Los resultados vuelven a poner sobre la mesa una problemática que durante décadas ha afectado a comunidades que viven en zonas donde la contaminación dejó una huella que no desapareció con el retiro de los residuos. Según el estudio, la distribución de estos elementos es compatible tanto con fuentes históricas de contaminación como con actividades urbanas e industriales más recientes.

El origen de parte importante de esta problemática se remonta a mediados de la década de 1980, cuando más de 20.000 toneladas de residuos mineros provenientes de Suecia fueron ingresadas a Chile y depositadas en Arica.

Los materiales fueron presentados como residuos no tóxicos destinados al procesamiento para recuperar oro y plata. Sin embargo, posteriormente se estableció la presencia de metales pesados y los residuos permanecieron expuestos al aire libre, cerca de sectores habitados.

Con el paso de los años, el crecimiento urbano aumentó la exposición de la población. La situación terminó convirtiéndose, durante la década de 1990, en una crisis sanitaria y ambiental, que derivó en el retiro de los residuos, la relocalización de familias afectadas y distintos procesos judiciales.

El nuevo estudio plantea que la remoción de los residuos no necesariamente significó el término de la contaminación. Las concentraciones detectadas en distintos puntos de Arica muestran que todavía existen sectores donde permanece la señal asociada a aquel episodio ocurrido hace más de 30 años.

El académico Carlos Manzano, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, explicó que el escenario actual es particularmente complejo porque al legado histórico se suman fuentes contemporáneas asociadas a actividades urbanas e industriales.

El investigador también señaló que algunas concentraciones superan valores de referencia internacionales. Aunque este resultado no permite afirmar por sí solo que exista un daño a la salud, sí constituye una señal que justifica mantener la vigilancia ambiental y sanitaria en los sectores identificados.

La historia de los polimetales de Arica demuestra que los problemas ambientales no terminan necesariamente cuando se retira un residuo o se ejecuta una medida de remediación.

Cuando la contaminación se instala durante años en el territorio, sus efectos pueden trascender generaciones y transformar la vida cotidiana de las comunidades. El suelo, el aire y los espacios donde se desarrolla la vida de las personas forman parte de un mismo ecosistema, por lo que la recuperación ambiental debe considerar también la protección de quienes habitan esos territorios.

En este sentido, la nueva evidencia científica vuelve a plantear la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental y sanitaria, mantener información transparente hacia las comunidades y avanzar en medidas que permitan identificar y controlar las distintas fuentes de contaminación.

El caso de Arica también abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad frente a los territorios expuestos a residuos peligrosos y sobre la necesidad de aplicar el principio de prevención ambiental antes de que una contaminación se transforme en una crisis sanitaria.

La experiencia de los polimetales deja una advertencia para Chile: los residuos industriales y mineros no desaparecen simplemente cuando dejan de ser visibles. Pueden permanecer en el territorio y redistribuirse, convirtiéndose en parte de una problemática ambiental que exige seguimiento científico, responsabilidad institucional y participación de las comunidades.

Más de treinta años después, Arica vuelve a mirar su suelo y encuentra parte de una historia que todavía permanece bajo sus pies.

Durante los últimos días, registros ciudadanos volvieron a mostrar aguas con características anómalas en cursos de agua del sector, situación que organizaciones ambientales y habitantes atribuyen a un nuevo episodio de contaminación proveniente de las instalaciones mineras de El Toqui. La denuncia ocurre mientras continúan las demandas por una fiscalización efectiva, monitoreo permanente y medidas concretas de reparación ambiental.

El problema no es nuevo. La explotación minera en El Toqui comenzó en 1983, y durante más de cuatro décadas la zona ha acumulado denuncias y antecedentes relacionados con relaves, metales pesados, contaminación de aguas y degradación de suelos. Estudios y fiscalizaciones realizados en los últimos años han identificado presencia de contaminantes en distintos componentes del ecosistema.

Arsénico y metales pesados: una alerta que persiste

Uno de los antecedentes más preocupantes corresponde a investigaciones desarrolladas en la zona que han detectado altas concentraciones de arsénico. Un estudio presentado por investigadores de la Universidad de Aysén identificó niveles que superan en más de 60 veces el límite establecido para agua potable según la NCh409/1 y en alrededor de 12 veces el límite para descargas de residuos líquidos en aguas continentales superficiales, de acuerdo con el Decreto Supremo 90.

La situación adquiere una dimensión aún mayor cuando se considera que la preocupación ambiental también se relaciona con la exposición de las comunidades y con la posible presencia de metales pesados en suelo, agua, forraje, ganado y organismos humanos.

Ante este escenario, organizaciones y habitantes han planteado la necesidad de realizar nuevos estudios epidemiológicos y ambientales que permitan establecer con mayor precisión la magnitud de la exposición y sus eventuales impactos.

