Por Anabel Pomar

Cobertura colaborativa entre Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva 

En una audiencia cargada de expectativa, y en un fallo favorable para el agronegocio, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues Da Cruz, absolvieron a los siete productores acusados por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino. Argumentaron que los hechos imputados a cada uno de ellos no fueron debidamente acreditados. Resolvieron condenar solamente a dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, a cargo de fiscalizar las pulverizaciones con agroquímicos en esa localidad bonaerense. Sabrina Ortiz, víctima y denunciante, fue clara: “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigarnos. No hay que quebrarse ante tanta impunidad”.

Los jueces, con ese fallo del 25 de junio, cuyos fundamentos serán leídos el 10 de agosto, y que puede ser apelado, le dieron la razón a siete de los nueve imputados. Todos los acusados relacionados directamente con la actividad agro-venenosa: Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada, fueron absueltos.

Ortiz aseguró tras conocerse la sentencia: “Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces que vive enfrente de mi casa y está probado. Esta es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que eso se logre, para que dejen de enfermarnos para siempre”.

El tribunal, que se despegó de su responsabilidad de tutelar derechos consagrados por la Constitución Nacional y de ejercer su tarea de control de otros poderes del Estado, basó sus absoluciones en argumentos que incluyeron, a modo de justificación, que si bien los daños a la salud y al ambiente existieron, no es el ámbito penal adecuado para dirimir, entre otros señalamientos, “si los metros de exclusión son insuficientes para cuidar la salud, o si las sustancias que se aplican son malas o no deberían autorizarse”, sino que eso debe ser atendido por los legisladores o los políticos responsables en otros ámbitos y lugares. “Un juez penal no está acá como un superhéroe para darle respuestas a lo que pide la sociedad sino para aplicar la ley”, se lo escuchó decir a Lanzón en una de las frases más descarnadas para las víctimas que lloran a sus familiares muertos y que hace década piden justicia.

Sobre las protecciones, medidas cautelares dictadas para alejar los venenos de las personas, el fallo estableció que queden vigentes hasta tanto el veredicto quede firme, pero se negaron a extender esas protecciones a más pueblos o escuelas rurales del municipio de Pergamino o a convertirlas en definitivas, como había solicitado la acusación. Otra vez, los jueces tiraron la pelota a otros lados: “Es el fuero civil y el municipio y las autoridades provinciales quienes deben hacer eso”.

“Entendemos que varios de los acusados no se comportaron bien con sus vecinos, pero somos jueces penales, aplicamos la ley, no la moral”, dijo el juez y, según su mirada, ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) ni la querella pudieron acreditar con suficiente evidencia las pruebas de los hechos denunciados. “El derecho penal no habrá de solucionar lo que necesita la protección del ambiente. No tomamos decisiones políticas para eso están nuestros representantes políticos”, se excusaron los jueces.

Además de condenar en el acto a los funcionarios, a dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y realizar dos horas de tareas ad-honorem semanales “de reparación” en áreas de salud o de protección del medio ambiente, y cobrarles una tasa de 4700 pesos, el juez Lanzón anunció que solicitó al MPF y al Juzgado de San Nicolás que investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y el de otros funcionarios involucrados en el cuidado de la salud y el ambiente, por entender que no fue eso ni atendido, ni garantizado, de modo adecuado, poniendo en riesgo la salud de la población, durante el lustro de las actuaciones de Tocalini y Naranjo, y que esos funcionarios son el eslabón más bajo de la cadena de responsables de fiscalizar.

“Ha quedado probado que existieron innumerables alertas que no fueron atendidas por esos funcionarios”, aseguró el juez y afirmó también que ha quedado acreditado que no existió ni prevención y control, que no fueron suficientes las acciones, que los funcionarios se quedaron a mitad de camino, justificándose por no hacerlo. “Tenían idoneidad y, sin embargo, no actuaron del modo que se requería” sosteniendo eso como una práctica habitual y constatada de eludir el control especifico y adecuado. Esas acciones, siempre según lo comunicado por el tribunal, contribuyeron para que no existan pruebas que podrían haber contribuido a saber con certeza si los hechos por los que llegaron a juicio Roces y Cortese fueron cometidos, “lo que no pudo acreditarse aquí” y motivó la absolución.

