Fundada en 2006, la Red ha impulsado una propuesta productiva que pone en el centro a las personas, la naturaleza y las economías locales. Su trayectoria se ha caracterizado por promover la agroecología, los mercados de proximidad, la economía solidaria y el derecho de las comunidades a decidir cómo producir y acceder a sus alimentos. Una labor que adquiere especial relevancia frente a un modelo agroalimentario industrial que concentra poder económico, aumenta la dependencia de insumos externos y genera crecientes presiones sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

Dos décadas de trabajo y participación en la Ley de Agricultura Orgánica

Uno de los hitos relevantes de la trayectoria de la Red ha sido su participación en el impulso de la normativa chilena para la producción orgánica, establecida en la Ley N.º 20.089, que creó el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas.

Esta legislación, promulgada en 2006, estableció un marco para regular la producción, elaboración, comercialización y certificación de productos orgánicos en Chile, buscando entregar garantías sobre el cumplimiento de las normas que rigen este sistema productivo. La participación de organizaciones campesinas y de productores ha sido importante para instalar la necesidad de contar con reglas que reconozcan y respalden formas de producción comprometidas con el cuidado ambiental y la calidad de los alimentos.

Sin embargo, el desafío continúa. Para la Red, promover la agricultura orgánica y la agroecología no se limita al cumplimiento de normas o a la certificación de productos. También implica exigir al Estado políticas públicas, financiamiento, asistencia técnica y herramientas concretas que permitan a la agricultura familiar campesina sostener sus actividades, mejorar sus condiciones de comercialización y fortalecer su autonomía productiva.

En ese sentido, resulta fundamental que las políticas públicas consideren las distintas realidades del mundo campesino, especialmente las de pequeños productores que enfrentan dificultades para acceder a mercados, recursos y mecanismos de certificación.

Agroecología: una respuesta social y ambiental

La agroecología propone una relación distinta entre agricultura, sociedad y naturaleza. A través de la protección de los suelos, el cuidado del agua, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los conocimientos campesinos, busca construir sistemas alimentarios más resilientes y menos dependientes de insumos externos.

En los territorios del sur de Chile, donde conviven comunidades rurales, ecosistemas de alto valor ecológico y diversas tradiciones productivas, estas prácticas contribuyen a mantener vivos los saberes locales y a fortalecer la relación entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen.

La defensa de los mercados locales también representa una dimensión social fundamental. Acercar a productores y consumidores permite fortalecer las economías territoriales, generar relaciones comerciales más justas y favorecer circuitos de distribución que reconozcan el trabajo de las familias campesinas.

Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria no consiste únicamente en disponer de alimentos, sino también en garantizar que los pueblos y las comunidades puedan decidir sobre sus sistemas de producción, distribución y consumo, considerando sus necesidades culturales, sociales y ambientales.

Las semillas: patrimonio vivo y autonomía campesina

Entre las preocupaciones que hoy movilizan a la organización se encuentra la legislación sobre semillas en Chile. Para la Red, defender las semillas significa proteger mucho más que un recurso agrícola: supone resguardar la biodiversidad, los conocimientos transmitidos entre generaciones y la capacidad de las comunidades para reproducir y conservar sus propias variedades.

Las semillas campesinas constituyen una reserva de diversidad genética y cultural que puede contribuir a la adaptación de los sistemas agrícolas frente al cambio climático, las nuevas condiciones ambientales y las necesidades de cada territorio.

Por ello, el debate sobre las normas que regulan las semillas está estrechamente relacionado con la autonomía de los productores, la conservación de la biodiversidad agrícola y el derecho de los pueblos a decidir sobre su alimentación. La participación de las organizaciones campesinas en estas discusiones resulta esencial para que las decisiones legislativas consideren sus experiencias, conocimientos y necesidades.

A veinte años de su fundación, la Red de Productores Orgánicos de la Región de Los Lagos reafirma su compromiso con una agricultura que contribuya al bienestar colectivo, fortalezca las economías locales y respete los ciclos de la naturaleza.

Su conmemoración en Calbuco no solo celebra una trayectoria organizativa, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de las comunidades campesinas en la construcción de sistemas alimentarios más justos, sostenibles y democráticos.

En un escenario marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la concentración de los sistemas de producción y comercialización de alimentos, la agroecología se presenta como una alternativa que articula el cuidado de la tierra con la justicia social y la dignidad del trabajo campesino.

Veinte años sembrando futuro, cosechando dignidad y construyendo soberanía alimentaria. Ese es el horizonte que la Red mantiene vigente, reivindicando que los territorios fértiles necesitan comunidades fuertes, políticas públicas comprometidas y una sociedad que reconozca el valor de quienes cultivan los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Por territorios fértiles, comunidades fuertes.

El chungungo (Lontra felina), también conocido como gato de mar, habita en distintos sectores del litoral del Pacífico sudamericano. En Chile, su presencia está estrechamente vinculada a los roqueríos, las cuevas y los ambientes costeros que le proporcionan refugio, alimento y condiciones para reproducirse.

Aunque es un excelente nadador, este pequeño mamífero pasa gran parte de su tiempo entre las rocas, donde descansa, protege a sus crías y encuentra espacios para resguardarse. Su hábitat es particularmente estrecho: comprende aproximadamente 30 metros hacia tierra y hasta unos 150 metros mar adentro. Esta dependencia del borde costero lo convierte en una especie especialmente vulnerable a las transformaciones de su entorno.

Bosques de algas: ecosistemas fundamentales para la vida marina

La supervivencia del chungungo está relacionada con la salud de los bosques de algas, ecosistemas submarinos que cumplen funciones esenciales para la biodiversidad. Estos ambientes ofrecen refugio y alimento a numerosas especies, entre ellas peces, moluscos y crustáceos que forman parte de la dieta de este mamífero.

La degradación de estos espacios puede reducir la disponibilidad de presas y alterar las condiciones necesarias para su alimentación y reproducción. Por eso, proteger al chungungo no consiste únicamente en conservar una especie: también implica defender las redes de vida que sostienen el equilibrio ecológico del litoral.

Los bosques de algas, además, enfrentan presiones relacionadas con su extracción y con distintas alteraciones ambientales. Su deterioro compromete hábitats fundamentales para múltiples organismos y evidencia la necesidad de abordar la conservación marina desde una perspectiva integral.

El desarrollo urbano, las intervenciones en la costa y la pérdida de espacios naturales figuran entre las amenazas que enfrenta el chungungo. A estas presiones se suman la contaminación marina, los microplásticos, los atropellos en caminos costeros, el enmalle accidental en redes de pesca y los ataques de perros domésticos y asilvestrados.

Estas amenazas no ocurren de manera aislada. La ocupación desregulada de sectores costeros, la degradación de los ambientes marinos y las actividades humanas que no consideran la fragilidad de los ecosistemas pueden reducir progresivamente los lugares donde la especie encuentra refugio y alimento.

En este escenario, la protección del chungungo también plantea un desafío social: compatibilizar las actividades productivas, el desarrollo de las comunidades y el uso del borde costero con la conservación de la biodiversidad. Esto requiere educación ambiental, prácticas responsables y medidas de protección que consideren tanto los ecosistemas como a las personas que dependen de ellos.

