Las semillas no comienzan ni terminan en un saco comercial. Mucho antes de convertirse en un producto agrícola, son parte de una historia construida durante generaciones por campesinas, campesinos, comunidades indígenas y familias agricultoras que han seleccionado, guardado, reproducido e intercambiado variedades adaptadas a sus territorios.

Por eso, hablar de una regulación de semillas significa también hablar de soberanía alimentaria, biodiversidad, cultura campesina y derecho de las comunidades a conservar y reproducir sus propios recursos genéticos.

El Decreto Ley N.º 1.764, promulgado en 1977, establece que la investigación, producción y comercio de semillas deben regirse por sus disposiciones. Su estructura está orientada principalmente a ordenar el sistema semillero, establecer registros, regular la producción, certificación y comercialización, y fijar mecanismos de fiscalización.

El problema aparece cuando este marco se observa desde la realidad de la agricultura familiar campesina.

Una norma pensada desde el mercado

Uno de los aspectos más cuestionables del decreto es que su lenguaje y estructura están construidos alrededor de conceptos como producción, certificación, pureza varietal, registros, comercialización y control.

La propia norma define la semilla certificada en función de un proceso supervisado que garantiza identidad y pureza varietal, mientras que establece también una categoría de semilla corriente sujeta a requisitos establecidos por reglamentos.

Esta mirada puede resultar insuficiente cuando se aplica a las semillas tradicionales.

Las semillas campesinas no necesariamente responden a los mismos criterios de uniformidad, estabilidad y homogeneidad que caracterizan a una variedad desarrollada bajo esquemas convencionales de mejoramiento. Su riqueza está precisamente en su diversidad genética y en su capacidad de adaptación a condiciones locales.

Desde una perspectiva agroecológica, esa diversidad no constituye una imperfección que deba ser corregida: es una fortaleza frente al cambio climático, las sequías, nuevas plagas, enfermedades y transformaciones de los territorios.

Otro punto crítico se encuentra en las disposiciones relativas a la transferencia y comercialización.

El artículo 24 establece que solamente podrán transferirse y comercializarse como semillas aquellas que cumplan los requisitos establecidos por el decreto ley y su reglamento. A ello se suma que toda semilla transferida debe ser envasada y acompañada de una etiqueta que describa y garantice su contenido.

Desde la lógica de una organización comercial, estas exigencias pueden parecer razonables.

Pero desde la realidad campesina surge otra pregunta:

¿Qué ocurre cuando una semilla no circula como mercancía, sino como conocimiento, patrimonio y herramienta de reproducción de la vida?

El intercambio de semillas entre familias, comunidades y territorios forma parte de prácticas ancestrales como el trafkintu, el trueque, la donación y las redes comunitarias de conservación.

Estas prácticas permiten que una semilla pase de una generación a otra, se adapte a nuevos territorios y mantenga viva una diversidad que difícilmente podría ser conservada solamente mediante bancos o registros institucionales.

MAELA ha planteado precisamente la necesidad de rescatar, valorizar y divulgar los conocimientos locales relacionados con la conservación y manejo de semillas nativas, además de fomentar la agricultura ecológica familiar campesina y los mercados locales de intercambio.

Cuando la diversidad campesina no cabe en una categoría comercial

El Decreto Ley 1.764 establece además registros de productores y mecanismos de certificación. El Ministerio de Agricultura aparece como responsable de establecer normas de certificación y supervisar el proceso.

Aquí aparece una de las principales tensiones.

Una semilla campesina puede tener distintos nombres locales, presentar variaciones entre poblaciones y ser resultado de una selección realizada durante décadas por familias agricultoras.

Su valor no necesariamente reside en responder a un estándar de homogeneidad, sino precisamente en conservar una diversidad genética que permite la adaptación local.

En 2024, una resolución del Ministerio de Agricultura reconoció explícitamente la existencia de las semillas tradicionales y su contribución a sistemas alimentarios sustentables. El mismo documento reconoce que estas semillas son mantenidas por guardadoras, guardadores, campesinas, campesinos y pequeños productores, y destaca su diversidad y adaptación local.

El reconocimiento es relevante porque demuestra que existe una realidad que durante décadas no estuvo suficientemente reflejada en la legislación semillera.

La semilla también es memoria

Para la agroecología, defender las semillas no significa solamente defender una variedad vegetal.

Significa defender saberes, territorios y formas de vida.

Cada semilla criolla puede contener una historia: quién la cultivó, dónde fue seleccionada, qué características buscó una familia campesina, qué condiciones climáticas soportó y qué alimentos permitió llevar a la mesa.

Por eso, cuando desaparece una semilla también puede desaparecer una parte del conocimiento asociado a ella.

MAELA sostiene que la pérdida del control comunitario sobre los recursos naturales y productivos entre ellos las semillas debilita la soberanía alimentaria. Su propuesta apunta, en cambio, a fortalecer el control local sobre la tierra, el agua y las semillas, junto con circuitos locales de producción e intercambio.

El problema no está necesariamente en establecer normas que garanticen que una persona que compra una semilla comercial reciba un producto de calidad.

El problema aparece cuando las mismas lógicas y exigencias diseñadas para ordenar un mercado son aplicadas, directa o indirectamente, sobre prácticas campesinas que no funcionan bajo una lógica industrial.

Registros, certificaciones, etiquetado, controles, requisitos técnicos y eventuales sanciones pueden representar una carga significativamente mayor para una familia agricultora que para una empresa especializada.

El propio decreto contempla multas, comisos y sanciones para quienes produzcan o comercialicen semillas incumpliendo sus disposiciones.

Desde una perspectiva de justicia rural, esto plantea una cuestión que no debería quedar fuera del debate:

¿Puede una pequeña agricultora ser tratada bajo los mismos criterios que una empresa dedicada a la producción y comercialización masiva de semillas?

Una regulación socialmente justa debería reconocer las diferencias entre ambos mundos.

El peligro de perder soberanía sobre la semilla

La discusión también se conecta con el debate internacional sobre propiedad intelectual y derechos sobre variedades vegetales.

