El escenario coincide con una nueva preemergencia ambiental, superando ya durante 2026 la cantidad de episodios críticos registrados en todo 2025. Una realidad que evidencia el profundo costo ambiental y social de un modelo de desarrollo que continúa privilegiando la producción, el transporte y las actividades industriales por sobre el derecho de las personas a respirar un aire limpio.

Una crisis ambiental que afecta principalmente a las comunidades

La mala calidad del aire en Santiago no es un fenómeno aislado ni una consecuencia exclusiva de las condiciones meteorológicas del invierno. Especialistas advierten que responde a décadas de planificación urbana deficiente, expansión del parque automotor, dependencia de combustibles fósiles y escasa voluntad política para avanzar hacia una transición ecológica que priorice la salud de las personas por sobre los intereses económicos.

Mientras millones de habitantes respiran aire contaminado, los costos recaen principalmente sobre los sectores populares, donde aumentan las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y las hospitalizaciones durante los meses más fríos del año.

PM2.5: el contaminante invisible que amenaza la salud

Uno de los principales responsables de esta emergencia es el material particulado fino PM2.5, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los contaminantes atmosféricos más peligrosos.

Las partículas PM2.5, con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, son capaces de penetrar profundamente en los pulmones e ingresar al torrente sanguíneo, incrementando el riesgo de asma, bronquitis crónica, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer pulmonar y muertes prematuras.

La evidencia científica ha demostrado que la exposición permanente a estos contaminantes representa una de las principales amenazas ambientales para la salud pública en las ciudades.

Norma de calidad del aire continúa paralizada

Pese a la gravedad de la situación, la actualización de la Norma de Calidad del Aire para Material Particulado PM2.5, aprobada durante 2025 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático e inspirada en los nuevos estándares recomendados por la OMS, continúa sin entrar en vigencia.

El Decreto Supremo N.º 3 del Ministerio del Medio Ambiente fue ingresado a la Contraloría el 11 de marzo de 2026, pero fue retirado al día siguiente por la actual administración, manteniendo suspendida una regulación destinada a fortalecer la protección sanitaria frente a la contaminación atmosférica.

La propuesta establece criterios más exigentes para enfrentar episodios críticos de contaminación:

• Alerta Ambiental: entre 68 y 97 μg/m³ de PM2.5.
• Preemergencia Ambiental: entre 98 y 157 μg/m³.
• Emergencia Ambiental: 158 μg/m³ o superior.

Asimismo, considera declarar Zona Saturada cuando los niveles máximos permitidos sean superados y Zona Latente cuando las concentraciones alcancen entre el 80 % y el 100 % del límite establecido.

La contaminación no es una fatalidad: es una decisión política

Que Santiago figure entre las ciudades con peor calidad del aire del mundo no debería entenderse como un hecho inevitable, sino como el resultado de decisiones políticas y económicas que han subordinado históricamente la protección ambiental a las exigencias del crecimiento económico.

Mientras la evidencia científica confirma los impactos de la crisis climática y la contaminación atmosférica sobre la salud de millones de personas, las políticas públicas avanzan lentamente y las medidas de protección continúan postergándose.

Garantizar el derecho a respirar un aire limpio implica mucho más que decretar restricciones durante el invierno. Requiere transformar el modelo energético, fortalecer el transporte público limpio, reducir las emisiones industriales y reconocer que la salud de las comunidades debe situarse por encima de cualquier interés económico.

Hoy, más que un lugar en un ranking internacional, Santiago enfrenta el desafío de recuperar un derecho fundamental: vivir en una ciudad donde el aire no sea una amenaza permanente para la vida.