A unos 25 kilómetros de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y en las cercanías de las Cataratas del Iguazú, se encuentra Puerto Libertad, una localidad del norte de Misiones que se ha transformado en uno de los ejemplos más visibles de los efectos sociales, económicos y ambientales asociados a la concentración de tierras y la expansión del monocultivo forestal. En este territorio, la presencia de la empresa chilena Arauco ha adquirido una dimensión que excede la actividad productiva y alcanza directamente la forma en que las comunidades pueden habitar, trabajar y proyectar su futuro.

La transformación del territorio no comenzó con Arauco. La historia forestal de Misiones se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la extracción de madera y yerba nativa abrió paso posteriormente a una creciente expansión de la producción forestal. Desde la década de 1960, las políticas públicas promovieron la plantación de pinos y otras especies exóticas, favoreciendo un modelo que fue reemplazando progresivamente sectores de la Selva Paranaense y modificando la estructura productiva de numerosas localidades.

En Puerto Libertad, este proceso adquirió una dimensión particularmente significativa. El paisaje que alguna vez estuvo dominado por una diversidad de ambientes naturales comenzó a ser ocupado por extensas superficies de plantaciones homogéneas de pino, mientras los fragmentos de selva nativa quedaron reducidos frente al avance de los cultivos forestales. La investigación que sirve de base a esta nota describe precisamente este contraste: grandes extensiones de verde oscuro correspondientes a monocultivos forestales frente a los pequeños remanentes de selva y los espacios urbanos donde permanece la población.

La llegada de Arauco profundizó esta concentración. En 1996, la empresa chilena adquirió Alto Paraná S.A., iniciando una nueva etapa de expansión del agronegocio forestal en Misiones. Durante los años siguientes incorporó nuevas superficies, entre ellas las aproximadamente 60.000 hectáreas que pertenecían a Forestal San Jorge, además de otras tierras y establecimientos industriales. El material de referencia señala que, en pocos años, Arauco llegó a controlar cerca del 70% de las tierras de Puerto Libertad, mientras investigaciones y declaraciones posteriores han situado la concentración de tierras productivas en torno al 80%.

La consecuencia más visible de esta concentración es que una comunidad quedó prácticamente rodeada por plantaciones forestales. Habitantes del municipio han utilizado la expresión “corral de pinos” para describir esta situación. No se trata solamente de una imagen simbólica: la disponibilidad de terrenos para construir viviendas, infraestructura, espacios deportivos o desarrollar nuevos proyectos productivos queda condicionada por la existencia de grandes extensiones bajo control empresarial. El propio material de referencia señala que el municipio ha debido solicitar tierras a la compañía para iniciativas como una cancha de fútbol, una terminal de ómnibus, nuevos barrios e incluso un parque industrial.

La concentración territorial también tiene consecuencias sobre las economías locales. La expansión del monocultivo dificulta la permanencia y crecimiento de pequeñas chacras y reduce la diversidad de actividades productivas. Cuando grandes extensiones quedan destinadas a una sola actividad forestal, disminuye el espacio disponible para otros cultivos y para una agricultura familiar capaz de abastecer los mercados locales.

A esto se suma la profunda transformación del mundo del trabajo. La incorporación de maquinaria especializada, semillas mejoradas, agroquímicos y tecnologías destinadas a aumentar la productividad redujo considerablemente la necesidad de mano de obra. Uno de los ejemplos más contundentes descritos en la investigación es la incorporación de máquinas forestales capaces de realizar tareas que anteriormente requerían alrededor de 80 trabajadores y que pasaron a ser ejecutadas por apenas dos operarios.

El cierre del Aserradero San Jorge, en Puerto Bosetti, constituye otro ejemplo de este proceso. Allí trabajaban aproximadamente 400 personas antes de su cierre en 2010. La modernización y concentración de la cadena forestal no significó necesariamente más puestos de trabajo para las comunidades, sino que estuvo acompañada por procesos de tercerización, tecnificación y reducción de trabajadores.

El modelo productivo desarrollado por Arauco también integra distintas etapas de la cadena forestal. La empresa participa en plantaciones, aserraderos, producción de celulosa, elaboración de productos derivados de la madera y generación de energía a partir de biomasa, consolidando una estructura productiva integrada verticalmente. En Misiones, esta concentración le permitió además convertirse en un actor central dentro del mercado forestal, incluyendo la compra de chips y raleos utilizados para la producción industrial y energética.

Pero detrás de la expansión industrial aparece una preocupación mayor: el costo ambiental de transformar grandes superficies de territorio en monocultivos forestales.