Un territorio que también sostiene actividades campesinas

Para Alto Mañihuales, el problema ambiental no se limita al estado de los cursos de agua. La contaminación potencial afecta directamente un territorio donde existen familias campesinas, actividades ganaderas, suelos productivos y ecosistemas de alto valor ecológico.

Vecinos han denunciado durante años la muerte de animales y alteraciones observadas en cursos de agua. Estos antecedentes han reforzado la demanda por estudios independientes que permitan determinar científicamente las causas y establecer eventuales responsabilidades.

La preocupación también alcanza la recuperación del ecosistema. Antecedentes difundidos durante 2025 señalan que la presencia de metales pesados y la degradación del suelo constituyen una amenaza para la regeneración del bosque nativo, además de representar un riesgo para las actividades productivas locales.

Relaves y pasivos ambientales bajo la lupa

Uno de los puntos críticos corresponde al tranque de relaves Confluencia. Antecedentes de Sernageomin conocidos en 2025 señalaron que este depósito habría almacenado una cantidad de relaves equivalente a aproximadamente tres veces el máximo autorizado, además de haber extendido su funcionamiento más allá del período originalmente permitido.

A esto se suman procedimientos ambientales iniciados contra la actual titular del proyecto. La Superintendencia del Medio Ambiente ha señalado incumplimientos relacionados con modificaciones del tranque de relaves que no habrían sido sometidas a evaluación ambiental y con deficiencias en el catastro y monitoreo de aguas superficiales asociadas al depósito Doña Rosa.

Estos antecedentes muestran que el conflicto no puede reducirse exclusivamente a un eventual episodio puntual de vertimiento. Existe un problema más profundo asociado a la gestión de pasivos ambientales, el monitoreo de relaves, la calidad de las aguas y el cumplimiento de las obligaciones de cierre de la faena.

La justicia también se pronunció

En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó sanciones impuestas por Sernageomin a Minera Pacífico del Sur relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas para el cierre de la faena minera.

La resolución confirmó una multa de 5.840 UTM y la obligación de constituir garantías financieras por más de 320.697 UF, equivalentes a más de $12 mil millones, destinadas a respaldar las obligaciones del plan de cierre.

La decisión judicial constituye un antecedente relevante, pero para las organizaciones ambientales el desafío va mucho más allá de las sanciones económicas: el objetivo debe ser evitar nuevos episodios de contaminación, asegurar la protección de las personas y avanzar en la recuperación de los ecosistemas afectados.

Dos versiones frente a un mismo territorio

En medio de la controversia también existe una diferencia entre los antecedentes difundidos por organizaciones y comunidades y la posición de la empresa.

En abril de 2026, Minera Pacífico del Sur sostuvo que análisis realizados por la Seremi de Salud mostraban parámetros dentro de la normativa vigente en las aguas analizadas en sectores cercanos al yacimiento. La empresa señaló que los estudios consideraron, entre otros elementos, arsénico, cadmio, mercurio, manganeso, plomo, hierro y zinc.

La existencia de resultados diferentes refuerza una de las principales demandas de la comunidad: contar con monitoreos independientes, transparentes, periódicos y públicamente verificables, que permitan establecer qué está ocurriendo realmente con las aguas, los suelos y los ecosistemas de Alto Mañihuales.

La pregunta que sigue abierta

Mientras los organismos públicos continúan desarrollando mesas de trabajo y procesos de fiscalización, los habitantes del territorio siguen esperando respuestas concretas.

En 2025 se anunció la conformación de una Mesa Técnico-Científica y la realización de muestreos de calidad de aguas en distintos puntos del área de influencia del yacimiento. También se planteó la necesidad de ampliar los estudios hacia suelo, forraje, ganado y población expuesta.

El nuevo episodio denunciado vuelve a instalar una pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo más puede una comunidad convivir con la incertidumbre sobre la calidad del agua y los efectos de un pasivo minero que se arrastra desde hace más de 40 años?

Para las organizaciones ambientales, la respuesta no puede limitarse a reaccionar después de cada denuncia. Se requiere prevención, fiscalización efectiva, transparencia, reparación ambiental y garantías de no repetición.

Porque en Alto Mañihuales no solo está en juego un curso de agua. Está en juego el derecho de una comunidad a vivir en un territorio sano, producir sus alimentos, proteger sus animales y desarrollar su vida sin estar expuesta a una contaminación que se prolonga por generaciones.

