Los resultados vuelven a poner sobre la mesa una problemática que durante décadas ha afectado a comunidades que viven en zonas donde la contaminación dejó una huella que no desapareció con el retiro de los residuos. Según el estudio, la distribución de estos elementos es compatible tanto con fuentes históricas de contaminación como con actividades urbanas e industriales más recientes.

El origen de parte importante de esta problemática se remonta a mediados de la década de 1980, cuando más de 20.000 toneladas de residuos mineros provenientes de Suecia fueron ingresadas a Chile y depositadas en Arica.

Los materiales fueron presentados como residuos no tóxicos destinados al procesamiento para recuperar oro y plata. Sin embargo, posteriormente se estableció la presencia de metales pesados y los residuos permanecieron expuestos al aire libre, cerca de sectores habitados.

Con el paso de los años, el crecimiento urbano aumentó la exposición de la población. La situación terminó convirtiéndose, durante la década de 1990, en una crisis sanitaria y ambiental, que derivó en el retiro de los residuos, la relocalización de familias afectadas y distintos procesos judiciales.

El nuevo estudio plantea que la remoción de los residuos no necesariamente significó el término de la contaminación. Las concentraciones detectadas en distintos puntos de Arica muestran que todavía existen sectores donde permanece la señal asociada a aquel episodio ocurrido hace más de 30 años.

El académico Carlos Manzano, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, explicó que el escenario actual es particularmente complejo porque al legado histórico se suman fuentes contemporáneas asociadas a actividades urbanas e industriales.

El investigador también señaló que algunas concentraciones superan valores de referencia internacionales. Aunque este resultado no permite afirmar por sí solo que exista un daño a la salud, sí constituye una señal que justifica mantener la vigilancia ambiental y sanitaria en los sectores identificados.

La historia de los polimetales de Arica demuestra que los problemas ambientales no terminan necesariamente cuando se retira un residuo o se ejecuta una medida de remediación.

Cuando la contaminación se instala durante años en el territorio, sus efectos pueden trascender generaciones y transformar la vida cotidiana de las comunidades. El suelo, el aire y los espacios donde se desarrolla la vida de las personas forman parte de un mismo ecosistema, por lo que la recuperación ambiental debe considerar también la protección de quienes habitan esos territorios.

En este sentido, la nueva evidencia científica vuelve a plantear la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental y sanitaria, mantener información transparente hacia las comunidades y avanzar en medidas que permitan identificar y controlar las distintas fuentes de contaminación.

El caso de Arica también abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad frente a los territorios expuestos a residuos peligrosos y sobre la necesidad de aplicar el principio de prevención ambiental antes de que una contaminación se transforme en una crisis sanitaria.

La experiencia de los polimetales deja una advertencia para Chile: los residuos industriales y mineros no desaparecen simplemente cuando dejan de ser visibles. Pueden permanecer en el territorio y redistribuirse, convirtiéndose en parte de una problemática ambiental que exige seguimiento científico, responsabilidad institucional y participación de las comunidades.

Más de treinta años después, Arica vuelve a mirar su suelo y encuentra parte de una historia que todavía permanece bajo sus pies.

Las semillas no comienzan ni terminan en un saco comercial. Mucho antes de convertirse en un producto agrícola, son parte de una historia construida durante generaciones por campesinas, campesinos, comunidades indígenas y familias agricultoras que han seleccionado, guardado, reproducido e intercambiado variedades adaptadas a sus territorios.

Por eso, hablar de una regulación de semillas significa también hablar de soberanía alimentaria, biodiversidad, cultura campesina y derecho de las comunidades a conservar y reproducir sus propios recursos genéticos.

El Decreto Ley N.º 1.764, promulgado en 1977, establece que la investigación, producción y comercio de semillas deben regirse por sus disposiciones. Su estructura está orientada principalmente a ordenar el sistema semillero, establecer registros, regular la producción, certificación y comercialización, y fijar mecanismos de fiscalización.

El problema aparece cuando este marco se observa desde la realidad de la agricultura familiar campesina.

Una norma pensada desde el mercado

Uno de los aspectos más cuestionables del decreto es que su lenguaje y estructura están construidos alrededor de conceptos como producción, certificación, pureza varietal, registros, comercialización y control.

La propia norma define la semilla certificada en función de un proceso supervisado que garantiza identidad y pureza varietal, mientras que establece también una categoría de semilla corriente sujeta a requisitos establecidos por reglamentos.

Esta mirada puede resultar insuficiente cuando se aplica a las semillas tradicionales.

Las semillas campesinas no necesariamente responden a los mismos criterios de uniformidad, estabilidad y homogeneidad que caracterizan a una variedad desarrollada bajo esquemas convencionales de mejoramiento. Su riqueza está precisamente en su diversidad genética y en su capacidad de adaptación a condiciones locales.

Desde una perspectiva agroecológica, esa diversidad no constituye una imperfección que deba ser corregida: es una fortaleza frente al cambio climático, las sequías, nuevas plagas, enfermedades y transformaciones de los territorios.

Otro punto crítico se encuentra en las disposiciones relativas a la transferencia y comercialización.

El artículo 24 establece que solamente podrán transferirse y comercializarse como semillas aquellas que cumplan los requisitos establecidos por el decreto ley y su reglamento. A ello se suma que toda semilla transferida debe ser envasada y acompañada de una etiqueta que describa y garantice su contenido.

Desde la lógica de una organización comercial, estas exigencias pueden parecer razonables.

Pero desde la realidad campesina surge otra pregunta:

¿Qué ocurre cuando una semilla no circula como mercancía, sino como conocimiento, patrimonio y herramienta de reproducción de la vida?

El intercambio de semillas entre familias, comunidades y territorios forma parte de prácticas ancestrales como el trafkintu, el trueque, la donación y las redes comunitarias de conservación.

Estas prácticas permiten que una semilla pase de una generación a otra, se adapte a nuevos territorios y mantenga viva una diversidad que difícilmente podría ser conservada solamente mediante bancos o registros institucionales.

MAELA ha planteado precisamente la necesidad de rescatar, valorizar y divulgar los conocimientos locales relacionados con la conservación y manejo de semillas nativas, además de fomentar la agricultura ecológica familiar campesina y los mercados locales de intercambio.

Cuando la diversidad campesina no cabe en una categoría comercial

El Decreto Ley 1.764 establece además registros de productores y mecanismos de certificación. El Ministerio de Agricultura aparece como responsable de establecer normas de certificación y supervisar el proceso.

Aquí aparece una de las principales tensiones.

Una semilla campesina puede tener distintos nombres locales, presentar variaciones entre poblaciones y ser resultado de una selección realizada durante décadas por familias agricultoras.

Su valor no necesariamente reside en responder a un estándar de homogeneidad, sino precisamente en conservar una diversidad genética que permite la adaptación local.

En 2024, una resolución del Ministerio de Agricultura reconoció explícitamente la existencia de las semillas tradicionales y su contribución a sistemas alimentarios sustentables. El mismo documento reconoce que estas semillas son mantenidas por guardadoras, guardadores, campesinas, campesinos y pequeños productores, y destaca su diversidad y adaptación local.

El reconocimiento es relevante porque demuestra que existe una realidad que durante décadas no estuvo suficientemente reflejada en la legislación semillera.

La semilla también es memoria

Para la agroecología, defender las semillas no significa solamente defender una variedad vegetal.

Significa defender saberes, territorios y formas de vida.

Cada semilla criolla puede contener una historia: quién la cultivó, dónde fue seleccionada, qué características buscó una familia campesina, qué condiciones climáticas soportó y qué alimentos permitió llevar a la mesa.

Por eso, cuando desaparece una semilla también puede desaparecer una parte del conocimiento asociado a ella.

MAELA sostiene que la pérdida del control comunitario sobre los recursos naturales y productivos entre ellos las semillas debilita la soberanía alimentaria. Su propuesta apunta, en cambio, a fortalecer el control local sobre la tierra, el agua y las semillas, junto con circuitos locales de producción e intercambio.

