El proyecto minero-portuario Dominga vuelve a instalarse en el centro de la discusión ambiental y administrativa del país. Este 29 de septiembre de 2026, Andes Iron decidió desistirse de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema, desplazando nuevamente el conflicto hacia la vía administrativa.

La iniciativa, proyectada para la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, contempla la explotación de hierro y cobre, además de infraestructura asociada al procesamiento y embarque de minerales. Su tramitación se extiende por más de una década y ha estado marcada por decisiones administrativas, reclamaciones, fallos judiciales y una fuerte oposición de organizaciones ambientales y comunidades vinculadas al territorio.

El retiro de los recursos ante la Suprema no significa que Dominga haya sido aprobado. Por el contrario, el rechazo adoptado por el Comité de Ministros en enero de 2025 continúa siendo un elemento central del escenario actual, mientras avanzan solicitudes de invalidación contra dicha resolución.

Andes Iron sostiene que decidió retirar sus recursos judiciales para no obstaculizar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros. La empresa ha cuestionado dicha decisión administrativa y sostiene que no habría respetado lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental.

La admisión a trámite de una solicitud de invalidación, sin embargo, no equivale a una aprobación de Dominga ni determina por sí misma que el proyecto vaya a continuar. Se trata de una instancia administrativa en la que deberán revisarse los argumentos y antecedentes correspondientes.

Este nuevo escenario vuelve a poner la mirada sobre el Servicio de Evaluación Ambiental y las autoridades que deberán intervenir en las distintas etapas del procedimiento.

El caso adquiere además una dimensión política y administrativa debido al cambio de gobierno ocurrido entre la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025 y el escenario actual. De prosperar las acciones administrativas, la discusión podría eventualmente regresar a las autoridades del Ejecutivo, aunque cualquier resultado dependerá de las decisiones y procedimientos que correspondan conforme a la institucionalidad ambiental.

Más allá de los procedimientos administrativos y judiciales, una de las principales controversias en torno a Dominga está relacionada con su localización.

El proyecto se encuentra en las cercanías del Archipiélago de Humboldt, un territorio marino-costero reconocido por su alta biodiversidad. En sus aguas y sectores costeros habitan especies como pingüinos de Humboldt, ballenas, delfines, chungungos y numerosas especies de aves y fauna marina. Greenpeace ha advertido que la construcción de infraestructura portuaria, junto con el aumento del tráfico marítimo, podría generar presiones adicionales sobre estos ecosistemas.

La preocupación adquiere especial relevancia considerando la situación del pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), especie que fue reclasificada como “En Peligro” durante 2025 por el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

De acuerdo con Greenpeace, una proporción superior al 80% de la población mundial de esta especie se concentra en Chile, mientras sus colonias reproductivas enfrentan diversas presiones de origen humano. La organización sostiene que el eventual desarrollo de Dominga debe analizarse considerando precisamente este contexto de conservación.

La discusión sobre Dominga también excede la dimensión estrictamente ambiental.

En La Higuera, el debate involucra distintas visiones sobre el futuro económico del territorio. Mientras sus impulsores han defendido el proyecto argumentando sus potenciales aportes en inversión, empleo y actividad económica regional, sus detractores cuestionan que ese desarrollo pueda concretarse a costa de ecosistemas que sostienen actividades económicas y formas de vida vinculadas al mar.

La zona posee una importante actividad pesquera artesanal y una economía asociada al turismo de naturaleza. Por ello, la discusión no solamente plantea cuánto empleo podría generar una gran inversión minera, sino también qué actividades económicas podrían verse afectadas por modificaciones en el ecosistema marino y costero.

Desde esta perspectiva, el debate sobre Dominga plantea una pregunta que atraviesa numerosos territorios del país: ¿cómo compatibilizar la inversión minera con la protección de ecosistemas, actividades productivas locales y derechos de las comunidades?

La historia de Dominga muestra también las dificultades que enfrenta Chile para resolver grandes proyectos de inversión ubicados en territorios ambientalmente sensibles.