Una especie amenazada que necesita protección efectiva

En Chile, la clasificación de conservación del chungungo varía según la zona geográfica. De acuerdo con los antecedentes de referencia, se encuentra clasificado como En Peligro entre las regiones de Coquimbo y Maule, mientras que en otras zonas del país figura como Vulnerable.

Su amplia distribución geográfica no significa que sus poblaciones sean abundantes ni que estén fuera de riesgo. La fragmentación de su hábitat y su dependencia de condiciones específicas del borde costero hacen indispensable mantener y recuperar los espacios donde vive.

Proteger los roqueríos, las cuevas y los bosques de algas implica conservar lugares de alimentación, refugio y reproducción. También supone prevenir la contaminación, promover la tenencia responsable de animales domésticos y reducir los riesgos asociados a las actividades pesqueras y a la circulación vehicular en zonas costeras.

La conservación de esta especie requiere la participación de las instituciones públicas, las comunidades costeras, las organizaciones socioambientales, el sector pesquero y la ciudadanía. La vigilancia de los ecosistemas, la reducción de residuos y el respeto por los espacios naturales son acciones que pueden contribuir a disminuir las presiones sobre la fauna marina.

El chungungo representa mucho más que la presencia de un animal en nuestras costas. Su supervivencia está vinculada a la salud de los ecosistemas marinos y a la forma en que la sociedad se relaciona con la naturaleza.

Proteger al chungungo es proteger los bosques de algas, la biodiversidad y el equilibrio del litoral chileno. La conservación de estos territorios no puede entenderse como una tarea secundaria: es parte de la responsabilidad colectiva de cuidar los ecosistemas que sostienen la vida.

La sentencia fue comunicada este lunes y establece, además, que el empresario deberá participar en programas formativos en materia ambiental. Aunque la resolución representa un avance en la persecución penal de este tipo de delitos, el hecho de que la pena no implique el ingreso efectivo a prisión abre el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y su capacidad para prevenir nuevas afectaciones a los ecosistemas.

Intervenciones en un humedal de Mariquina

Los hechos investigados ocurrieron entre 2023 y 2024 en el predio El Lluca, ubicado en el sector Yeco, en la comuna de Mariquina. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, las faenas incluyeron el corte de árboles y el depósito de material en un humedal cercano al río Lingue, sin contar con las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con la acusación fiscal.

Los humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales: contribuyen a la regulación hídrica, sirven de hábitat para diversas especies y participan en el mantenimiento de la biodiversidad. Las intervenciones que alteran sus características físicas pueden afectar el funcionamiento de estos ecosistemas, especialmente cuando involucran rellenos, remoción de vegetación o modificaciones del terreno.

En este contexto, el caso pone de relieve la importancia de fiscalizar las actividades que se desarrollan en áreas ambientalmente sensibles y de garantizar que las intervenciones sobre el territorio se ajusten a la normativa vigente.

Durante el juicio oral, la Fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión y una multa superior a los 1.700 millones de pesos. La defensa del empresario, encabezada por el abogado Juan Carlos Vidal, cuestionó la magnitud del daño ambiental atribuido a las obras y sostuvo que su representado contaba con permisos y un Plan de Manejo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Durante el proceso, el abogado cuestionó la forma en que se había presentado el caso y afirmó que se había exagerado la dimensión de los hechos por tratarse de la primera causa de este tipo a nivel nacional.

Por su parte, el fiscal Carlos Bahamondes defendió la aplicación de la normativa y sostuvo que las sanciones se encuentran establecidas en la legislación. Según explicó, la pena responde a las disposiciones legales aplicables a los hechos investigados.

Finalmente, el tribunal impuso cinco años de libertad vigilada intensiva, una multa de 30 mil UTM y la obligación de participar en programas formativos ambientales. La sanción constituye una pena sustitutiva, por lo que no supone el cumplimiento efectivo de la condena en un recinto penitenciario, sujeto a las condiciones establecidas judicialmente.

Un precedente para la protección ambiental en Chile

La relevancia de esta sentencia va más allá de la situación particular del condenado. El caso constituye un precedente para la aplicación de la nueva legislación penal en materia ambiental y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para establecer responsabilidades frente a conductas que afectan los ecosistemas.

Durante años, la protección de la naturaleza en Chile ha dependido de distintos instrumentos administrativos, mecanismos de fiscalización y procedimientos judiciales. La incorporación de delitos ambientales al ámbito penal refuerza la posibilidad de perseguir determinadas conductas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, sin reemplazar las obligaciones de prevención, reparación y cumplimiento normativo que puedan corresponder.

Sin embargo, la efectividad de estas herramientas no depende únicamente de la existencia de sanciones. También requiere fiscalización oportuna, investigación técnica, aplicación consistente de la normativa y mecanismos que permitan evitar que las intervenciones ilegales continúen afectando los territorios.

El caso de Mariquina vuelve a situar a los humedales en el centro de la discusión sobre el uso del suelo y la protección de la biodiversidad. Estos ecosistemas enfrentan presiones asociadas a la expansión urbana, los rellenos, la extracción de recursos y distintas intervenciones que pueden modificar sus condiciones naturales.

La protección ambiental exige actuar antes de que el deterioro sea irreversible. Cuando se producen alteraciones en un humedal, la recuperación de sus funciones ecológicas puede ser compleja y no siempre resulta posible restablecer las condiciones originales.

Por ello, junto con determinar responsabilidades judiciales, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de prevención, control y seguimiento de las actividades que se desarrollan en territorios de valor ecológico.

La primera condena bajo la nueva legislación ambiental marca un precedente, pero también deja un desafío pendiente: que las sanciones contribuyan efectivamente a prevenir nuevos daños y que la protección de los ecosistemas se traduzca en acciones concretas.

La defensa de los humedales no es solamente una obligación legal. Es también una responsabilidad colectiva frente a la biodiversidad, el agua y las comunidades que dependen de ecosistemas saludables.

La iniciativa, valorizada en aproximadamente 200 millones de dólares, contempla la construcción de un centro de datos en un terreno de cerca de 23 hectáreas, con una superficie edificada de 32.412 metros cuadrados distribuidos en cuatro fases. Su tramitación se extiende por más de seis años y ha estado marcada por cuestionamientos ambientales, reclamaciones ciudadanas y modificaciones al diseño original.

Del consumo de agua al enfriamiento por aire

Uno de los principales antecedentes del caso se remonta a febrero de 2020, cuando el proyecto obtuvo su aprobación ambiental original. Sin embargo, en febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente dicha autorización tras las reclamaciones presentadas por vecinos y organizaciones, quienes cuestionaron, entre otros aspectos, la extracción proyectada de 169 litros de agua por segundo desde el acuífero Santiago Central.

En julio de ese mismo año, Google renunció a aquella autorización y presentó una reformulación del proyecto que incorpora un sistema de enfriamiento por aire, evitando el consumo de agua asociado al sistema de refrigeración inicialmente cuestionado.