El problema no está necesariamente en establecer normas que garanticen que una persona que compra una semilla comercial reciba un producto de calidad.

El problema aparece cuando las mismas lógicas y exigencias diseñadas para ordenar un mercado son aplicadas, directa o indirectamente, sobre prácticas campesinas que no funcionan bajo una lógica industrial.

Registros, certificaciones, etiquetado, controles, requisitos técnicos y eventuales sanciones pueden representar una carga significativamente mayor para una familia agricultora que para una empresa especializada.

El propio decreto contempla multas, comisos y sanciones para quienes produzcan o comercialicen semillas incumpliendo sus disposiciones.

Desde una perspectiva de justicia rural, esto plantea una cuestión que no debería quedar fuera del debate:

¿Puede una pequeña agricultora ser tratada bajo los mismos criterios que una empresa dedicada a la producción y comercialización masiva de semillas?

Una regulación socialmente justa debería reconocer las diferencias entre ambos mundos.

El peligro de perder soberanía sobre la semilla

La discusión también se conecta con el debate internacional sobre propiedad intelectual y derechos sobre variedades vegetales.

Desde el movimiento agroecológico latinoamericano existe una preocupación histórica frente a la tendencia a convertir los recursos genéticos en mercancías y concentrar su control en actores económicos con mayor capacidad tecnológica y financiera.

MAELA ha advertido sobre los efectos que pueden producir las políticas que favorecen la concentración de los recursos productivos y ha defendido el derecho de las comunidades a utilizar, gestionar y controlar recursos locales como la tierra, el agua y las semillas.

En Chile, esta discusión también estuvo vinculada al debate sobre UPOV 91, tratado que fortaleció los derechos de los obtentores vegetales y que fue objeto de fuertes cuestionamientos desde organizaciones campesinas y sociales por sus posibles efectos sobre el uso y reproducción de semillas.

Para una agricultura familiar que históricamente ha basado parte de su autonomía en guardar semillas de una temporada para otra, cualquier avance hacia sistemas que aumenten la dependencia de semillas comerciales puede traducirse también en mayores costos y menor autonomía productiva.

Desde una perspectiva agroecológica, el desafío para Chile no debería consistir solamente en mejorar la regulación del mercado de semillas.

El desafío mayor es construir un marco que reconozca que existen dos realidades que deben ser diferenciadas.

Por una parte, está el mercado de semillas comerciales, donde resulta legítimo establecer mecanismos de información, calidad y protección para quienes compran.

Por otra, está el mundo de las semillas nativas, criollas y tradicionales, sostenido por familias agricultoras, comunidades indígenas, guardianas y guardianes de semillas, huertas familiares y organizaciones campesinas.

Ambos espacios requieren reglas, pero no necesariamente las mismas reglas.

Proteger las semillas para proteger la agricultura familiar

Una política de semillas verdaderamente orientada a la soberanía alimentaria debería reconocer explícitamente el derecho de las comunidades y familias campesinas a guardar, reproducir, seleccionar, conservar, intercambiar y utilizar sus semillas tradicionales, sin transformar esas prácticas en una actividad burocrática o económicamente inaccesible.

También debería fortalecer los bancos comunitarios de semillas, las ferias campesinas, los trafkintu y otros espacios de intercambio; promover la investigación participativa; proteger los conocimientos tradicionales y garantizar que la conservación de la biodiversidad agrícola permanezca en manos de quienes históricamente la han cuidado.

Porque una semilla no es solamente el comienzo de una cosecha.

Es también memoria, alimento, cultura, autonomía y futuro.

Y si Chile quiere avanzar hacia sistemas alimentarios más resilientes frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la concentración de los mercados agrícolas, proteger las semillas campesinas no debería ser considerado un obstáculo para el desarrollo.

Debería ser entendido como una política de soberanía alimentaria.

La pregunta, entonces, no es solamente quién puede vender una semilla.

La pregunta de fondo es mucho más profunda:

¿Quién tendrá el derecho de conservar, reproducir y decidir sobre las semillas que alimentarán a las próximas generaciones?

Entre septiembre y noviembre, cuando la primavera comienza a transformar los paisajes del sur de Chile, aparece uno de los hongos más particulares y cotizados del Reino Fungi: las morchellas, pertenecientes al género Morchella.

Su característico sombrero, semejante a un panal de abejas, las convierte en una especie fácilmente reconocible para quienes conocen el bosque. Su valor gastronómico también las ha llevado a los mercados internacionales, donde son consideradas uno de los hongos comestibles de mayor precio.

Pero detrás de este producto existe mucho más que un alimento. Las morchellas forman parte de complejas relaciones ecológicas bajo el suelo y, al mismo tiempo, constituyen una actividad complementaria para numerosas familias campesinas y recolectores rurales, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes.

Un recurso que nace en el bosque nativo

En Chile se han identificado diversas especies del género Morchella. Entre ellas se encuentran Morchella tridentina, M. aysenina, M. andinensis y M. esculenta, entre otras.

Las investigaciones realizadas durante los últimos años han permitido ampliar considerablemente el conocimiento sobre estos hongos. Lo que antiguamente se consideraba la presencia de apenas un par de especies en territorio nacional, hoy alcanza al menos 11 especies reconocidas, y los investigadores creen que podrían existir más.

Una parte importante de estas especies se encuentra asociada a bosques nativos, particularmente a ecosistemas dominados por lenga (Nothofagus pumilio) y ñirre (Nothofagus antarctica) en la Patagonia.

Y aunque para quien camina por el bosque la parte más visible sea el hongo que aparece sobre el suelo, existe una estructura mucho más extensa y fundamental que permanece oculta: el micelio, una red de filamentos que vive bajo tierra y que participa de procesos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas.

Por eso, recolectar una morchella no significa simplemente extraer un producto del bosque. Significa intervenir en un sistema vivo que todavía guarda numerosos misterios para la ciencia.

Una oportunidad para la economía familiar campesina

El valor económico de las morchellas ha convertido su recolección en una actividad relevante para las economías rurales.

Actualmente, una gran parte de la producción chilena se dirige a mercados internacionales, especialmente de Europa y Estados Unidos. Se estima que cerca del 95% de la producción se destina a la exportación, alcanzando valores elevados cuando el hongo es comercializado deshidratado.

Pero más allá de los precios internacionales, su importancia también está en la economía de pequeña escala.

La recolección puede convertirse en un ingreso complementario para las familias campesinas, especialmente durante la primavera, cuando se desarrolla la temporada de fructificación.

En sectores rurales de Aysén, por ejemplo, esta actividad ha sido desarrollada históricamente por integrantes de las familias, incluyendo mujeres y niños, convirtiéndose en una alternativa que permite aprovechar de manera tradicional los recursos que entrega el territorio.

Esta dimensión resulta especialmente importante para la agricultura familiar campesina, donde diversificar las fuentes de ingreso puede contribuir a fortalecer la permanencia de las familias en el territorio y disminuir la dependencia de una sola actividad productiva.

En Villa Ortega, Región de Aysén, incluso se realiza el Festival de la Morilla, una celebración que pone en valor este recurso y la identidad asociada a su recolección.

El desafío está en que este aprovechamiento económico no termine transformándose en una presión sobre el propio ecosistema que lo hace posible.

La creciente demanda por las morchellas hace necesario fortalecer las buenas prácticas de recolección.

Una de las principales recomendaciones es no recolectar ejemplares demasiado pequeños. Una morchella que recién comienza su desarrollo necesita tiempo para completar su ciclo.

También se recomienda utilizar canastos, que permiten una mejor ventilación y favorecen la dispersión de esporas durante el desplazamiento por el bosque.

Otra práctica señalada por recolectores experimentados es cortar el hongo y evitar arrancarlo completamente, dejando parte del pie en el suelo y cubriendo posteriormente el lugar con sustrato.

Estas acciones buscan disminuir el impacto sobre el organismo y favorecer la continuidad de los ciclos naturales.

