A lo largo de las últimas cuatro décadas, la red global se ha convertido en un movimiento que agrupa a más de 600 organizaciones autónomas de la sociedad civil, instituciones, comunidades de base y personas en más de 90 países, y ha logrado avances significativos.

Señalan: “A lo largo de este tiempo, nos enorgullece haber apoyado a las comunidades para lograr prohibiciones nacionales, regionales e internacionales de algunos de los plaguicidas más peligrosos del mundo, como el clorpirifós, que fue prohibido recientemente en las Conferencias de las Partes (COP) de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam de 2025. La conciencia sobre los vínculos entre los plaguicidas, los plaguicidas altamente peligrosos (HHP), la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la salud pública ha crecido de manera espectacular. En consecuencia, la agroecología y las soluciones impulsadas por los agricultores se reconocen cada vez más como vitales para lograr sistemas alimentarios resilientes”.

También indican: “Sin embargo, el poder de las multinacionales agroquímicas y biotecnológicas no ha dejado de crecer, al igual que el uso generalizado de plaguicidas sintéticos. Se ha producido un aumento drástico del control vertical del sector alimentario y agrícola, acompañado de niveles preocupantes de riesgo para la salud humana y la de los ecosistemas. Tres megacorporaciones controlan ahora el 60 % del mercado mundial de semillas y el 70 % del mercado mundial de plaguicidas. En consecuencia, estamos presenciando intentos agresivos y alarmantes de socavar las regulaciones globales y desmantelar las protecciones fundamentales de la salud y el medio ambiente”.

En su  comunicado, también afirman: “Al celebrar este 44.º aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de transformar los sistemas alimentarios para un futuro saludable, justo, ecológicamente vibrante y resiliente al clima. Seguiremos tomando medidas concertadas para promover la agricultura sostenible como un enfoque científico holístico y un movimiento de transformación social que defienda los conocimientos locales, respete las culturas indígenas e integre la investigación participativa y el empoderamiento de las mujeres y los agricultores. También seguiremos luchando por acuerdos locales, nacionales e internacionales que restrinjan, reduzcan y eliminen la dependencia de los plaguicidas, y que eliminen gradualmente y prohíban aquellos que causan efectos agudos y crónicos, incluyendo la alteración endocrina y el cáncer”.

“Queremos dar las gracias a todas las personas que han contribuido a este movimiento durante los últimos 44 años, así como a aquellas que ayudarán a dar forma a los años venideros. Juntos, seguiremos construyendo un mundo en el que la producción de alimentos proteja la salud, sustente los medios de vida y respete el planeta para las generaciones futuras y todas las regiones”, señala PAN:

Sarojeni Rengam, directora ejecutiva de PAN Asia-Pacífico, destacó: «En su 44.º aniversario, PANAP afirma que prohibir y eliminar gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos en Asia-Pacífico no solo es necesario, sino que es posible gracias al poder colectivo de los movimientos de mujeres, agricultores, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas. Partiendo de esta base, nos comprometemos a promover la agroecología, impulsada por las personas, para desmantelar los sistemas alimentarios tóxicos y dominados por las grandes empresas, bajo el liderazgo de estas comunidades, al tiempo que presionamos para que se adopten políticas que pongan fin de manera decisiva a la dependencia de los plaguicidas y promuevan la justicia ecológica y climática”.

Susan Haffmans, asesora principal de PAN Alemania, añadió: «PAN pone el foco donde otros miran para otro lado: en los efectos devastadores de los plaguicidas altamente peligrosos, en el sufrimiento que padecen los niños, las mujeres y los hombres afectados por el envenenamiento por plaguicidas, y en la contaminación de los recursos naturales y los ecosistemas. Trabajando en solidaridad global, PAN reúne a expertos de los ámbitos de la ciencia, la agricultura, los sistemas alimentarios, la educación y las políticas para promover soluciones sostenibles. Al promover alternativas no químicas para la protección vegetal y el manejo de plagas, y al cuestionar los dobles estándares que socavan los derechos humanos, PAN está ayudando a impulsar la transición hacia un futuro más saludable, más justo y sostenible».

