Chile ocupa el tercer lugar del mundo en importación de ropa usada per cápita, con 5,46 kilos por habitante al año, y el octavo en volumen total, con aproximadamente 107 mil toneladas netas. Las cifras forman parte del informe “Chile en el circuito global de la ropa usada: Importación y comercialización del textil de segunda mano”, elaborado por investigadoras del Centro de Investigación en Economía y Sociedad (ESOC) de la Universidad Central de Chile, que analizó los movimientos de ropa de segunda mano entre 2015 y 2023.

El estudio permite mirar más allá de las imágenes de enormes acumulaciones de prendas abandonadas en el desierto de Atacama, particularmente en sectores de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. Estos vertederos ilegales se han transformado en uno de los símbolos más visibles de la crisis de los residuos textiles, pero el fenómeno responde a una problemática mucho más amplia: Chile forma parte de un circuito global donde millones de prendas son producidas, comercializadas, utilizadas y finalmente descartadas.

La investigadora Paz Concha, directora del ESOC y líder del proyecto Fondecyt “Comprendiendo el valor en la economía circular: el caso de la industria textil en Chile”, plantea que el desafío consiste precisamente en comprender este fenómeno como parte de un sistema internacional de circulación de mercancías y residuos, y no como un problema aislado del norte del país.

A nivel mundial, el comercio de textiles de segunda mano prácticamente se duplicó entre 2006 y 2023, pasando de 3,5 a 6,4 millones de toneladas anuales. En Chile, los flujos de ingreso han aumentado en promedio un 5,9% anual, concentrándose cerca del 45% en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Uno de los datos que genera mayor preocupación es que el 13% de la ropa que ingresa al país no tiene un origen declarado, situación que dificulta la trazabilidad de las prendas y conocer con precisión de dónde provienen, bajo qué condiciones fueron producidas y cuál será su destino una vez que dejen de ser utilizadas.

El mercado interno también ha experimentado una fuerte expansión. La comercialización de ropa usada creció cerca de 670% desde 2005, convirtiéndose además en una fuente importante de empleo, históricamente con una alta participación femenina. Sin embargo, la participación de mujeres en este sector disminuyó desde un 70,4% a un 55,5% entre 2005 y 2023.

Esta dimensión social resulta relevante al momento de discutir nuevas regulaciones. El problema ambiental no puede abordarse simplemente enfrentando a consumidores, vendedores o importadores, ya que cualquier modificación en las condiciones de ingreso de ropa usada también puede tener consecuencias sobre el empleo femenino y trabajadores vinculados a actividades muchas veces precarizadas.

Al mismo tiempo, Chile comienza a avanzar hacia una mayor regulación mediante la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que incorporó a los textiles como su séptimo producto prioritario, convirtiéndose además en el primero incorporado a la legislación después de su promulgación. El objetivo es avanzar hacia un sistema donde quienes introducen productos al mercado también tengan responsabilidades respecto de los residuos que estos generan al finalizar su vida útil.

Para avanzar en esta materia se encuentra en proceso de conformación el Comité Operativo Ampliado (COA), instancia que reúne a representantes públicos, privados y de la sociedad civil y que deberá aportar antecedentes para definir futuras metas de recolección y valorización de residuos textiles.

El desafío, sin embargo, no es menor. Chile presenta un alto nivel de consumo de vestuario y depende fuertemente de las importaciones. De acuerdo con especialistas del sector, más del 90% de la ropa nueva consumida en el país es importada, lo que dificulta conocer las condiciones de fabricación, los materiales utilizados y las posibilidades reales de reciclaje de las prendas.

A esto se suma una dificultad básica: el país todavía no cuenta con una industria textil de reciclaje suficientemente desarrollada para absorber los residuos que genera el mercado. Sin infraestructura de recolección, clasificación, reutilización y valorización a gran escala, una parte importante de las prendas que dejan de utilizarse termina en vertederos, basurales o lugares de disposición ilegal.

La falta de información también constituye una barrera para la implementación de la Ley REP. Durante el año pasado, la declaración de volúmenes textiles en la plataforma REPSE era voluntaria para las empresas del sector y fueron pocas las que entregaron sus antecedentes. Actualmente, la declaración es obligatoria, pero persisten dificultades para determinar cuántos kilos de productos textiles pone cada empresa en el mercado y cuál es exactamente la composición de las prendas.