La nueva propuesta considera 63 chillers enfriados por aire y 44 grupos electrógenos de respaldo que funcionan con diésel. Además, contempla una línea eléctrica de 110 kilovoltios, de aproximadamente 400 metros, conectada a la subestación Chena, junto con una subestación interna.

Aunque el cambio tecnológico modifica uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa, el uso de sistemas de respaldo alimentados con combustibles fósiles y la demanda energética de este tipo de infraestructura mantienen vigente la necesidad de examinar sus efectos ambientales.

En una resolución fechada el 16 de octubre, el SEA concluyó que el proyecto reformulado no reúne las condiciones que obligarían a su ingreso al SEIA, considerando los antecedentes presentados y las características de su diseño. Entre los aspectos examinados se encuentran el almacenamiento de aguas lluvias, combustibles y energía eléctrica.

Sin embargo, quedar fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no significa estar exento de cumplir la legislación ambiental vigente. El propio organismo señaló que su pronunciamiento no otorga derechos ni libera a la empresa de obtener los permisos sectoriales correspondientes.

La distinción es relevante: una resolución de este tipo determina si un proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental, pero no constituye, por sí sola, una autorización integral para ejecutar las obras.

Infraestructura digital y desafíos ambientales

El avance de los centros de datos responde al crecimiento de los servicios digitales, el almacenamiento de información y las plataformas tecnológicas. No obstante, estas instalaciones requieren infraestructura eléctrica, sistemas de refrigeración y equipos de respaldo que deben analizarse considerando sus efectos sobre el territorio y las comunidades cercanas.

En el caso de Cerrillos, el antecedente de la extracción de agua inicialmente proyectada demuestra la importancia de evaluar las consecuencias de los proyectos antes de su ejecución, especialmente en territorios donde la disponibilidad de recursos naturales y la calidad de vida de la población son asuntos relevantes.

La sustitución de un sistema de refrigeración por otro que no requiere consumo de agua para ese proceso constituye un cambio significativo en el diseño. Sin embargo, por sí sola no permite concluir que la iniciativa carezca de otros impactos ambientales. Entre los aspectos que merecen atención se encuentran las emisiones asociadas al funcionamiento de los generadores diésel, el origen de la electricidad utilizada, el ruido de los equipos y los efectos acumulativos de la infraestructura sobre el entorno.

Estos elementos deben distinguirse de los impactos que hayan sido formalmente acreditados: su magnitud concreta dependerá de las características de operación, las medidas de control y los antecedentes técnicos disponibles.

La resolución del SEA vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo asegurar que el desarrollo de nuevas infraestructuras tecnológicas avance sin debilitar la protección ambiental ni limitar el acceso de las comunidades a información relevante?

El caso de Cerrillos evidencia la importancia de contar con procedimientos transparentes, antecedentes técnicos accesibles y mecanismos de fiscalización eficaces. También plantea la necesidad de analizar los centros de datos más allá de su funcionamiento tecnológico, considerando su relación con el consumo energético, las emisiones, el uso del suelo y la disponibilidad de recursos naturales.

La transformación digital no ocurre al margen del territorio. Sus infraestructuras necesitan energía, espacio y sistemas de respaldo, por lo que su desarrollo debe ser compatible con la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

La decisión administrativa no cierra por sí sola el debate ambiental sobre el proyecto de Google en Cerrillos. Por el contrario, deja planteado el desafío de asegurar que la expansión tecnológica se realice bajo estándares exigentes de responsabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.

El contacto se consolidó durante uno de los viajes de Director al sur, instancia en la que ambos compartieron conversaciones sobre la realidad rural, las costumbres del campo,  política y los procesos sociales que atraviesan los territorios de Chile – Argentina.

Uno de los puntos de encuentro fue la tradición del mate, una práctica cotidiana ampliamente extendida en ambos países, especialmente en las comunidades rurales, donde acompaña las jornadas de trabajo y los espacios de conversación e intercambio de experiencias.

A partir  del interés compartido por la comunicación, surgió la posibilidad de establecer un enlace radial desde Temuco con Radio Trapananda. La iniciativa también consideró la experiencia de Juan René Fuentes, quien cuenta con una dilatada trayectoria en medios radiales de Argentina.

De esta manera, Fuentes se incorporó a la emisora como su primer corresponsal en Temuco, ampliando la presencia territorial de Radio Trapananda y abriendo nuevas posibilidades para difundir información, experiencias comunitarias y contenidos vinculados con la realidad social y rural del sur de Chile.

Además de su labor como corresponsal, Juan René Fuentes conduce ** El Canto Hermano **, un programa radial dedicado a la música, la historia y la cultura de nuestra América Latina. A través de sus contenidos, el espacio propone un recorrido por las expresiones culturales, las historias y las identidades que compartimos como pueblos, reconociendo los vínculos que unen a las distintas naciones de nuestro continente.

El programa se transmite todos los viernes a través de la plataforma digital de Radio Trapananda, invitando a la audiencia a conocer y valorar la diversidad cultural latinoamericana desde una perspectiva que reconoce nuestras raíces comunes.

Porque, más allá de las fronteras geográficas, compartimos una historia, una cultura y una condición que nos hermana: somos un solo continente, somos seres humanos.

Con Juan René Fuentes desde Temuco y su programa El Canto Hermano, Radio Trapananda continúa fortaleciendo sus vínculos territoriales y su compromiso con una comunicación independiente, con énfasis en las temáticas sociales, ambientales y culturales de América Latina.

En los bosques cordilleranos del sur de Chile y Argentina habita uno de los animales más representativos de la fauna nativa: el huemul (Hippocamelus bisulcus). De movimientos discretos y adaptado a terrenos montañosos, este ciervo forma parte del patrimonio natural de los ecosistemas andinos. Sin embargo, su historia también refleja las profundas transformaciones que ha experimentado el territorio y las dificultades que enfrentan las especies silvestres para sobrevivir frente al avance de las actividades humanas.

Los antecedentes científicos recopilados en la ficha de evaluación del 17.º proceso de clasificación de especies silvestres describen una reducción considerable de su distribución histórica, una disminución de sus poblaciones y una creciente fragmentación de los lugares donde todavía consigue sobrevivir. La situación resulta particularmente delicada en la zona de Nevados de Chillán y Laguna del Laja, donde persiste una de las poblaciones más septentrionales de esta especie.

Una especie que ha perdido gran parte de su territorio

Históricamente, el huemul ocupaba una extensa franja de territorio a ambos lados de la cordillera de los Andes. En Chile, su distribución se extendía desde el río Cachapoal hasta el estrecho de Magallanes, mientras que en Argentina se encontraba desde la provincia de Mendoza hasta las cercanías de Río Gallegos.

No obstante, la información científica citada en la ficha señala que, durante los últimos cinco siglos, su distribución geográfica se redujo aproximadamente en un 50 %. El documento también recoge estimaciones históricas que situaban la población total de huemules de Chile y Argentina en menos de 1.500 ejemplares, una cifra equivalente a una disminución cercana al 99 % respecto de las abundancias históricas estimadas por los autores citados.

La reducción de su territorio no solo significa que existen menos lugares donde encontrar huemules. También implica que muchas poblaciones han quedado separadas entre sí, dificultando la conectividad y aumentando su vulnerabilidad frente a nuevas amenazas.