Desde el movimiento agroecológico latinoamericano existe una preocupación histórica frente a la tendencia a convertir los recursos genéticos en mercancías y concentrar su control en actores económicos con mayor capacidad tecnológica y financiera.

MAELA ha advertido sobre los efectos que pueden producir las políticas que favorecen la concentración de los recursos productivos y ha defendido el derecho de las comunidades a utilizar, gestionar y controlar recursos locales como la tierra, el agua y las semillas.

En Chile, esta discusión también estuvo vinculada al debate sobre UPOV 91, tratado que fortaleció los derechos de los obtentores vegetales y que fue objeto de fuertes cuestionamientos desde organizaciones campesinas y sociales por sus posibles efectos sobre el uso y reproducción de semillas.

Para una agricultura familiar que históricamente ha basado parte de su autonomía en guardar semillas de una temporada para otra, cualquier avance hacia sistemas que aumenten la dependencia de semillas comerciales puede traducirse también en mayores costos y menor autonomía productiva.

Desde una perspectiva agroecológica, el desafío para Chile no debería consistir solamente en mejorar la regulación del mercado de semillas.

El desafío mayor es construir un marco que reconozca que existen dos realidades que deben ser diferenciadas.

Por una parte, está el mercado de semillas comerciales, donde resulta legítimo establecer mecanismos de información, calidad y protección para quienes compran.

Por otra, está el mundo de las semillas nativas, criollas y tradicionales, sostenido por familias agricultoras, comunidades indígenas, guardianas y guardianes de semillas, huertas familiares y organizaciones campesinas.

Ambos espacios requieren reglas, pero no necesariamente las mismas reglas.

Proteger las semillas para proteger la agricultura familiar

Una política de semillas verdaderamente orientada a la soberanía alimentaria debería reconocer explícitamente el derecho de las comunidades y familias campesinas a guardar, reproducir, seleccionar, conservar, intercambiar y utilizar sus semillas tradicionales, sin transformar esas prácticas en una actividad burocrática o económicamente inaccesible.

También debería fortalecer los bancos comunitarios de semillas, las ferias campesinas, los trafkintu y otros espacios de intercambio; promover la investigación participativa; proteger los conocimientos tradicionales y garantizar que la conservación de la biodiversidad agrícola permanezca en manos de quienes históricamente la han cuidado.

Porque una semilla no es solamente el comienzo de una cosecha.

Es también memoria, alimento, cultura, autonomía y futuro.

Y si Chile quiere avanzar hacia sistemas alimentarios más resilientes frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la concentración de los mercados agrícolas, proteger las semillas campesinas no debería ser considerado un obstáculo para el desarrollo.

Debería ser entendido como una política de soberanía alimentaria.

La pregunta, entonces, no es solamente quién puede vender una semilla.

La pregunta de fondo es mucho más profunda:

¿Quién tendrá el derecho de conservar, reproducir y decidir sobre las semillas que alimentarán a las próximas generaciones?

Entre septiembre y noviembre, cuando la primavera comienza a transformar los paisajes del sur de Chile, aparece uno de los hongos más particulares y cotizados del Reino Fungi: las morchellas, pertenecientes al género Morchella.

Su característico sombrero, semejante a un panal de abejas, las convierte en una especie fácilmente reconocible para quienes conocen el bosque. Su valor gastronómico también las ha llevado a los mercados internacionales, donde son consideradas uno de los hongos comestibles de mayor precio.

Pero detrás de este producto existe mucho más que un alimento. Las morchellas forman parte de complejas relaciones ecológicas bajo el suelo y, al mismo tiempo, constituyen una actividad complementaria para numerosas familias campesinas y recolectores rurales, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes.

Un recurso que nace en el bosque nativo

En Chile se han identificado diversas especies del género Morchella. Entre ellas se encuentran Morchella tridentina, M. aysenina, M. andinensis y M. esculenta, entre otras.

Las investigaciones realizadas durante los últimos años han permitido ampliar considerablemente el conocimiento sobre estos hongos. Lo que antiguamente se consideraba la presencia de apenas un par de especies en territorio nacional, hoy alcanza al menos 11 especies reconocidas, y los investigadores creen que podrían existir más.

Una parte importante de estas especies se encuentra asociada a bosques nativos, particularmente a ecosistemas dominados por lenga (Nothofagus pumilio) y ñirre (Nothofagus antarctica) en la Patagonia.

Y aunque para quien camina por el bosque la parte más visible sea el hongo que aparece sobre el suelo, existe una estructura mucho más extensa y fundamental que permanece oculta: el micelio, una red de filamentos que vive bajo tierra y que participa de procesos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas.

Por eso, recolectar una morchella no significa simplemente extraer un producto del bosque. Significa intervenir en un sistema vivo que todavía guarda numerosos misterios para la ciencia.

Una oportunidad para la economía familiar campesina

El valor económico de las morchellas ha convertido su recolección en una actividad relevante para las economías rurales.

Actualmente, una gran parte de la producción chilena se dirige a mercados internacionales, especialmente de Europa y Estados Unidos. Se estima que cerca del 95% de la producción se destina a la exportación, alcanzando valores elevados cuando el hongo es comercializado deshidratado.

Pero más allá de los precios internacionales, su importancia también está en la economía de pequeña escala.

La recolección puede convertirse en un ingreso complementario para las familias campesinas, especialmente durante la primavera, cuando se desarrolla la temporada de fructificación.

En sectores rurales de Aysén, por ejemplo, esta actividad ha sido desarrollada históricamente por integrantes de las familias, incluyendo mujeres y niños, convirtiéndose en una alternativa que permite aprovechar de manera tradicional los recursos que entrega el territorio.

Esta dimensión resulta especialmente importante para la agricultura familiar campesina, donde diversificar las fuentes de ingreso puede contribuir a fortalecer la permanencia de las familias en el territorio y disminuir la dependencia de una sola actividad productiva.

En Villa Ortega, Región de Aysén, incluso se realiza el Festival de la Morilla, una celebración que pone en valor este recurso y la identidad asociada a su recolección.

El desafío está en que este aprovechamiento económico no termine transformándose en una presión sobre el propio ecosistema que lo hace posible.