Este último aspecto resulta fundamental para avanzar hacia una verdadera economía circular. No todos los textiles pueden reciclarse de la misma manera. La composición de las fibras, las mezclas de materiales, tinturas, tratamientos y accesorios presentes en una prenda pueden dificultar considerablemente su recuperación.

Por eso, iniciativas como los pasaportes digitales de productos, que buscan entregar información sobre el origen y composición de los bienes, también enfrentan desafíos. Especialistas advierten que parte de la información disponible puede ser autodeclarada por las propias empresas y no necesariamente contar con mecanismos suficientes de verificación independiente.

Mientras la regulación intenta avanzar, distintas empresas y emprendimientos están desarrollando soluciones para enfrentar la falta de infraestructura. Entre ellas se encuentran iniciativas destinadas a facilitar el cumplimiento de la Ley REP, mejorar la trazabilidad y generar información que permita conocer cuánto material textil entra al mercado y qué ocurre con él una vez que se transforma en residuo.

El problema ambiental, sin embargo, va mucho más allá de la ropa usada. El crecimiento acelerado de la industria de la moda y el aumento del consumo de prendas de bajo costo han generado una enorme presión sobre los recursos naturales utilizados para producir fibras, fabricar textiles, teñirlos, transportarlos y finalmente eliminarlos.

En ese contexto, la ropa de segunda mano puede ser una alternativa para extender la vida útil de las prendas, pero por sí sola no resuelve el problema. Si el volumen de producción y consumo continúa creciendo sin límites, incluso los sistemas de reutilización pueden verse sobrepasados.

El desafío para Chile consiste entonces en avanzar desde una lógica basada principalmente en comprar, usar y desechar, hacia un modelo que priorice la reducción del consumo, la reparación, la reutilización, la trazabilidad y, cuando sea técnicamente posible, el reciclaje de los materiales.

Las imágenes de toneladas de ropa abandonadas en el desierto de Atacama representan apenas la expresión más visible de una problemática global. Detrás de cada prenda descartada existe una cadena de producción, transporte, consumo y generación de residuos que involucra recursos naturales, energía, agua y trabajo.

Por eso, el debate sobre la ropa usada y la Ley REP no debería limitarse a cuánto se importa o cuánto se vende. La pregunta ambiental de fondo es qué cantidad de ropa necesita realmente la sociedad, cuánto tiempo utilizamos cada prenda y qué capacidad tenemos como país para evitar que aquello que alguna vez fue un producto termine convertido en basura.

Chile comienza a construir las reglas para enfrentar este desafío, pero mientras la infraestructura de reciclaje y valorización siga siendo insuficiente, el crecimiento del mercado textil continuará generando una presión ambiental que se hace cada vez más difícil de ignorar.

Un extraordinario hallazgo realizado en la Reserva Elemental Melimoyu, en la Región de Aysén, vuelve a poner en valor la biodiversidad de los bosques templados del sur de Chile. Durante un trabajo de campo, el fotógrafo y educador ambiental Jaime Beltrand descubrió un ejemplar de ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii) que presentaba una inusual coloración azulada y tornasol, una tonalidad nunca antes observada por la ONG Ranita de Darwin durante sus 12 años de investigación científica. El ejemplar fue encontrado entre la vegetación mientras se buscaban posibles registros de depredadores de la especie y su particular apariencia llamó inmediatamente la atención de los investigadores. El individuo corresponde a un macho en etapa de incubación, conocido como “macho preñado”, debido a una de las características reproductivas más singulares de esta especie: es el macho quien se encarga de incorporar las larvas a su saco vocal y mantenerlas allí durante parte de su desarrollo. El ejemplar registró un peso de 1,83 gramos, una longitud de 27,01 milímetros y albergaba aproximadamente cuatro larvas en su interior. Debido a la fragilidad de la especie, el registro fotográfico se realizó bajo un estricto protocolo de bioseguridad destinado a minimizar el estrés y evitar la transmisión de agentes patógenos. Posteriormente, el animal fue liberado en el mismo lugar donde fue encontrado.