Según los antecedentes reunidos en la ficha, las poblaciones actuales se distribuyen en numerosas subpoblaciones fragmentadas, principalmente en los Andes patagónicos. Esta separación constituye un problema especialmente grave cuando los grupos son pequeños y se encuentran aislados de otras poblaciones.

Nevados de Chillán: una población al borde de la desaparición

La situación del huemul en Chile central merece especial atención. En el corredor cordillerano de Nevados de Chillán y Laguna del Laja sobrevive una población de importancia evolutiva, aislada geográficamente de otras poblaciones de la especie.

Los registros históricos analizados por Hinojosa y colaboradores en 2018 estimaron que la extensión de presencia del huemul en Chile central disminuyó de 1.540,4 kilómetros cuadrados a 681 kilómetros cuadrados. Esta variación representa una reducción del 56 %.

La superficie efectivamente ocupada también experimentó una contracción: pasó de 544 kilómetros cuadrados, considerando registros del período 1940-1997, a 436 kilómetros cuadrados entre 1998 y 2017, equivalente a una reducción del 20 %.

Las estimaciones poblacionales incluidas en el documento reflejan, además, la fragilidad de este grupo. Para 1998 se calculaban alrededor de 60 individuos distribuidos en 12 sitios, mientras que en 2002 la estimación descendió a 40 ejemplares en 11 sitios. Posteriormente, el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Huemul citado en la ficha estimó una población de 84 individuos distribuidos en 13 sitios.

Estas cifras corresponden a estimaciones elaboradas en distintos momentos y mediante antecedentes específicos; no deben interpretarse como un conteo simultáneo ni como una confirmación de la población actual. Sin embargo, el conjunto de los registros muestra la importancia de mantener un monitoreo permanente y fortalecer las acciones de conservación.

La preocupación aumenta al considerar que algunas subpoblaciones presentan condiciones reproductivas muy frágiles. El documento señala que, en una de ellas, se habían registrado únicamente dos hembras y no existían evidencias de nacimientos desde 2005, según los antecedentes citados.

Cuando una población queda reducida a grupos pequeños, aislados y con escasa reproducción, cualquier alteración adicional del hábitat puede comprometer seriamente sus posibilidades de persistencia.

Infraestructura, urbanización y ganadería: presiones sobre el hábitat

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran los proyectos de infraestructura y urbanización que disminuyen el hábitat disponible o dificultan el desplazamiento de los animales.

Embalses, centrales hidroeléctricas de paso, exploraciones geotérmicas, líneas de transmisión eléctrica, caminos y subdivisiones prediales pueden transformar los territorios donde vive el huemul. Sus efectos dependen de las características de cada intervención, su ubicación y las medidas de prevención, mitigación y compensación implementadas.

La ficha recoge antecedentes de desaparición de grupos de huemules durante la década de 1990, asociados a la construcción de un gasoducto y un oleoducto en la Reserva Nacional Ñuble, así como a procesos de desarrollo inmobiliario, turístico y ganadero en las cercanías de las Termas de Chillán.

La expansión de las actividades productivas y recreativas en sectores cordilleranos plantea un desafío central: compatibilizar las intervenciones humanas con la conservación de los ecosistemas y la continuidad de los corredores naturales que permiten el desplazamiento de la fauna.

La ganadería también representa una presión importante. La presencia de bovinos, caprinos y ovinos puede desplazar al huemul hacia sectores con menor disponibilidad de alimento y modificar la composición de la vegetación. A ello se suma el riesgo de transmisión de enfermedades y parásitos desde animales domésticos hacia la fauna silvestre.

El problema no se limita a la competencia por el espacio. La degradación de los ambientes naturales puede generar una cadena de impactos sobre la alimentación, el comportamiento y las posibilidades de reproducción de una especie cuya supervivencia depende de condiciones ecológicas específicas.

Perros y turismo sin regulación: amenazas que pueden pasar inadvertidas

La presencia de perros en ambientes naturales constituye otra amenaza documentada. Según la ficha, existen registros de huemules heridos y muertos por ataques de perros en la región de Aysén. En el sector de Nevados de Chillán y Laguna del Laja, la desaparición de ejemplares de algunas localidades también ha sido atribuida a la presencia de estos animales, asociada a asentamientos humanos.

Los perros que acompañan al ganado y circulan libremente por la cordillera pueden perseguir a los huemules, generarles estrés y provocar su desplazamiento desde áreas que anteriormente utilizaban.

A esta presión se suma el turismo no regulado. La visita masiva a sectores cordilleranos sin infraestructura adecuada para recibir personas puede traducirse en acumulación de basura, ruidos, presencia de perros, apertura de senderos informales y uso de vegetación para encender fogatas.

La ficha menciona como ejemplos la Laguna El Huemul, en la comuna de Pinto, y el sector de La Plata, en San Fabián, donde se describen problemas relacionados con el turismo y la ausencia actual de huemules en lugares con registros históricos de la especie.

La conservación no requiere excluir necesariamente a las personas de todos los espacios naturales, sino ordenar las actividades, establecer límites compatibles con la protección de la fauna y evitar que el disfrute del paisaje termine deteriorando aquello que lo hace valioso.

Los incendios forestales representan un riesgo considerable para el huemul y los ecosistemas cordilleranos. Aunque los animales con alta movilidad pueden escapar de las llamas, el desplazamiento hacia otros sectores no garantiza su supervivencia. Los lugares de destino pueden ofrecer menos alimento, presentar mayores riesgos o no reunir las condiciones necesarias para su permanencia.

La ficha documenta 132 reportes de incendios forestales al interior de la Reserva de la Biósfera en el período de diez años considerado por la fuente, con una superficie afectada de 14.259,9 hectáreas. Entre los episodios descritos se encuentra un incendio ocurrido en febrero de 2015 en el valle Las Águilas, que consumió alrededor de 4.500 hectáreas.

Si bien los monitoreos posteriores citados en el documento descartaron efectos directos o indirectos de ese incendio sobre los huemules en las zonas evaluadas, el antecedente evidencia la magnitud que pueden alcanzar estos eventos en los paisajes donde habita la especie.

El cambio climático agrega otra dimensión al problema. Los escenarios descritos en la ficha consideran aumentos de temperatura y disminuciones de las precipitaciones para las próximas décadas, condiciones que podrían modificar la disponibilidad de vegetación y reducir la superficie de hábitat apropiado.

La capacidad de adaptación del huemul dependerá, entre otros factores, de la velocidad de esos cambios, del estado de sus poblaciones y de la existencia de ambientes conectados que permitan desplazarse hacia lugares con mejores condiciones.

Por eso, la conservación requiere proteger los sectores donde vive actualmente, mantener corredores ecológicos y desarrollar sistemas de monitoreo que permitan ajustar las medidas de manejo ante nuevas condiciones ambientales.

Proteger al huemul también significa proteger los ecosistemas

La ficha de evaluación concluye que el huemul se encuentra En Peligro (EN) en las regiones de Biobío al norte, mientras que para las regiones de Biobío al sur la categoría consignada es En Peligro Crítico (CR), de acuerdo con los criterios y antecedentes analizados en ese proceso de clasificación.