Javier Souza Casadinho, coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (PAN América Latina), señaló: «Los sistemas alimentarios están dominados por pocas empresas que producen desde los insumos, como plaguicidas y fertilizantes, hasta su transformación en mercancías. Se trata de un sistema dependiente y contaminante. Se hace necesario transformar este sistema para volver a producir alimentos saludables. Los/las agricultores/as han desarrollado estrategias, prácticas y tecnologías agroecológicas que protegen los suelos y el agua y posibilitan la producción de alimentos en territorios sanos y comunidades libres de agrotóxicos peligrosos”.

La ruta del carbón de Colombia a Chile revela dos caras de una misma injusticia: el pueblo indígena yukpa, sin consentimiento ni consulta previa, ve arrasado su territorio ancestral; mientras Huasco, en Chile, respira contaminación y asume enfermedades sin cierre de termoeléctricas. Ambas comunidades pagan los costos de una energía industrial.

Una investigación periodística transfronteriza revela cómo el carbón extraído del territorio ancestral del pueblo indígena yukpa en Colombia viaja más de 6.000 kilómetros para ser quemado en las termoeléctricas de Huasco, Chile, generando un doble impacto de depredación ambiental y violación de derechos humanos. Detrás de este circuito energético, dos comunidades —los yukpa en el Caribe colombiano y los habitantes de la comuna de Huasco— cargan con los costos de un modelo que las ha dejado al margen. Como documenta el reportaje de Mongabay Latam titulado “De Colombia a Chile: los pueblos olvidados que sostienen la energía a carbón”, de Antonio Paz y Michelle Carrere (publicado el 19 de mayo de 2026), “los yukpa, un pueblo indígena seminómada, cuya tierra ancestral fue abierta sin su consentimiento para extraer el mineral, y los habitantes de Huasco, que respiran las emisiones contaminantes del carbón quemado”, sostienen la energía que mueve a millones sin recibir beneficio alguno.

Indígenas yukpa: territorio arrasado y una consulta que nunca llegó

En Colombia, el pueblo yukpa —declarado en peligro de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional desde 2009— ha visto cómo las minas a cielo abierto de Drummond Ltd. y Prodeco S.A. (filial de Glencore) se tragaron sus sitios sagrados y devastaron sus fuentes de alimento. Según el reportaje de Antonio Paz Cardona para Climate Tracker LATAM, titulado “El largo camino judicial de los indígenas yukpa para resarcir los impactos de la minería de carbón”, “los yukpa aseguran que el Ministerio del Interior ha negado la presencia indígena en la zona minera”.

En una sentencia de 2023, la Corte Constitucional colombiana constató que “la explotación de las minas de carbón genera una afectación directa al pueblo yukpa, observable en el impacto sobre los ríos, la calidad del aire, la variedad de especies de fauna y flora”. Pese a ello, la consulta previa ordenada por el tribunal concluyó sin acuerdos. Tulia Restrepo Pérez, indígena de la comunidad Misión Sokorpa, declaró a Mongabay: “La minería ha acabado todo eso. Los animalitos se fueron. Hoy en día no tenemos pesquería”.

Drummond, que representa el 47 % del mercado del carbón colombiano según su presidente, José Miguel Linares, finalizó el proceso de consulta previa en septiembre de 2024 sin consensos. En un comunicado citado por la investigación, la empresa aseguró que “no se identificaron afectaciones directas causadas por la compañía”. Sin embargo, los yukpa denunciaron que las reuniones excluyeron a la mayoría de las comunidades. Esneda Saavedra, lideresa yukpa y exconsejera de la ONIC, afirmó: “Las consultas han sido totalmente negativas, no hay garantías para las familias”. Por su parte, Prodeco —que ya no opera las minas pero enfrenta un arbitraje internacional contra Colombia por 59.4 millones de dólares— argumentó que “no se consideró necesario incluir medidas de reparación étnica”. La Defensoría del Pueblo señaló que las propuestas empresariales fueron “percibidas por la comunidad como genéricas y alejadas de los estándares exigidos por la sentencia”.