También resulta fundamental evitar el uso de bolsas plásticas. Debido a su alto contenido de agua, los hongos pueden deteriorarse rápidamente cuando son transportados sin ventilación, convirtiéndose finalmente en un producto inutilizable.

Pero existe una recomendación aún más importante: no recolectar aquello que no se sabe identificar.

El peligro de confundir una morchella

La recolección de hongos silvestres requiere conocimiento. No todas las especies que aparecen en el bosque son comestibles y algunas pueden provocar intoxicaciones graves.

Uno de los principales riesgos es confundir una morchella con especies del género Gyromitra, conocidas como “falsas morchellas”.

Aunque pueden presentar cierta semejanza y aparecer durante la misma época del año, existen diferencias importantes entre ambos grupos. Algunas especies de Gyromitra contienen giromitrinas, sustancias tóxicas que pueden provocar graves efectos en el organismo.

Por esta razón, ante cualquier duda sobre la identificación de un hongo, la recomendación es clara: no consumirlo.

En el caso de las morchellas, además, su consumo debe realizarse después de una adecuada cocción. No se recomienda consumirlas crudas o insuficientemente cocinadas.

El conocimiento local de los recolectores, las guías especializadas y el acompañamiento de personas con experiencia pueden ser herramientas fundamentales para desarrollar esta actividad de manera segura.

El bosque no se quema para producir morchellas

Uno de los mayores peligros asociados a estos hongos es también uno de los mitos más dañinos: la creencia de que provocar incendios favorece su aparición.

Si bien en algunas regiones del hemisferio norte existen especies de morchella asociadas a ecosistemas donde el fuego forma parte de determinados ciclos ecológicos, esta situación no puede trasladarse automáticamente a los bosques nativos chilenos.

En los ecosistemas patagónicos, las morchellas forman parte de comunidades naturales mucho más complejas. Los incendios destruyen materia orgánica, microorganismos, plantas, árboles y numerosos organismos que participan en el funcionamiento del bosque.

Además, aunque después de algunos incendios pueden aparecer grandes cantidades de cuerpos fructíferos, este fenómeno puede ser temporal y no significa que el fuego sea necesario para mantener las poblaciones de morchellas.

Provocar incendios para obtener una temporada excepcional de hongos significa poner en riesgo no solamente a las morchellas, sino a todo el ecosistema.

La historia reciente de Chile registra incluso incendios provocados con este propósito, una práctica que representa una grave amenaza para los bosques y para las propias comunidades que dependen de ellos.

Las morchellas muestran que los bosques nativos pueden entregar alimentos, conocimientos y oportunidades económicas sin necesidad de destruirlos.

Su recolección responsable puede formar parte de una estrategia de diversificación de la pequeña agricultura familiar y de las economías campesinas, siempre que exista respeto por los ciclos naturales y por los conocimientos asociados al territorio.

El desafío está en avanzar hacia una mirada donde el bosque no sea entendido únicamente como una fuente de materias primas, sino como un ecosistema vivo capaz de sostener biodiversidad y comunidades humanas.

Cada morchella que llega al canasto es parte de una red mucho mayor. Bajo nuestros pies existe un mundo de micelios, microorganismos, raíces y materia orgánica que hace posible la vida del bosque.

Por eso, promover su aprovechamiento también implica proteger el lugar donde nace.

Cuidar las morchellas es cuidar el bosque. Y cuidar el bosque significa también proteger las oportunidades que sus recursos naturales pueden entregar a las familias rurales durante las próximas generaciones.

Hablar de Quelentaro es hablar de memoria, poesía y canción popular. Es también acercarse a una parte de la historia de Chile narrada desde las experiencias de quienes vivieron el trabajo, las dificultades sociales, la vida rural y los profundos cambios que atravesó el país durante la segunda mitad del siglo XX.

Aunque su trayectoria suele vincularse con la Nueva Canción Chilena, Quelentaro desarrolló una identidad artística propia. Su origen social y geográfico, sus temáticas y, especialmente, su manera de construir las canciones hicieron del dúo una propuesta difícil de encasillar.

De Angol a Rapel: el nacimiento de Quelentaro

Los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán crecieron en Angol, en una familia donde la música era parte de la vida cotidiana. El canto, la guitarra y el contacto con payadores y folcloristas fueron formando desde temprano una relación profunda con la tradición popular.

La vida laboral llevó posteriormente a ambos hermanos hasta Rapel, donde comenzaron a trabajar para Endesa. Fue allí donde nació el proyecto que inicialmente se presentó como Conjunto Quelentaro.

A comienzos de los años sesenta realizaron su primera grabación, “El letrado”, financiada mediante un préstamo de la empresa. Sus primeros auditores fueron precisamente sus compañeros de trabajo, quienes ayudaron a distribuir el disco por distintos lugares del país.

La agrupación pasó por una primera etapa como quinteto, pero con el tiempo se consolidó como el dúo de los hermanos Guzmán. En 1966 publicaron “Coplas al viento”, iniciando una discografía que se extendería durante varias décadas.

Uno de los principales rasgos de Quelentaro fue la utilización de la copla, una forma de expresión que combina poesía, relato y canto.

En sus composiciones aparecieron las experiencias del mundo campesino y también las de quienes desarrollaban labores en las ciudades. Carpinteros, panaderos, obreros, mineros y profesores encontraron un espacio dentro de sus canciones.

La influencia de la tradición folclórica latinoamericana convivió con referentes literarios y musicales como Atahualpa Yupanqui, además del interés de los hermanos Guzmán por escritores y poetas.

De esta manera, Quelentaro convirtió la canción en una herramienta para observar la realidad, rescatar historias y expresar una mirada crítica sobre la sociedad.

Durante los años de la Unidad Popular, el dúo desarrolló una intensa producción artística. Sus canciones abordaron asuntos políticos y sociales con una franqueza que incluso los diferenció de otros exponentes de la canción comprometida de aquellos años.

Quelentaro mantuvo además una posición independiente frente a las estructuras políticas y culturales. Su preocupación estaba puesta en representar al pueblo y sus experiencias, más que en identificarse exclusivamente con una determinada organización política.

Uno de sus proyectos más importantes fue “Coplas libertarias a la Historia de Chile”, concebido como una interpretación de la historia nacional desde una perspectiva humanista. El objetivo era recuperar aquellos aspectos humanos que muchas veces quedan fuera de los relatos oficiales.

El golpe de Estado de 1973 marcó un antes y un después para los hermanos Guzmán. Eduardo fue enviado al exilio y finalmente se estableció en Canadá.

La distancia provocó un largo período de silencio musical, pero no significó el final de Quelentaro. Los hermanos continuaron trabajando a distancia, intercambiando cartas, ideas y composiciones.

Así nacieron nuevas canciones y se mantuvo vigente el nombre del dúo en uno de los períodos más difíciles de la historia reciente de Chile.

Con el paso de los años volvieron a reunirse y comenzaron una importante etapa de presentaciones internacionales. Europa se convirtió en uno de sus principales escenarios, con actuaciones en Alemania, Holanda, Suecia, Bélgica, Francia, Rumania y España, además de apariciones en medios internacionales.

El regreso de Eduardo a Chile permitió el reencuentro de los hermanos con su público. Realizaron presentaciones masivas y continuaron ampliando una obra que ya formaba parte de la memoria musical chilena.

Durante la democracia, Quelentaro siguió desarrollando su trabajo, aunque permaneció principalmente alejado de los grandes medios de comunicación y mantuvo una fuerte presencia en circuitos provinciales.

En 2002, el aporte de los hermanos Guzmán recibió un reconocimiento oficial con el Premio Presidente de la República, en la categoría de folclor.

Eduardo Guzmán falleció en abril de 2012. Gastón continuó presentándose durante algunos años, manteniendo vivo el repertorio de Quelentaro hasta su fallecimiento en agosto de 2019.