El origen de su particular coloración todavía constituye una incógnita para la ciencia. Una de las hipótesis planteadas por Andrés Valenzuela, médico veterinario y presidente de la ONG Ranita de Darwin, apunta al hipoxantismo, fenómeno que consiste en una reducción parcial de los pigmentos amarillos presentes en la piel. Sin embargo, los investigadores aún buscan determinar si esta característica responde a un origen genético, a un proceso relacionado con el desarrollo del individuo u otra condición biológica. El interés científico aumentó luego de que el ejemplar fuera recapturado meses después en buenas condiciones de salud y mantuviera intacta su coloración azulada. Este antecedente reduce la posibilidad de que la tonalidad corresponda a un fenómeno pasajero provocado por estrés, enfermedad o una mala condición física. Si la característica tuviera un origen genético y fuera heredable, podría eventualmente transmitirse a su descendencia, aunque los investigadores advierten que el hallazgo de un solo individuo no permite establecer conclusiones sobre el estado genético de toda la población.

Más allá de la singularidad de esta ranita azul, el descubrimiento pone nuevamente de relieve la importancia de conservar los ecosistemas naturales de Aysén, donde especies altamente especializadas encuentran las condiciones necesarias para sobrevivir y reproducirse. La ranita de Darwin es una especie endémica de los bosques templados de Chile y Argentina y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Entre sus principales amenazas se encuentran la pérdida y degradación de su hábitat y la propagación del hongo quítrido, uno de los principales factores relacionados con el declive de numerosas poblaciones de anfibios a nivel mundial. En este escenario, territorios como la Reserva Elemental Melimoyu cumplen un papel fundamental como refugios de biodiversidad, permitiendo la conservación de bosques, cursos de agua y microhábitats esenciales para especies que todavía esconden numerosos secretos científicos. El hallazgo demuestra que los ecosistemas protegidos no solo son espacios fundamentales para la supervivencia de la fauna y flora nativa, sino también verdaderos laboratorios naturales capaces de revelar características de la biodiversidad que aún permanecen desconocidas.

Este histórico registro forma parte de la segunda edición de la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin, iniciativa destinada a fortalecer el conocimiento y la protección de estas singulares especies de anfibios. La pequeña ranita azul encontrada en Melimoyu representa así mucho más que una rareza científica: es también un recordatorio de que proteger los bosques significa proteger especies, ecosistemas y procesos naturales que todavía estamos comenzando a comprender.

La investigación fue instruida por la Fiscalía Local de Cochrane y Chile Chico, que solicitó a la unidad especializada de la Policía de Investigaciones realizar diversas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que se produjo el vertimiento, determinar su alcance y establecer eventuales responsabilidades penales y ambientales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por la PDI, el incidente se habría originado al interior de la central eléctrica municipal, por causas que aún son materia de investigación. El combustible derramado sobre el terreno habría escurrido hacia un arroyo ubicado al nororiente del recinto, cuyo cauce mantiene conexión directa con el brazo sur del río Baker, aumentando la preocupación por una posible afectación de este sistema fluvial y de los ecosistemas asociados.

Durante la inspección realizada en el lugar, detectives especializados constataron una mancha oleosa tornasolada de aproximadamente 250 metros de diámetro, además de trazas de hidrocarburo detectadas a unos 500 metros del punto del vertimiento. Estos antecedentes dan cuenta de que el combustible no habría permanecido únicamente en el área donde se produjo el incidente, sino que habría alcanzado sectores conectados con cursos de agua del territorio.

Como parte de las diligencias, la BIDEMA Aysén realizó el levantamiento de muestras de agua y suelo, junto con el examen y fijación del sitio del suceso. También fueron tomadas declaraciones a testigos presenciales y de oídas, funcionarios municipales, personal de la Armada de Chile y del Cuerpo de Bomberos de Caleta Tortel.

Las muestras serán sometidas a análisis de laboratorio, cuyos resultados permitirán establecer la presencia y concentración de hidrocarburos y aportar antecedentes sobre la eventual afectación de los componentes ambientales del sector.

El derrame adquiere especial relevancia debido a su cercanía con el río Baker, uno de los principales cursos fluviales de la Región de Aysén y parte de un territorio de alto valor ecológico y paisajístico. La conexión entre el punto donde se habría producido el vertimiento y el sistema hídrico plantea la necesidad de determinar con precisión hasta dónde se desplazó el combustible y cuáles fueron sus posibles efectos sobre el agua, los suelos y la biodiversidad.

Para las comunidades que habitan y defienden los territorios de la Patagonia, la protección de los ríos y fuentes de agua constituye una preocupación ambiental y territorial de primer orden. Los cursos de agua no solo cumplen funciones ecológicas, sino que forman parte de los paisajes, actividades y formas de vida desarrolladas históricamente en estas zonas.