Huasco: la zona de sacrificio que respira carbón y no logra cerrar sus termoeléctricas

En el extremo sur de esta ruta, la comuna de Huasco, en el norte de Chile, es una de las cinco llamadas “zonas de sacrificio” del país, pero la única donde no se ha cerrado ninguna termoeléctrica ni se han comprometido fechas de cierre. Allí, las cinco plantas de Guacolda Energía SpA —propiedad del grupo Capital Advisors— queman carbón importado, incluyendo el extraído del territorio yukpa. Según datos de aduanas chilenas citados por Michelle Carrere en “El pueblo que pagó los platos rotos de la energía en Chile” (Mongabay Latam, 19 de mayo de 2026), en 2025 Chile importó más de 4 millones de toneladas de carbón, de las cuales más de un millón desembarcaron en el puerto de Huasco y la mitad provino del puerto de Ciénaga, Colombia, operado por Drummond.

El polvo negro que cubre techos, ventanas y plantas en Huasco contiene material particulado, dióxido de azufre, metales pesados como mercurio, níquel y vanadio, además de cadmio, arsénico y plomo. Estudios científicos han documentado que estas emisiones pueden producir cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y daños cognitivos en niños. Una investigación del departamento de salud pública de la Universidad Católica, encargada por Chile Sustentable, encontró que los habitantes de Huasco tenían, en 2016, un 71 % más de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con el promedio nacional. Aun así, el Ministerio de Salud chileno no ha realizado estudios de cohorte que prueben causalidad directa, y las empresas han usado ese vacío como defensa.

Por Anabel Pomar

Cobertura conjunta de Revista Cítrica y Tierra Viva

Tras 16 audiencias, más de 60 declaraciones testimoniales y una inspección ocular, el juicio oral por contaminación con agrotóxicos en Pergamino inicia su trayecto final. Concluida la última audiencia de instrucción probatoria, se fijaron las fechas para los alegatos tanto de las defensas como de la fiscalía y la querella. Los mismos están previstos para el 27 y 28 de mayo y el 4 de junio próximo, en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Rosario.

Sentados en el banquillo de los acusados se encuentran siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, Cristian Taboada; y el productor e ingeniero agrónomo José Luis Grattone. Están acusados por el delito de contaminación por la aplicación de agrotóxicos peligrosos para la salud y el ambiente en zonas periurbanas cercanas a viviendas y escuelas. En algunos casos por no respetar una ordenanza (de 2014) y una medida cautelar (de 2020) que lo prohíben o disponen zonas de exclusión y protocolos específicos.

También están sentado en el banquillo dos funcionarios municipales por ser responsables de la fiscalización de las aplicaciones. Son Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini. Y están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las penas podrían ir de tres a diez años. En el caso del productor Cortese se lo acusa también por amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz, víctima de las fumigaciones, querellante e integrante de las organizaciones Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos, en un hecho sucedido en 2020.

El TOF 2 de Rosario —integrado por los jueces Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz— además de analizar las responsabilidades y condenas, podrá adoptar medidas que brinden protección a los derechos al ambiente sano y  la salud. Esa decisión del tribunal no es nada menor, ya que las aplicaciones con plaguicidas y los cultivos transgénicos siguen siendo una actividad central en Pergamino y jamás se detuvieron en la localidad de la zona núcleo del agronegocio.

Los pobladores de Pergamino, a la hora de alejar los agrotóxicos de sus casas, dependen de la tutela provisoria que ordena la medida cautelar dictada durante la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del juez del Juzgado Federal 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo; y de  la ordenanza municipal dictada en 2014, que no les brinda protección suficiente como tampoco lo hace la ley provincial.

«Al momento de dictar sentencia, si hay condenas que reconozcan el daño ambiental que ha generado la contaminación con agrotóxicos y cómo eso ha repercutido en la salud de las personas —independientemente de la cantidad de condenados o de las penas que se impongan de acuerdo a la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)— corresponde que el tribunal aplique el principio precautorio del derecho ambiental y la función preventiva del derecho penal. En sintonía con esos principios se indica que deben evitar nuevos daños a la salud, que es el bien jurídico protegido. El tribunal debería mantener la cautelar o dictar nuevas medidas de protección”, analiza Carlos González Quintana, uno de los abogados de las querellantes Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia.

Con las pies en los barrios fumigados de Pergamino

La audiencia 16, ocurrida el miércoles 20 de mayo, comenzó con media hora de demora —por motivos profesionales de uno de los jueces del tribunal—. La palabra “demora” no es menor si se toma en cuenta que todos los hechos juzgados forman parte de una denuncia iniciada hace ocho años. El Poder Judicial se tomó casi una década para brindarles la instancia de juicio oral a quienes exigen que dejen de fumigarlos en el corazón sojero bonaerense.