Quelentaro: memoria, identidad y canción popular

La historia de Quelentaro trasciende la trayectoria de un dúo musical. Su obra representa una forma de entender la canción como memoria colectiva, como espacio para recuperar las voces de trabajadores, campesinos y personas comunes que también forman parte de la historia de Chile.

Desde las raíces folclóricas hasta la poesía social, desde Angol y Rapel hasta los escenarios internacionales, los hermanos Guzmán construyeron un repertorio que se negó a olvidar.

Quelentaro cantó a Chile desde sus márgenes, desde el trabajo y desde la experiencia cotidiana. Y en cada copla dejó un registro de un país que merece seguir siendo escuchado.

En Radio Trapananda queremos mantener vivo este patrimonio sonoro y acercar a nuevas generaciones las voces que han construido la historia de la música popular chilena.

Porque escuchar a Quelentaro también es una manera de escuchar nuestra propia historia.

El llamado cobra especial importancia durante esta época del año, cuando se retoman diversas faenas y aumenta el ingreso a bodegas, galpones, silos, invernaderos y viviendas o instalaciones que permanecieron cerradas durante el invierno. En estos espacios pueden existir condiciones favorables para la presencia de roedores y sus secreciones.

Las recomendaciones están dirigidas principalmente a agricultores, ganaderos, trabajadores temporales y familias rurales, especialmente a quienes deben manipular fardos, forraje, sacos de alimento u otros materiales que hayan permanecido almacenados.

Una de las principales medidas preventivas consiste en ventilar adecuadamente los espacios cerrados antes de ingresar o comenzar cualquier labor de limpieza. La recomendación es abrir puertas y ventanas y permitir la circulación de aire antes de permanecer en el lugar.

También se aconseja evitar levantar polvo, no barrer ni aspirar en seco lugares que puedan estar contaminados con orina, fecas o secreciones de roedores. La limpieza debe realizarse utilizando medidas de protección y productos desinfectantes adecuados.

En el caso de encontrar evidencias de presencia de roedores, se recomienda no manipular directamente sus restos o nidos y solicitar orientación a los organismos correspondientes.

El riesgo puede presentarse en distintas actividades propias del campo, entre ellas la cosecha, esquila, crianza de animales, manipulación de forraje y almacenamiento de alimentos.

Por ello, incorporar medidas de autocuidado antes de iniciar cada faena permite disminuir las posibilidades de exposición. Mantener los alimentos y residuos correctamente almacenados, evitar la acumulación de materiales y mantener los espacios de trabajo limpios son acciones que también contribuyen a reducir la presencia de roedores.

Las autoridades han reforzado el trabajo coordinado entre organismos públicos vinculados a la prevención y atención de esta enfermedad, buscando que las recomendaciones lleguen directamente a las comunidades rurales y organizaciones vinculadas al mundo agrícola y ganadero.

El llamado es a no esperar a detectar un problema para adoptar medidas de protección. Revisar previamente los espacios, ventilar, utilizar elementos de protección cuando corresponda y mantener condiciones adecuadas de higiene son acciones sencillas que pueden contribuir a disminuir el riesgo.

Ante una eventual exposición y la aparición de fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, malestar general, náuseas u otros síntomas, especialmente si existe el antecedente de haber estado en contacto con ambientes donde podría existir presencia de roedores silvestres, es importante consultar oportunamente en un centro de salud e informar sobre la posible exposición.

La prevención del hantavirus requiere especial atención en las zonas rurales, donde las actividades productivas y la vida cotidiana mantienen un contacto más cercano con ambientes naturales. Informarse, anticiparse a los riesgos y adoptar medidas de autocuidado antes de cada faena son claves para proteger la salud de trabajadores y familias.

Una música nacida de la memoria andina

La genealogía musical de Illapu se encuentra profundamente vinculada con las raíces ancestrales de los pueblos andinos. Zampoñas, quenas, quenachos, tarkas, sicuras, moceños, trutrucas y pifilcas forman parte de una identidad sonora que, con el tiempo, se encontró con guitarras, saxofones, teclados, bajo eléctrico y una amplia diversidad de instrumentos latinoamericanos.
Esa combinación permitió construir un lenguaje propio.
Illapu ha fusionado las sonoridades andinas con elementos del jazz, la música clásica, los ritmos afrocaribeños y la fuerza del rock, generando una propuesta donde tradición y contemporaneidad conviven de manera permanente.
Pero detrás de esa experimentación existe también una preocupación permanente por aquello que la música puede decir.
Sus canciones hablan de la vida, el amor, la justicia, la preservación de las culturas de América, la relación entre humanidad y naturaleza y las tensiones provocadas por los procesos de modernidad. Sus propias composiciones se complementan con textos de importantes escritores latinoamericanos, entre ellos Pablo Neruda, Mario Benedetti y Roque Dalton.
En 1972, Illapu registró su primer álbum, Illapu música andina, producción que permitió al grupo ingresar rápidamente a la escena nacional y comenzar sus apariciones televisivas.
Un año después llegó una de sus primeras grandes plataformas: el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, escenario al que volverían varias veces durante las décadas siguientes.
Entre 1974 y 1976, el grupo concentró parte importante de su trabajo en conocer y rescatar las tradiciones musicales de los pueblos del norte de Chile. Ese proceso quedó reflejado en discos como Chungará y Despedida del pueblo. En este último apareció una canción que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de su repertorio: “Candombe para José”.
La consolidación en Chile rápidamente abrió las puertas hacia el exterior. En 1978, Illapu realizó su primera gira europea, recorriendo países como Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda e Italia y presentándose en importantes escenarios franceses, entre ellos el Teatro de La Ville y la Sorbonne.

El exilio y una nueva etapa

La historia de Illapu también está atravesada por uno de los períodos más complejos de Chile.
En 1981, cuando regresaban de su segunda gira por Europa, sus integrantes fueron impedidos de ingresar al país y quedaron exiliados en Francia. Lejos de detener su trayectoria, aquella situación abrió una nueva etapa internacional.
Durante esos años, Illapu recorrió numerosos escenarios de Europa, Estados Unidos, Canadá, África del Norte, Australia y otros territorios. Grabaron nuevos discos y ampliaron sus horizontes musicales, mientras su propuesta adquiría una dimensión cada vez más internacional.
En 1986, el grupo se radicó en México, país que posteriormente sería considerado por sus integrantes como una segunda patria. Desde allí continuaron recorriendo América Latina y el Caribe.
El regreso a Chile finalmente ocurrió en 1988. La recepción fue multitudinaria: más de 100 mil personas llegaron al Parque La Bandera de Santiago para recibir nuevamente a la agrupación. La escena nacional había estado ausente durante años, pero la distancia no había disminuido su popularidad; por el contrario, Illapu regresaba convertido en un símbolo para distintas generaciones.
Dentro de la extensa discografía de Illapu existen canciones que han trascendido generaciones. Entre ellas destaca “Candombe para José”, incorporada al repertorio del grupo durante la década de 1970.
Con los años, la canción adquirió una dimensión que superó ampliamente el ámbito de la agrupación. Su melodía, su interpretación y su arraigo popular la transformaron en una pieza reconocible dentro de la memoria musical chilena.
Ese fenómeno ayuda a comprender una de las principales características de Illapu: su capacidad para construir canciones que, sin abandonar sus raíces, logran instalarse en la memoria colectiva.

Una banda capaz de atravesar generaciones

Durante la década de 1990, la agrupación alcanzó nuevos niveles de popularidad.
En 1991, Vuelvo amor… vuelvo vida obtuvo su primer disco de oro. Al año siguiente regresaron al Festival de Viña del Mar, después de 19 años, y fueron reconocidos como el grupo más popular del año por la asociación de periodistas de espectáculos APES.
En 1993, “Lejos del amor” permaneció durante 46 semanas entre las canciones preferidas de las radios, mientras Illapu recibía nuevamente reconocimientos de APES como grupo más popular, mejores compositores y por el disco del año.
Pero sería 1996 uno de los años más significativos de esa etapa. El álbum En estos días se transformó, según el material de la propia agrupación, en el disco más vendido de la historia de la música chilena hasta ese momento, alcanzando múltiples discos de platino y confirmando que la propuesta de Illapu podía conectar tanto con quienes habían seguido su trayectoria desde los años setenta como con nuevas generaciones.