La creciente demanda por las morchellas hace necesario fortalecer las buenas prácticas de recolección.

Una de las principales recomendaciones es no recolectar ejemplares demasiado pequeños. Una morchella que recién comienza su desarrollo necesita tiempo para completar su ciclo.

También se recomienda utilizar canastos, que permiten una mejor ventilación y favorecen la dispersión de esporas durante el desplazamiento por el bosque.

Otra práctica señalada por recolectores experimentados es cortar el hongo y evitar arrancarlo completamente, dejando parte del pie en el suelo y cubriendo posteriormente el lugar con sustrato.

Estas acciones buscan disminuir el impacto sobre el organismo y favorecer la continuidad de los ciclos naturales.

También resulta fundamental evitar el uso de bolsas plásticas. Debido a su alto contenido de agua, los hongos pueden deteriorarse rápidamente cuando son transportados sin ventilación, convirtiéndose finalmente en un producto inutilizable.

Pero existe una recomendación aún más importante: no recolectar aquello que no se sabe identificar.

El peligro de confundir una morchella

La recolección de hongos silvestres requiere conocimiento. No todas las especies que aparecen en el bosque son comestibles y algunas pueden provocar intoxicaciones graves.

Uno de los principales riesgos es confundir una morchella con especies del género Gyromitra, conocidas como “falsas morchellas”.

Aunque pueden presentar cierta semejanza y aparecer durante la misma época del año, existen diferencias importantes entre ambos grupos. Algunas especies de Gyromitra contienen giromitrinas, sustancias tóxicas que pueden provocar graves efectos en el organismo.

Por esta razón, ante cualquier duda sobre la identificación de un hongo, la recomendación es clara: no consumirlo.

En el caso de las morchellas, además, su consumo debe realizarse después de una adecuada cocción. No se recomienda consumirlas crudas o insuficientemente cocinadas.

El conocimiento local de los recolectores, las guías especializadas y el acompañamiento de personas con experiencia pueden ser herramientas fundamentales para desarrollar esta actividad de manera segura.

El bosque no se quema para producir morchellas

Uno de los mayores peligros asociados a estos hongos es también uno de los mitos más dañinos: la creencia de que provocar incendios favorece su aparición.

Si bien en algunas regiones del hemisferio norte existen especies de morchella asociadas a ecosistemas donde el fuego forma parte de determinados ciclos ecológicos, esta situación no puede trasladarse automáticamente a los bosques nativos chilenos.

En los ecosistemas patagónicos, las morchellas forman parte de comunidades naturales mucho más complejas. Los incendios destruyen materia orgánica, microorganismos, plantas, árboles y numerosos organismos que participan en el funcionamiento del bosque.

Además, aunque después de algunos incendios pueden aparecer grandes cantidades de cuerpos fructíferos, este fenómeno puede ser temporal y no significa que el fuego sea necesario para mantener las poblaciones de morchellas.

Provocar incendios para obtener una temporada excepcional de hongos significa poner en riesgo no solamente a las morchellas, sino a todo el ecosistema.

La historia reciente de Chile registra incluso incendios provocados con este propósito, una práctica que representa una grave amenaza para los bosques y para las propias comunidades que dependen de ellos.

Las morchellas muestran que los bosques nativos pueden entregar alimentos, conocimientos y oportunidades económicas sin necesidad de destruirlos.

Su recolección responsable puede formar parte de una estrategia de diversificación de la pequeña agricultura familiar y de las economías campesinas, siempre que exista respeto por los ciclos naturales y por los conocimientos asociados al territorio.

El desafío está en avanzar hacia una mirada donde el bosque no sea entendido únicamente como una fuente de materias primas, sino como un ecosistema vivo capaz de sostener biodiversidad y comunidades humanas.

Cada morchella que llega al canasto es parte de una red mucho mayor. Bajo nuestros pies existe un mundo de micelios, microorganismos, raíces y materia orgánica que hace posible la vida del bosque.

Por eso, promover su aprovechamiento también implica proteger el lugar donde nace.

Cuidar las morchellas es cuidar el bosque. Y cuidar el bosque significa también proteger las oportunidades que sus recursos naturales pueden entregar a las familias rurales durante las próximas generaciones.

La Corte Suprema rechazó la acción luego de que ODECU no lograra acreditar, dentro de ese proceso, determinados requisitos relacionados con la existencia de un grupo de consumidores finales afectados, la relación de consumo con las empresas demandadas y los antecedentes necesarios para sustentar jurídicamente la acción colectiva. La Corte de Apelaciones de Santiago ya había confirmado en abril de 2025 el rechazo de la demanda presentada ante el 22° Juzgado Civil de Santiago.

En consecuencia, el fallo judicial no constituye una declaración científica que establezca que el glifosato sea inocuo ni que no existan investigaciones que adviertan posibles efectos adversos asociados a su exposición. Se trata de una resolución respecto de una acción judicial concreta, sus requisitos legales y la prueba aportada durante el proceso.

La diferencia es fundamental. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” (Grupo 2A). La evaluación consideró evidencia limitada de cáncer en seres humanos, evidencia suficiente en animales de experimentación y evidencia sólida relacionada con genotoxicidad.

Esta clasificación tampoco significa que toda persona expuesta al glifosato necesariamente desarrollará cáncer. La IARC evalúa principalmente el peligro potencial de una sustancia, mientras que el riesgo concreto depende de factores como la cantidad, duración, frecuencia y vía de exposición. Por ello, es necesario distinguir entre peligro y riesgo al abordar científicamente el tema.

La controversia tampoco terminó con la evaluación de 2015. Existen organismos regulatorios que han llegado a conclusiones diferentes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), por ejemplo, sostiene que el glifosato no presenta riesgos de preocupación para la salud humana bajo los usos evaluados y mantiene una posición diferente respecto de su potencial carcinogénico.

Pero durante los últimos años también han aparecido nuevos antecedentes científicos. En 2025 fue publicado el Global Glyphosate Study, una investigación de largo plazo que analizó los efectos del glifosato y de dos formulaciones comerciales de herbicidas basados en glifosato en ratas expuestas desde etapas tempranas de su desarrollo hasta las 104 semanas de vida. El estudio reportó un aumento de determinados efectos carcinogénicos y lesiones neoplásicas en animales expuestos.

