto $15.306 millones.

Estos antecedentes permiten poner en perspectiva una afirmación recurrente respecto de que la salmonicultura se habría desarrollado sin subsidios públicos. Los datos disponibles muestran que, al menos en materia de bonificación estatal a la mano de obra, sí existieron transferencias importantes de recursos públicos hacia empresas del sector.

Ley Navarino: mucho más que un beneficio tributario

El caso más significativo aparece en Magallanes, donde opera un régimen especial establecido por la Ley N.º 18.392, conocida como Ley Navarino.

La normativa contempla una serie de beneficios tributarios y aduaneros para empresas instaladas en determinados territorios de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Entre ellos se encuentra una bonificación equivalente al 20% del valor de las ventas de bienes o servicios al resto del país, descontado el IVA, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

La Ley Navarino también contempla beneficios tributarios asociados al régimen especial, mientras que las empresas deben cumplir condiciones como instalarse físicamente dentro del territorio beneficiado, realizar actividades consideradas por la legislación y acreditar una determinada incorporación de mano de obra e insumos locales, además de la exigencia legal de racional utilización de los recursos naturales y preservación del medio ambiente.

Y aquí aparece un caso especialmente relevante para entender la magnitud de los recursos involucrados: Nova Austral, empresa salmonera con operaciones en Magallanes, recibió $155.366 millones mediante la bonificación de la Ley Navarino entre 2001 y febrero de 2024, según información de TGR analizada por CIPER y Fundación Terram. Ese monto corresponde al 20% de sus ventas consideradas para el beneficio y es independiente de otras franquicias tributarias y aduaneras contempladas en el régimen.

La cifra resulta particularmente significativa porque equivale a más de 155 mil millones de pesos de recursos fiscales asociados a un solo régimen de incentivo y a una sola empresa durante ese período.

En el mismo caso, CIPER informó que existe una querella del Consejo de Defensa del Estado por un presunto fraude de subvenciones por $59.580 millones relacionado con la Ley Navarino. La publicación señala que dicha acción se encontraba suspendida bajo determinadas condiciones y que la empresa mantenía una deuda tributaria informada de $30.229 millones. Estos antecedentes corresponden a un conflicto jurídico y tributario y deben entenderse como tales, no como una condena definitiva.

¿Qué otros mecanismos de apoyo existen?

El apoyo estatal a actividades productivas en zonas extremas no se limita a la Ley Navarino. La Tesorería General de la República identifica entre los principales egresos no tributarios que administra o fiscaliza la Ley Navarino, el beneficio del DFL N.º 15 y la bonificación a la mano de obra establecida por la Ley N.º 19.853.

El DFL N.º 15 establece un Fondo de Fomento y Desarrollo destinado a determinadas inversiones y reinversiones productivas en regiones extremas y territorios específicos. La bonificación a la mano de obra, por su parte, corresponde a otro mecanismo de apoyo estatal para empleadores de determinadas zonas extremas.

Por lo tanto, cuando se analiza el respaldo público que ha acompañado el desarrollo de la salmonicultura, es necesario distinguir entre subsidios directos, bonificaciones a la contratación, beneficios tributarios, franquicias aduaneras y otros instrumentos de fomento. No todos representan una transferencia directa de dinero en las mismas condiciones, por lo que no resulta correcto sumarlos automáticamente como si fueran equivalentes.

Una industria privada con costos públicos

El debate ambiental adquiere otra dimensión cuando se observa que el Estado no solamente regula y fiscaliza la salmonicultura: también sostiene una parte de su estructura mediante instituciones públicas, vigilancia sanitaria, fiscalización, programas de control y distintos instrumentos económicos de las zonas extremas.

En el caso del ISA, por ejemplo, Sernapesca mantiene programas específicos de vigilancia y control, realiza muestreos, establece zonificaciones sanitarias y coordina medidas de bioseguridad. En el caso de IZAZA, la autoridad debió establecer vigilancia reforzada en los centros cercanos y en un radio de 10 millas náuticas para reducir el riesgo de diseminación.