Ayer, en la audiencia del 24 de junio, los acusados tuvieron espacio para decir unas últimas palabras. Todos, menos Mario Roces, optaron por hacer uso de ese derecho. Las palabras elegidas, casi las mismas, para señalar la inocencia, la honestidad y el mal trago de pasar por este juicio, hostigados por la prensa, o atrapados en una guerra de ambientalistas contra el agronegocio. Algunos agradecimientos al tribunal y hubo un “estamos en sus manos”, generalizado. Ninguna palabra para las víctimas porque ellos, los acusados, eligieron ponerse en ese lugar. Marcaron lo que perdieron, socialmente o económicamente y el destrato a ellos o a sus familiares por el hecho de estar acusados o involucrados en ese litigio.

El veredicto tampoco otorgó lo que las verdaderas víctimas merecían: justicia. Los acusados dejaron todo en manos de ese tribunal, que ha dejado en claro que hoy, no los defraudó.

Desde la fiscalía de Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la acusación, le confirmaron a Agencia Tierra Viva que apelarán e irán a Casación. La causa (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento), inició en 2018 y no termina hoy con este veredicto.

“Desde el punto de vista técnico no encontramos explicaciones a esta sentencia”, afirmó el abogado de la querella, Carlos González Quintana, que aseguró no está todo terminado. Rodeada de familiares, amigos y referentes de la lucha por la defensa de la tierra, Sabrina Ortiz, con su pequeño hijo en brazos, así lo confirma. A pesar del trago amargo y el golpe que significa ese fallo del tribunal que tanto deja en deuda: confirmó que apelarán y seguirá la lucha hasta que dejen de fumigar con agrotóxicos.

Edición: Darío Aranda.

Chile es el segundo mayor productor de salmón de cultivo del mundo, una industria que genera miles de millones de dólares en exportaciones cada año. Sin embargo, detrás de esas cifras existe un modelo productivo que enfrenta crecientes cuestionamientos tanto por sus impactos ambientales como por los riesgos que enfrentan quienes desarrollan labores en centros de cultivo, embarcaciones y faenas marítimas.

Durante 2026, una serie de accidentes fatales volvió a instalar el debate sobre las condiciones en que opera el sector. Entre las víctimas se encuentran buzos, tripulantes y trabajadores embarcados que prestaban servicios para empresas contratistas ligadas a centros de cultivo. El hundimiento del catamarán Koñimo I, que dejó seis fallecidos, junto con otros accidentes registrados en Aysén, Melinka y el estuario del Reloncaví, evidencian una preocupante sucesión de tragedias.

Los hechos han abierto interrogantes respecto de la eficacia de las medidas preventivas y del cumplimiento de los estándares de seguridad que la industria declara aplicar. Para diversos especialistas en seguridad laboral, la reiteración de accidentes graves constituye una señal que obliga a revisar los mecanismos de control, supervisión y fiscalización en una actividad desarrollada bajo condiciones climáticas extremas y de alta complejidad operacional.

El costo oculto de alimentar millones de salmones

Mientras las cifras de producción continúan creciendo, también aumenta la presión sobre los ecosistemas marinos.

Uno de los aspectos más cuestionados es la enorme demanda de harina y aceite de pescado, insumos esenciales para la alimentación de los salmones cultivados.

Para producir estos alimentos se capturan millones de toneladas de peces pelágicos, como anchovetas, sardinas y otras especies que constituyen la base de la cadena trófica marina. La extracción intensiva de esta biomasa reduce la disponibilidad de alimento para aves marinas, mamíferos marinos, peces depredadores y numerosas especies que dependen de estos recursos para mantener el equilibrio ecológico del océano.

Especialistas en conservación advierten que utilizar peces silvestres para alimentar una especie introducida genera una fuerte presión sobre pesquerías que ya enfrentan escenarios de sobreexplotación y disminución de sus poblaciones.

Fondos marinos degradados

A la demanda de biomasa pesquera se suma el impacto directo que generan los centros de cultivo.

Miles de toneladas de fecas, restos de alimento y materia orgánica son liberadas cada año bajo las balsas-jaula, provocando procesos de eutrofización, disminución del oxígeno disuelto y la degradación del fondo marino.