Estas categorías corresponden a la evaluación descrita en el documento y no deben confundirse con una actualización automática del estado oficial vigente en 2026.

Frente a este escenario, los instrumentos de conservación deben considerar acciones que vayan más allá de la protección aislada de algunos ejemplares. La conectividad entre poblaciones, la recuperación de hábitats, el control de perros, el manejo responsable de la ganadería, la prevención de incendios y la regulación de las actividades turísticas son componentes fundamentales de una estrategia integral.

También resulta necesario fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, comunidades locales, propietarios de terrenos, investigadores y organizaciones dedicadas a la conservación.

El desafío es particularmente importante en Chile central, donde la fragmentación y el aislamiento geográfico reducen las posibilidades de que las poblaciones más pequeñas reciban individuos desde otros grupos.

Una responsabilidad con la biodiversidad de Chile

La situación del huemul demuestra que la pérdida de biodiversidad no siempre ocurre de manera repentina. En ocasiones, avanza silenciosamente mediante la desaparición de pequeños grupos, la degradación de los bosques, la interrupción de corredores naturales y la transformación progresiva de los territorios.

Cada población que desaparece representa una pérdida ecológica difícil de revertir. En el caso del huemul de Nevados de Chillán, su relevancia evolutiva y su aislamiento convierten su conservación en una prioridad para la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos y templados de Chile.

Proteger al huemul implica reconocer que los bosques, las quebradas, las praderas y las montañas no son espacios vacíos disponibles para cualquier intervención. Son ambientes vivos, donde cada especie cumple una función y donde la continuidad de los procesos ecológicos depende de la conservación de condiciones adecuadas.

La pregunta, entonces, no es solamente cuántos huemules quedan, sino qué decisiones tomará la sociedad para evitar que sus últimos refugios continúen desapareciendo.

La supervivencia del huemul es también una señal de la salud de los ecosistemas andinos. Conservarlo exige proteger su territorio, reducir las presiones humanas y asumir que la biodiversidad no puede defenderse únicamente con declaraciones.

Fuente principal: Ficha de antecedentes de la especie Hippocamelus bisulcus, 17.º proceso de clasificación de especies del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres. Antecedentes compilados por Carlos G. Garcés Letelier, administrador del Santuario de la Naturaleza Los Huemules del Niblinto, CODEFF.

Después de su primera versión en 2025, el Festival de Gastronomía Mapuche se prepara para recibir nuevamente a quienes quieran conocer, compartir y disfrutar de una cocina profundamente vinculada con el territorio y sus formas de vida. 

Durante tres jornadas (viernes, sábado y domingo), Kurarewe será escenario de un encuentro que busca ir más allá de las preparaciones y los sabores. MOGEKONMEN propone conocer las historias que existen detrás de los alimentos: cómo se cultivan, dónde se recolectan, quiénes conservan las semillas y de qué manera estos conocimientos continúan transmitiéndose entre generaciones.

El festival es autogestionado y surge del  trabajo que cocineras y cocineros de Kurarewe que realizan durante todo el año. Detrás de estos tres días hay meses de organización, encuentros y esfuerzos compartidos, sostenidos por el compromiso de quienes creen en la importancia de mantener vivos los conocimientos alimentarios de su territorio.

Una cocina que comienza mucho antes de llegar a la mesa

En los territorios mapuche cordilleranos, muchos conocimientos alimentarios se mantienen a través de prácticas cotidianas: el trabajo en las huertas, la recolección de hongos y frutos, el cuidado de las semillas, la preparación de alimentos de temporada y el aprendizaje junto a las personas mayores.

Estas experiencias forman parte de lo que MOGEKONMEN busca compartir con sus visitantes, reconociendo que la cocina no comienza cuando se enciende el fuego, sino mucho antes, en la relación que las personas mantienen con la naturaleza y su territorio.

Tres jornadas de cocina, conversación y encuentro

La segunda versión de MOGEKONMEN contempla actividades que permitirán acercarse a la gastronomía mapuche desde diferentes experiencias: seminario interdisciplinario de saberes, encuentro con personas dedicadas al resguardo y transmisión de conocimientos alimentarios, cocina en vivo, una feria gastronómica y artesanal de productores y productoras locales, música, cine indígena, astroturismo y espacio dedicado especialmente para niños y niñas.  

En esta segunda versión nos encontraremos con destacadas cocineras y chef de los pueblos aymara, huilliche, lafkenche y también desde Perú. Todos ellos compartirán sus experiencias desde la cocina, la investigación y el trabajo desarrollado en sus respectivas zonas. 

Junto con acercar estos conocimientos al público, MOGEKONMEN busca contribuir al fortalecimiento de la economía local y dar visibilidad al trabajo de cocineras, recolectoras, huerteras, productores y artesanos que forman parte de la vida del territorio de Kurarewe, actual Región de la Araucanía.

Kurarewe vuelve a abrir su despensa al mundo. 

Este año, el festival vuelve a abrir sus puertas para compartir preparaciones, escuchar historias y conocer a las personas y territorios que hacen posible esta cocina.

MOGEKONMEN es también un escenario para hablar de las implicancias de las nuevas políticas y decisiones sobre el uso de los territorios. Queremos hablar sobre el rol fundamental de las mujeres en la transmisión de conocimientos en los pueblos originarios, el futuro de los bosques, las aguas y la biodiversidad, creemos necesario escuchar a quienes han convivido y cuidado estos espacios por generaciones. Porque hablar de nuestros alimentos también es hablar de los lugares que permiten que sigan existiendo.

Esta segunda versión cuenta con el apoyo del área Küme Mogen (vivir bien y en armonía) de la iniciativa Füta Mawiza, cuyo trabajo busca contribuir al resguardo del territorio y fortalecer la gobernanza local para proteger las formas de vida y la naturaleza de las cabeceras de cuenca.

El 2° Festival de Gastronomía Mapuche MOGEKONMEN se realizará los días viernes 30 y sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 2026, en Kurarewe, a aproximadamente 140 kilómetros de Temuco, hacia la cordillera.

La programación completa y otras novedades estarán disponibles en las redes sociales oficiales del festival.

Más información y contacto de prensa: Instagram: @mogekonmenkurarewe
Correo: mogekonmenkurarewe@gmail.com
Teléfono: [incorporar contacto]
Organización: MOGEKONMEN

La música como refugio, identidad y espacio de encuentro fue uno de los principales mensajes que atravesaron el Quinto Concurso de Bandas Musicales 2026, realizado en el Teatro San Joaquín, instancia que convocó a estudiantes de distintos establecimientos educacionales pertenecientes a la red de la Corporación San Isidoro.

Más que una competencia, el encuentro se planteó como un espacio para que niñas, niños y jóvenes pudieran compartir sus aprendizajes, desarrollar sus capacidades artísticas y encontrarse con otros estudiantes a través de la música.

Durante la jornada, los animadores destacaron precisamente el carácter social y emocional de la música, entendida como un lenguaje capaz de acompañar distintas etapas de la vida. Para las nuevas generaciones, señalaron, puede convertirse en un refugio y una forma de construir identidad, mientras que para los adultos representa también memoria, celebración y consuelo.