Esto abre una discusión legítima sobre el costo real de la salmonicultura: no solamente cuánto exporta la industria o cuánto empleo genera, sino también cuánto cuesta al Estado fiscalizarla, controlar sus enfermedades, sostener sus incentivos económicos y enfrentar las consecuencias ambientales potenciales de un modelo basado en especies introducidas y en una alta concentración productiva en ecosistemas australes.

La pregunta ambiental, entonces, no debería limitarse a si una empresa cumple formalmente un protocolo después de detectar un virus. También debería considerar qué nivel de riesgo ecológico y sanitario estamos dispuestos a aceptar en los fiordos y canales de la Patagonia, cuáles son los mecanismos de prevención y quién asume los costos cuando ocurren episodios sanitarios, escapes, mortalidades o impactos sobre los ecosistemas.

El virus ISA como señal de alerta

El episodio de IZAZA vuelve a recordar que el ISA no pertenece solamente al pasado de la salmonicultura chilena. El virus continúa formando parte de los riesgos sanitarios de una actividad que concentra miles de peces en sistemas de cultivo intensivo.

La situación actual todavía se encuentra bajo el proceso de verificación y categorización sanitaria de Sernapesca. Por eso, resulta importante diferenciar entre la detección positiva inicial, la condición de centro sospechoso y la eventual confirmación y clasificación definitiva del caso.

Pero más allá del resultado final de este episodio, la alerta permite volver a mirar el modelo desde una perspectiva más amplia: una especie introducida, criada masivamente en ecosistemas australes, expuesta a enfermedades y escapes, y desarrollada durante décadas con distintos mecanismos de apoyo público.

La discusión sobre el futuro de la salmonicultura chilena no puede reducirse únicamente a producción y exportaciones. También debe incorporar biodiversidad, salud de los ecosistemas, comunidades costeras, trabajadores, transparencia de los recursos públicos y responsabilidad ambiental.

Porque cuando un virus aparece en una jaula, la pregunta inmediata es cómo contenerlo. Pero cuando se observa la historia completa, aparece una pregunta todavía mayor: ¿cuál es el verdadero costo social, ambiental y fiscal del modelo salmonero que Chile ha construido en sus aguas australes?

Un extraordinario hallazgo realizado en la Reserva Elemental Melimoyu, en la Región de Aysén, vuelve a poner en valor la biodiversidad de los bosques templados del sur de Chile. Durante un trabajo de campo, el fotógrafo y educador ambiental Jaime Beltrand descubrió un ejemplar de ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii) que presentaba una inusual coloración azulada y tornasol, una tonalidad nunca antes observada por la ONG Ranita de Darwin durante sus 12 años de investigación científica. El ejemplar fue encontrado entre la vegetación mientras se buscaban posibles registros de depredadores de la especie y su particular apariencia llamó inmediatamente la atención de los investigadores. El individuo corresponde a un macho en etapa de incubación, conocido como “macho preñado”, debido a una de las características reproductivas más singulares de esta especie: es el macho quien se encarga de incorporar las larvas a su saco vocal y mantenerlas allí durante parte de su desarrollo. El ejemplar registró un peso de 1,83 gramos, una longitud de 27,01 milímetros y albergaba aproximadamente cuatro larvas en su interior. Debido a la fragilidad de la especie, el registro fotográfico se realizó bajo un estricto protocolo de bioseguridad destinado a minimizar el estrés y evitar la transmisión de agentes patógenos. Posteriormente, el animal fue liberado en el mismo lugar donde fue encontrado.