Diversas investigaciones han documentado la pérdida de biodiversidad bentónica y la formación de áreas con severa alteración ecológica en sectores donde la actividad salmonera se ha mantenido durante largos períodos.

Antibióticos y especies invasoras

Otro foco de preocupación continúa siendo el elevado uso de antibióticos para enfrentar enfermedades bacterianas en los centros de cultivo.

A ello se suman los escapes recurrentes de salmones, especie exótica que puede competir por alimento con peces nativos, depredar fauna local y alterar ecosistemas fluviales y marinos donde logra establecerse.

Patagonia: un patrimonio natural bajo presión

La expansión de la salmonicultura ha alcanzado algunos de los ecosistemas más biodiversos y prístinos del planeta.

Fiordos, canales y áreas cercanas a parques nacionales continúan siendo escenario de una actividad industrial que organizaciones ambientales consideran incompatible con los objetivos de conservación de la Patagonia chilena.

Los impactos acumulativos incluyen contaminación orgánica, ruido submarino, tránsito permanente de embarcaciones, alteración de hábitats y una creciente presión sobre especies emblemáticas como ballenas, delfines, lobos marinos y aves oceánicas.

Un debate que trasciende la producción

Las muertes registradas durante este año vuelven a recordar que detrás de la industria salmonera no solo existe una discusión económica.

El modelo también enfrenta cuestionamientos por el costo ambiental que implica transformar millones de toneladas de peces silvestres en alimento para salmones de cultivo, por los efectos acumulativos sobre ecosistemas únicos a nivel mundial y por las condiciones de seguridad que continúan cobrando vidas humanas.

Mientras la industria sostiene que opera bajo estándares internacionales, la repetición de accidentes fatales y la evidencia científica sobre los impactos ecológicos mantienen abierto un debate cada vez más urgente: ¿puede considerarse sustentable un modelo que continúa comprometiendo tanto la biodiversidad marina como la seguridad de quienes trabajan en ella?

Editor.

Origen y antecedentes 

El concepto de soberanía alimentaria —extendido globalmente— no se originó en los ámbitos académicos, aunque éstos lo han adoptado para sus estudios. En tanto concepto nativo, está lejos de responder a una definición precisa, exhaustiva y excluyente, destacándose por su dinamismo. Es decir, emerge como resultante de un proceso de construcción colectiva, participativa, popular y progresiva que resguarda a las organizaciones campesinas de las políticas agrarias neoliberales. En su proceso histórico ha sido apropiado –en instancias sociales, institucionales y de gobernanza—, adquiriendo, en muchos casos, carácter normativo respecto a las políticas agrarias y alimentarias.

El concepto fue lanzado por las organizaciones de la sociedad civil en 1996. Particularmente, el movimiento social internacional Vía Campesina —compuesto por más de 200 millones de miembros nucleados en 182 organizaciones distribuidas en 81 países, representa a campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres y jóvenes del campo, indígenas, sin tierra y trabajadores agrícolas— lo incorporó al debate público en el Foro de la Organización de la Sociedad Civil de Roma. La declaración final de este foro, Beneficio para pocos o comida para todos, fue presentada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO ese mismo año.

El concepto surgió como una réplica de las organizaciones campesinas frente a las presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC, creada en 1995) sobre las políticas agrícolas y agroalimentarias para liberar el mercado y eliminar las barreras proteccionistas nacionales. En este contexto, la soberanía alimentaria proporcionaba una alternativa frente al neoliberalismo y la globalización, y se propuso como respuesta superadora al término seguridad alimentaria. Este último había ganado protagonismo dentro de la comunidad internacional en la década de 1970 en su interés por garantizar el derecho a la alimentación —incluido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948— y por revitalizar las discusiones sobre el hambre, la pobreza y la brecha entre ricos y pobres. Un aporte significativo al debate había provenido del brasileño Josué de Castro quien, elegido presidente del Consejo de la FAO en 1952, consolidó —en base a su obra Geografía del hambre traducida a más de 40 idiomas— la idea de que el hambre constituía un problema social, resultante de la forma de organización social de la producción y la distribución de los alimentos. Para ello demostró que en Brasil había más hambre en las regiones de mayor productividad de alimentos que en las de menor productividad.