En este contexto, el caso también abre interrogantes respecto de las medidas de prevención, almacenamiento, seguridad y respuesta ante emergencias ambientales existentes en instalaciones que manejan grandes cantidades de combustibles. Determinar si existieron fallas, negligencias o incumplimientos será parte de las responsabilidades que deberán establecer las autoridades competentes.

La investigación continúa en desarrollo y será el análisis de las muestras de agua y suelo el que permitirá conocer con mayor precisión la magnitud de la contaminación y sus eventuales consecuencias ambientales. Una vez concluidos los peritajes, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.

Mientras tanto, el derrame vuelve a poner en el centro la necesidad de fortalecer la prevención, fiscalización y protección de los ecosistemas patagónicos, especialmente en territorios donde la defensa del agua constituye también una defensa de la vida, la biodiversidad y de las comunidades que habitan estos espacios.

La dimensión del derrame y su conexión con el río Baker hacen indispensable que la investigación avance con transparencia y que sus resultados sean conocidos públicamente, especialmente si los análisis confirman una afectación de las aguas y del ecosistema asociado.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Municipalidad de Tortel, el incidente se habría originado en la Central Norte, instalación dependiente del municipio y destinada a generar electricidad para la localidad. La emergencia activó el despliegue de distintos organismos, entre ellos equipos del Servicio de Salud, con el objetivo de evaluar la magnitud del evento y sus posibles consecuencias.

La situación adquiere especial relevancia debido a que el río Baker constituye uno de los principales sistemas fluviales de la Patagonia chilena, formando parte de un territorio caracterizado por su alto valor ecológico, paisajístico y turístico. Un derrame de combustible en este tipo de ecosistemas puede generar impactos que no necesariamente son visibles de manera inmediata y cuya evaluación requiere monitoreo ambiental posterior.

La delegada presidencial regional de Aysén, Luz María Vicuña, confirmó que el derrame se produjo desde un equipo generador de energía y señaló que, desde conocida la emergencia, se activaron coordinaciones entre la Municipalidad, la Delegación Presidencial, la Seremi de Medio Ambiente, Subdere y otros organismos públicos.

De acuerdo con la autoridad, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) intervino para contener la emergencia, evitando que el combustible se dispersara en una mayor extensión del cauce. Las autoridades indicaron preliminarmente que la afectación habría sido contenida y que actualmente se desarrollan labores de limpieza.

Sin embargo, la contención de un derrame no significa necesariamente que sus consecuencias ambientales hayan desaparecido. Los hidrocarburos pueden afectar la calidad del agua, adherirse a sedimentos y alterar las condiciones de hábitat para organismos acuáticos, por lo que resulta fundamental determinar qué cantidad de combustible alcanzó efectivamente el río, durante cuánto tiempo permaneció en contacto con el agua y cuáles fueron las áreas potencialmente afectadas.

El episodio también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con protocolos de prevención, sistemas de almacenamiento seguros, planes de contingencia y mecanismos de respuesta rápida en instalaciones que manejan combustibles, especialmente cuando se encuentran próximas a cursos de agua de alto valor ambiental.

Desde el Gobierno se informó que, una vez controlada la emergencia, deberán desarrollarse las investigaciones y sumarios correspondientes para establecer las causas del derrame, determinar eventuales responsabilidades y evaluar posibles impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Más allá de la emergencia inmediata, el desafío será garantizar un monitoreo ambiental posterior e independiente, cuyos resultados permitan conocer si el ecosistema del río Baker sufrió algún nivel de afectación y qué medidas deberán implementarse para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.

En territorios como Tortel, donde la naturaleza constituye parte esencial de la identidad, la economía local y la calidad de vida de sus habitantes, la protección de los cursos de agua no puede limitarse únicamente a responder cuando ocurre un accidente. La prevención, fiscalización y gestión responsable de los riesgos ambientales resultan fundamentales para proteger estos ecosistemas para las futuras generaciones.

La decisión fue comunicada pocos días después de las manifestaciones, reuniones comunitarias y acciones de protesta impulsadas por habitantes, pescadores artesanales, organizaciones sociales y ambientales, quienes rechazaron la posibilidad de que un proyecto extractivo se instalara en uno de los territorios insulares más valiosos del litoral chileno. La ciudadanía había expresado su preocupación ante antecedentes publicados en el sitio web corporativo de la empresa, donde se hacía referencia a estudios relacionados con iniciativas mineras y energéticas en la isla.