El origen de su particular coloración todavía constituye una incógnita para la ciencia. Una de las hipótesis planteadas por Andrés Valenzuela, médico veterinario y presidente de la ONG Ranita de Darwin, apunta al hipoxantismo, fenómeno que consiste en una reducción parcial de los pigmentos amarillos presentes en la piel. Sin embargo, los investigadores aún buscan determinar si esta característica responde a un origen genético, a un proceso relacionado con el desarrollo del individuo u otra condición biológica. El interés científico aumentó luego de que el ejemplar fuera recapturado meses después en buenas condiciones de salud y mantuviera intacta su coloración azulada. Este antecedente reduce la posibilidad de que la tonalidad corresponda a un fenómeno pasajero provocado por estrés, enfermedad o una mala condición física. Si la característica tuviera un origen genético y fuera heredable, podría eventualmente transmitirse a su descendencia, aunque los investigadores advierten que el hallazgo de un solo individuo no permite establecer conclusiones sobre el estado genético de toda la población.

Más allá de la singularidad de esta ranita azul, el descubrimiento pone nuevamente de relieve la importancia de conservar los ecosistemas naturales de Aysén, donde especies altamente especializadas encuentran las condiciones necesarias para sobrevivir y reproducirse. La ranita de Darwin es una especie endémica de los bosques templados de Chile y Argentina y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Entre sus principales amenazas se encuentran la pérdida y degradación de su hábitat y la propagación del hongo quítrido, uno de los principales factores relacionados con el declive de numerosas poblaciones de anfibios a nivel mundial. En este escenario, territorios como la Reserva Elemental Melimoyu cumplen un papel fundamental como refugios de biodiversidad, permitiendo la conservación de bosques, cursos de agua y microhábitats esenciales para especies que todavía esconden numerosos secretos científicos. El hallazgo demuestra que los ecosistemas protegidos no solo son espacios fundamentales para la supervivencia de la fauna y flora nativa, sino también verdaderos laboratorios naturales capaces de revelar características de la biodiversidad que aún permanecen desconocidas.

Este histórico registro forma parte de la segunda edición de la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin, iniciativa destinada a fortalecer el conocimiento y la protección de estas singulares especies de anfibios. La pequeña ranita azul encontrada en Melimoyu representa así mucho más que una rareza científica: es también un recordatorio de que proteger los bosques significa proteger especies, ecosistemas y procesos naturales que todavía estamos comenzando a comprender.

La investigación fue instruida por la Fiscalía Local de Cochrane y Chile Chico, que solicitó a la unidad especializada de la Policía de Investigaciones realizar diversas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que se produjo el vertimiento, determinar su alcance y establecer eventuales responsabilidades penales y ambientales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por la PDI, el incidente se habría originado al interior de la central eléctrica municipal, por causas que aún son materia de investigación. El combustible derramado sobre el terreno habría escurrido hacia un arroyo ubicado al nororiente del recinto, cuyo cauce mantiene conexión directa con el brazo sur del río Baker, aumentando la preocupación por una posible afectación de este sistema fluvial y de los ecosistemas asociados.

Durante la inspección realizada en el lugar, detectives especializados constataron una mancha oleosa tornasolada de aproximadamente 250 metros de diámetro, además de trazas de hidrocarburo detectadas a unos 500 metros del punto del vertimiento. Estos antecedentes dan cuenta de que el combustible no habría permanecido únicamente en el área donde se produjo el incidente, sino que habría alcanzado sectores conectados con cursos de agua del territorio.

Como parte de las diligencias, la BIDEMA Aysén realizó el levantamiento de muestras de agua y suelo, junto con el examen y fijación del sitio del suceso. También fueron tomadas declaraciones a testigos presenciales y de oídas, funcionarios municipales, personal de la Armada de Chile y del Cuerpo de Bomberos de Caleta Tortel.

Las muestras serán sometidas a análisis de laboratorio, cuyos resultados permitirán establecer la presencia y concentración de hidrocarburos y aportar antecedentes sobre la eventual afectación de los componentes ambientales del sector.