Una identidad latinoamericana

El nuevo milenio encontró a Illapu recorriendo nuevamente Chile y distintos países del mundo.
En el año 2000, la agrupación lanzó Momentos vividos, recopilación que reunió parte de su trayectoria e incorporó la participación de artistas como Pablo Milanés y Víctor Heredia. Ese mismo año participaron en el megaconcierto Tengo un sueño, organizado por UNICEF en Panamá, y posteriormente llegaron hasta China, donde realizaron conciertos en Shanghái y Pekín.
Un año después, Illapu conmemoró tres décadas de trayectoria con una nueva edición de su discografía y continuó extendiendo sus presentaciones internacionales. En 2002, volvió al Festival de Viña del Mar por quinta vez.
En 2003, la agrupación recibió el Premio Presidente de la República, reconocimiento que destacó su aporte al enriquecimiento musical y su capacidad creadora basada en las tradiciones folclóricas, así como la difusión del folclore chileno andino en Chile y el extranjero.
Los años posteriores demostraron que Illapu no era solamente una banda asociada a una época determinada.
En 2006 volvieron a presentarse en Viña del Mar, recibiendo antorchas y gaviota; durante 2007 realizaron más de 60 conciertos y retomaron sus giras por Europa. En 2008 superaron los 50 conciertos en países como Australia, Argentina, Colombia, Ecuador y Chile.
En 2012, la agrupación comenzó los preparativos para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria, con presentaciones en América Latina y Europa. Ese mismo año culminaron una extensa gira por Escandinavia con un concierto de celebración de los 40 años de Illapu en el Teatro Caupolicán de Santiago.
En los años siguientes continuaron los encuentros con otras agrupaciones fundamentales de la música chilena, como Inti-Illimani, con quienes desarrollaron el espectáculo Revueltos Unidos por la Música y posteriormente Unidos por Víctor Jara.

Tradición que se transforma

La historia de Illapu puede entenderse como una permanente conversación entre pasado y presente.
Su música parte de una raíz profundamente andina, pero no permanece inmóvil. Se transforma con los años, incorpora nuevos instrumentos, ritmos, armonías y lenguajes, sin desprenderse de aquello que le dio origen.
Ese equilibrio entre memoria y experimentación explica buena parte de su permanencia.
En 2014, la agrupación presentó Con Sentido y Razón, un nuevo trabajo discográfico que recibió una positiva respuesta de la crítica y del público y que posteriormente fue llevado a distintas ciudades de Chile y otros países.
Más que una banda, Illapu representa una parte importante de la historia cultural de Chile.
Su trayectoria reúne folclore, identidad, experimentación, poesía, memoria, exilio, retorno y compromiso con América Latina. Desde las raíces musicales del norte de Chile hasta los escenarios internacionales, la agrupación ha demostrado que las tradiciones no necesariamente deben permanecer estáticas para conservar su valor.
Al contrario: pueden dialogar con nuevos sonidos, cruzar fronteras y encontrar nuevos públicos sin perder su esencia.
Quizás allí se encuentre una de las claves de la permanencia de Illapu: en haber comprendido que la tradición también puede ser una forma de creación, y que la música puede convertirse simultáneamente en memoria del pasado, expresión del presente y patrimonio para las generaciones que vienen.
Illapu, el “rayo” de los Andes, continúa siendo parte de esa banda sonora colectiva con la que Chile reconoce sus raíces, sus luchas, sus afectos y también sus esperanzas.https://www.youtube.com/watch?v=dn3yilVJeS4&list=RDdn3yilVJeS4&start_radio=1

Chile ocupa el tercer lugar del mundo en importación de ropa usada per cápita, con 5,46 kilos por habitante al año, y el octavo en volumen total, con aproximadamente 107 mil toneladas netas. Las cifras forman parte del informe “Chile en el circuito global de la ropa usada: Importación y comercialización del textil de segunda mano”, elaborado por investigadoras del Centro de Investigación en Economía y Sociedad (ESOC) de la Universidad Central de Chile, que analizó los movimientos de ropa de segunda mano entre 2015 y 2023.

El estudio permite mirar más allá de las imágenes de enormes acumulaciones de prendas abandonadas en el desierto de Atacama, particularmente en sectores de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. Estos vertederos ilegales se han transformado en uno de los símbolos más visibles de la crisis de los residuos textiles, pero el fenómeno responde a una problemática mucho más amplia: Chile forma parte de un circuito global donde millones de prendas son producidas, comercializadas, utilizadas y finalmente descartadas.

La investigadora Paz Concha, directora del ESOC y líder del proyecto Fondecyt “Comprendiendo el valor en la economía circular: el caso de la industria textil en Chile”, plantea que el desafío consiste precisamente en comprender este fenómeno como parte de un sistema internacional de circulación de mercancías y residuos, y no como un problema aislado del norte del país.

A nivel mundial, el comercio de textiles de segunda mano prácticamente se duplicó entre 2006 y 2023, pasando de 3,5 a 6,4 millones de toneladas anuales. En Chile, los flujos de ingreso han aumentado en promedio un 5,9% anual, concentrándose cerca del 45% en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Uno de los datos que genera mayor preocupación es que el 13% de la ropa que ingresa al país no tiene un origen declarado, situación que dificulta la trazabilidad de las prendas y conocer con precisión de dónde provienen, bajo qué condiciones fueron producidas y cuál será su destino una vez que dejen de ser utilizadas.

El mercado interno también ha experimentado una fuerte expansión. La comercialización de ropa usada creció cerca de 670% desde 2005, convirtiéndose además en una fuente importante de empleo, históricamente con una alta participación femenina. Sin embargo, la participación de mujeres en este sector disminuyó desde un 70,4% a un 55,5% entre 2005 y 2023.

Esta dimensión social resulta relevante al momento de discutir nuevas regulaciones. El problema ambiental no puede abordarse simplemente enfrentando a consumidores, vendedores o importadores, ya que cualquier modificación en las condiciones de ingreso de ropa usada también puede tener consecuencias sobre el empleo femenino y trabajadores vinculados a actividades muchas veces precarizadas.

Al mismo tiempo, Chile comienza a avanzar hacia una mayor regulación mediante la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que incorporó a los textiles como su séptimo producto prioritario, convirtiéndose además en el primero incorporado a la legislación después de su promulgación. El objetivo es avanzar hacia un sistema donde quienes introducen productos al mercado también tengan responsabilidades respecto de los residuos que estos generan al finalizar su vida útil.

Para avanzar en esta materia se encuentra en proceso de conformación el Comité Operativo Ampliado (COA), instancia que reúne a representantes públicos, privados y de la sociedad civil y que deberá aportar antecedentes para definir futuras metas de recolección y valorización de residuos textiles.

El desafío, sin embargo, no es menor. Chile presenta un alto nivel de consumo de vestuario y depende fuertemente de las importaciones. De acuerdo con especialistas del sector, más del 90% de la ropa nueva consumida en el país es importada, lo que dificulta conocer las condiciones de fabricación, los materiales utilizados y las posibilidades reales de reciclaje de las prendas.

A esto se suma una dificultad básica: el país todavía no cuenta con una industria textil de reciclaje suficientemente desarrollada para absorber los residuos que genera el mercado. Sin infraestructura de recolección, clasificación, reutilización y valorización a gran escala, una parte importante de las prendas que dejan de utilizarse termina en vertederos, basurales o lugares de disposición ilegal.

La falta de información también constituye una barrera para la implementación de la Ley REP. Durante el año pasado, la declaración de volúmenes textiles en la plataforma REPSE era voluntaria para las empresas del sector y fueron pocas las que entregaron sus antecedentes. Actualmente, la declaración es obligatoria, pero persisten dificultades para determinar cuántos kilos de productos textiles pone cada empresa en el mercado y cuál es exactamente la composición de las prendas.