El rector del Colegio Santa María de La Florida, Luis Rojas Robles, valoró especialmente el proceso que permitió concretar esta nueva versión del concurso. Según explicó, la iniciativa representa la continuidad de un sueño impulsado por los fundadores de la corporación, entre ellos Don Elías Abú, y que hoy se materializa gracias al esfuerzo de los estudiantes, el acompañamiento de sus familias, el compromiso de los profesores y el trabajo del equipo organizador.

La jornada también estuvo marcada por una invitación a proyectar el certamen hacia el futuro. Bajo la idea de que “crecer es abrirse a otros sonidos”, el concurso busca ampliar progresivamente su convocatoria y convertirse en un espacio donde puedan participar cada vez más establecimientos educacionales.

La competencia contempló dos categorías: Taller y Bandas, permitiendo que diferentes agrupaciones escolares mostraran el trabajo desarrollado durante el año.

En la Categoría Taller participaron el Colegio Tomás Moro, Colegio Miravalle, Colegio Seinorland, Colegio Santa María de Maipú, Colegio Santa María de La Florida y Colegio San Carlos de Aragón.

En tanto, la Categoría Bandas reunió al Centro Educacional Fernando de Aragón; Colegio Santa María de La Florida, con Los Quax; Centro Educacional Américo Vespucio, con Dirty Wallet; Centro Educacional Santa Rosa, con Código 15; Colegio Tomás Moro, con De Friends; Colegio San Carlos de Quilicura, con Séptima Estación; y Colegio Santa María de Maipú, con Los Histriónicos.

La apertura del escenario estuvo a cargo de la banda invitada Mala Clase, del Instituto La Salle, aportando una presentación que permitió dar inicio a una jornada donde convivieron distintas generaciones, estilos musicales y experiencias educativas.

El repertorio presentado por los estudiantes también reflejó la diversidad de influencias que conviven en la música escolar. Sonaron canciones populares y clásicos del rock latino, junto con expresiones vinculadas al patrimonio musical chileno.

Entre las interpretaciones destacaron “Tren al sur”, de Los Prisioneros; “Loco (tu forma de ser)”, de Los Auténticos Decadentes; “La exiliada del sur”, interpretada por Inti-Illimani; y “La partida”, de Víctor Jara. También hubo espacio para repertorios de música popular latinoamericana y canciones contemporáneas.

Reconocimiento al trabajo de estudiantes y docentes

El resultado de la competencia dejó como ganador de la Categoría Taller al Colegio Tomás Moro, mientras que el segundo lugar correspondió al Colegio San Carlos de Aragón.

En la Categoría Bandas, el primer lugar fue para el Centro Educacional Santa Rosa, con la agrupación Código 15. El segundo lugar quedó en manos del Colegio Santa María de Maipú, con Los Histriónicos, mientras que el tercer puesto fue para el Colegio Tomás Moro, con De Friends.

La jornada también entregó un reconocimiento especial a Renata Valencia, del Colegio Fernando de Aragón, quien recibió el premio a Mejor Vocalista.

Sin embargo, uno de los reconocimientos más significativos estuvo dirigido a quienes acompañan silenciosamente estos procesos: las y los profesores de música.

El presidente del jurado, Juan Piderit, puso en valor el trabajo y la vocación de los docentes que hacen posible que los estudiantes puedan contar con espacios de formación y expresión artística. Su mensaje destacó el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan para mantener viva la enseñanza musical dentro de las comunidades educativas.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en un contexto donde la formación artística muchas veces dispone de un espacio reducido dentro de las mallas curriculares. En ese sentido, el concurso se presentó también como una oportunidad para reivindicar la importancia de la educación musical y su aporte al desarrollo integral de los estudiantes.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió durante el homenaje a los estudiantes de cuarto medio que este año dejan atrás sus bandas escolares.

La despedida estuvo acompañada por versos de “Volver a los 17”, de Violeta Parra, generando un momento de reflexión sobre el término de una etapa y el comienzo de nuevos caminos.

La música volvió así a cumplir una función que va más allá del escenario: acompañar momentos importantes de la vida, construir memoria y expresar emociones que muchas veces resultan difíciles de poner en palabras.

El Quinto Concurso de Bandas Musicales 2026 cerró de esta manera una jornada en la que la competencia pasó a un segundo plano frente a una experiencia colectiva marcada por la participación, la creatividad, el compañerismo y la educación artística.

Desde el escenario del Teatro San Joaquín, estudiantes, profesores, familias y comunidades educativas demostraron que la música puede ser mucho más que una asignatura o una presentación escolar: puede convertirse en un espacio de pertenencia, identidad y construcción colectiva.

El proyecto minero-portuario Dominga vuelve a instalarse en el centro de la discusión ambiental y administrativa del país. Este 29 de septiembre de 2026, Andes Iron decidió desistirse de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema, desplazando nuevamente el conflicto hacia la vía administrativa.

La iniciativa, proyectada para la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, contempla la explotación de hierro y cobre, además de infraestructura asociada al procesamiento y embarque de minerales. Su tramitación se extiende por más de una década y ha estado marcada por decisiones administrativas, reclamaciones, fallos judiciales y una fuerte oposición de organizaciones ambientales y comunidades vinculadas al territorio.

El retiro de los recursos ante la Suprema no significa que Dominga haya sido aprobado. Por el contrario, el rechazo adoptado por el Comité de Ministros en enero de 2025 continúa siendo un elemento central del escenario actual, mientras avanzan solicitudes de invalidación contra dicha resolución.

Andes Iron sostiene que decidió retirar sus recursos judiciales para no obstaculizar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros. La empresa ha cuestionado dicha decisión administrativa y sostiene que no habría respetado lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental.

La admisión a trámite de una solicitud de invalidación, sin embargo, no equivale a una aprobación de Dominga ni determina por sí misma que el proyecto vaya a continuar. Se trata de una instancia administrativa en la que deberán revisarse los argumentos y antecedentes correspondientes.

Este nuevo escenario vuelve a poner la mirada sobre el Servicio de Evaluación Ambiental y las autoridades que deberán intervenir en las distintas etapas del procedimiento.

El caso adquiere además una dimensión política y administrativa debido al cambio de gobierno ocurrido entre la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025 y el escenario actual. De prosperar las acciones administrativas, la discusión podría eventualmente regresar a las autoridades del Ejecutivo, aunque cualquier resultado dependerá de las decisiones y procedimientos que correspondan conforme a la institucionalidad ambiental.

Más allá de los procedimientos administrativos y judiciales, una de las principales controversias en torno a Dominga está relacionada con su localización.

El proyecto se encuentra en las cercanías del Archipiélago de Humboldt, un territorio marino-costero reconocido por su alta biodiversidad. En sus aguas y sectores costeros habitan especies como pingüinos de Humboldt, ballenas, delfines, chungungos y numerosas especies de aves y fauna marina. Greenpeace ha advertido que la construcción de infraestructura portuaria, junto con el aumento del tráfico marítimo, podría generar presiones adicionales sobre estos ecosistemas.