La Selva Paranaense constituye uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad de la región y su reemplazo por extensas plantaciones de especies exóticas modifica las condiciones ecológicas del territorio. La pérdida y fragmentación del bosque nativo, la homogeneización del paisaje, el uso de agroquímicos y la transformación de los suelos forman parte de las preocupaciones vinculadas a este modelo productivo.

En una zona cercana a las Cataratas del Iguazú, reconocida mundialmente por su biodiversidad y patrimonio natural, el contraste resulta especialmente significativo: mientras el turismo internacional llega atraído por la selva y sus ecosistemas, grandes superficies de la región se encuentran ocupadas por plantaciones forestales industriales.

La dimensión ambiental también alcanza a la actividad industrial de producción de celulosa. La presencia de plantas de procesamiento implica la generación de efluentes industriales, emisiones y residuos que requieren controles permanentes para evitar impactos sobre los ecosistemas y los recursos hídricos. El material de referencia da cuenta de la existencia de cuestionamientos históricos relacionados con la actividad industrial, mientras que controles ambientales posteriores han incluido inspecciones y toma de muestras de efluentes de la planta de Arauco en Puerto Esperanza.

Sin embargo, reducir la discusión únicamente a la contaminación industrial sería insuficiente. El impacto ambiental debe analizarse también desde la transformación integral del territorio: cuánto bosque nativo permanece, cuánto territorio está destinado a monocultivos, qué ocurre con los suelos y el agua, qué especies desaparecen o pierden hábitat y qué posibilidades tienen las comunidades de desarrollar actividades productivas alternativas.

La discusión adquiere además una dimensión política cuando se observa el nivel de extranjerización y concentración de la tierra alcanzado en determinados municipios. La investigación de referencia sostiene que este proceso no fue consecuencia exclusiva de las decisiones empresariales, sino que estuvo acompañado por décadas de políticas públicas que incentivaron la forestación, la concentración productiva y la expansión de un modelo orientado a la producción de commodities.

En este escenario, Arauco se convirtió en uno de los principales actores económicos de Misiones. La empresa no solamente controla grandes extensiones de territorio, sino que participa en distintas etapas de la cadena productiva, desde la plantación de árboles hasta su procesamiento industrial.

El resultado es una situación contradictoria: un territorio con una enorme riqueza natural y una poderosa industria forestal, pero donde las comunidades locales enfrentan dificultades para acceder a tierras, desarrollar pequeñas producciones y generar nuevas fuentes de empleo.

Puerto Libertad representa así una de las expresiones más evidentes de esta transformación. Una localidad ubicada estratégicamente entre Argentina, Brasil y Paraguay, cercana a uno de los principales patrimonios naturales de Sudamérica, se encuentra rodeada por extensas plantaciones industriales. Sus posibilidades de crecimiento territorial, desarrollo económico y conservación ambiental están condicionadas por una estructura de propiedad de la tierra altamente concentrada.

La experiencia de Misiones abre una discusión que trasciende las fronteras provinciales y nacionales: ¿quién decide sobre el territorio cuando una empresa transnacional concentra grandes extensiones de tierra? ¿Qué ocurre con las comunidades cuando la producción aumenta, pero el empleo disminuye? ¿Qué sucede con la biodiversidad cuando la selva es reemplazada por monocultivos? ¿Y quién asume los costos sociales y ambientales de un modelo cuyos beneficios económicos pueden concentrarse lejos de los territorios donde se produce la riqueza?

El caso de Arauco en Misiones muestra que el debate sobre la industria forestal no puede reducirse a la cantidad de árboles plantados o a las inversiones realizadas. También debe considerar la concentración de la tierra, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de actividades productivas locales, la transformación del empleo, el acceso de las comunidades al territorio y la capacidad de los habitantes para decidir sobre su propio futuro.

A pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú y de la triple frontera, el paisaje de Puerto Libertad sintetiza una tensión cada vez más presente en América Latina: la disputa entre un modelo de producción forestal industrial a gran escala y el derecho de las comunidades a conservar, habitar y decidir sobre sus territorios.

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo de emergencia. Sin embargo, pese a las labores de rescate, el trabajador falleció. La Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) realizan las diligencias destinadas a establecer las circunstancias del accidente y determinar la causa precisa de muerte.

Mowi Chile confirmó públicamente el fallecimiento y señaló que su prioridad es entregar apoyo a la familia del trabajador. La empresa, mientras se desarrolla la investigación, no entregó mayores antecedentes sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas del accidente.

