A unos 25 kilómetros de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y en las cercanías de las Cataratas del Iguazú, se encuentra Puerto Libertad, una localidad del norte de Misiones que se ha transformado en uno de los ejemplos más visibles de los efectos sociales, económicos y ambientales asociados a la concentración de tierras y la expansión del monocultivo forestal. En este territorio, la presencia de la empresa chilena Arauco ha adquirido una dimensión que excede la actividad productiva y alcanza directamente la forma en que las comunidades pueden habitar, trabajar y proyectar su futuro.

La transformación del territorio no comenzó con Arauco. La historia forestal de Misiones se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la extracción de madera y yerba nativa abrió paso posteriormente a una creciente expansión de la producción forestal. Desde la década de 1960, las políticas públicas promovieron la plantación de pinos y otras especies exóticas, favoreciendo un modelo que fue reemplazando progresivamente sectores de la Selva Paranaense y modificando la estructura productiva de numerosas localidades.

En Puerto Libertad, este proceso adquirió una dimensión particularmente significativa. El paisaje que alguna vez estuvo dominado por una diversidad de ambientes naturales comenzó a ser ocupado por extensas superficies de plantaciones homogéneas de pino, mientras los fragmentos de selva nativa quedaron reducidos frente al avance de los cultivos forestales. La investigación que sirve de base a esta nota describe precisamente este contraste: grandes extensiones de verde oscuro correspondientes a monocultivos forestales frente a los pequeños remanentes de selva y los espacios urbanos donde permanece la población.

La llegada de Arauco profundizó esta concentración. En 1996, la empresa chilena adquirió Alto Paraná S.A., iniciando una nueva etapa de expansión del agronegocio forestal en Misiones. Durante los años siguientes incorporó nuevas superficies, entre ellas las aproximadamente 60.000 hectáreas que pertenecían a Forestal San Jorge, además de otras tierras y establecimientos industriales. El material de referencia señala que, en pocos años, Arauco llegó a controlar cerca del 70% de las tierras de Puerto Libertad, mientras investigaciones y declaraciones posteriores han situado la concentración de tierras productivas en torno al 80%.

La consecuencia más visible de esta concentración es que una comunidad quedó prácticamente rodeada por plantaciones forestales. Habitantes del municipio han utilizado la expresión “corral de pinos” para describir esta situación. No se trata solamente de una imagen simbólica: la disponibilidad de terrenos para construir viviendas, infraestructura, espacios deportivos o desarrollar nuevos proyectos productivos queda condicionada por la existencia de grandes extensiones bajo control empresarial. El propio material de referencia señala que el municipio ha debido solicitar tierras a la compañía para iniciativas como una cancha de fútbol, una terminal de ómnibus, nuevos barrios e incluso un parque industrial.

La concentración territorial también tiene consecuencias sobre las economías locales. La expansión del monocultivo dificulta la permanencia y crecimiento de pequeñas chacras y reduce la diversidad de actividades productivas. Cuando grandes extensiones quedan destinadas a una sola actividad forestal, disminuye el espacio disponible para otros cultivos y para una agricultura familiar capaz de abastecer los mercados locales.

A esto se suma la profunda transformación del mundo del trabajo. La incorporación de maquinaria especializada, semillas mejoradas, agroquímicos y tecnologías destinadas a aumentar la productividad redujo considerablemente la necesidad de mano de obra. Uno de los ejemplos más contundentes descritos en la investigación es la incorporación de máquinas forestales capaces de realizar tareas que anteriormente requerían alrededor de 80 trabajadores y que pasaron a ser ejecutadas por apenas dos operarios.

El cierre del Aserradero San Jorge, en Puerto Bosetti, constituye otro ejemplo de este proceso. Allí trabajaban aproximadamente 400 personas antes de su cierre en 2010. La modernización y concentración de la cadena forestal no significó necesariamente más puestos de trabajo para las comunidades, sino que estuvo acompañada por procesos de tercerización, tecnificación y reducción de trabajadores.

El modelo productivo desarrollado por Arauco también integra distintas etapas de la cadena forestal. La empresa participa en plantaciones, aserraderos, producción de celulosa, elaboración de productos derivados de la madera y generación de energía a partir de biomasa, consolidando una estructura productiva integrada verticalmente. En Misiones, esta concentración le permitió además convertirse en un actor central dentro del mercado forestal, incluyendo la compra de chips y raleos utilizados para la producción industrial y energética.

Pero detrás de la expansión industrial aparece una preocupación mayor: el costo ambiental de transformar grandes superficies de territorio en monocultivos forestales.

La Selva Paranaense constituye uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad de la región y su reemplazo por extensas plantaciones de especies exóticas modifica las condiciones ecológicas del territorio. La pérdida y fragmentación del bosque nativo, la homogeneización del paisaje, el uso de agroquímicos y la transformación de los suelos forman parte de las preocupaciones vinculadas a este modelo productivo.