La movilización, impulsada por habitantes de Puerto Norte y Puerto Sur, mantiene paralizadas escuelas, jardines infantiles, centros de salud y diversas actividades comunitarias, reflejando la preocupación transversal de la población ante un modelo de desarrollo que, según denuncian, prioriza la extracción de recursos naturales por sobre la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Un ecosistema estratégico bajo presión

El Golfo de Arauco concentra actualmente el mayor número de proyectos de parques eólicos marinos en evaluación o planificación en Chile. Aunque la generación de energías renovables es fundamental para enfrentar la crisis climática, organizaciones ambientales y comunidades locales advierten que la transición energética no puede replicar las mismas lógicas extractivistas que históricamente han afectado al país.

Las iniciativas contemplan la instalación de enormes aerogeneradores flotantes y anclados en sectores utilizados por la pesca artesanal, además de ubicarse en las cercanías del Cañón del Biobío, un ecosistema submarino de enorme valor ecológico que alberga una rica biodiversidad y cumple funciones esenciales para el equilibrio del océano.

Especialistas han señalado que este tipo de infraestructura puede modificar rutas de navegación, alterar hábitats marinos, afectar aves migratorias, mamíferos marinos y generar impactos acumulativos que todavía no han sido suficientemente estudiados en las costas chilenas.

Tierras raras: un nuevo frente del extractivismo

A la preocupación por los parques eólicos se suma la existencia de cerca de 2.000 hectáreas de concesiones mineras en trámite, vinculadas a la empresa Madesal, alimentando el temor de que Isla Santa María se transforme en un nuevo polo para la explotación de tierras raras.

Estos minerales, altamente demandados por la industria tecnológica y la fabricación de componentes para la transición energética, requieren procesos extractivos que pueden generar importantes impactos sobre los suelos, el agua y los ecosistemas si no existen estrictos controles ambientales y participación efectiva de las comunidades.

Diversas organizaciones recuerdan que la transición hacia energías limpias no puede construirse sacrificando nuevos territorios ni trasladando los costos ambientales a comunidades rurales y costeras.

Permisología: el debate sobre la protección ambiental

El conflicto también se desarrolla en un contexto marcado por la mega reforma al sistema de permisos sectoriales y ambientales impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa busca simplificar y acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales y diversas comunidades han manifestado su preocupación por los efectos que podría tener una reducción de los controles ambientales, de las instancias de participación ciudadana y de las herramientas de resguardo para ecosistemas de alta sensibilidad.

En ese escenario, habitantes de Isla Santa María sostienen que una flexibilización del sistema de evaluación ambiental podría facilitar el avance de proyectos mineros y energéticos sobre territorios ecológicamente frágiles, por lo que llaman a fortalecer la protección del patrimonio natural, la biodiversidad y los derechos de las comunidades que dependen de estos ecosistemas para su forma de vida.

Defensa del territorio y justicia ambiental

Las y los habitantes de la isla hicieron un llamado a las autoridades regionales y nacionales para visitar el territorio, escuchar a la comunidad y considerar la protección del patrimonio natural, la identidad cultural y las actividades económicas tradicionales antes de autorizar nuevas intervenciones.

El caso de Isla Santa María vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de Chile: avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa, donde la descarbonización no signifique abrir nuevos ciclos de extractivismo, sino promover un desarrollo compatible con la conservación de la biodiversidad, la soberanía de los territorios y los derechos de las comunidades.

La movilización de la isla refleja una demanda que se repite en distintos puntos del país: que las decisiones sobre proyectos de alto impacto ambiental incorporen criterios de justicia ambiental, participación ciudadana efectiva y protección de ecosistemas estratégicos frente a los intereses económicos de corto plazo.

Por Anabel Pomar

Cobertura colaborativa entre Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva 

En una audiencia cargada de expectativa, y en un fallo favorable para el agronegocio, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues Da Cruz, absolvieron a los siete productores acusados por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino. Argumentaron que los hechos imputados a cada uno de ellos no fueron debidamente acreditados. Resolvieron condenar solamente a dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, a cargo de fiscalizar las pulverizaciones con agroquímicos en esa localidad bonaerense. Sabrina Ortiz, víctima y denunciante, fue clara: “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigarnos. No hay que quebrarse ante tanta impunidad”.

Los jueces, con ese fallo del 25 de junio, cuyos fundamentos serán leídos el 10 de agosto, y que puede ser apelado, le dieron la razón a siete de los nueve imputados. Todos los acusados relacionados directamente con la actividad agro-venenosa: Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada, fueron absueltos.

Ortiz aseguró tras conocerse la sentencia: “Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces que vive enfrente de mi casa y está probado. Esta es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que eso se logre, para que dejen de enfermarnos para siempre”.