En base a estos antecedentes, en 1975, la FAO definió a la seguridad alimentaria como la “Capacidad en todo momento de aprovisionar a todo el mundo con productos básicos, de modo que se pueda sostener un crecimiento del consumo alimentario, soportando las fluctuaciones y los precios.” (Gordillo, 2013, p. 2). De este modo, con cierta ambigüedad, se la asociaba con la posibilidad de asegurar la disponibilidad de comida, no poniendo en discusión dónde, quién y en qué condiciones la producía. De allí que, para La Vía Campesina, el sentido que la OMC le atribuía a la seguridad alimentaria no orientaba las acciones urgentes que la gravedad de la situación requería. La organización entendía, y aún entiende, que la crisis alimentaria no respondía a una falta de productividad, ya que la producción global superaba las necesidades (ETC GROUP, 2017, p. 15). En otras palabras, el problema no era de disponibilidad de alimentos sino de accesibilidad. El problema radicaba en cómo y quiénes tomaban las decisiones sobre los sistemas agroalimentarios.

Consolidación de una lucha colectiva

Desde su lanzamiento, el concepto se ha vuelto una referencia insoslayable en el discurso sobre las problemáticas alimentarias, en particular entre los movimientos sociales, y se ha enriquecido a la par de la celebración de varios eventos mundiales y regionales. Un hito en la evolución ocurrió en 2007, a raíz de la conferencia mundial de soberanía alimentaria realizada en Mali. En tal ocasión se consolidó, de la mano de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y La Vía Campesina, una gran alianza con otros movimientos sociales (de pescadores, pastores, mujeres del campo y de ciudad, consumidores, ambientalistas, nutricionistas, investigadores, científicos, movimientos de salud pública) y con gobiernos progresistas, los que construyeron colectivamente un nuevo entendimiento sobre soberanía alimentaria. Allí nació el Foro Internacional de Nyéléni —principal plataforma y punto de referencia internacional para los debates—, el cual la definió como:

el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas (Nyéléni – Vía Campesina, 2006).

El CIP (Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria) —una red de más de 2.000 ONGs y Movimientos Sociales emanados de un proceso internacional de consulta de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1996— incorporó a esa definición un matiz:  soberanía alimentaria “es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas” (Windfuhr y Jonsén, 2005, p. 13).  

En diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales. Poco antes, había asociado la soberanía alimentaria a los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En cuanto a su cristalización normativa, Ecuador fue el primer país en reconocer, en 2008, la soberanía Alimentaria en su Constitución. Desde entonces, otros países han seguido  ejemplo, incluyendo Senegal, Mali, Bolivia, Nepal, Venezuela y, el más reciente de todos, Egipto (2014). Esta incorporación legal significa que los Estados deben desarrollar políticas públicas tendientes a su materialización. En el caso de la Argentina, sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena (N° 27.118), que en su artículo 1° explicita: “Declárese de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”.

Agenda programática

La agenda programática de la soberanía alimentaria comprende la promoción de mercados justos, solidarios y de cercanía; el uso de técnicas productivas tradicionales que respeten la biodiversidad productiva y cultural; y la prioridad a la producción agrícola local de base familiar para alimentar a la población. En abierto desafío a los sistemas de producción basados en cadenas y al modelo de agronegocios, alienta diversas formas de organización de productores y consumidores ancladas en redes locales. También impulsa el desarrollo de la agroecología, herramienta teórica y práctica que motiva la creación de escuelas e institutos educativos y experimentales en todo el mundo, y la participación comunitaria en las instancias de producción, elección y acceso a la información acerca de qué y cómo producir, y consumir. Por ejemplo, muestra especial interés por la divulgación de información sobre las consecuencias ambientales y sanitarias negativas del uso intensivo de los agrotóxicos.

Dentro de las acciones y políticas programáticas que se engloban en el marco de la soberanía alimentaria podemos resaltar el acceso a los recursos esenciales: tierra, agua de riego, semillas y tecnología apropiada. La posibilidad de llevar adelante sistemas alternativos de producción supone un acceso amplio y equitativo a la tierra y otros recursos naturales, respetando su función social.  Asimismo, la presión de las corporaciones para avanzar en la privatización de las semillas y el material genético ha devenido en otra reivindicación: la defensa del derecho a las semillas, en base a la premisa de que éstas constituyen un patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad.