En un comunicado, Madesal sostuvo que no existe interés en ejecutar actividades de exploración o explotación minera, asegurando que la información que permanecía en su página correspondía a antecedentes históricos que generaron confusión entre la población. La empresa informó además que instruyó a su equipo jurídico para avanzar en la renuncia formal de las concesiones mineras, proceso que contempla diversas etapas administrativas y judiciales que podrían extenderse hasta 2027. Asimismo, señaló que incluso evalúa la posibilidad de transferir dichas concesiones a la comunidad isleña y a las organizaciones que correspondan. Respecto del proyecto ISM Generación, indicó que se trató de una propuesta eólica estudiada años atrás y posteriormente descartada.

Para las organizaciones ambientales y territoriales, el anuncio constituye una victoria de la organización comunitaria, demostrando que la participación ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para proteger los bienes comunes frente a proyectos de alto impacto ambiental. Durante las últimas semanas, vecinos advirtieron sobre los riesgos que implicaría la instalación de una faena de tierras raras, minerales cuya extracción suele requerir grandes movimientos de suelo, alto consumo de agua y el uso de sustancias químicas que pueden afectar ecosistemas frágiles si no existen resguardos adecuados.

La Isla Santa María posee un enorme valor ecológico por sus bosques, humedales, aves migratorias y ecosistemas marino-costeros, además de sustentar actividades tradicionales como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. Diversas agrupaciones sostienen que estos territorios cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, por lo que cualquier iniciativa industrial de gran escala debe considerar no solo los impactos ambientales, sino también el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de sus territorios.

Aunque la empresa descartó los proyectos y anunció la renuncia a las concesiones, las organizaciones ciudadanas señalaron que mantendrán una vigilancia permanente hasta que los procesos legales concluyan y las concesiones sean efectivamente canceladas. Para la comunidad, este episodio deja una enseñanza clara: la organización social, la información oportuna y la defensa del patrimonio natural pueden incidir en las decisiones que afectan directamente a los territorios, consolidando un precedente para otras comunidades que enfrentan conflictos socioambientales en Chile.

Más allá de la sanción económica, el caso vuelve a poner en evidencia una problemática que organizaciones ambientales, comunidades costeras y científicos vienen denunciando desde hace años: la acumulación de residuos orgánicos, fecas de peces, alimento no consumido, productos químicos y antibióticos bajo las balsas jaulas, generando alteraciones en los sedimentos, pérdida de oxígeno, afectación de la biodiversidad y deterioro de la calidad del agua. Diversas investigaciones han advertido que este modelo de producción intensiva puede provocar procesos de eutrofización y modificar profundamente el equilibrio ecológico de lagos, fiordos y canales australes, donde se concentra gran parte de la producción salmonera chilena. A ello se suman episodios de escapes masivos de salmones exóticos, propagación de enfermedades y el elevado uso de antimicrobianos, factores que continúan siendo objeto de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, presentó ante la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos una propuesta para avanzar hacia la migración de los centros de cultivo desde el Lago Llanquihue a sistemas de producción en tierra. La iniciativa plantea una transición gradual, con plazos estimados entre tres y cinco años, con el objetivo de recuperar el ecosistema lacustre y reducir los impactos ambientales asociados al cultivo intensivo de salmones en aguas continentales. La propuesta toma como referencia experiencias desarrolladas por algunas empresas que retiraron sus jaulas del lago durante la década pasada, demostrando que existen alternativas tecnológicas para disminuir la presión sobre estos ecosistemas.

El debate trasciende el ámbito local y refleja una discusión cada vez más presente en Chile respecto al modelo de desarrollo impulsado por la industria salmonera. Mientras el sector destaca su aporte económico y laboral, especialistas advierten que los costos ambientales son frecuentemente externalizados hacia los ecosistemas y las comunidades. La protección de cuerpos de agua estratégicos como el Lago Llanquihue adquiere una relevancia aún mayor frente a la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y la creciente presión sobre las reservas de agua dulce. En este escenario, la resolución de la Corte Suprema representa una señal de que las obligaciones ambientales no pueden ser consideradas un aspecto secundario dentro de la actividad productiva y refuerza la necesidad de avanzar hacia sistemas que reduzcan significativamente los impactos sobre la naturaleza. Para organizaciones socioambientales, este tipo de fallos evidencia que la fiscalización y el cumplimiento efectivo de la normativa son indispensables, pero también abre la discusión sobre la urgencia de transformar un modelo extractivo que continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los ecosistemas acuáticos del sur de Chile.