Estos resultados no permiten trasladar automáticamente las conclusiones obtenidas en animales a los seres humanos, pero sí representan nueva evidencia toxicológica que debe ser considerada y evaluada. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) han continuado revisando los antecedentes científicos relacionados con el glifosato. Durante 2026, ECHA comenzó a discutir nuevos datos sobre su posible carcinogenicidad.

Otro elemento que requiere precisión es el número de demandas y acuerdos asociados a Roundup en Estados Unidos. Bayer adquirió Monsanto en 2018 y heredó miles de litigios relacionados con el herbicida. La compañía ha destinado miles de millones de dólares a acuerdos y provisiones vinculadas a estas disputas. En 2025, Bayer informó que sus provisiones y pasivos asociados a litigios por glifosato alcanzaban aproximadamente 9.600 millones de euros, dentro de un conjunto mayor de obligaciones relacionadas con el litigio de Monsanto.

En febrero de 2026, además, Bayer anunció un acuerdo colectivo propuesto en Estados Unidos por hasta US$7.250 millones para resolver reclamaciones actuales y futuras relacionadas con Roundup, sujeto a la correspondiente aprobación judicial.

Estos acuerdos tampoco pueden interpretarse automáticamente como una prueba científica de que el herbicida provoque cáncer, ya que los acuerdos judiciales responden a procesos legales y estrategias de resolución de litigios. Sin embargo, demuestran la magnitud y persistencia del conflicto judicial internacional que enfrenta la compañía.

En Chile también es necesario corregir otra afirmación que ha circulado en torno al caso. No es correcto señalar de manera general que el glifosato está prohibido en Chile. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) mantiene registros y antecedentes de distintos plaguicidas formulados con glifosato, sujetos al sistema de autorización y regulación correspondiente.

Sí existen productos específicos cuya autorización ha sido cancelada. En documentación oficial del SAG aparece, por ejemplo, el producto Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato, dentro de listados de productos cancelados, con una fecha límite de autorización indicada para 2024. Esto debe diferenciarse de una prohibición general del principio activo en todo el territorio nacional.

El problema ambiental asociado al uso de herbicidas tampoco puede reducirse exclusivamente a una disputa judicial. La discusión involucra la calidad del suelo, contaminación y escorrentía hacia cuerpos de agua, biodiversidad, organismos no objetivo, exposición ocupacional y efectos derivados del uso repetido de productos químicos en sistemas agrícolas.

Incluso la propia EPA reconoce que el uso de glifosato puede generar riesgos ecológicos para determinados organismos no objetivo, particularmente plantas que pueden verse afectadas por la deriva de las aplicaciones.

Por eso, una discusión ambiental responsable debe formular preguntas que van más allá de si una organización de consumidores ganó o perdió una demanda: ¿cuánto glifosato se utiliza en Chile?, ¿en qué territorios?, ¿qué trabajadores están expuestos?, ¿qué mecanismos de protección existen?, ¿qué ocurre con la deriva de las aplicaciones?, ¿qué concentraciones pueden llegar a cursos de agua?, ¿qué impacto tiene su uso reiterado sobre los ecosistemas? y qué alternativas permiten reducir la dependencia de herbicidas químicos?

La resolución de la Corte Suprema constituye, por tanto, un resultado judicial desfavorable para ODECU en esta causa específica, pero no puede ser presentada como una resolución científica internacional sobre la seguridad del glifosato.

La diferencia entre ambas cuestiones es esencial: los tribunales determinan responsabilidades jurídicas a partir de las pruebas y normas aplicables a un caso concreto; los organismos científicos evalúan la evidencia disponible sobre peligros, exposición y riesgos para la salud y el medioambiente.

Por ello, decir que la Corte Suprema “desmintió” los cuestionamientos científicos contra el glifosato sería incorrecto. Lo que efectivamente ocurrió es que la demanda colectiva de ODECU no logró superar los requisitos jurídicos y probatorios exigidos en el proceso chileno.

La controversia científica, ambiental y sanitaria, en cambio, continúa. Mientras distintos organismos mantienen posiciones regulatorias diferentes, nuevas investigaciones siguen siendo evaluadas internacionalmente. El proceso judicial terminó, pero el debate sobre los impactos del glifosato no.

Desde una perspectiva medioambiental, el desafío es precisamente evitar que una sentencia judicial sea utilizada como argumento para cerrar una discusión que continúa desarrollándose en laboratorios, universidades, organismos regulatorios y comunidades agrícolas. Una derrota judicial no equivale a una certificación de inocuidad ambiental, del mismo modo que una clasificación de peligro potencial tampoco significa que toda exposición produzca necesariamente una enfermedad.

El caso demuestra, finalmente, la necesidad de fortalecer en Chile la fiscalización, transparencia de los registros de plaguicidas, protección de trabajadores agrícolas, monitoreo ambiental y acceso público a información sobre el uso de sustancias químicas, especialmente en territorios donde la agricultura intensiva forma parte de la actividad económica cotidiana.

Porque la pregunta ambiental no debería limitarse a quién ganó o perdió un juicio. También debería preguntarse qué sustancias estamos liberando en nuestros ecosistemas, cuánto utilizamos, quiénes están expuestos y qué alternativas existen para avanzar hacia una agricultura que reduzca progresivamente su dependencia de agroquímicos.

Fuentes de la información:

• 2015: IARC/OMS clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2A).
• 2025: estudio del Global Glyphosate Study encontró efectos carcinogénicos en ratas expuestas a glifosato y formulaciones comerciales.
• 2026: ECHA comenzó a revisar los nuevos antecedentes científicos sobre carcinogenicidad.
• US$7.250 millones: monto del acuerdo colectivo propuesto por Bayer en EE.UU. en 2026.
• €9.600 millones: provisiones/pasivos de Bayer asociados a litigios por glifosato, según información comunicada por la propia empresa.