Estas ideas traen al centro del debate la importancia de los sistemas de producción campesinos y de agricultura familiar. De hecho, los campesinos son los principales proveedores de alimentos para más del 70% de la población mundial y producen esta comida con menos del 25% de los recursos (agua, suelo, combustibles, etc.). En contraste, la cadena alimentaria agroindustrial utiliza más del 75% de los recursos, genera las principales emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y provee de comida a menos del 30% de la población mundial (ETC GROUP, 2017).

El proceso de reconocimiento formal del rol de la Agricultura Familiar en la lucha contra el hambre puede verificarse en el impulso que la FAO le dio con la declaración del año internacional de la Agricultura Familiar en 2014 y el Decenio de la Agricultura Familiar entre 2018 y 2027. La Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales establece en su artículo 15 que:

Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Éste engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura.

Pero la dinámica de los sistemas agroalimentarios continúa en tensión y disputa. De allí que los movimientos populares, y particularmente la Vía Campesina, articulen su estrategia en el plano de la gobernanza y en el de la movilización, a fin de sostener en agenda y sensibilizar a más sectores de la sociedad. Para crear conciencia, el 16 de octubre, que coincide con el día internacional de la alimentación para la FAO, fue proclamado como día internacional de la soberanía alimentaria.

Soberanía alimentaria y agroecología

Tal como se ha mencionado, la propuesta de soberanía alimentaria va de la mano con la agroecología y su promoción, destacando los siguientes valores / acciones:

La protección y desarrollo del mercado local, promoviendo mercados de cercanía y garantizando una política de precios acordes a los costos de producción para garantizar el nivel de vida adecuado de los productores y el acceso a los alimentos de los consumidores.

 La participación de los campesinos en la construcción e implementación de las políticas agrarias, así como de los consumidores y la población en general en la elaboración de las políticas de acceso y comercio de los alimentos

El límite al tamaño máximo de la propiedad y posesión de la tierra; y garantizar el principio del provecho de toda sociedad sobre los bienes de la naturaleza, agua, y biodiversidad.

La reformulación del papel del Estado para que él ordene el proceso de soberanía alimentaria, garantizando su producción y distribución en todas las regiones del país. Control directo del gobierno sobre el comercio exterior (importación/exportación) de alimentos y sobre las tasas de interés y de cambio. Implementar un amplio programa de pequeñas y medianas agroindustrias instaladas en todos los municipios del país, en la forma de cooperativa.

La garantía de stocks reguladores de alimentos saludables, por parte del estado, para garantizar el acceso a toda la población.

La Garantía sobre el libre uso, conocimiento y mejoramiento de las semillas de parte de toda la población y especialmente de las familias campesinas, la biodiversidad y la diversidad de especies y variedades.

La soberanía alimentaria, como concepto, termina de adquirir su significado en cada comunidad, cada municipio, cada región y cada pueblo. Cada uno detenta el derecho y el deber de producir sus propios alimentos. Siendo la soberanía alimentaria construida a partir de la soberanía popular, es absolutamente incompatible con cualquier estrategia que intente colocar los intereses privados de lucro por sobre los intereses de la población.

América Latina es la región más desigual del mundo, con mayor concentración de la tierra. Sólo pensemos que, según OXFAM (2016) el 1 % de los propietarios concentra más de la mitad de la superficie agrícola. Dicha situación, agravada por el avance del capital financiero sobre las economías y los bienes comunes, impone la transformación de los alimentos en una mercancía cuyo objetivo no es alimentar sino maximizar el lucro y la acumulación de capital. De allí que se erija el imperativo de lograr cambios radicales en los sistemas agroalimentarios, que incluyan una reforma agraria popular que democratice la tierra y ponga en el centro los mercados locales y de cercanía y otras dinámicas de comercio justo en las cuales el objetivo primordial sea la obtención de alimentos sanos a precios justos para todos y todas. Esto requeriría de una gran alianza social y política, urbana y rural, que pueda enfrentar los intereses concentrados y corporativos. La soberanía alimentaria entonces necesariamente demanda una transformación estructural, económica social y política que priorice el derecho a la alimentación por sobre la propiedad privada.