En una zona cercana a las Cataratas del Iguazú, reconocida mundialmente por su biodiversidad y patrimonio natural, el contraste resulta especialmente significativo: mientras el turismo internacional llega atraído por la selva y sus ecosistemas, grandes superficies de la región se encuentran ocupadas por plantaciones forestales industriales.

La dimensión ambiental también alcanza a la actividad industrial de producción de celulosa. La presencia de plantas de procesamiento implica la generación de efluentes industriales, emisiones y residuos que requieren controles permanentes para evitar impactos sobre los ecosistemas y los recursos hídricos. El material de referencia da cuenta de la existencia de cuestionamientos históricos relacionados con la actividad industrial, mientras que controles ambientales posteriores han incluido inspecciones y toma de muestras de efluentes de la planta de Arauco en Puerto Esperanza.

Sin embargo, reducir la discusión únicamente a la contaminación industrial sería insuficiente. El impacto ambiental debe analizarse también desde la transformación integral del territorio: cuánto bosque nativo permanece, cuánto territorio está destinado a monocultivos, qué ocurre con los suelos y el agua, qué especies desaparecen o pierden hábitat y qué posibilidades tienen las comunidades de desarrollar actividades productivas alternativas.

La discusión adquiere además una dimensión política cuando se observa el nivel de extranjerización y concentración de la tierra alcanzado en determinados municipios. La investigación de referencia sostiene que este proceso no fue consecuencia exclusiva de las decisiones empresariales, sino que estuvo acompañado por décadas de políticas públicas que incentivaron la forestación, la concentración productiva y la expansión de un modelo orientado a la producción de commodities.

En este escenario, Arauco se convirtió en uno de los principales actores económicos de Misiones. La empresa no solamente controla grandes extensiones de territorio, sino que participa en distintas etapas de la cadena productiva, desde la plantación de árboles hasta su procesamiento industrial.

El resultado es una situación contradictoria: un territorio con una enorme riqueza natural y una poderosa industria forestal, pero donde las comunidades locales enfrentan dificultades para acceder a tierras, desarrollar pequeñas producciones y generar nuevas fuentes de empleo.

Puerto Libertad representa así una de las expresiones más evidentes de esta transformación. Una localidad ubicada estratégicamente entre Argentina, Brasil y Paraguay, cercana a uno de los principales patrimonios naturales de Sudamérica, se encuentra rodeada por extensas plantaciones industriales. Sus posibilidades de crecimiento territorial, desarrollo económico y conservación ambiental están condicionadas por una estructura de propiedad de la tierra altamente concentrada.

La experiencia de Misiones abre una discusión que trasciende las fronteras provinciales y nacionales: ¿quién decide sobre el territorio cuando una empresa transnacional concentra grandes extensiones de tierra? ¿Qué ocurre con las comunidades cuando la producción aumenta, pero el empleo disminuye? ¿Qué sucede con la biodiversidad cuando la selva es reemplazada por monocultivos? ¿Y quién asume los costos sociales y ambientales de un modelo cuyos beneficios económicos pueden concentrarse lejos de los territorios donde se produce la riqueza?

El caso de Arauco en Misiones muestra que el debate sobre la industria forestal no puede reducirse a la cantidad de árboles plantados o a las inversiones realizadas. También debe considerar la concentración de la tierra, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de actividades productivas locales, la transformación del empleo, el acceso de las comunidades al territorio y la capacidad de los habitantes para decidir sobre su propio futuro.

A pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú y de la triple frontera, el paisaje de Puerto Libertad sintetiza una tensión cada vez más presente en América Latina: la disputa entre un modelo de producción forestal industrial a gran escala y el derecho de las comunidades a conservar, habitar y decidir sobre sus territorios.

Por Anabel Pomar

Cobertura colaborativa entre Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva 

En una audiencia cargada de expectativa, y en un fallo favorable para el agronegocio, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues Da Cruz, absolvieron a los siete productores acusados por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino. Argumentaron que los hechos imputados a cada uno de ellos no fueron debidamente acreditados. Resolvieron condenar solamente a dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, a cargo de fiscalizar las pulverizaciones con agroquímicos en esa localidad bonaerense. Sabrina Ortiz, víctima y denunciante, fue clara: “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigarnos. No hay que quebrarse ante tanta impunidad”.

Los jueces, con ese fallo del 25 de junio, cuyos fundamentos serán leídos el 10 de agosto, y que puede ser apelado, le dieron la razón a siete de los nueve imputados. Todos los acusados relacionados directamente con la actividad agro-venenosa: Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada, fueron absueltos.

Ortiz aseguró tras conocerse la sentencia: “Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces que vive enfrente de mi casa y está probado. Esta es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que eso se logre, para que dejen de enfermarnos para siempre”.