Desde el 4 de febrero todo se está escuchando en el foro pertinente. El 13 de mayo, incluso, los jueces pusieron los pies en el barro al realizar una inspección ocular en los campos y barrios fumigados por los acusados para dimensionar las distancias existentes.  Los metros que separan las casas o escuelas y los campos en los que se fumiga, fueron y son el corazón de varios debates.

En la inspección ocular no se realizaron mediciones adicionales a las que ya obran en la causa, pero el percibir in situ aquello que se lee en una foja judicial no es un detalle menor para las víctimas, que esperan un fallo ejemplar del TOF 2 de Rosario. Los funcionarios llegaron a la inspección en varias camionetas y sus trajes oscuros, que en los pasillos de tribunales son algo corriente, llamaban la atención de los vecinos, que se acercaron a ver con sus ojos todo el operativo que interrumpió la actividad diaria y la tranquilidad habitual en barrios periurbanos de Pergamino y en las localidades de Peña y Ayerza. La inspección duró unas tres horas y media.

Sabrina Ortiz guió a los funcionarios que salieron a caminar el territorio, visitando sectores de los campos de los productores Cortese, Roces, Tiribó, Sabbatini y el de Fabián Acerbo, productor ya fallecido, pero donde se realizaron fumigaciones por las que están acusados Taboada y Grattone.

“Más allá de cuál sea la sentencia final, la presencialidad y la reconstrucción de los hechos dejaron poco lugar a dudas. Las distancias eran mínimas. Las fumigaciones ocurrían a pocos metros, apenas unos pasos de la casa de Sabrina. Sólo una calle angosta separó al veneno de su hogar”, reflexionó Maia Cotelo, integrante de un grupo de estudiantes de la UBA que realizaron un registro fílmico de la caravana judicial para un futuro documental sobre los daños del agronegocio tóxico.

La inspección ocular estuvo acompañada por varios medios de comunicación y desde la organización Paren de Fumigar Pergamino coincidieron en resaltar la importancia de que los jueces pudieran ver lo que se vivía con las fumigaciones. El único inconveniente se registró en el campo del productor Fernando Cortese, ya que uno de sus familiares impidió el ingreso de los medios. Ese momento de tensión se condice con la acusación que enfrenta Cortese en el banquillo, ya que al delito de contaminación se le suma el de coacción por una amenaza anterior a un familiar de Ortiz. Por fuera de la causa que trata el TOF 2, pero como contexto de lo que se vive en Pergamino, una de las hijas del productor Mario Roces fue recientemente denunciada por amenazas y hostigamiento a un funcionario judicial.

De regreso a palacio judicial, durante la última audiencia del 20 de mayo, tras desistir de algunos testigos, las defensas volvieron a sentar a declarar a los acusados para relativizar las distancias de fumigación observadas en la inspección ocular. El funcionario municipal Mario Tocalini buscó, con mapas de apoyo, mostrar que los barrios visitados habían crecido desde las imputaciones hasta la actualidad. “No era tan así”, fue el argumento sobre los cambios en los lugares fumigados. Sabbatini, Cortese y Grattone repitieron el argumento en sus declaraciones respecto de  los metros que separaban los campos de las casas. La cautelar dictada en 2020 ordenó una restricción de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas y de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres.

Dieciséis audiencias cargadas de testimonios y pruebas

Desde el inicio del juicio oral, los testimonios de las víctimas del modelo agrotóxico dejaron helada a la sala. Por momentos, llanto; por otros voces quebradas o silencios obligados por la emoción. Un total de 14 personas. Las querellantes Ortíz y Bianco declararon su sufrimiento en primera persona: haber perdido familiares o padecer aún problemas de salud. Esos testimonios pudieron escucharse en las audiencias del 12  y 26 de febrero, en las del 4 y 11 de marzo y, por último, el 7 de abril.