El proyecto ha atravesado diversas instancias administrativas y judiciales. En enero de 2025, el Comité de Ministros volvió a rechazarlo. Posteriormente, la controversia continuó en tribunales y Andes Iron recurrió ante la Corte Suprema. Ahora, la empresa decidió retirar esos recursos y concentrar la atención en la vía administrativa.

Para organizaciones ambientales, el conflicto no se reduce a un problema de permisos o procedimientos. Greenpeace ha señalado que durante la extensa tramitación se han cuestionado aspectos relacionados con la línea base ambiental, la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos y los efectos sobre especies y ecosistemas del territorio.

Estos cuestionamientos forman parte de una controversia que deberá seguir siendo contrastada con los antecedentes técnicos y las decisiones de la institucionalidad ambiental.

El caso Dominga vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del principio de precaución: qué debe hacer una sociedad cuando existe incertidumbre respecto de los impactos que una actividad de gran escala podría producir sobre ecosistemas de alta sensibilidad.

Para sus opositores, el valor ecológico del Archipiélago de Humboldt exige privilegiar la protección de la biodiversidad y de las actividades locales que dependen de un ecosistema saludable. Para sus impulsores, en cambio, el proyecto representa una oportunidad de inversión y desarrollo para la Región de Coquimbo.

Más allá de las posiciones enfrentadas, existe un elemento objetivo: el territorio donde se proyecta Dominga posee una relevancia ecológica que trasciende los límites administrativos de La Higuera.

El desafío para la institucionalidad ambiental será determinar, sobre la base de antecedentes técnicos y jurídicos, cuáles son los impactos previsibles del proyecto, qué medidas de mitigación y compensación serían suficientes —si correspondieran— y si estas permiten compatibilizar la iniciativa con la protección del territorio.

El retiro de los recursos ante la Corte Suprema cierra una etapa judicial, pero no cierra la historia de Dominga.

La atención se concentra ahora en las solicitudes de invalidación y en las decisiones que adopte la institucionalidad ambiental. El proyecto permanece en medio de una disputa donde convergen inversión minera, empleo, desarrollo regional, protección de la biodiversidad, actividades productivas locales y participación ciudadana.

En el fondo, Dominga representa una discusión mucho mayor que la construcción de una mina y un puerto. Es también un debate sobre qué modelo de desarrollo quiere impulsar Chile en territorios donde la riqueza mineral convive con ecosistemas de enorme valor ecológico y comunidades que dependen directamente de ellos.

Mientras la vía administrativa vuelve a abrirse, el Archipiélago de Humboldt permanece como uno de los principales escenarios de esta controversia. Y, después de más de diez años de tramitación, el futuro de Dominga continúa dependiendo de decisiones que deberán considerar no solamente las expectativas de inversión, sino también la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad de los territorios y comunidades involucradas.

Según el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 839 depósitos de relaves, distribuidos principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Estos depósitos almacenan los residuos generados tras la extracción y procesamiento de minerales, compuestos por roca molida, agua y una mezcla de metales pesados y sustancias químicas que pueden incluir arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre, sulfatos y otros compuestos potencialmente tóxicos, dependiendo del tipo de explotación minera y de la antigüedad de cada faena.

Las intensas precipitaciones registradas recientemente en la zona centro-norte del país han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de estos depósitos. El aumento del caudal superficial puede provocar rebalses, infiltraciones hacia acuíferos, escurrimientos hacia esteros y ríos, además de afectar la estabilidad estructural de tranques de relaves. A ello se suma la permanente amenaza sísmica que caracteriza a Chile, donde la historia registra tragedias asociadas al colapso de estas estructuras, demostrando que el riesgo no es únicamente ambiental, sino también humano.

Uno de los principales problemas es la existencia de relaves abandonados, instalaciones que dejaron de operar hace décadas y cuyos responsables, en muchos casos, ya no existen o no pueden ser identificados legalmente. Esta situación dificulta cualquier proceso de remediación, monitoreo o cierre seguro. Diversos especialistas advierten que precisamente estos depósitos antiguos podrían representar un mayor peligro, debido a que fueron construidos bajo estándares ambientales mucho menos exigentes y con tecnologías menos eficientes que las actuales, concentrando mayores cantidades de sustancias contaminantes.