El tribunal, que se despegó de su responsabilidad de tutelar derechos consagrados por la Constitución Nacional y de ejercer su tarea de control de otros poderes del Estado, basó sus absoluciones en argumentos que incluyeron, a modo de justificación, que si bien los daños a la salud y al ambiente existieron, no es el ámbito penal adecuado para dirimir, entre otros señalamientos, “si los metros de exclusión son insuficientes para cuidar la salud, o si las sustancias que se aplican son malas o no deberían autorizarse”, sino que eso debe ser atendido por los legisladores o los políticos responsables en otros ámbitos y lugares. “Un juez penal no está acá como un superhéroe para darle respuestas a lo que pide la sociedad sino para aplicar la ley”, se lo escuchó decir a Lanzón en una de las frases más descarnadas para las víctimas que lloran a sus familiares muertos y que hace década piden justicia.

Sobre las protecciones, medidas cautelares dictadas para alejar los venenos de las personas, el fallo estableció que queden vigentes hasta tanto el veredicto quede firme, pero se negaron a extender esas protecciones a más pueblos o escuelas rurales del municipio de Pergamino o a convertirlas en definitivas, como había solicitado la acusación. Otra vez, los jueces tiraron la pelota a otros lados: “Es el fuero civil y el municipio y las autoridades provinciales quienes deben hacer eso”.

“Entendemos que varios de los acusados no se comportaron bien con sus vecinos, pero somos jueces penales, aplicamos la ley, no la moral”, dijo el juez y, según su mirada, ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) ni la querella pudieron acreditar con suficiente evidencia las pruebas de los hechos denunciados. “El derecho penal no habrá de solucionar lo que necesita la protección del ambiente. No tomamos decisiones políticas para eso están nuestros representantes políticos”, se excusaron los jueces.

Además de condenar en el acto a los funcionarios, a dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y realizar dos horas de tareas ad-honorem semanales “de reparación” en áreas de salud o de protección del medio ambiente, y cobrarles una tasa de 4700 pesos, el juez Lanzón anunció que solicitó al MPF y al Juzgado de San Nicolás que investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y el de otros funcionarios involucrados en el cuidado de la salud y el ambiente, por entender que no fue eso ni atendido, ni garantizado, de modo adecuado, poniendo en riesgo la salud de la población, durante el lustro de las actuaciones de Tocalini y Naranjo, y que esos funcionarios son el eslabón más bajo de la cadena de responsables de fiscalizar.

“Ha quedado probado que existieron innumerables alertas que no fueron atendidas por esos funcionarios”, aseguró el juez y afirmó también que ha quedado acreditado que no existió ni prevención y control, que no fueron suficientes las acciones, que los funcionarios se quedaron a mitad de camino, justificándose por no hacerlo. “Tenían idoneidad y, sin embargo, no actuaron del modo que se requería” sosteniendo eso como una práctica habitual y constatada de eludir el control especifico y adecuado. Esas acciones, siempre según lo comunicado por el tribunal, contribuyeron para que no existan pruebas que podrían haber contribuido a saber con certeza si los hechos por los que llegaron a juicio Roces y Cortese fueron cometidos, “lo que no pudo acreditarse aquí” y motivó la absolución.

Ayer, en la audiencia del 24 de junio, los acusados tuvieron espacio para decir unas últimas palabras. Todos, menos Mario Roces, optaron por hacer uso de ese derecho. Las palabras elegidas, casi las mismas, para señalar la inocencia, la honestidad y el mal trago de pasar por este juicio, hostigados por la prensa, o atrapados en una guerra de ambientalistas contra el agronegocio. Algunos agradecimientos al tribunal y hubo un “estamos en sus manos”, generalizado. Ninguna palabra para las víctimas porque ellos, los acusados, eligieron ponerse en ese lugar. Marcaron lo que perdieron, socialmente o económicamente y el destrato a ellos o a sus familiares por el hecho de estar acusados o involucrados en ese litigio.

El veredicto tampoco otorgó lo que las verdaderas víctimas merecían: justicia. Los acusados dejaron todo en manos de ese tribunal, que ha dejado en claro que hoy, no los defraudó.

Desde la fiscalía de Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la acusación, le confirmaron a Agencia Tierra Viva que apelarán e irán a Casación. La causa (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento), inició en 2018 y no termina hoy con este veredicto.

“Desde el punto de vista técnico no encontramos explicaciones a esta sentencia”, afirmó el abogado de la querella, Carlos González Quintana, que aseguró no está todo terminado. Rodeada de familiares, amigos y referentes de la lucha por la defensa de la tierra, Sabrina Ortiz, con su pequeño hijo en brazos, así lo confirma. A pesar del trago amargo y el golpe que significa ese fallo del tribunal que tanto deja en deuda: confirmó que apelarán y seguirá la lucha hasta que dejen de fumigar con agrotóxicos.

Edición: Darío Aranda.