Sólo tres personas declararon por las defensas, diciendo que no habían sentido nunca ni olor a veneno, ni tener afectaciones, ni conocer a nadie que sufriera “por el tema”. Entre este grupo, Marcos Dotta, trabajador rural y vecino de un campo fumigado, admitió recibir agua potable en su domicilio, luego de que en la etapa de instrucción se ordenara proveer a los vecinos de los barrios donde se registró presencia de agrotóxicos. Dotta declaró bajo juramento que tomaba esa agua entregada por mandato judicial, pero manifestó que no tenía idea de por qué se la daban. También reconoció que trabajaba eventualmente para Tiribó, uno de los productores acusado. 

Las audiencias permitieron repasar el cúmulo de pruebas existentes que demuestran el impacto de los agrotóxicos en el ambiente, el agua, el suelo y en las personas vecinas de los campos fumigados.

Entre los testimonios fueron determinantes los de profesionales de varias disciplinas, que precisaron lo hallado en estudios ambientales o de fluidos humanos. Verónica Torres, médica toxicóloga, en la audiencia del 4 de marzo describió el cuadro de salud de uno de los hijos de Ortiz y declaró que indicó (hace ocho años) que la familia debía alejarse, con urgencia, de la exposición a las fumigaciones.

En la audiencia del 13 de marzo declaró  Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma del INTA, responsable de los análisis de laboratorio del agua y suelo de los lugares denunciados. Precisó que, entre noviembre de 2018 y mediados de 2020,  se analizaron diez muestras y ninguna estuvo libre de plaguicidas. Glifosato, su metabolito AMPA, metalocloro, derivados de atrazina, acetoclor, clorpirifos y 2,4D fueron las moléculas encontradas.

En la audiencia del 26 de marzo fue destacable lo aportado por María Fernanda Cuño Basaldúa, licenciada en química y perito; y por Flavia Vidal, médica forense y toxicóloga. Basaldúa, quién realizó cinco informes para la causa, señaló algo que no es muy conocido para la mayoría: las normativas argentinas y la ley provincial no pesquisan agrotóxicos cuando se monitorean matrices ambientales. A sus críticas de lo obsoleto de la legislación, la química agregó el detalle sobre todos los peligros que acarrean las moléculas de agrotóxicos encontradas en Pergamino, que está probado, además llegaron a las napas y acuíferos.

Vidal fue contundente respecto de la acción de los plaguicidas como agentes para aniquilar “plagas” y señaló que si tienen efecto sobre plantas o insectos también lo tienen sobre los humanos. En esa misma audiencia, el ingeniero químico Guillermo Hough describió las derivas que provocan las aplicaciones, aunque sean consideradas “controladas” o realizadas bajo las “buenas prácticas agrícolas”.

La genetista Delia Aiassa, en la audiencia del 27 de marzo, graficó los daños genéticos que provocan los agrotóxicos y las afectaciones detectadas en Ortiz y su hijo, ambos con daño genético. El médico pediatra y perito de parte de la querella, Medardo Avila Vázquez, también relató los daños que provocaron los agrotóxicos en el hijo de Sabrina y los riesgos que implican a futuro toda esa exposición.

Ese mismo día declaró también el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quién enumeró todos los peligros intrínsecos de la actividad basada en transgénicos y venenos. Toda esa información sobre los peligros y el riesgo del uso de agrotóxicos fue ampliada por el ingeniero químico Horacio Beldómenico en la audiencia del  7 de abril, que marcó el cierre de las exposiciones por parte de los especialistas.

Sentir los agrotóxicos en el cuerpo o negar la realidad

El relato de algunos policías que participaron en allanamientos y muestreos ordenados durante la instrucción de la causa brindaron detalles claves para la reconstrucción de los hechos. Sucedió en una de las audiencias iniciales. Los relatos de los uniformados Diego Mondedoro, Maximiliano Melo y Federico Galarza Puig fueron los que resaltaron entre un grupo de colegas que, mayormente, prefirió no recordar. Mondedoro declaró que los vecinos denunciaban que el agua se volvía intomable y que él en persona sintió afectaciones al visitar los barrios pegados a los campos fumigados. “Te picaba la garganta y sentías irritación”, reconoció.