El tribunal, que se despegó de su responsabilidad de tutelar derechos consagrados por la Constitución Nacional y de ejercer su tarea de control de otros poderes del Estado, basó sus absoluciones en argumentos que incluyeron, a modo de justificación, que si bien los daños a la salud y al ambiente existieron, no es el ámbito penal adecuado para dirimir, entre otros señalamientos, “si los metros de exclusión son insuficientes para cuidar la salud, o si las sustancias que se aplican son malas o no deberían autorizarse”, sino que eso debe ser atendido por los legisladores o los políticos responsables en otros ámbitos y lugares. “Un juez penal no está acá como un superhéroe para darle respuestas a lo que pide la sociedad sino para aplicar la ley”, se lo escuchó decir a Lanzón en una de las frases más descarnadas para las víctimas que lloran a sus familiares muertos y que hace década piden justicia.

Sobre las protecciones, medidas cautelares dictadas para alejar los venenos de las personas, el fallo estableció que queden vigentes hasta tanto el veredicto quede firme, pero se negaron a extender esas protecciones a más pueblos o escuelas rurales del municipio de Pergamino o a convertirlas en definitivas, como había solicitado la acusación. Otra vez, los jueces tiraron la pelota a otros lados: “Es el fuero civil y el municipio y las autoridades provinciales quienes deben hacer eso”.

“Entendemos que varios de los acusados no se comportaron bien con sus vecinos, pero somos jueces penales, aplicamos la ley, no la moral”, dijo el juez y, según su mirada, ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) ni la querella pudieron acreditar con suficiente evidencia las pruebas de los hechos denunciados. “El derecho penal no habrá de solucionar lo que necesita la protección del ambiente. No tomamos decisiones políticas para eso están nuestros representantes políticos”, se excusaron los jueces.

Además de condenar en el acto a los funcionarios, a dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y realizar dos horas de tareas ad-honorem semanales “de reparación” en áreas de salud o de protección del medio ambiente, y cobrarles una tasa de 4700 pesos, el juez Lanzón anunció que solicitó al MPF y al Juzgado de San Nicolás que investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y el de otros funcionarios involucrados en el cuidado de la salud y el ambiente, por entender que no fue eso ni atendido, ni garantizado, de modo adecuado, poniendo en riesgo la salud de la población, durante el lustro de las actuaciones de Tocalini y Naranjo, y que esos funcionarios son el eslabón más bajo de la cadena de responsables de fiscalizar.

“Ha quedado probado que existieron innumerables alertas que no fueron atendidas por esos funcionarios”, aseguró el juez y afirmó también que ha quedado acreditado que no existió ni prevención y control, que no fueron suficientes las acciones, que los funcionarios se quedaron a mitad de camino, justificándose por no hacerlo. “Tenían idoneidad y, sin embargo, no actuaron del modo que se requería” sosteniendo eso como una práctica habitual y constatada de eludir el control especifico y adecuado. Esas acciones, siempre según lo comunicado por el tribunal, contribuyeron para que no existan pruebas que podrían haber contribuido a saber con certeza si los hechos por los que llegaron a juicio Roces y Cortese fueron cometidos, “lo que no pudo acreditarse aquí” y motivó la absolución.

Ayer, en la audiencia del 24 de junio, los acusados tuvieron espacio para decir unas últimas palabras. Todos, menos Mario Roces, optaron por hacer uso de ese derecho. Las palabras elegidas, casi las mismas, para señalar la inocencia, la honestidad y el mal trago de pasar por este juicio, hostigados por la prensa, o atrapados en una guerra de ambientalistas contra el agronegocio. Algunos agradecimientos al tribunal y hubo un “estamos en sus manos”, generalizado. Ninguna palabra para las víctimas porque ellos, los acusados, eligieron ponerse en ese lugar. Marcaron lo que perdieron, socialmente o económicamente y el destrato a ellos o a sus familiares por el hecho de estar acusados o involucrados en ese litigio.

El veredicto tampoco otorgó lo que las verdaderas víctimas merecían: justicia. Los acusados dejaron todo en manos de ese tribunal, que ha dejado en claro que hoy, no los defraudó.

Desde la fiscalía de Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la acusación, le confirmaron a Agencia Tierra Viva que apelarán e irán a Casación. La causa (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento), inició en 2018 y no termina hoy con este veredicto.

“Desde el punto de vista técnico no encontramos explicaciones a esta sentencia”, afirmó el abogado de la querella, Carlos González Quintana, que aseguró no está todo terminado. Rodeada de familiares, amigos y referentes de la lucha por la defensa de la tierra, Sabrina Ortiz, con su pequeño hijo en brazos, así lo confirma. A pesar del trago amargo y el golpe que significa ese fallo del tribunal que tanto deja en deuda: confirmó que apelarán y seguirá la lucha hasta que dejen de fumigar con agrotóxicos.

Edición: Darío Aranda.