También permanecen pendientes de esclarecer aspectos relevantes, como la hora exacta del accidente, el nombre de la instalación afectada y el vínculo contractual del trabajador, considerando que diversas labores dentro de la industria salmonera son desarrolladas mediante empresas contratistas y subcontratistas.

12 trabajadores fallecidos durante 2026

Con este nuevo fallecimiento, la industria salmonera que opera en Chile registra 12 trabajadores muertos durante 2026, de acuerdo con los antecedentes recopilados durante el año.

La cifra vuelve a generar preocupación respecto de las condiciones de seguridad laboral existentes en una actividad productiva que concentra operaciones de alto riesgo, particularmente en centros de cultivo, pisciculturas y faenas submarinas.

El número de víctimas también plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de accidentes, capacitación, supervisión y fiscalización, especialmente en aquellas labores que involucran sustancias químicas, espacios confinados, maquinaria y operaciones bajo el agua.

Buzos y trabajadores subcontratados entre las víctimas

El fallecimiento ocurrido en Chiloé se suma a otros accidentes fatales registrados recientemente en la industria.

El 2 de julio, Damián Cristófer García Álvarez, buzo de 27 años, murió mientras realizaba labores submarinas en el centro de cultivo Bután 7, operado por Mowi Chile en la Región de Aysén. El trabajador prestaba servicios mediante una empresa contratista.

Solo 27 días antes, el 5 de junio, había fallecido Víctor Guerrero Barría, buzo de 39 años, durante labores en el centro de cultivo Serrano, también mediante subcontratación.

La reiteración de accidentes que involucran a trabajadores contratistas vuelve a instalar una discusión relevante sobre la fragmentación de las responsabilidades laborales dentro de la cadena productiva.

Cuando una empresa principal externaliza determinadas operaciones, resulta fundamental garantizar que los trabajadores contratados por terceros reciban los mismos estándares de protección, capacitación, equipamiento y seguridad que cualquier trabajador que desempeñe funciones directamente para la compañía.

Más de 270 accidentes de buceo y 49 muertes

Los antecedentes disponibles muestran que los accidentes laborales en la salmonicultura no constituyen un fenómeno reciente.

De acuerdo con registros de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), entre 2004 y 2026 se han contabilizado más de 270 accidentes de buceo en centros de cultivo de salmón, de los cuales 49 tuvieron consecuencias fatales.

Estas cifras reflejan los riesgos asociados a una actividad que requiere permanentes operaciones submarinas y trabajos en ambientes complejos.

El escenario plantea un desafío tanto para las empresas como para las autoridades encargadas de la fiscalización laboral y marítima, particularmente en materia de prevención y cumplimiento de protocolos de seguridad.

Biofiltros y sustancias químicas: una zona de alto riesgo

El accidente ocurrió en el área de biofiltros, un componente fundamental de las pisciculturas que funcionan mediante sistemas de recirculación de agua (RAS).

Las labores de operación y mantenimiento de estos sistemas pueden involucrar espacios confinados, sustancias químicas, agua, gases y condiciones ambientales de riesgo.

Por esta razón, este tipo de faenas requiere protocolos estrictos, capacitación especializada, equipos de protección adecuados, supervisión permanente y mecanismos eficientes de respuesta ante emergencias.

La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente y si los procedimientos de seguridad establecidos para este tipo de labores fueron aplicados correctamente.

El costo social y ambiental de la salmonicultura

La nueva muerte registrada en Chiloé vuelve a abrir una discusión que trasciende a una empresa determinada. La industria salmonera constituye una actividad económica relevante para distintas regiones del sur de Chile, pero su desarrollo también ha estado acompañado por cuestionamientos relacionados con seguridad laboral, subcontratación, impactos ambientales y presión sobre los ecosistemas acuáticos.

El debate sobre la salmonicultura no puede reducirse únicamente a sus cifras de producción y exportación. También debe considerar las condiciones de quienes trabajan en la industria y los efectos que las actividades productivas generan sobre los territorios.

Cada accidente fatal representa mucho más que una estadística: significa la pérdida de una vida, una familia afectada y una comunidad que enfrenta las consecuencias de una tragedia laboral.

Por ello, resulta necesario avanzar hacia una fiscalización preventiva más efectiva, mayor transparencia sobre las condiciones de trabajo y una responsabilidad empresarial que permita garantizar seguridad, dignidad y protección para quienes sostienen esta actividad productiva.

La investigación sobre el fallecimiento ocurrido en Huillinco deberá establecer las causas y eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿están los estándares de seguridad laboral a la altura de los riesgos que enfrenta diariamente la fuerza de trabajo de la industria salmonera?