Los alimentos, los fertilizantes y los precios de la energía fósil se hallan estrechamente interrelacionados, de modo tal que la dependencia de los fósiles crea una triple amenaza. En primer lugar, hace que los alimentos sean vulnerables a los picos de precios. En segundo lugar, intensifica la emergencia climática y provoca sequías e inundaciones que destruyen cosechas. Y en tercer lugar, el sistema queda en manos de un puñado de corporaciones que lo controlan y obtienen ganancias desorbitantes cada vez que sobreviene una crisis.

No es un problema nuevo, pero está empeorando. Durante la pandemia del Covid-19, las interrupciones en la cadena de suministro impulsaron la suba de los alimentos. Cuando Rusia invadió Ucrania, en 2022, subieron los precios de la energía, los fertilizantes y el trigo, con el consecuente impacto en el costo de las compras. En cada una de estas instancias, millones de personas quedan a merced del hambre, sobre todo en las regiones más emprobrecidas y vulnerables del mundo.

En la actualidad, volvemos a ver este fenómeno con la erupción de la guerra en el golfo Pérsico. El precio del petróleo y de los fertilizantes ha subido un 50 % desde el inicio de la guerra; el de los alimentos todavía no se disparó, pero lo hará. Un tercio del crudo y un tercio de los fertilizantes pasan normalmente por las rutas de transporte que se encuentran bloqueadas por el conflicto. Incluso si la guerra terminara mañana, la recuperación de las cadenas de suministro llevaría meses.

Se le atribuye al shock del Covid-19 y de la guerra de Ucrania casi la mitad de todos los aumentos en el precio de los alimentos en Estados Unidos y el 35 % de los aumentos en la Unión Europea durante los últimos cinco años. Solo entre 2021 y 2022, el hambre afectó a 45 millones más de personas en todo el mundo, que no pudieron cubrir el costo de los alimentos.

Hay otro motivo por el cual los alimentos siguen encareciéndose: la crisis climática, a la que contribuye la energía fósil. En 2022, en la región del Medio Oeste de Estados Unidos y en Canadá, las sequías arruinaron las cosechas; en 2023 y 2025, en India y en el sur de Asia, las inundaciones dispararon el precio del arroz. Y la crisis climática en sí misma afecta las cosechas, lo que dificulta el cultivo de alimentos. La ironía es que los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, es decir, en esta crisis son víctima y victimario.

Un sistema diseñado para que dependamos de él

La dependencia de los combustibles fósiles no es accidental. Los gobiernos y las instituciones de financiamiento empujaron a agricultores y agricultoras a la producción de cultivos básicos para exportación con uso de agroquímicos que se fabrican a partir de combustibles fósiles. Hoy en día, los gobiernos gastan unos 800.000 millones de dólares al año para subsidiar esta agricultura de uso intensivo de químicos, mientras que la agricultura sostenible recibe apenas una fracción de esos fondos de apoyo. Los lobistas corporativos, además, destinan cientos de millones para que esto no cambie.

¿Quiénes se benefician de las crisis energéticas y alimentarias?

El lobi europeo destina al menos 343 millones de euros por año, y desde el 2020 las firmas fósiles y del agronegocio han aumentado su gasto en ese tipo de actividades de presión. Empresas como Shell y Bayer hacen la misma jugada: demorar la toma de medidas, debilitar las regulaciones, proteger las ganancias.

Este sistema dependiente de los combustibles fósiles resulta enormemente redituable para unas pocas corporaciones: son un puñado las que controlan cómo se producen, transportan y venden los alimentos. Ellas fijan el precio; nosotros y nosotras no tenemos otra alternativa que pagarlo. Y cuando se desata la crisis, sacan provecho del caos.

Durante el Covid-19 y la guerra contra Ucrania, las principales compañías de fertilizantes aumentaron los precios muy por encima de los costos reales. Las dedicadas al comercio de granos, la producción de alimentos y las minoristas hicieron lo mismo. En Estados Unidos, el 54 % del aumento de los alimentos entre 2020 y 2021 se debió a la especulación corporativa. En plena crisis del precio de los alimentos, mientras las familias tienen problemas para pagar la comida, estas corporaciones registraron ganancias récord.

Se trata de tres problemas que se alimentan mutuamente: la dependencia de los fósiles crea vulnerabilidad ante los impactos; el caos climático genera escasez de alimentos; y la concentración corporativa permite que las empresas exploten ambas circunstancias en beneficio propio. Romper con este ciclo implica reconfigurar la manera en la que cultivamos, procesamos y consumimos los alimentos.

Un sistema alimentario mejor y más asequible ya está echando raíz

Es posible construir otro sistema alimentario, uno que sea resistente a los impactos, que proteja el clima y esté en función de las personas y no de las ganancias de las empresas. En todo el mundo —desde Cuba hasta India o Francia— millones de personas que se dedican a la agricultura ya han hecho la transición hacia la agroecología, una práctica sostenible que no depende de combustibles fósiles ni de insumos químicos, sino que, por el contrario, aumenta la fertilidad del suelo de manera natural. Con esta técnica se cultivan porotos que mejoran el suelo, se rotan los cultivos y se compostan los desechos en lugar de comprar químicos.

De acuerdo con diferentes estudios, la producción agroecológica iguala o excede los rindes convencionales, puede ser redituable para quienes la practican y alimenta mejor a las comunidades. Si bien esta transición lleva tiempo, y requiere de apoyo, permite que los sistemas agrícolas resistan mejor el impacto de los precios. También queda claro que la transición es necesaria para afrontar la crisis climática. Las soluciones existen, lo que falta es voluntad política.

Qué deben hacer los gobiernos ahora mismo

Mientras se construye un mejor sistema alimentario para el futuro, los gobiernos ya disponen de las herramientas para que los alimentos sean más asequibles. Esto es lo que deberían hacer:

• Cobrarles impuestos a las corporaciones que se benefician de las crisis. Los impuestos extraordinarios a las empresas de combustibles fósiles y del agronegocio podrían reducir de inmediato los costos para quienes consumen y quienes producen alimentos.
• Poner fin a los subsidios que nos condenan a la dependencia. Se debe frenar la entrega de miles de millones en subsidios a las corporaciones fósiles y a la agricultura de uso intensivo de agroquímicos, y redirigir ese dinero a las energías renovables y la agricultura sostenible.
• Invertir en sistemas alimentarios locales y regionales que no dependan de las extensas y frágiles cadenas de suministro, vulnerables a los impactos, como se explica en el informe Alimentos con los pies en la tierra.