La preocupación adquiere especial relevancia considerando la situación del pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), especie que fue reclasificada como “En Peligro” durante 2025 por el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

De acuerdo con Greenpeace, una proporción superior al 80% de la población mundial de esta especie se concentra en Chile, mientras sus colonias reproductivas enfrentan diversas presiones de origen humano. La organización sostiene que el eventual desarrollo de Dominga debe analizarse considerando precisamente este contexto de conservación.

La discusión sobre Dominga también excede la dimensión estrictamente ambiental.

En La Higuera, el debate involucra distintas visiones sobre el futuro económico del territorio. Mientras sus impulsores han defendido el proyecto argumentando sus potenciales aportes en inversión, empleo y actividad económica regional, sus detractores cuestionan que ese desarrollo pueda concretarse a costa de ecosistemas que sostienen actividades económicas y formas de vida vinculadas al mar.

La zona posee una importante actividad pesquera artesanal y una economía asociada al turismo de naturaleza. Por ello, la discusión no solamente plantea cuánto empleo podría generar una gran inversión minera, sino también qué actividades económicas podrían verse afectadas por modificaciones en el ecosistema marino y costero.

Desde esta perspectiva, el debate sobre Dominga plantea una pregunta que atraviesa numerosos territorios del país: ¿cómo compatibilizar la inversión minera con la protección de ecosistemas, actividades productivas locales y derechos de las comunidades?

La historia de Dominga muestra también las dificultades que enfrenta Chile para resolver grandes proyectos de inversión ubicados en territorios ambientalmente sensibles.

El proyecto ha atravesado diversas instancias administrativas y judiciales. En enero de 2025, el Comité de Ministros volvió a rechazarlo. Posteriormente, la controversia continuó en tribunales y Andes Iron recurrió ante la Corte Suprema. Ahora, la empresa decidió retirar esos recursos y concentrar la atención en la vía administrativa.

Para organizaciones ambientales, el conflicto no se reduce a un problema de permisos o procedimientos. Greenpeace ha señalado que durante la extensa tramitación se han cuestionado aspectos relacionados con la línea base ambiental, la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos y los efectos sobre especies y ecosistemas del territorio.

Estos cuestionamientos forman parte de una controversia que deberá seguir siendo contrastada con los antecedentes técnicos y las decisiones de la institucionalidad ambiental.

El caso Dominga vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del principio de precaución: qué debe hacer una sociedad cuando existe incertidumbre respecto de los impactos que una actividad de gran escala podría producir sobre ecosistemas de alta sensibilidad.

Para sus opositores, el valor ecológico del Archipiélago de Humboldt exige privilegiar la protección de la biodiversidad y de las actividades locales que dependen de un ecosistema saludable. Para sus impulsores, en cambio, el proyecto representa una oportunidad de inversión y desarrollo para la Región de Coquimbo.

Más allá de las posiciones enfrentadas, existe un elemento objetivo: el territorio donde se proyecta Dominga posee una relevancia ecológica que trasciende los límites administrativos de La Higuera.

El desafío para la institucionalidad ambiental será determinar, sobre la base de antecedentes técnicos y jurídicos, cuáles son los impactos previsibles del proyecto, qué medidas de mitigación y compensación serían suficientes —si correspondieran— y si estas permiten compatibilizar la iniciativa con la protección del territorio.

El retiro de los recursos ante la Corte Suprema cierra una etapa judicial, pero no cierra la historia de Dominga.

La atención se concentra ahora en las solicitudes de invalidación y en las decisiones que adopte la institucionalidad ambiental. El proyecto permanece en medio de una disputa donde convergen inversión minera, empleo, desarrollo regional, protección de la biodiversidad, actividades productivas locales y participación ciudadana.

En el fondo, Dominga representa una discusión mucho mayor que la construcción de una mina y un puerto. Es también un debate sobre qué modelo de desarrollo quiere impulsar Chile en territorios donde la riqueza mineral convive con ecosistemas de enorme valor ecológico y comunidades que dependen directamente de ellos.

Mientras la vía administrativa vuelve a abrirse, el Archipiélago de Humboldt permanece como uno de los principales escenarios de esta controversia. Y, después de más de diez años de tramitación, el futuro de Dominga continúa dependiendo de decisiones que deberán considerar no solamente las expectativas de inversión, sino también la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad de los territorios y comunidades involucradas.

Durante las últimas décadas, Chile desarrolló una agricultura orientada fuertemente a la agroexportación. Este proceso estuvo acompañado por una expansión de los monocultivos y por una utilización intensiva de productos fitosanitarios destinados a controlar plagas, enfermedades y malezas.

La revisión analizada señala que este modelo productivo convive con importantes vacíos en materia de regulación, vigilancia y conocimiento sobre la magnitud real de la exposición de la población. El problema no se limita a quienes trabajan directamente aplicando estos productos. La evidencia revisada muestra que también existe exposición ambiental en comunidades rurales y población general.

Entre los productos mencionados aparecen insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides, además de herbicidas como paraquat, glifosato y 2,4-D. La investigación advierte que algunos de estos compuestos han sido restringidos o se encuentran en procesos de prohibición en distintos países debido a sus riesgos.

Uno de los principales hallazgos de la revisión es que la exposición a plaguicidas no puede entenderse únicamente como un problema ocupacional.

Durante los períodos de fumigación se detectaron alteraciones en biomarcadores relacionados con la exposición a estos productos tanto en trabajadores agrícolas como en población general rural. En un estudio realizado en la Región de Coquimbo, la inhibición de determinadas enzimas superó los límites de tolerancia biológica en una parte de los trabajadores y también en personas de la población general.

La contaminación puede alcanzar además los alimentos. Una investigación realizada con escolares de la provincia de Talca detectó metabolitos de plaguicidas organofosforados en muestras de orina. Entre los principales predictores de exposición se identificaron residuos de clorpirifós y fosmet presentes en frutas consumidas durante la merienda escolar. También se encontraron residuos de distintos plaguicidas en frutas, hortalizas, suelo y agua.

La situación adquiere especial relevancia cuando se considera que algunos de los residuos identificados correspondían a productos considerados peligrosos.

Niños y niñas: una población especialmente vulnerable

Entre los grupos que generan mayor preocupación aparecen los niños y niñas que viven o estudian en territorios agrícolas.

La revisión identifica investigaciones realizadas en escuelas rurales del Maule que encontraron asociaciones entre la cercanía de los establecimientos a predios agrícolas donde se utilizan plaguicidas y determinados indicadores de discapacidad intelectual. Otro estudio detectó metabolitos de organofosforados en escolares y encontró una asociación entre una mayor concentración de uno de estos metabolitos y una menor velocidad de procesamiento cognitivo.

Los autores advierten que la infancia merece especial atención debido al proceso de desarrollo del sistema nervioso. La revisión señala que las concentraciones de metabolitos encontradas en escolares chilenos fueron superiores a las reportadas en determinados estudios internacionales.

Esto plantea una interrogante que excede el ámbito individual: ¿hasta dónde puede una familia proteger a sus hijos cuando la fuente de exposición se encuentra en el entorno donde viven, estudian, trabajan sus padres o se producen los alimentos que consumen?