Por: Diego Monton

Luego de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS revisara cientos de artículos científicos y que a partir de ello declarara en 2015 que el glifosato es cancerígeno en animales y probablemente en humanos, se ha publicado un volumen importante de artículos científicos que lo confirman y que agregan otros aspectos.

Un estudio canadiense publicado en 2022 estudia la asociación de enfermedades neurológicas y siquiátricas con la disrupción de la flora intestinal en humanos debido al glifosato, disrupción que además tendría impactos intergeneracionales. Es un enfoque nuevo que plantea resultados muy preocupantes. Se interroga sobre los impactos de la alteración a largo plazo de la relación saludable del eje intestino-cerebro-microbioma y la persistencia de estas alteraciones en generaciones siguientes ( Barnett et al).

Otro estudio señala que, además de los efectos ya conocidos de disrupción hormonal, la presencia de residuos de glifosato y/o sus metabolitos en mujeres en periodo de post-menopausia se asocia a la metilación de ADN, una alteración molecular que puede causar cáncer y acelerar el envejecimiento celular ( Lucia et al, 2022).

En el caso de las abejas, además de los impactos conocidos de muerte en las colmenas por deriva de agrotóxicos, dos estudios publicados en 2022 encontraron que el glifosato produce desregulación del sistema inmune de las abejas. Ya se había notado lo mismo en ratas de laboratorio. Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas encontró que, al igual que con los antibióticos, el glifosato mata parte de la flora intestinal de las abejas, lo cual debilita su sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades ( Motta et al, 2022).

Otro estudio de investigadores de universidades de Canadá analizó el efecto del glifosato y otros herbicidas, fungicidas y plaguicidas, que afectan tanto a abejas como a otros insectos que entran en contacto con esos agrotóxicos por su presencia en plantas y suelos. Encuentran que esto deteriora seriamente la microbiota de insectos y animales, además de disminuir la presencia de microbios benéficos en suelos y ambiente ( Daisley et al, 2022).

En estos y otros estudios, hay mucha preocupación por la devastación de la diversidad microbiana debido a los agrotóxicos, algo que otras investigaciones han comprobado en seres humanos, derivando en mayor vulnerabilidad inmunológica.

Por su parte, un estudio finlandés mostró que los residuos de glifosato presentes en el suelo afectan la producción de fitohormonas de cultivos no-objetivo, alterando su rendimiento y defensas naturales ( Fuchs et al, 2022).

El glifosato es el agrotóxico más usado de la historia de la humanidad, ya que además de la agricultura las empresas promovieron su uso en jardinería, en parques y bordes de caminos y carreteras, entre otros usos, lo cual aumentó su diseminación geográfica y la presencia de residuos en suelos y fuentes de agua. Pero el aumento exponencial del uso se debe a los cultivos transgénicos, que en su casi totalidad son tolerantes a este herbicida, ahora en conjunto con varios otros agroquímicos de gran toxicidad, debido a que el uso intensivo generó resistencia en más de 250 plantas invasoras, lo cual llevó a las empresas a adosarle cada vez más sustancias de alto riesgo.

Lo que explica esta escalada tóxica, con enormes consecuencias negativas en la salud de todas y todos, en las plantas, animales y ecosistemas, es que son unas pocas empresas trasnacionales las que dominan más de dos terceras partes del mercado global de semillas y agrotóxicos. Pese a que la agricultura sin químicos es viable, más sana y más nutritiva, consiguieron imponer el uso de tóxicos y generar dependencia de los agricultores industriales, medianos y hasta chicos, con la connivencia y apoyo de gobiernos. En México existe un decreto, limitado, pero que al menos exhorta a la eliminación del uso de glifosato para 2024. Pese a las maniobras y falsedades de las empresas de venenos y sus representantes como Proccyt, que defienden sus ganancias a costa de la salud de todos, es imprescindible avanzar hacia una agricultura sin agrotóxicos y sin dependencia de las trasnacionales.

Por: La Jornada