Este último aspecto resulta fundamental para avanzar hacia una verdadera economía circular. No todos los textiles pueden reciclarse de la misma manera. La composición de las fibras, las mezclas de materiales, tinturas, tratamientos y accesorios presentes en una prenda pueden dificultar considerablemente su recuperación.

Por eso, iniciativas como los pasaportes digitales de productos, que buscan entregar información sobre el origen y composición de los bienes, también enfrentan desafíos. Especialistas advierten que parte de la información disponible puede ser autodeclarada por las propias empresas y no necesariamente contar con mecanismos suficientes de verificación independiente.

Mientras la regulación intenta avanzar, distintas empresas y emprendimientos están desarrollando soluciones para enfrentar la falta de infraestructura. Entre ellas se encuentran iniciativas destinadas a facilitar el cumplimiento de la Ley REP, mejorar la trazabilidad y generar información que permita conocer cuánto material textil entra al mercado y qué ocurre con él una vez que se transforma en residuo.

El problema ambiental, sin embargo, va mucho más allá de la ropa usada. El crecimiento acelerado de la industria de la moda y el aumento del consumo de prendas de bajo costo han generado una enorme presión sobre los recursos naturales utilizados para producir fibras, fabricar textiles, teñirlos, transportarlos y finalmente eliminarlos.

En ese contexto, la ropa de segunda mano puede ser una alternativa para extender la vida útil de las prendas, pero por sí sola no resuelve el problema. Si el volumen de producción y consumo continúa creciendo sin límites, incluso los sistemas de reutilización pueden verse sobrepasados.

El desafío para Chile consiste entonces en avanzar desde una lógica basada principalmente en comprar, usar y desechar, hacia un modelo que priorice la reducción del consumo, la reparación, la reutilización, la trazabilidad y, cuando sea técnicamente posible, el reciclaje de los materiales.

Las imágenes de toneladas de ropa abandonadas en el desierto de Atacama representan apenas la expresión más visible de una problemática global. Detrás de cada prenda descartada existe una cadena de producción, transporte, consumo y generación de residuos que involucra recursos naturales, energía, agua y trabajo.

Por eso, el debate sobre la ropa usada y la Ley REP no debería limitarse a cuánto se importa o cuánto se vende. La pregunta ambiental de fondo es qué cantidad de ropa necesita realmente la sociedad, cuánto tiempo utilizamos cada prenda y qué capacidad tenemos como país para evitar que aquello que alguna vez fue un producto termine convertido en basura.

Chile comienza a construir las reglas para enfrentar este desafío, pero mientras la infraestructura de reciclaje y valorización siga siendo insuficiente, el crecimiento del mercado textil continuará generando una presión ambiental que se hace cada vez más difícil de ignorar.

Un extraordinario hallazgo realizado en la Reserva Elemental Melimoyu, en la Región de Aysén, vuelve a poner en valor la biodiversidad de los bosques templados del sur de Chile. Durante un trabajo de campo, el fotógrafo y educador ambiental Jaime Beltrand descubrió un ejemplar de ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii) que presentaba una inusual coloración azulada y tornasol, una tonalidad nunca antes observada por la ONG Ranita de Darwin durante sus 12 años de investigación científica. El ejemplar fue encontrado entre la vegetación mientras se buscaban posibles registros de depredadores de la especie y su particular apariencia llamó inmediatamente la atención de los investigadores. El individuo corresponde a un macho en etapa de incubación, conocido como “macho preñado”, debido a una de las características reproductivas más singulares de esta especie: es el macho quien se encarga de incorporar las larvas a su saco vocal y mantenerlas allí durante parte de su desarrollo. El ejemplar registró un peso de 1,83 gramos, una longitud de 27,01 milímetros y albergaba aproximadamente cuatro larvas en su interior. Debido a la fragilidad de la especie, el registro fotográfico se realizó bajo un estricto protocolo de bioseguridad destinado a minimizar el estrés y evitar la transmisión de agentes patógenos. Posteriormente, el animal fue liberado en el mismo lugar donde fue encontrado.

El origen de su particular coloración todavía constituye una incógnita para la ciencia. Una de las hipótesis planteadas por Andrés Valenzuela, médico veterinario y presidente de la ONG Ranita de Darwin, apunta al hipoxantismo, fenómeno que consiste en una reducción parcial de los pigmentos amarillos presentes en la piel. Sin embargo, los investigadores aún buscan determinar si esta característica responde a un origen genético, a un proceso relacionado con el desarrollo del individuo u otra condición biológica. El interés científico aumentó luego de que el ejemplar fuera recapturado meses después en buenas condiciones de salud y mantuviera intacta su coloración azulada. Este antecedente reduce la posibilidad de que la tonalidad corresponda a un fenómeno pasajero provocado por estrés, enfermedad o una mala condición física. Si la característica tuviera un origen genético y fuera heredable, podría eventualmente transmitirse a su descendencia, aunque los investigadores advierten que el hallazgo de un solo individuo no permite establecer conclusiones sobre el estado genético de toda la población.

Más allá de la singularidad de esta ranita azul, el descubrimiento pone nuevamente de relieve la importancia de conservar los ecosistemas naturales de Aysén, donde especies altamente especializadas encuentran las condiciones necesarias para sobrevivir y reproducirse. La ranita de Darwin es una especie endémica de los bosques templados de Chile y Argentina y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Entre sus principales amenazas se encuentran la pérdida y degradación de su hábitat y la propagación del hongo quítrido, uno de los principales factores relacionados con el declive de numerosas poblaciones de anfibios a nivel mundial. En este escenario, territorios como la Reserva Elemental Melimoyu cumplen un papel fundamental como refugios de biodiversidad, permitiendo la conservación de bosques, cursos de agua y microhábitats esenciales para especies que todavía esconden numerosos secretos científicos. El hallazgo demuestra que los ecosistemas protegidos no solo son espacios fundamentales para la supervivencia de la fauna y flora nativa, sino también verdaderos laboratorios naturales capaces de revelar características de la biodiversidad que aún permanecen desconocidas.

Este histórico registro forma parte de la segunda edición de la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin, iniciativa destinada a fortalecer el conocimiento y la protección de estas singulares especies de anfibios. La pequeña ranita azul encontrada en Melimoyu representa así mucho más que una rareza científica: es también un recordatorio de que proteger los bosques significa proteger especies, ecosistemas y procesos naturales que todavía estamos comenzando a comprender.

El antecedente es relevante porque demuestra que el interés de Aclara por los minerales críticos de Hualqui ha avanzado desde la etapa de exploración hacia un procedimiento destinado a constituir derechos de explotación. Sin embargo, es importante precisar que una manifestación minera no significa que exista actualmente una mina autorizada ni que la empresa pueda comenzar inmediatamente a extraer minerales. La constitución de una concesión de explotación requiere cumplir las etapas establecidas por la legislación minera chilena y, para un eventual proyecto que deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también deberán obtenerse las autorizaciones ambientales correspondientes.

La manifestación fue presentada el 10 de julio de 2026 ante el Primer Juzgado Civil de Concepción y posteriormente publicada en el Diario Oficial. El documento establece las coordenadas del área solicitada y confirma formalmente el avance de Prospecciones Greenfield en la zona.

La noticia adquiere especial importancia por la ubicación territorial de Hualqui y por la existencia de sectores rurales y sitios de valor histórico y arqueológico en el entorno de Quilacoya. Entre ellos se encuentra el Cerro Piedra de la Costilla, reconocido por su importancia patrimonial debido a la presencia de estructuras megalíticas y petroglifos. Investigaciones impulsadas desde el ámbito del patrimonio cultural han identificado este lugar como un espacio de relevancia arqueológica y cultural.