Si queremos estabilizar los precios de los alimentos, estos no pueden seguir dependiendo de los combustibles fósiles. De lo contrario, vamos a seguir sintiendo cada nueva crisis en el bolsillo.

Poner fin a la adicción fósil no es solo una cuestión climática: está en juego el costo de lo que comemos. Los gobiernos no cambiarán de trayectoria a menos que así lo exijamos.

Por Nicole Pita para 350.org

Traducción: Colectivo Territorio de Ideas

Por Darío Aranda

Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. «Es irrebatible lo que producen los plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente», destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.

Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.

Políticos y empresarios señalan el «modelo exitoso» del campo y publicitan las «ganancias» vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma

El estudio «Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas», publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.

La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.

«La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo», es una de las conclusiones de la investigación.

En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018. Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.

«Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas», resume Fernández.

En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.

El estudio del Instituto de Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.

La investigación alerta: «Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas».

Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido «principio precautorio» (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.

La investigación concluye: «Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de plaguicidas«.

Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad

La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.

La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.

Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.

«Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición», remarca el trabajo.

Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: «Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables».

La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): «A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática».

Fernández remarca que «los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen».

Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.

«Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades», instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los «campamentos sanitarios», de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.

En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.

La salmonicultura comenzó a desarrollarse en Chile durante la década de 1970, mediante programas de cooperación internacional que introdujeron especies exóticas como el salmón Atlántico, el salmón Coho y la trucha arcoíris. Durante las décadas de los 80 y 90, la actividad experimentó un crecimiento explosivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, convirtiendo al país en el segundo productor mundial de salmón de cultivo. Este modelo productivo se basa en miles de balsas-jaula instaladas sobre fiordos, canales y mares australes, territorios reconocidos por su enorme riqueza biológica.

Desde sus inicios, la expansión de esta industria ha estado acompañada por importantes impactos ambientales. Numerosos estudios científicos han documentado la acumulación de fecas y alimento no consumido bajo las balsas-jaula, generando procesos de hipoxia, pérdida de oxígeno y degradación del fondo marino. A ello se suma el uso intensivo de antibióticos, antiparasitarios y otros productos químicos para controlar enfermedades y mantener la producción, además de la constante presencia del piojo de mar (Caligus), uno de los principales problemas sanitarios del sector.

Uno de los episodios más graves ocurrió entre 2007 y 2009, cuando el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón) provocó la mayor crisis en la historia de la salmonicultura chilena. La enfermedad ocasionó la muerte de millones de salmones, el cierre de numerosos centros de cultivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Diversos informes concluyeron que la magnitud del desastre estuvo asociada a un modelo basado en altas densidades de peces, escasa distancia entre concesiones y deficientes condiciones de bioseguridad, evidenciando las debilidades estructurales del sistema de producción intensiva.

A pesar de las reformas implementadas tras aquella crisis, los episodios de mortalidad masiva de salmones continúan ocurriendo periódicamente debido a floraciones de algas nocivas, enfermedades, disminución del oxígeno disponible y eventos climáticos extremos. Millones de peces muertos deben ser retirados desde los centros de cultivo, situación que sigue generando preocupación por los riesgos de contaminación y por los impactos sobre los ecosistemas marinos.

Otro problema recurrente corresponde a la fuga masiva de salmones desde las balsas-jaula. Cada año se registran escapes de miles o incluso millones de ejemplares que ingresan a ríos, lagos y mares, donde actúan como especies exóticas invasoras, depredando fauna nativa, compitiendo por alimento y alterando el equilibrio ecológico de ecosistemas que evolucionaron sin la presencia de estos peces.

La producción intensiva de salmón también depende de una enorme extracción de biomasa pesquera destinada a fabricar harina y aceite de pescado, ingredientes esenciales para la alimentación de los salmones. Para ello se capturan grandes volúmenes de anchovetas, sardinas y otras especies pelágicas, aumentando la presión sobre pesquerías naturales que ya presentan señales de sobreexplotación. Diversos investigadores cuestionan la sustentabilidad de un modelo que utiliza recursos marinos silvestres para producir una especie introducida destinada principalmente a los mercados internacionales.

El desarrollo de la salmonicultura también ha estado marcado por una preocupante historia de accidentes laborales. Durante las últimas décadas, numerosos trabajadores, buzos, tripulantes y operarios han perdido la vida en labores de buceo, navegación, mantención de centros de cultivo y transporte marítimo. Las complejas condiciones climáticas del sur austral, junto con jornadas de trabajo exigentes y operaciones de alto riesgo, han motivado reiterados llamados para fortalecer la fiscalización y mejorar las condiciones de seguridad en una de las actividades más peligrosas del país.

A estos antecedentes se suma una serie de investigaciones relacionadas con corrupción e incumplimientos regulatorios. El caso más emblemático corresponde a Nova Austral, empresa investigada por manipular información ambiental, entregar antecedentes falsos sobre la mortalidad de salmones, superar los niveles de producción autorizados y ocultar impactos sobre el fondo marino en centros ubicados en la Región de Magallanes. El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos ambientales asociados a la salmonicultura chilena y puso en evidencia las falencias de los sistemas de control y fiscalización.

En paralelo, durante los últimos años también se ha cuestionado el fuerte lobby político ejercido por el sector salmonero en distintas discusiones legislativas. Organizaciones ciudadanas, académicos y comunidades costeras han advertido que diversas modificaciones normativas han tendido a favorecer la expansión de la actividad por sobre criterios ambientales y científicos.