La propia investigación entrega una respuesta indirecta. Una intervención educativa logró mejorar la percepción del riesgo entre la población, pero no consiguió reducir significativamente los niveles de determinados metabolitos en la orina de los niños. Para los investigadores, esto constituye una señal de que el problema ambiental no puede resolverse únicamente mediante conductas individuales de autocuidado.

Los trabajadores agrícolas constituyen el grupo más estudiado dentro de la evidencia chilena revisada: representan el 50% de las poblaciones consideradas en los estudios.

En trabajadores expuestos a plaguicidas organofosforados en la Región del Maule se observaron diferencias en determinadas pruebas neuropsicológicas respecto de trabajadores no expuestos. También se identificó una mayor frecuencia de intoxicaciones y un mayor riesgo de polineuropatía periférica en trabajadores agrícolas expuestos.

En la Región de Coquimbo, investigaciones encontraron un menor desempeño en funciones ejecutivas, memoria y atención entre trabajadores agrícolas expuestos y también entre personas que residían en zonas agrícolas, en comparación con grupos no expuestos.

Estos resultados adquieren una dimensión social cuando se considera que buena parte de la producción agrícola depende precisamente de quienes trabajan en estos territorios y permanecen en contacto directo o indirecto con los productos utilizados durante las temporadas agrícolas.

Mujeres temporeras y riesgos reproductivos

Otro de los grupos identificados por la investigación corresponde a las mujeres trabajadoras agrícolas de temporada.

En estudios realizados en la Región del Biobío se observaron mayores frecuencias de determinados indicadores de daño genético en mujeres temporeras expuestas a plaguicidas respecto de trabajadoras sin antecedentes de exposición ocupacional.

La revisión también recoge investigaciones que analizaron problemas reproductivos. En uno de estos estudios se observaron asociaciones entre exposición y problemas de fertilidad, complicaciones durante el embarazo, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Otro estudio encontró una mayor frecuencia de determinados daños genéticos entre mujeres agrícolas temporeras.

La evidencia disponible también incluye investigaciones sobre recién nacidos en la Región de O’Higgins y abortos espontáneos estudiados en la Región de Valparaíso, donde se observaron asociaciones con antecedentes de actividad agrícola.

Una de las dificultades centrales para dimensionar el problema es que la exposición a plaguicidas no necesariamente produce una intoxicación inmediata.

La revisión señala que, además de las intoxicaciones agudas, existe preocupación por exposiciones prolongadas a concentraciones subclínicas. Estas han sido asociadas en la literatura revisada con alteraciones cognitivas, reproductivas y neuroconductuales, entre otros efectos.

Esto genera un desafío para la salud pública: la ausencia de síntomas inmediatos no significa necesariamente ausencia de exposición o de riesgo.

La propia revisión muestra que la investigación chilena todavía presenta limitaciones. De los 19 estudios incluidos, solo tres cuantificaron directamente la concentración de plaguicidas o sus metabolitos en sangre u orina. Una de las razones señaladas es la falta de laboratorios acreditados en Chile y Latinoamérica capaces de realizar determinados análisis en muestras biológicas, lo que obliga en algunos casos a recurrir a laboratorios extranjeros con costos elevados.

La exposición humana forma parte de un problema mayor: la relación entre agricultura intensiva, contaminación y ecosistemas.

La revisión plantea la necesidad de fortalecer la vigilancia de la exposición y reducir la deriva de las fumigaciones hacia poblaciones cercanas. También recoge evidencia de presencia de plaguicidas en aire y en distintos componentes del entorno.

Desde esta perspectiva, el debate no se limita a determinar cuánto producto se aplica por hectárea. También resulta necesario preguntarse qué ocurre con esos compuestos después de la aplicación, hacia dónde se desplazan, cuánto tiempo permanecen en el ambiente y qué poblaciones quedan expuestas.

El problema adquiere una dimensión territorial particularmente relevante en comunidades rurales donde escuelas, viviendas, fuentes de agua, cultivos y lugares de trabajo pueden encontrarse próximos entre sí.

Chile cuenta con mecanismos regulatorios para controlar el uso de plaguicidas. El Ministerio de Salud, con apoyo del Instituto de Salud Pública, participa en la vigilancia de la exposición ocupacional, mientras que el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, regula materias relacionadas con la importación y comercialización de plaguicidas agrícolas.

Sin embargo, la revisión identifica dificultades para conocer la magnitud real de la exposición y plantea preocupación por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad y por las insuficiencias de fiscalización.

Entre las recomendaciones planteadas por los investigadores se encuentran fortalecer la vigilancia activa, aumentar el control sobre la venta de plaguicidas, incorporar biomarcadores y evaluaciones de salud en trabajadores agrícolas y aplicadores, y restringir productos respecto de los cuales exista evidencia contundente de daño para la salud.

Uno de los conceptos centrales que emerge de esta revisión es el principio precautorio.

Cuando existen señales de riesgo para la salud humana y el medio ambiente, la falta de información completa no debería convertirse necesariamente en una razón para postergar las medidas de protección. Los autores plantean, precisamente, la necesidad de restringir aquellos plaguicidas respecto de los cuales existe evidencia internacional de efectos perjudiciales.

Esto adquiere particular importancia en un país cuya economía agrícola depende de la producción intensiva y de la inserción de sus productos en los mercados internacionales.

El desafío consiste entonces en compatibilizar la producción de alimentos y la actividad económica con la protección efectiva de quienes trabajan la tierra, quienes viven cerca de los cultivos, quienes estudian en escuelas rurales y quienes consumen los alimentos producidos en estos territorios.

La revisión no plantea únicamente un diagnóstico. También propone líneas de acción.

En el ámbito comunitario, recomienda fortalecer la educación y capacitación de organizaciones rurales y establecer protocolos de seguridad frente a las aplicaciones de plaguicidas. En las escuelas rurales propone programas de educación ambiental y prevención. Para la academia plantea fortalecer los laboratorios capaces de analizar biomarcadores y ampliar la investigación. Y para las autoridades recomienda aumentar la vigilancia, fiscalización y control de la comercialización y utilización de estos productos.

El desafío, por tanto, no corresponde exclusivamente a los agricultores ni puede trasladarse a las familias mediante recomendaciones de autocuidado.

La evidencia recopilada apunta hacia una responsabilidad más amplia: regular, fiscalizar, investigar y prevenir los impactos ambientales y sanitarios asociados al modelo de producción agrícola.

Chile ha construido parte de su reconocimiento internacional sobre la capacidad de producir y exportar alimentos. Pero detrás de cada fruta, cada hortaliza y cada cosecha también existen territorios, trabajadores y comunidades.

La discusión sobre los plaguicidas obliga a mirar ese otro lado de la agricultura: el costo humano y ambiental que puede permanecer invisible mientras la productividad continúa creciendo.

La propia revisión concluye que los niveles de exposición detectados en niños, población general y trabajadores resultan preocupantes y plantea la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia local, sistemas integrales de vigilancia y una regulación más estricta de los productos considerados de mayor peligrosidad.

Porque producir alimentos no debería significar poner en riesgo a quienes los producen, a quienes viven en los territorios agrícolas ni al ecosistema que sostiene esa producción.