Por su parte, Melo también relató sufrir en su propio cuerpo lo mismo que padecían los vecinos de los campos fumigados por Cortese: “Había olor, se sentía un olor artificial y te agarraba picazón en el cuerpo”. Galarza Puig señaló que, a raíz de haber leído una nota periodística (que relataba denuncias de enfermedades que hacían personas fumigadas de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia), decidió actuar de oficio e iniciar investigaciones y dar conocimiento al Poder Judicial (Juzgado de San Nicolás).

El rol de los funcionarios de la salud, en cambio, fue para desestimar las denuncias de vecinas de los barrios fumigados que habían denunciado que las enfermedades o problemas no eran tratadas como casos de contaminación ambiental. Pablo Bonelli, médico del Centro de Atención Primaria de Villa Alicia, en el periurbano de Pergamino, declaró el 8 de abril y desestimó que las enfermedades sean tantas y dijo no poder asociar ningún cuadro de los que veía a los daños por la fumigación con agrotóxicos. Bonelli, pese a que integra la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), desconocía por completo el trabajo de la SAP que denuncia los impactos de los agrotóxicos en niñeces.

En el mismo tono, María Marta Peretta, ex titular de la Dirección de Salud de Pergamino,también admitió bajo juramento desconocer la publicación de la SAP, la clasificación toxicológica del glifosato, sus peligros, la clasificación de la Agencia Internacional de Cáncer, y comparó a los plaguicidas altamente peligrosos con insecticidas hogareños. Esa funcionaria tuvo a su cargo un relevamiento en los barrios que concluyó que no había señales de alerta. El trabajo no incluyó perspectiva toxicológica ambiental, especialidad que no existe en las dependencias de salud municipales que estuvieron a su cargo.

El municipio de Pergamino, bajo la intendencia de Javier Martínez, siempre negó cualquier afectación y ha intentado, sin éxito, hacer caer la cautelar de protección. Por parte de las defensas, los testigos aportados señalaron que “todo se hacía bien” o resaltaron “el buen manejo y las buenas prácticas agrícolas”. Entre ellos, de modo presencial o virtual, declararon catorce productores rurales, empresarios fumigadores, aplicadores, ingenieros agrónomos y hasta el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Pedro Jacquelin, y un ex directivo del INTA, Daniel Freggiaro; éstos dos últimos en la audiencia del 6 de mayo.

Los acusados, que gozan de derecho a la defensa, y no tienen obligación de declarar verdad, hicieron lo propio, algunos más de una vez. Acorde a sus relatos, nada malo sucedió. Alegan que la denuncia se trata de “algo político” y deslizaron que es “todo injusto para personas de honor y trabajo”. Sin embargo, los agrotóxicos presentes en personas y en el ambiente, señalan otra historia. Resta saber que decide el Poder Judicial. El histórico juicio inicia su etapa final en la sede del TOF 2 de Rosario, en Boulevard Oroño 940, y podrá presenciarse en vivo o a través de la transmisión oficial del tribunal.

Esta iniciativa nació en 1999 impulsada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y por Marta Cruz-Coke, entonces directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Su principal objetivo ha sido democratizar el acceso a la cultura y acercar a las personas al conocimiento y valoración de su patrimonio. Desde sus inicios, la actividad ha evolucionado desde la apertura de edificios públicos y monumentos históricos hacia una gran fiesta comunitaria que incorpora expresiones culturales diversas, saberes locales, patrimonio inmaterial y la riqueza de los territorios.

En este contexto, la Casa Taller Muso (Museo Sonoro y Organológico), ubicada en Julio Sosa 1502, Villa San Luis de Maipú, se sumó por segundo año consecutivo a esta celebración nacional, abriendo sus puertas a vecinas, vecinos y visitantes interesados en conocer el patrimonio sonoro y musical presente en nuestras comunidades.

Durante ambas jornadas, las y los asistentes pudieron recorrer una muestra de instrumentos precolombinos elaborados en el propio taller, instancia que permitió conocer técnicas de construcción, materiales ancestrales y los sonidos que han acompañado a diversos pueblos originarios de América Latina.

La experiencia continuó con una visita guiada dedicada a la historia de la radiodifusión nacional, recorrido que abordó los orígenes de la radio en Chile, su desarrollo como medio de comunicación y su importancia en la construcción de la memoria colectiva del país. A través de relatos, registros y experiencias compartidas, las personas participantes pudieron descubrir cómo la radio ha acompañado por décadas la vida cotidiana de miles de habitantes del país.