La historia de Quilacoya también está estrechamente relacionada con la minería. Según antecedentes recopilados por Memoria Chilena, los lavaderos de oro de Quilacoya fueron explotados durante el período colonial mediante sistemas de trabajo indígena forzado, convirtiendo al territorio en uno de los escenarios históricos de la explotación aurífera durante la colonización española.

Hoy, siglos después, el territorio vuelve a quedar bajo presión extractiva, aunque esta vez por el interés internacional en las denominadas tierras raras, un conjunto de elementos químicos utilizados en tecnologías vinculadas a la electrónica, los vehículos eléctricos, sistemas de generación energética, imanes permanentes y otras aplicaciones consideradas estratégicas para la transición tecnológica.

Aclara plantea precisamente que su objetivo es desarrollar una fuente de tierras raras fuera de China y posicionar a Chile como productor de estos minerales críticos. La compañía desarrolla una tecnología denominada “Cosecha Circular de Minerales”, orientada a recuperar tierras raras presentes en arcillas iónicas.

Pero detrás de la etiqueta de “minerales críticos” existe una discusión ambiental que no puede ser ignorada.

La experiencia internacional demuestra que la extracción de tierras raras puede generar impactos importantes sobre los ecosistemas, especialmente cuando se utilizan procesos de lixiviación para separar los minerales contenidos en las arcillas.

Uno de los métodos empleados históricamente en determinadas regiones de China consiste en utilizar sulfato de amonio como agente lixiviante. Investigaciones científicas han advertido que estos procesos pueden modificar las características químicas del suelo y favorecer la migración de compuestos hacia aguas y terrenos ubicados aguas abajo.

Un estudio publicado en Science of the Total Environment encontró que terrenos afectados por este tipo de explotación presentaban niveles de acidificación del suelo significativamente superiores a los suelos naturales estudiados y detectó procesos de migración de amonio hacia sectores ubicados aguas abajo.

Otra investigación científica también ha advertido que parte del sulfato de amonio utilizado durante la lixiviación puede permanecer en el terreno y posteriormente liberarse, generando potenciales problemas ambientales incluso después del término de las operaciones.

Estos antecedentes no permiten afirmar que Aclara vaya a generar necesariamente los mismos impactos observados en China. Las características geológicas, la tecnología, las medidas de control y las condiciones ambientales son diferentes.

Pero existe un elemento que hace necesario mirar con atención el proceso.

Una investigación realizada por la Universidad de Concepción sobre la planta piloto de Aclara estudió precisamente variables asociadas al proceso de extracción de tierras raras desde arcillas, entre ellas el sulfato de amonio, el pH y el porcentaje de sólidos. El trabajo analizó 118 toneladas de arcilla y obtuvo concentrado de tierras raras mediante el proceso desarrollado por la compañía.

Aclara, por su parte, sostiene que su tecnología busca disminuir significativamente la huella ambiental de la extracción convencional y que el proceso industrial contempla recirculación de agua y reducción de residuos líquidos. Para su proyecto de Penco, la empresa señala que aproximadamente el 95% del agua del proceso sería recirculada.

Aquí aparece uno de los principales desafíos ambientales: las promesas tecnológicas deben ser verificadas en la práctica y bajo las condiciones específicas de cada territorio.

La aprobación ambiental del proyecto de Aclara en Penco, ocurrida durante 2026, constituye un antecedente relevante. La compañía señala que el proyecto contempla una superficie aproximada de 600 hectáreas y una producción promedio de alrededor de 811 toneladas anuales de óxidos de tierras raras, además de medidas de revegetación y reforestación con especies nativas.

Pero la aprobación de Penco no significa que Hualqui esté ambientalmente aprobado.

Cada eventual proyecto debe ser evaluado de acuerdo con sus propias características, ubicación, obras, procesos e impactos. La legislación chilena contempla el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para determinados proyectos de desarrollo minero, por lo que una concesión minera y una autorización ambiental son procedimientos distintos.

Por eso, la publicación de “VERONICA 25, 1 al 60” debe entenderse como una señal de avance de la actividad minera, pero no como el inicio de una explotación.

Al mismo tiempo, tampoco sería responsable minimizar el antecedente.

La existencia de una manifestación de aproximadamente 300 hectáreas significa que una empresa minera está buscando asegurar derechos sobre un territorio determinado, y eso obliga a abrir desde ahora una discusión pública sobre sus posibles consecuencias.

Entre las preguntas que deberían ser respondidas antes de cualquier eventual explotación están qué minerales pretende extraer la compañía, cuál será el método específico de extracción, qué superficie será efectivamente intervenida, cuánta agua será utilizada, qué cantidad de sulfato de amonio se requerirá, cómo se evitará la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cómo se manejarán los residuos, qué ocurrirá con los suelos intervenidos y qué medidas se adoptarán para proteger la biodiversidad y el patrimonio arqueológico.

También resulta necesario establecer con precisión la relación espacial entre las concesiones y los sitios patrimoniales existentes en el territorio. Con los antecedentes públicos actualmente disponibles no corresponde afirmar que la concesión “VERONICA 25” se superpone directamente con el Cerro Piedra de la Costilla. Esa afirmación requeriría una comparación cartográfica oficial entre las coordenadas de la manifestación y la delimitación precisa del sitio arqueológico.

Lo que sí está documentado es la existencia de un territorio con valor histórico, arqueológico, rural y ambiental, donde cualquier intervención de gran escala puede generar impactos directos o indirectos que deberán ser evaluados.

La discusión cobra todavía mayor relevancia frente a la expansión mundial de la demanda por tierras raras. La transición hacia vehículos eléctricos, energías renovables y tecnologías de menor emisión de carbono requiere grandes cantidades de minerales. Pero esto plantea una paradoja que los territorios como Hualqui deberán enfrentar: la transición energética también necesita minería y, por lo tanto, puede trasladar sus impactos ambientales hacia nuevas zonas de extracción.

Que las tierras raras sean fundamentales para determinadas tecnologías no significa que su extracción sea automáticamente sustentable.

La verdadera discusión ambiental consiste en determinar bajo qué condiciones se extraen, cuánto territorio se interviene, qué recursos naturales se utilizan y quién asume los costos ambientales de esa extracción.

En Hualqui, además, la discusión no ocurre sobre un territorio vacío. Se trata de una comuna donde existen comunidades rurales, actividades agrícolas, cursos de agua, ecosistemas de la Cordillera de la Costa y espacios de importancia histórica y patrimonial.

La historia de Quilacoya muestra que el territorio ya ha conocido las consecuencias de los ciclos extractivos. Primero fue el oro; hoy son las tierras raras.

La diferencia es que actualmente existen herramientas científicas, ambientales y jurídicas que permiten anticipar riesgos, exigir información y evaluar alternativas antes de que una actividad de gran escala transforme definitivamente un territorio.

Por eso, la manifestación minera de Aclara en Hualqui debe ser observada como una señal de alerta y no como un hecho consumado.

Todavía no existe una mina operando en ese lugar ni una autorización ambiental para explotar las 300 hectáreas solicitadas. Pero sí existe un avance concreto en la estrategia de la compañía para desarrollar derechos mineros en la comuna.

Y precisamente por eso, la discusión debe comenzar antes de que las máquinas lleguen al territorio.

La experiencia internacional con la extracción de tierras raras demuestra que los procesos de lixiviación pueden generar problemas de contaminación de suelos y aguas si no son adecuadamente controlados. La experiencia tecnológica de Aclara, por su parte, deberá demostrar que sus sistemas de recirculación, manejo de reactivos y control de residuos son capaces de evitar esos impactos a escala industrial.

En definitiva, Hualqui enfrenta una nueva presión extractiva en nombre de los minerales estratégicos para la transición energética. La pregunta no es simplemente cuánto valen las tierras raras bajo sus cerros, sino cuánto vale el agua, el suelo, el bosque, la biodiversidad, el patrimonio y la vida de las comunidades que existen sobre ellos.

Porque una transición energética verdaderamente sustentable no debería limitarse a cambiar los combustibles que utilizamos; también debería preguntarse cómo, dónde y bajo qué condiciones obtenemos los minerales necesarios para construirla.