El derrame adquiere especial relevancia debido a su cercanía con el río Baker, uno de los principales cursos fluviales de la Región de Aysén y parte de un territorio de alto valor ecológico y paisajístico. La conexión entre el punto donde se habría producido el vertimiento y el sistema hídrico plantea la necesidad de determinar con precisión hasta dónde se desplazó el combustible y cuáles fueron sus posibles efectos sobre el agua, los suelos y la biodiversidad.

Para las comunidades que habitan y defienden los territorios de la Patagonia, la protección de los ríos y fuentes de agua constituye una preocupación ambiental y territorial de primer orden. Los cursos de agua no solo cumplen funciones ecológicas, sino que forman parte de los paisajes, actividades y formas de vida desarrolladas históricamente en estas zonas.

En este contexto, el caso también abre interrogantes respecto de las medidas de prevención, almacenamiento, seguridad y respuesta ante emergencias ambientales existentes en instalaciones que manejan grandes cantidades de combustibles. Determinar si existieron fallas, negligencias o incumplimientos será parte de las responsabilidades que deberán establecer las autoridades competentes.

La investigación continúa en desarrollo y será el análisis de las muestras de agua y suelo el que permitirá conocer con mayor precisión la magnitud de la contaminación y sus eventuales consecuencias ambientales. Una vez concluidos los peritajes, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.

Mientras tanto, el derrame vuelve a poner en el centro la necesidad de fortalecer la prevención, fiscalización y protección de los ecosistemas patagónicos, especialmente en territorios donde la defensa del agua constituye también una defensa de la vida, la biodiversidad y de las comunidades que habitan estos espacios.

La dimensión del derrame y su conexión con el río Baker hacen indispensable que la investigación avance con transparencia y que sus resultados sean conocidos públicamente, especialmente si los análisis confirman una afectación de las aguas y del ecosistema asociado.

Durante los últimos días, registros ciudadanos volvieron a mostrar aguas con características anómalas en cursos de agua del sector, situación que organizaciones ambientales y habitantes atribuyen a un nuevo episodio de contaminación proveniente de las instalaciones mineras de El Toqui. La denuncia ocurre mientras continúan las demandas por una fiscalización efectiva, monitoreo permanente y medidas concretas de reparación ambiental.

El problema no es nuevo. La explotación minera en El Toqui comenzó en 1983, y durante más de cuatro décadas la zona ha acumulado denuncias y antecedentes relacionados con relaves, metales pesados, contaminación de aguas y degradación de suelos. Estudios y fiscalizaciones realizados en los últimos años han identificado presencia de contaminantes en distintos componentes del ecosistema.

Arsénico y metales pesados: una alerta que persiste

Uno de los antecedentes más preocupantes corresponde a investigaciones desarrolladas en la zona que han detectado altas concentraciones de arsénico. Un estudio presentado por investigadores de la Universidad de Aysén identificó niveles que superan en más de 60 veces el límite establecido para agua potable según la NCh409/1 y en alrededor de 12 veces el límite para descargas de residuos líquidos en aguas continentales superficiales, de acuerdo con el Decreto Supremo 90.

La situación adquiere una dimensión aún mayor cuando se considera que la preocupación ambiental también se relaciona con la exposición de las comunidades y con la posible presencia de metales pesados en suelo, agua, forraje, ganado y organismos humanos.

Ante este escenario, organizaciones y habitantes han planteado la necesidad de realizar nuevos estudios epidemiológicos y ambientales que permitan establecer con mayor precisión la magnitud de la exposición y sus eventuales impactos.

Un territorio que también sostiene actividades campesinas

Para Alto Mañihuales, el problema ambiental no se limita al estado de los cursos de agua. La contaminación potencial afecta directamente un territorio donde existen familias campesinas, actividades ganaderas, suelos productivos y ecosistemas de alto valor ecológico.

Vecinos han denunciado durante años la muerte de animales y alteraciones observadas en cursos de agua. Estos antecedentes han reforzado la demanda por estudios independientes que permitan determinar científicamente las causas y establecer eventuales responsabilidades.