Como cierre de cada recorrido, las y los visitantes tuvieron la oportunidad de participar activamente en la grabación de un podcast en vivo, acercándose de manera práctica al mundo de la comunicación sonora y experimentando los procesos creativos que hoy mantienen vigente el lenguaje radiofónico.

Para Daniela Paz Poblete, directora de Casa Taller Muso, la participación en esta celebración responde a una convicción profunda sobre el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la vida comunitaria.

“Creemos que la cultura debe estar al alcance de todas las personas, especialmente en aquellos barrios que históricamente han tenido menos acceso a la oferta cultural del centro de Santiago. Ser parte del Día de los Patrimonios es una forma concreta de reafirmar nuestro compromiso con el territorio, con la memoria y con la construcción de comunidad”, señaló.

Con una importante participación de público durante ambas jornadas, Casa Taller Muso reafirma su misión de preservar, difundir y poner en valor el patrimonio sonoro como una herramienta de encuentro, aprendizaje y creación colectiva, fortaleciendo los vínculos entre cultura, comunidad y territorio.

La medida se adoptó en el contexto del alza en el precio de los combustibles, tras una reunión que reunió a dirigentes y trabajadores de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso.

Durante el encuentro, los pescadores acordaron fijar un precio base de $520 por kilo de jibia.

Junto con ello, anunciaron la creación de la Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región, con el fin de abordar las problemáticas que afectan a las distintas caletas de la zona.

Al respecto, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví señaló que “hoy los pescadores artesanales estamos trabajando prácticamente para sobrevivir, mientras los intermediarios siguen aprovechándose y pagando precios que no reflejan la realidad del mercado”.

“No solamente vamos a dar la pelea por el precio de la jibia, también vamos a defender la pesca artesanal frente a todas las amenazas que enfrenta el sector, incluyendo la discusión por la Ley de Pesca, el costo del combustible y las dificultades que viven diariamente los trabajadores del mar”, complementó el dirigente.

Bajo esta misma línea, el presidente de la Corporación Puertecito San Antonio, Nelson Abarca, acusó que “los compradores intermediarios de las plantas se están coludiendo para aprovecharse del pescador y pagarle un precio muy bajo”.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Quintay, Javier Álvarez, advirtió que la jibia es el único recurso que les está quedando y que “si no la defendemos, vamos a morir como pescadores artesanales”.

Finalmente, hicieron un llamado transversal a parlamentarios y autoridades para involucrarse en la crisis que enfrenta actualmente la pesca artesanal.

Entre sus demandas, plantearon la eliminación del impuesto específico a los combustibles y soluciones para los pescadores afectados por sanciones y fiscalizaciones.

Vía: Noelia Ortega Sanhueza

La exposición propone un recorrido vivo por la historia de la radiotelefonía nacional, rescatando sonidos, voces y relatos que han acompañado la vida cotidiana de las comunidades. A partir de esta memoria sonora, la experiencia conecta con las nuevas tecnologías y formatos actuales, explorando la creación de podcast, el uso de teléfonos inteligentes y las posibilidades creativas del sonido en la era digital.

Más que una muestra, esta actividad busca abrir un espacio participativo y cercano, donde niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades puedan descubrir, experimentar y compartir en torno al patrimonio radial y la comunicación comunitaria.
Una invitación abierta a escuchar el pasado, crear en el presente y proyectar nuevas voces para el futuro.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura de Colombia y por su entorno familiar. “A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, señalaron desde la cartera a través de su cuenta oficial de X.

Nacida como Sonia Bazanta Vides en Talaigua Nuevo, en el departamento de Bolívar, la artista construyó una carrera de más de seis décadas dedicada a rescatar y difundir ritmos afroindígenas y campesinos como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro. Su trabajo la convirtió en una figura clave de la música latinoamericana y en una embajadora cultural de Colombia en escenarios internacionales.

Entre sus discos más emblemáticos figuran “La Candela Viva”, “Pacantó” y “La Bodega”, mientras que canciones como “El pescador” y “Yo me llamo cumbia” marcaron generaciones. En 2010, además, colaboró con Calle 13 en la canción “Latinoamérica”, junto a Susana Baca y Maria Rita.