La contaminación generada por los relaves no depende exclusivamente de un eventual colapso. Cuando permanecen expuestos, especialmente durante períodos secos, el viento transporta partículas de polvo cargadas con metales pesados, afectando la calidad del aire y aumentando la exposición de las comunidades cercanas a contaminantes asociados a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros efectos de largo plazo. Asimismo, la infiltración de aguas contaminadas puede comprometer napas subterráneas y cursos de agua utilizados para consumo humano, agricultura y abastecimiento de ecosistemas.

En este escenario, la responsabilidad de las empresas que operan en Chile adquiere un rol central. La legislación obliga a las compañías a implementar medidas de seguridad, monitoreo permanente y planes de cierre para sus depósitos de relaves, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente. Sin embargo, diversos episodios registrados en los últimos años evidencian que la prevención debe fortalecerse mediante mayores estándares de diseño, sistemas de monitoreo en tiempo real, mantenimiento continuo y protocolos de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad aumentan como consecuencia del cambio climático.

A ello se suma la necesidad de que el Estado fortalezca la fiscalización sobre los depósitos activos e inactivos, priorizando aquellos ubicados cerca de centros poblados y cursos de agua. La existencia de cientos de relaves abandonados representa una deuda ambiental acumulada durante décadas, que requiere políticas públicas orientadas a identificar los depósitos de mayor peligrosidad, evaluar su nivel de toxicidad y desarrollar planes de remediación que reduzcan los riesgos para las comunidades.

El crecimiento de la minería y la creciente demanda internacional por minerales estratégicos hacen indispensable avanzar hacia una actividad que incorpore plenamente el principio de responsabilidad ambiental. La gestión segura de los relaves no puede considerarse una etapa secundaria del proceso extractivo, sino una obligación permanente de las empresas y del Estado para proteger la salud de las personas, los recursos hídricos y los ecosistemas frente a uno de los pasivos ambientales más importantes del país.

La decisión fue comunicada pocos días después de las manifestaciones, reuniones comunitarias y acciones de protesta impulsadas por habitantes, pescadores artesanales, organizaciones sociales y ambientales, quienes rechazaron la posibilidad de que un proyecto extractivo se instalara en uno de los territorios insulares más valiosos del litoral chileno. La ciudadanía había expresado su preocupación ante antecedentes publicados en el sitio web corporativo de la empresa, donde se hacía referencia a estudios relacionados con iniciativas mineras y energéticas en la isla.

En un comunicado, Madesal sostuvo que no existe interés en ejecutar actividades de exploración o explotación minera, asegurando que la información que permanecía en su página correspondía a antecedentes históricos que generaron confusión entre la población. La empresa informó además que instruyó a su equipo jurídico para avanzar en la renuncia formal de las concesiones mineras, proceso que contempla diversas etapas administrativas y judiciales que podrían extenderse hasta 2027. Asimismo, señaló que incluso evalúa la posibilidad de transferir dichas concesiones a la comunidad isleña y a las organizaciones que correspondan. Respecto del proyecto ISM Generación, indicó que se trató de una propuesta eólica estudiada años atrás y posteriormente descartada.

Para las organizaciones ambientales y territoriales, el anuncio constituye una victoria de la organización comunitaria, demostrando que la participación ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para proteger los bienes comunes frente a proyectos de alto impacto ambiental. Durante las últimas semanas, vecinos advirtieron sobre los riesgos que implicaría la instalación de una faena de tierras raras, minerales cuya extracción suele requerir grandes movimientos de suelo, alto consumo de agua y el uso de sustancias químicas que pueden afectar ecosistemas frágiles si no existen resguardos adecuados.

La Isla Santa María posee un enorme valor ecológico por sus bosques, humedales, aves migratorias y ecosistemas marino-costeros, además de sustentar actividades tradicionales como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. Diversas agrupaciones sostienen que estos territorios cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, por lo que cualquier iniciativa industrial de gran escala debe considerar no solo los impactos ambientales, sino también el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de sus territorios.