Sin embargo, el avance del modelo de agricultura industrial, basado en monocultivos, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos como el glifosato, continúa deteriorando este patrimonio natural, poniendo en riesgo la producción de alimentos, la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.

Un suelo vivo produce alimentos sanos

Desde la agroecología, la conservación del suelo no consiste únicamente en evitar la erosión. Significa proteger toda la vida que existe bajo nuestros pies, comprendiendo que un suelo sano es la base de una alimentación saludable.

Cuando la tierra conserva su biodiversidad y está libre de glifosato y otros agrotóxicos, es capaz de producir alimentos sanos, nutritivos y libres de venenos, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el derecho de las comunidades a decidir cómo producir y consumir sus alimentos.

Por el contrario, el uso indiscriminado de herbicidas, insecticidas y fertilizantes químicos elimina microorganismos esenciales, reduce la fertilidad natural y genera una creciente dependencia de insumos externos, debilitando la capacidad regenerativa de los territorios.

Los principios agroecológicos del MAELA

El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) sostiene que la conservación del suelo debe construirse desde una visión integral que respete los ciclos de la naturaleza y fortalezca la autonomía de las comunidades.

Entre sus principios destacan:

• Cuidar y regenerar la vida del suelo, promoviendo su fertilidad natural mediante materia orgánica y biodiversidad.
• Producir alimentos sanos, diversos y culturalmente apropiados, libres de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados.
• Proteger las semillas campesinas y nativas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
• Fortalecer la soberanía alimentaria, priorizando la producción local y el acceso a alimentos saludables.
• Respetar la biodiversidad y los ciclos naturales, evitando prácticas extractivistas que degradan los ecosistemas.
• Promover la justicia social, la equidad y la organización comunitaria, reconociendo el papel fundamental de campesinas, campesinos y pueblos originarios en el cuidado de la tierra.
• Construir sistemas agrícolas resilientes al cambio climático, reduciendo la dependencia de insumos químicos y combustibles fósiles.

Estos principios entienden el suelo no como un simple recurso económico, sino como un bien común que sostiene toda forma de vida.

La agroecología como camino hacia un futuro sostenible

La agroecología propone recuperar la fertilidad del suelo mediante prácticas como la rotación y asociación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, los cultivos de cobertura, la conservación de semillas y el manejo ecológico de la biodiversidad.

Este modelo demuestra que es posible producir alimentos suficientes sin recurrir a sustancias altamente tóxicas, restaurando los ecosistemas y fortaleciendo la economía campesina y los mercados locales.

Cuidar el suelo es cuidar la vida

En este Día Internacional de la Conservación del Suelo, el llamado es a comprender que proteger la tierra es proteger nuestra alimentación, nuestra salud y el futuro de las próximas generaciones.

Cada decisión de consumo, cada huerta agroecológica y cada productor que opta por cultivar sin glifosato ni otros agrotóxicos representa un paso hacia un modelo alimentario más justo y sustentable.

Porque sin suelo vivo no hay biodiversidad, sin biodiversidad no hay alimentos, y sin alimentos sanos no hay futuro.

Editor

A través de su campaña, el bioparque indicó que «cada firma será una muestra concreta del interés de nuestro país por avanzar en este proyecto«, y así poder demostrar ante las instituciones involucradas» que existe un amplio respaldo ciudadano para que, algún día, el Panda Gigante pueda convertirse en un nuevo embajador de la conservación en Chile».

 «Estamos convencidos de que los grandes desafíos requieren grandes sueños«, argumentó Bui Zoo para invitar a la ciudadanía a apoyar su iniciativa.

Ante este escenario, la organización Derecho y Defensa Animal dejó en claro que un panda «no es una atracción turística ni una estrategia de marketing para atraer más visitantes».

«Los pandas son animales silvestres, con necesidades altamente específicas. Su recuperación como especie ha sido posible gracias a la protección de sus bosques y de su hábitat natural, no porque sean exhibidos en zoológicos alrededor del mundo», recordó la agrupación en un comunicado compartido en redes sociales.

Destacaron que estos animales se encuentran protegidos en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su traslado entre países solo se permite en casos excepcionales, en los que «no se pone en riesgo a la especie y no persigue fines primordialmente comerciales».

«La norma que lo resguarda existe para conservarlo, no para exhibirlo», enfatizaron, al tiempo que cuestionaron que desde Bui Zoo impulsen una campaña para trae a un panda a nuestro país para que sea enjaulado como parte de un espectáculo.