La artista vivía en México desde hace un tiempo y, según reportes de prensa, falleció producto de un infarto al miocardio tras enfrentar problemas de salud durante los últimos años. Su familia informó que sus restos serán trasladados a Bogotá para realizar un homenaje póstumo.

La trayectoria de Totó la Momposina fue reconocida internacionalmente con premios como el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2013, además de distinciones culturales en Europa y América Latina. En Chile, una de sus últimas visitas fue en 2022, cuando participó en Lollapalooza Chile 2022.

Durante las últimas horas han sido varias las instituciones y figuras públicas las que han manifestado su pésame a través de redes sociales. Entre ellos, el presidente colombiano Gustavo Petro: “Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM”, manifestó la máxima autoridad del país a través de X.

Un reconocimiento al que también se han sumado diversos medios e instituciones internacionales como la revista Rolling Stone y la Academia Latina de la Grabación. “Honrada con el Premio a la Excelencia Musical y ganadora del Latin GRAMMY, Totó dedicó su vida a llevar los sonidos del Caribe colombiano al mundo, preservando y celebrando las raíces de nuestra cultura con su música. Su legado seguirá vivo en cada tambor, cada cumbia y cada generación que encuentre en su voz un puente hacia nuestra identidad”, se lee en un texto publicado por esta última en la misma red social.

En tanto, y desde el medio artístico de Colombia, la histórica banda Aterciopelados también hizo público su sentir por la partida de Totó: “Despedimos a la gran cultora, gestora y cantaora de la cultura colombiana. Una embajadora de nuestras raíces y una defensora incansable de la música y la tradición de Colombia. Compartimos escenarios y momentos que hoy recordamos con profundo cariño y admiración”, manifestó el dúo rockero conformado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.

En el marco del Día Mundial de las Abejas, académicos de la Universidad de Chile advirtieron sobre la creciente amenaza que enfrentan estos insectos esenciales para la vida, en medio de un escenario marcado por el cambio climático, la expansión de monocultivos, el uso intensivo de pesticidas y la destrucción del bosque nativo.

Aunque Chile atraviesa un auge exportador de miel y material genético apícola, especialistas llaman a no perder de vista el problema de fondo: la supervivencia de las abejas está directamente ligada a la seguridad alimentaria y al equilibrio ecológico del país.

En Chile, la Ley de Semillas de 1977 Decreto Ley N° 1.764  abrió las puertas al ingreso y expansión de semillas transgénicas, promoviendo además el uso intensivo de herbicidas como el glifosato, químico ampliamente cuestionado por sus impactos ambientales y en la salud humana. Frente a este escenario, distintas organizaciones y comunidades han levantado alternativas concretas para resguardar las semillas tradicionales y fortalecer la soberanía alimentaria de los territorios.

En ese contexto, la Biblioteca de Semillas ubicada en la Casa Taller Muso ubicada en  Julio Sosa 1502, comuna de Maipú, invita a vecinas y vecinos a convertirse en socios y ser parte de este proyecto comunitario que busca recuperar prácticas ancestrales de cultivo y cuidado de la tierra.

La iniciativa funciona mediante un sistema circular de préstamo de semillas nativas y criollas. Las personas inscritas reciben semillas para iniciar sus cultivos y, durante el proceso, cuentan con acompañamiento y orientación en el método biointensivo, técnica agroecológica que permite recuperar los suelos, optimizar el uso del agua y obtener buenos resultados incluso en espacios reducidos.

Una vez finalizado el ciclo de siembra de temporada, cada participante debe permitir que parte de sus plantas sumillen para devolver un porcentaje de semillas a la biblioteca, asegurando así la continuidad del sistema y el acceso comunitario para nuevas familias.

La Biblioteca de Semillas no solo busca apoyar la economía familiar mediante la producción de alimentos saludables, sino también fortalecer la organización comunitaria, la autonomía territorial y el derecho de los pueblos a decidir qué cultivar y qué consumir.

Las inscripciones y participación están abiertas para toda la comunidad. Porque defender las semillas es también defender la vida, la salud y el futuro de nuestros territorios.

Link formulario de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF45E3-AQYb8UW1mmYAH1mdN8SHTY4Ju8VVj9-_rUzOLNXuQ/viewform