La preocupación también alcanza la recuperación del ecosistema. Antecedentes difundidos durante 2025 señalan que la presencia de metales pesados y la degradación del suelo constituyen una amenaza para la regeneración del bosque nativo, además de representar un riesgo para las actividades productivas locales.

Relaves y pasivos ambientales bajo la lupa

Uno de los puntos críticos corresponde al tranque de relaves Confluencia. Antecedentes de Sernageomin conocidos en 2025 señalaron que este depósito habría almacenado una cantidad de relaves equivalente a aproximadamente tres veces el máximo autorizado, además de haber extendido su funcionamiento más allá del período originalmente permitido.

A esto se suman procedimientos ambientales iniciados contra la actual titular del proyecto. La Superintendencia del Medio Ambiente ha señalado incumplimientos relacionados con modificaciones del tranque de relaves que no habrían sido sometidas a evaluación ambiental y con deficiencias en el catastro y monitoreo de aguas superficiales asociadas al depósito Doña Rosa.

Estos antecedentes muestran que el conflicto no puede reducirse exclusivamente a un eventual episodio puntual de vertimiento. Existe un problema más profundo asociado a la gestión de pasivos ambientales, el monitoreo de relaves, la calidad de las aguas y el cumplimiento de las obligaciones de cierre de la faena.

La justicia también se pronunció

En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó sanciones impuestas por Sernageomin a Minera Pacífico del Sur relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas para el cierre de la faena minera.

La resolución confirmó una multa de 5.840 UTM y la obligación de constituir garantías financieras por más de 320.697 UF, equivalentes a más de $12 mil millones, destinadas a respaldar las obligaciones del plan de cierre.

La decisión judicial constituye un antecedente relevante, pero para las organizaciones ambientales el desafío va mucho más allá de las sanciones económicas: el objetivo debe ser evitar nuevos episodios de contaminación, asegurar la protección de las personas y avanzar en la recuperación de los ecosistemas afectados.

Dos versiones frente a un mismo territorio

En medio de la controversia también existe una diferencia entre los antecedentes difundidos por organizaciones y comunidades y la posición de la empresa.

En abril de 2026, Minera Pacífico del Sur sostuvo que análisis realizados por la Seremi de Salud mostraban parámetros dentro de la normativa vigente en las aguas analizadas en sectores cercanos al yacimiento. La empresa señaló que los estudios consideraron, entre otros elementos, arsénico, cadmio, mercurio, manganeso, plomo, hierro y zinc.

La existencia de resultados diferentes refuerza una de las principales demandas de la comunidad: contar con monitoreos independientes, transparentes, periódicos y públicamente verificables, que permitan establecer qué está ocurriendo realmente con las aguas, los suelos y los ecosistemas de Alto Mañihuales.

La pregunta que sigue abierta

Mientras los organismos públicos continúan desarrollando mesas de trabajo y procesos de fiscalización, los habitantes del territorio siguen esperando respuestas concretas.

En 2025 se anunció la conformación de una Mesa Técnico-Científica y la realización de muestreos de calidad de aguas en distintos puntos del área de influencia del yacimiento. También se planteó la necesidad de ampliar los estudios hacia suelo, forraje, ganado y población expuesta.

El nuevo episodio denunciado vuelve a instalar una pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo más puede una comunidad convivir con la incertidumbre sobre la calidad del agua y los efectos de un pasivo minero que se arrastra desde hace más de 40 años?

Para las organizaciones ambientales, la respuesta no puede limitarse a reaccionar después de cada denuncia. Se requiere prevención, fiscalización efectiva, transparencia, reparación ambiental y garantías de no repetición.

Porque en Alto Mañihuales no solo está en juego un curso de agua. Está en juego el derecho de una comunidad a vivir en un territorio sano, producir sus alimentos, proteger sus animales y desarrollar su vida sin estar expuesta a una contaminación que se prolonga por generaciones.