La Corte Suprema rechazó la acción luego de que ODECU no lograra acreditar, dentro de ese proceso, determinados requisitos relacionados con la existencia de un grupo de consumidores finales afectados, la relación de consumo con las empresas demandadas y los antecedentes necesarios para sustentar jurídicamente la acción colectiva. La Corte de Apelaciones de Santiago ya había confirmado en abril de 2025 el rechazo de la demanda presentada ante el 22° Juzgado Civil de Santiago.

En consecuencia, el fallo judicial no constituye una declaración científica que establezca que el glifosato sea inocuo ni que no existan investigaciones que adviertan posibles efectos adversos asociados a su exposición. Se trata de una resolución respecto de una acción judicial concreta, sus requisitos legales y la prueba aportada durante el proceso.

La diferencia es fundamental. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” (Grupo 2A). La evaluación consideró evidencia limitada de cáncer en seres humanos, evidencia suficiente en animales de experimentación y evidencia sólida relacionada con genotoxicidad.

Esta clasificación tampoco significa que toda persona expuesta al glifosato necesariamente desarrollará cáncer. La IARC evalúa principalmente el peligro potencial de una sustancia, mientras que el riesgo concreto depende de factores como la cantidad, duración, frecuencia y vía de exposición. Por ello, es necesario distinguir entre peligro y riesgo al abordar científicamente el tema.

La controversia tampoco terminó con la evaluación de 2015. Existen organismos regulatorios que han llegado a conclusiones diferentes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), por ejemplo, sostiene que el glifosato no presenta riesgos de preocupación para la salud humana bajo los usos evaluados y mantiene una posición diferente respecto de su potencial carcinogénico.

Pero durante los últimos años también han aparecido nuevos antecedentes científicos. En 2025 fue publicado el Global Glyphosate Study, una investigación de largo plazo que analizó los efectos del glifosato y de dos formulaciones comerciales de herbicidas basados en glifosato en ratas expuestas desde etapas tempranas de su desarrollo hasta las 104 semanas de vida. El estudio reportó un aumento de determinados efectos carcinogénicos y lesiones neoplásicas en animales expuestos.

Estos resultados no permiten trasladar automáticamente las conclusiones obtenidas en animales a los seres humanos, pero sí representan nueva evidencia toxicológica que debe ser considerada y evaluada. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) han continuado revisando los antecedentes científicos relacionados con el glifosato. Durante 2026, ECHA comenzó a discutir nuevos datos sobre su posible carcinogenicidad.

Otro elemento que requiere precisión es el número de demandas y acuerdos asociados a Roundup en Estados Unidos. Bayer adquirió Monsanto en 2018 y heredó miles de litigios relacionados con el herbicida. La compañía ha destinado miles de millones de dólares a acuerdos y provisiones vinculadas a estas disputas. En 2025, Bayer informó que sus provisiones y pasivos asociados a litigios por glifosato alcanzaban aproximadamente 9.600 millones de euros, dentro de un conjunto mayor de obligaciones relacionadas con el litigio de Monsanto.

En febrero de 2026, además, Bayer anunció un acuerdo colectivo propuesto en Estados Unidos por hasta US$7.250 millones para resolver reclamaciones actuales y futuras relacionadas con Roundup, sujeto a la correspondiente aprobación judicial.

Estos acuerdos tampoco pueden interpretarse automáticamente como una prueba científica de que el herbicida provoque cáncer, ya que los acuerdos judiciales responden a procesos legales y estrategias de resolución de litigios. Sin embargo, demuestran la magnitud y persistencia del conflicto judicial internacional que enfrenta la compañía.

En Chile también es necesario corregir otra afirmación que ha circulado en torno al caso. No es correcto señalar de manera general que el glifosato está prohibido en Chile. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) mantiene registros y antecedentes de distintos plaguicidas formulados con glifosato, sujetos al sistema de autorización y regulación correspondiente.

Sí existen productos específicos cuya autorización ha sido cancelada. En documentación oficial del SAG aparece, por ejemplo, el producto Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato, dentro de listados de productos cancelados, con una fecha límite de autorización indicada para 2024. Esto debe diferenciarse de una prohibición general del principio activo en todo el territorio nacional.

El problema ambiental asociado al uso de herbicidas tampoco puede reducirse exclusivamente a una disputa judicial. La discusión involucra la calidad del suelo, contaminación y escorrentía hacia cuerpos de agua, biodiversidad, organismos no objetivo, exposición ocupacional y efectos derivados del uso repetido de productos químicos en sistemas agrícolas.

Incluso la propia EPA reconoce que el uso de glifosato puede generar riesgos ecológicos para determinados organismos no objetivo, particularmente plantas que pueden verse afectadas por la deriva de las aplicaciones.

Por eso, una discusión ambiental responsable debe formular preguntas que van más allá de si una organización de consumidores ganó o perdió una demanda: ¿cuánto glifosato se utiliza en Chile?, ¿en qué territorios?, ¿qué trabajadores están expuestos?, ¿qué mecanismos de protección existen?, ¿qué ocurre con la deriva de las aplicaciones?, ¿qué concentraciones pueden llegar a cursos de agua?, ¿qué impacto tiene su uso reiterado sobre los ecosistemas? y qué alternativas permiten reducir la dependencia de herbicidas químicos?

La resolución de la Corte Suprema constituye, por tanto, un resultado judicial desfavorable para ODECU en esta causa específica, pero no puede ser presentada como una resolución científica internacional sobre la seguridad del glifosato.

La diferencia entre ambas cuestiones es esencial: los tribunales determinan responsabilidades jurídicas a partir de las pruebas y normas aplicables a un caso concreto; los organismos científicos evalúan la evidencia disponible sobre peligros, exposición y riesgos para la salud y el medioambiente.

Por ello, decir que la Corte Suprema “desmintió” los cuestionamientos científicos contra el glifosato sería incorrecto. Lo que efectivamente ocurrió es que la demanda colectiva de ODECU no logró superar los requisitos jurídicos y probatorios exigidos en el proceso chileno.

La controversia científica, ambiental y sanitaria, en cambio, continúa. Mientras distintos organismos mantienen posiciones regulatorias diferentes, nuevas investigaciones siguen siendo evaluadas internacionalmente. El proceso judicial terminó, pero el debate sobre los impactos del glifosato no.

Desde una perspectiva medioambiental, el desafío es precisamente evitar que una sentencia judicial sea utilizada como argumento para cerrar una discusión que continúa desarrollándose en laboratorios, universidades, organismos regulatorios y comunidades agrícolas. Una derrota judicial no equivale a una certificación de inocuidad ambiental, del mismo modo que una clasificación de peligro potencial tampoco significa que toda exposición produzca necesariamente una enfermedad.

El caso demuestra, finalmente, la necesidad de fortalecer en Chile la fiscalización, transparencia de los registros de plaguicidas, protección de trabajadores agrícolas, monitoreo ambiental y acceso público a información sobre el uso de sustancias químicas, especialmente en territorios donde la agricultura intensiva forma parte de la actividad económica cotidiana.

Porque la pregunta ambiental no debería limitarse a quién ganó o perdió un juicio. También debería preguntarse qué sustancias estamos liberando en nuestros ecosistemas, cuánto utilizamos, quiénes están expuestos y qué alternativas existen para avanzar hacia una agricultura que reduzca progresivamente su dependencia de agroquímicos.

Fuentes de la información:

• 2015: IARC/OMS clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2A).
• 2025: estudio del Global Glyphosate Study encontró efectos carcinogénicos en ratas expuestas a glifosato y formulaciones comerciales.
• 2026: ECHA comenzó a revisar los nuevos antecedentes científicos sobre carcinogenicidad.
• US$7.250 millones: monto del acuerdo colectivo propuesto por Bayer en EE.UU. en 2026.
• €9.600 millones: provisiones/pasivos de Bayer asociados a litigios por glifosato, según información comunicada por la propia empresa.