A lo largo de las últimas cuatro décadas, la red global se ha convertido en un movimiento que agrupa a más de 600 organizaciones autónomas de la sociedad civil, instituciones, comunidades de base y personas en más de 90 países, y ha logrado avances significativos.

Señalan: “A lo largo de este tiempo, nos enorgullece haber apoyado a las comunidades para lograr prohibiciones nacionales, regionales e internacionales de algunos de los plaguicidas más peligrosos del mundo, como el clorpirifós, que fue prohibido recientemente en las Conferencias de las Partes (COP) de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam de 2025. La conciencia sobre los vínculos entre los plaguicidas, los plaguicidas altamente peligrosos (HHP), la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la salud pública ha crecido de manera espectacular. En consecuencia, la agroecología y las soluciones impulsadas por los agricultores se reconocen cada vez más como vitales para lograr sistemas alimentarios resilientes”.

También indican: “Sin embargo, el poder de las multinacionales agroquímicas y biotecnológicas no ha dejado de crecer, al igual que el uso generalizado de plaguicidas sintéticos. Se ha producido un aumento drástico del control vertical del sector alimentario y agrícola, acompañado de niveles preocupantes de riesgo para la salud humana y la de los ecosistemas. Tres megacorporaciones controlan ahora el 60 % del mercado mundial de semillas y el 70 % del mercado mundial de plaguicidas. En consecuencia, estamos presenciando intentos agresivos y alarmantes de socavar las regulaciones globales y desmantelar las protecciones fundamentales de la salud y el medio ambiente”.

En su  comunicado, también afirman: “Al celebrar este 44.º aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de transformar los sistemas alimentarios para un futuro saludable, justo, ecológicamente vibrante y resiliente al clima. Seguiremos tomando medidas concertadas para promover la agricultura sostenible como un enfoque científico holístico y un movimiento de transformación social que defienda los conocimientos locales, respete las culturas indígenas e integre la investigación participativa y el empoderamiento de las mujeres y los agricultores. También seguiremos luchando por acuerdos locales, nacionales e internacionales que restrinjan, reduzcan y eliminen la dependencia de los plaguicidas, y que eliminen gradualmente y prohíban aquellos que causan efectos agudos y crónicos, incluyendo la alteración endocrina y el cáncer”.

“Queremos dar las gracias a todas las personas que han contribuido a este movimiento durante los últimos 44 años, así como a aquellas que ayudarán a dar forma a los años venideros. Juntos, seguiremos construyendo un mundo en el que la producción de alimentos proteja la salud, sustente los medios de vida y respete el planeta para las generaciones futuras y todas las regiones”, señala PAN:

Sarojeni Rengam, directora ejecutiva de PAN Asia-Pacífico, destacó: «En su 44.º aniversario, PANAP afirma que prohibir y eliminar gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos en Asia-Pacífico no solo es necesario, sino que es posible gracias al poder colectivo de los movimientos de mujeres, agricultores, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas. Partiendo de esta base, nos comprometemos a promover la agroecología, impulsada por las personas, para desmantelar los sistemas alimentarios tóxicos y dominados por las grandes empresas, bajo el liderazgo de estas comunidades, al tiempo que presionamos para que se adopten políticas que pongan fin de manera decisiva a la dependencia de los plaguicidas y promuevan la justicia ecológica y climática”.

Susan Haffmans, asesora principal de PAN Alemania, añadió: «PAN pone el foco donde otros miran para otro lado: en los efectos devastadores de los plaguicidas altamente peligrosos, en el sufrimiento que padecen los niños, las mujeres y los hombres afectados por el envenenamiento por plaguicidas, y en la contaminación de los recursos naturales y los ecosistemas. Trabajando en solidaridad global, PAN reúne a expertos de los ámbitos de la ciencia, la agricultura, los sistemas alimentarios, la educación y las políticas para promover soluciones sostenibles. Al promover alternativas no químicas para la protección vegetal y el manejo de plagas, y al cuestionar los dobles estándares que socavan los derechos humanos, PAN está ayudando a impulsar la transición hacia un futuro más saludable, más justo y sostenible».

