La decisión fue comunicada pocos días después de las manifestaciones, reuniones comunitarias y acciones de protesta impulsadas por habitantes, pescadores artesanales, organizaciones sociales y ambientales, quienes rechazaron la posibilidad de que un proyecto extractivo se instalara en uno de los territorios insulares más valiosos del litoral chileno. La ciudadanía había expresado su preocupación ante antecedentes publicados en el sitio web corporativo de la empresa, donde se hacía referencia a estudios relacionados con iniciativas mineras y energéticas en la isla.

En un comunicado, Madesal sostuvo que no existe interés en ejecutar actividades de exploración o explotación minera, asegurando que la información que permanecía en su página correspondía a antecedentes históricos que generaron confusión entre la población. La empresa informó además que instruyó a su equipo jurídico para avanzar en la renuncia formal de las concesiones mineras, proceso que contempla diversas etapas administrativas y judiciales que podrían extenderse hasta 2027. Asimismo, señaló que incluso evalúa la posibilidad de transferir dichas concesiones a la comunidad isleña y a las organizaciones que correspondan. Respecto del proyecto ISM Generación, indicó que se trató de una propuesta eólica estudiada años atrás y posteriormente descartada.

Para las organizaciones ambientales y territoriales, el anuncio constituye una victoria de la organización comunitaria, demostrando que la participación ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para proteger los bienes comunes frente a proyectos de alto impacto ambiental. Durante las últimas semanas, vecinos advirtieron sobre los riesgos que implicaría la instalación de una faena de tierras raras, minerales cuya extracción suele requerir grandes movimientos de suelo, alto consumo de agua y el uso de sustancias químicas que pueden afectar ecosistemas frágiles si no existen resguardos adecuados.

La Isla Santa María posee un enorme valor ecológico por sus bosques, humedales, aves migratorias y ecosistemas marino-costeros, además de sustentar actividades tradicionales como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. Diversas agrupaciones sostienen que estos territorios cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, por lo que cualquier iniciativa industrial de gran escala debe considerar no solo los impactos ambientales, sino también el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de sus territorios.

Aunque la empresa descartó los proyectos y anunció la renuncia a las concesiones, las organizaciones ciudadanas señalaron que mantendrán una vigilancia permanente hasta que los procesos legales concluyan y las concesiones sean efectivamente canceladas. Para la comunidad, este episodio deja una enseñanza clara: la organización social, la información oportuna y la defensa del patrimonio natural pueden incidir en las decisiones que afectan directamente a los territorios, consolidando un precedente para otras comunidades que enfrentan conflictos socioambientales en Chile.