En ese contexto, la Mega Reforma de Reconstrucción Nacional incorpora modificaciones que permitirían facilitar las denominadas «micro-relocalizaciones» de concesiones acuícolas, autorizando el traslado de centros de cultivo hasta 350 metros desde su ubicación original sin exigir una nueva evaluación ambiental integral. Diversos especialistas sostienen que esta medida permitiría trasladar los impactos de la industria hacia nuevos sectores ecológicamente sanos, incluyendo áreas cercanas a ecosistemas de alto valor para la conservación, debilitando además la capacidad de fiscalización del Estado.

La propuesta también contempla modificaciones que reducen los plazos para presentar reclamaciones ciudadanas, amplían la discrecionalidad en algunos procesos de evaluación ambiental y limitan el alcance de determinadas medidas cautelares dictadas por los tribunales ambientales, cambios que han generado preocupación respecto de la protección efectiva del patrimonio natural del país.

La industria salmonera continúa siendo uno de los principales sectores exportadores de Chile y una importante fuente de empleo para las regiones australes. Sin embargo, su historia también está marcada por crisis sanitarias, mortalidad masiva de peces, escapes de especies exóticas, contaminación de ecosistemas marinos, sobreexplotación de la biomasa pesquera, accidentes fatales de trabajadores, casos de corrupción y un permanente debate sobre la influencia del lobby empresarial en las decisiones públicas. La discusión de la Mega Reforma vuelve a instalar una pregunta de fondo: si el país avanzará hacia un modelo que fortalezca la protección de los ecosistemas marinos o si continuará profundizando un sistema productivo cuyos impactos ambientales y sociales siguen siendo objeto de amplio debate.

Sin embargo, el avance del modelo de agricultura industrial, basado en monocultivos, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos como el glifosato, continúa deteriorando este patrimonio natural, poniendo en riesgo la producción de alimentos, la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.

Un suelo vivo produce alimentos sanos

Desde la agroecología, la conservación del suelo no consiste únicamente en evitar la erosión. Significa proteger toda la vida que existe bajo nuestros pies, comprendiendo que un suelo sano es la base de una alimentación saludable.

Cuando la tierra conserva su biodiversidad y está libre de glifosato y otros agrotóxicos, es capaz de producir alimentos sanos, nutritivos y libres de venenos, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el derecho de las comunidades a decidir cómo producir y consumir sus alimentos.

Por el contrario, el uso indiscriminado de herbicidas, insecticidas y fertilizantes químicos elimina microorganismos esenciales, reduce la fertilidad natural y genera una creciente dependencia de insumos externos, debilitando la capacidad regenerativa de los territorios.

Los principios agroecológicos del MAELA

El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) sostiene que la conservación del suelo debe construirse desde una visión integral que respete los ciclos de la naturaleza y fortalezca la autonomía de las comunidades.

Entre sus principios destacan:

• Cuidar y regenerar la vida del suelo, promoviendo su fertilidad natural mediante materia orgánica y biodiversidad.
• Producir alimentos sanos, diversos y culturalmente apropiados, libres de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados.
• Proteger las semillas campesinas y nativas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
• Fortalecer la soberanía alimentaria, priorizando la producción local y el acceso a alimentos saludables.
• Respetar la biodiversidad y los ciclos naturales, evitando prácticas extractivistas que degradan los ecosistemas.
• Promover la justicia social, la equidad y la organización comunitaria, reconociendo el papel fundamental de campesinas, campesinos y pueblos originarios en el cuidado de la tierra.
• Construir sistemas agrícolas resilientes al cambio climático, reduciendo la dependencia de insumos químicos y combustibles fósiles.

Estos principios entienden el suelo no como un simple recurso económico, sino como un bien común que sostiene toda forma de vida.

La agroecología como camino hacia un futuro sostenible

La agroecología propone recuperar la fertilidad del suelo mediante prácticas como la rotación y asociación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, los cultivos de cobertura, la conservación de semillas y el manejo ecológico de la biodiversidad.

Este modelo demuestra que es posible producir alimentos suficientes sin recurrir a sustancias altamente tóxicas, restaurando los ecosistemas y fortaleciendo la economía campesina y los mercados locales.

Cuidar el suelo es cuidar la vida

En este Día Internacional de la Conservación del Suelo, el llamado es a comprender que proteger la tierra es proteger nuestra alimentación, nuestra salud y el futuro de las próximas generaciones.

Cada decisión de consumo, cada huerta agroecológica y cada productor que opta por cultivar sin glifosato ni otros agrotóxicos representa un paso hacia un modelo alimentario más justo y sustentable.

Porque sin suelo vivo no hay biodiversidad, sin biodiversidad no hay alimentos, y sin alimentos sanos no hay futuro.

Editor

En distintas regiones del país, universidades, municipios, cooperativas y organizaciones campesinas fomentan la elaboración de bioinsumos y pesticidas naturales, una alternativa que permite controlar plagas y enfermedades sin afectar la biodiversidad ni poner en riesgo la salud de las personas.

¿Qué son los pesticidas naturales?

Los pesticidas naturales son preparados elaborados a partir de plantas, minerales o ingredientes de origen natural que ayudan a repeler insectos, prevenir enfermedades y fortalecer los cultivos de manera ecológica.

A diferencia de muchos productos químicos de síntesis, estos preparados buscan mantener el equilibrio de los ecosistemas agrícolas, protegiendo insectos benéficos como las abejas y reduciendo la contaminación del suelo, el agua y los alimentos.

En la mayoría de los casos, su acción consiste en desorientar o repeler las plagas, evitando que ataquen las hortalizas, frutas o plantas medicinales presentes en huertos familiares y comunitarios.

Agricultura sustentable y buenas prácticas agrícolas

El creciente interés por la agricultura sustentable responde a la necesidad de disminuir el impacto ambiental generado por décadas de uso intensivo de plaguicidas.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) promueven sistemas productivos que protegen los recursos naturales, mejoran la salud del suelo y favorecen la producción de alimentos libres de residuos tóxicos.

Diversas investigaciones han demostrado que la exposición a agroquímicos puede afectar tanto a quienes trabajan en el campo como a las comunidades cercanas, especialmente cuando las aplicaciones se realizan sin respetar las condiciones climáticas o las medidas de seguridad.