Aunque la empresa descartó los proyectos y anunció la renuncia a las concesiones, las organizaciones ciudadanas señalaron que mantendrán una vigilancia permanente hasta que los procesos legales concluyan y las concesiones sean efectivamente canceladas. Para la comunidad, este episodio deja una enseñanza clara: la organización social, la información oportuna y la defensa del patrimonio natural pueden incidir en las decisiones que afectan directamente a los territorios, consolidando un precedente para otras comunidades que enfrentan conflictos socioambientales en Chile.

La movilización, impulsada por habitantes de Puerto Norte y Puerto Sur, mantiene paralizadas escuelas, jardines infantiles, centros de salud y diversas actividades comunitarias, reflejando la preocupación transversal de la población ante un modelo de desarrollo que, según denuncian, prioriza la extracción de recursos naturales por sobre la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Un ecosistema estratégico bajo presión

El Golfo de Arauco concentra actualmente el mayor número de proyectos de parques eólicos marinos en evaluación o planificación en Chile. Aunque la generación de energías renovables es fundamental para enfrentar la crisis climática, organizaciones ambientales y comunidades locales advierten que la transición energética no puede replicar las mismas lógicas extractivistas que históricamente han afectado al país.

Las iniciativas contemplan la instalación de enormes aerogeneradores flotantes y anclados en sectores utilizados por la pesca artesanal, además de ubicarse en las cercanías del Cañón del Biobío, un ecosistema submarino de enorme valor ecológico que alberga una rica biodiversidad y cumple funciones esenciales para el equilibrio del océano.

Especialistas han señalado que este tipo de infraestructura puede modificar rutas de navegación, alterar hábitats marinos, afectar aves migratorias, mamíferos marinos y generar impactos acumulativos que todavía no han sido suficientemente estudiados en las costas chilenas.

Tierras raras: un nuevo frente del extractivismo

A la preocupación por los parques eólicos se suma la existencia de cerca de 2.000 hectáreas de concesiones mineras en trámite, vinculadas a la empresa Madesal, alimentando el temor de que Isla Santa María se transforme en un nuevo polo para la explotación de tierras raras.

Estos minerales, altamente demandados por la industria tecnológica y la fabricación de componentes para la transición energética, requieren procesos extractivos que pueden generar importantes impactos sobre los suelos, el agua y los ecosistemas si no existen estrictos controles ambientales y participación efectiva de las comunidades.

Diversas organizaciones recuerdan que la transición hacia energías limpias no puede construirse sacrificando nuevos territorios ni trasladando los costos ambientales a comunidades rurales y costeras.

Permisología: el debate sobre la protección ambiental

El conflicto también se desarrolla en un contexto marcado por la mega reforma al sistema de permisos sectoriales y ambientales impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa busca simplificar y acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales y diversas comunidades han manifestado su preocupación por los efectos que podría tener una reducción de los controles ambientales, de las instancias de participación ciudadana y de las herramientas de resguardo para ecosistemas de alta sensibilidad.

En ese escenario, habitantes de Isla Santa María sostienen que una flexibilización del sistema de evaluación ambiental podría facilitar el avance de proyectos mineros y energéticos sobre territorios ecológicamente frágiles, por lo que llaman a fortalecer la protección del patrimonio natural, la biodiversidad y los derechos de las comunidades que dependen de estos ecosistemas para su forma de vida.

Defensa del territorio y justicia ambiental

Las y los habitantes de la isla hicieron un llamado a las autoridades regionales y nacionales para visitar el territorio, escuchar a la comunidad y considerar la protección del patrimonio natural, la identidad cultural y las actividades económicas tradicionales antes de autorizar nuevas intervenciones.

El caso de Isla Santa María vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de Chile: avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa, donde la descarbonización no signifique abrir nuevos ciclos de extractivismo, sino promover un desarrollo compatible con la conservación de la biodiversidad, la soberanía de los territorios y los derechos de las comunidades.

La movilización de la isla refleja una demanda que se repite en distintos puntos del país: que las decisiones sobre proyectos de alto impacto ambiental incorporen criterios de justicia ambiental, participación ciudadana efectiva y protección de ecosistemas estratégicos frente a los intereses económicos de corto plazo.