Por ello, la agroecología propone reducir progresivamente la dependencia de insumos químicos mediante alternativas basadas en el conocimiento tradicional, la biodiversidad y los ciclos naturales.

Cómo preparar pesticidas naturales en casa

Uno de los principales beneficios de estos preparados es que cualquier persona puede elaborarlos utilizando ingredientes de fácil acceso y siguiendo correctamente las indicaciones de preparación.

Entre los métodos más utilizados se encuentran:

• Infusión: las plantas frescas o secas se agregan a agua hirviendo y se dejan reposar durante 24 horas.
• Macerado: el material vegetal permanece en agua fría durante un máximo de tres días.
• Purín: las plantas se fermentan en agua durante aproximadamente cuatro días.
• Decocción: el material vegetal se deja en remojo 24 horas, luego se hierve durante 20 a 30 minutos y finalmente se deja enfriar.

Estos preparados pueden elaborarse en una cocina, patio o huerto familiar, siempre utilizando recipientes limpios y respetando las proporciones recomendadas.

Tres preparados naturales para el control de plagas

Infusión de ajo

Uno de los repelentes naturales más utilizados.

Preparación:

• 75 gramos de ajo.
• 10 litros de agua.

Se recomienda aplicar durante la primavera para ayudar a controlar pulgones, ácaros y algunos hongos.

Infusión de ajenjo

Ideal para combatir mosca blanca, ácaros y pulgones.

Las hojas frescas se incorporan en agua hirviendo, se dejan reposar durante 24 horas y posteriormente se pulverizan sobre las plantas.

Decocción de cola de caballo

Muy utilizada para prevenir hongos del suelo.

Preparación:

• 1 kilogramo de cola de caballo fresca.
• 10 litros de agua.

Después de hervir durante 20 a 30 minutos, el preparado se deja enfriar y posteriormente se diluye en una proporción de 1 parte del preparado por 5 partes de agua antes de aplicarlo.

La agroecología fortalece la soberanía alimentaria en Chile

El desarrollo de la agroecología, los huertos comunitarios y la agricultura familiar campesina representa una oportunidad para construir sistemas alimentarios más resilientes frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Además de reducir el uso de plaguicidas, estas prácticas contribuyen a conservar los suelos, proteger los polinizadores, disminuir la contaminación y fortalecer la producción local de alimentos.

Cada vez son más las experiencias en Chile que demuestran que producir respetando los ciclos de la naturaleza no solo es posible, sino también una herramienta concreta para enfrentar la crisis climática, recuperar la fertilidad de los suelos, proteger la biodiversidad y avanzar hacia una agricultura sustentable que priorice la vida, el cuidado de los ecosistemas y el derecho de las comunidades a una alimentación sana y libre de contaminantes.

Humanizando la Señal

Un 25 de junio de 2015 nació un sueño.

En el marco del Segundo Encuentro Socioambiental realizado en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, realizamos nuestra primera transmisión radial. Sin imaginarlo, ese momento marcaría el inicio de un proyecto comunicacional que, once años después, continúa creciendo junto a las comunidades, los territorios y las organizaciones que creen en una comunicación participativa, libre y comprometida con el buen vivir.

Durante este camino hemos aprendido que la radio no solo transmite información; también construye memoria, fortalece identidades, une territorios y da voz a quienes muchas veces no encuentran espacios para ser escuchados.

Nada de esto habría sido posible sin el invaluable apoyo técnico de Juan Ortega Castillo, destacado locutor radial de extensa trayectoria en la radiofonía nacional, quien desde los primeros años compartió generosamente su experiencia, conocimientos y compromiso, sentando las bases técnicas que permitieron el crecimiento de Radio Trapananda.

Hoy, nuestra programación y contenidos también llegan a nuevas audiencias a través de plataformas digitales como YouTube y Spotify, fortaleciendo una comunicación cercana, educativa y con identidad territorial.

Línea de Tiempo

2015

Nace Radio Trapananda.
Primera transmisión durante el Segundo Encuentro Socioambiental en San Bernardo, dando inicio a una propuesta de comunicación ambiental, comunitaria y educativa.

2021

Comunicación para la Agroecología.
Nos incorporamos al Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA Chile), apoyando las estrategias comunicacionales y fortaleciendo la difusión de la agroecología como herramienta de transformación social.

2023

La radio como escuela.
Comenzamos a desarrollar los Talleres de Formación Radiofónica en Casa Taller Muso, creando un espacio permanente para compartir conocimientos, fomentar nuevas voces y fortalecer la comunicación comunitaria.

2023

Ecofestival Agroecología y Buen Vivir.
Nos integramos activamente a la organización y cobertura comunicacional del Ecofestival Agroecología y Buen Vivir, registrando experiencias, difundiendo saberes y acompañando cada versión de este importante encuentro ciudadano.

2026

Conectando territorios.
Nos sumamos a enlaces radiales internacionales junto a Radio México y Radio RAP Chile, ampliando la colaboración entre medios comunitarios de distintos territorios.

2026

Un nuevo hogar digital.
Realizamos el lanzamiento oficial del sitio web de Radio Trapananda, fortaleciendo nuestra presencia digital y facilitando el acceso a nuestros contenidos desde cualquier lugar.

2026

La radio desde el Wallmapu.
Iniciamos un nuevo desafío desarrollando un enlace radial desde Temuco, reafirmando nuestro compromiso con una comunicación descentralizada, intercultural y conectada con los territorios.

Gracias por estos 11 años

Cada entrevista, cada transmisión, cada taller, cada encuentro y cada historia compartida han sido posibles gracias a quienes han confiado en este proyecto: colaboradores, organizaciones sociales, comunidades, auditores, estudiantes, amigas y amigos que han hecho de Radio Trapananda mucho más que una emisora.

Hoy celebramos once años de aprendizajes, de comunicación con sentido y de trabajo colectivo.

Miramos el futuro con la misma convicción que nos inspiró desde el primer día: seguir construyendo una radio que escuche antes de hablar, que acompañe antes de informar y que contribuya a fortalecer los lazos entre las personas y sus territorios.

¡Gracias por acompañarnos durante estos 11 años!

Radio Trapananda

11 años Humanizando la Señal.