Javier Souza Casadinho, coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (PAN América Latina), señaló: «Los sistemas alimentarios están dominados por pocas empresas que producen desde los insumos, como plaguicidas y fertilizantes, hasta su transformación en mercancías. Se trata de un sistema dependiente y contaminante. Se hace necesario transformar este sistema para volver a producir alimentos saludables. Los/las agricultores/as han desarrollado estrategias, prácticas y tecnologías agroecológicas que protegen los suelos y el agua y posibilitan la producción de alimentos en territorios sanos y comunidades libres de agrotóxicos peligrosos”.

La ruta del carbón de Colombia a Chile revela dos caras de una misma injusticia: el pueblo indígena yukpa, sin consentimiento ni consulta previa, ve arrasado su territorio ancestral; mientras Huasco, en Chile, respira contaminación y asume enfermedades sin cierre de termoeléctricas. Ambas comunidades pagan los costos de una energía industrial.

Una investigación periodística transfronteriza revela cómo el carbón extraído del territorio ancestral del pueblo indígena yukpa en Colombia viaja más de 6.000 kilómetros para ser quemado en las termoeléctricas de Huasco, Chile, generando un doble impacto de depredación ambiental y violación de derechos humanos. Detrás de este circuito energético, dos comunidades —los yukpa en el Caribe colombiano y los habitantes de la comuna de Huasco— cargan con los costos de un modelo que las ha dejado al margen. Como documenta el reportaje de Mongabay Latam titulado “De Colombia a Chile: los pueblos olvidados que sostienen la energía a carbón”, de Antonio Paz y Michelle Carrere (publicado el 19 de mayo de 2026), “los yukpa, un pueblo indígena seminómada, cuya tierra ancestral fue abierta sin su consentimiento para extraer el mineral, y los habitantes de Huasco, que respiran las emisiones contaminantes del carbón quemado”, sostienen la energía que mueve a millones sin recibir beneficio alguno.

Indígenas yukpa: territorio arrasado y una consulta que nunca llegó

En Colombia, el pueblo yukpa —declarado en peligro de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional desde 2009— ha visto cómo las minas a cielo abierto de Drummond Ltd. y Prodeco S.A. (filial de Glencore) se tragaron sus sitios sagrados y devastaron sus fuentes de alimento. Según el reportaje de Antonio Paz Cardona para Climate Tracker LATAM, titulado “El largo camino judicial de los indígenas yukpa para resarcir los impactos de la minería de carbón”, “los yukpa aseguran que el Ministerio del Interior ha negado la presencia indígena en la zona minera”.

En una sentencia de 2023, la Corte Constitucional colombiana constató que “la explotación de las minas de carbón genera una afectación directa al pueblo yukpa, observable en el impacto sobre los ríos, la calidad del aire, la variedad de especies de fauna y flora”. Pese a ello, la consulta previa ordenada por el tribunal concluyó sin acuerdos. Tulia Restrepo Pérez, indígena de la comunidad Misión Sokorpa, declaró a Mongabay: “La minería ha acabado todo eso. Los animalitos se fueron. Hoy en día no tenemos pesquería”.

Drummond, que representa el 47 % del mercado del carbón colombiano según su presidente, José Miguel Linares, finalizó el proceso de consulta previa en septiembre de 2024 sin consensos. En un comunicado citado por la investigación, la empresa aseguró que “no se identificaron afectaciones directas causadas por la compañía”. Sin embargo, los yukpa denunciaron que las reuniones excluyeron a la mayoría de las comunidades. Esneda Saavedra, lideresa yukpa y exconsejera de la ONIC, afirmó: “Las consultas han sido totalmente negativas, no hay garantías para las familias”. Por su parte, Prodeco —que ya no opera las minas pero enfrenta un arbitraje internacional contra Colombia por 59.4 millones de dólares— argumentó que “no se consideró necesario incluir medidas de reparación étnica”. La Defensoría del Pueblo señaló que las propuestas empresariales fueron “percibidas por la comunidad como genéricas y alejadas de los estándares exigidos por la sentencia”.

Huasco: la zona de sacrificio que respira carbón y no logra cerrar sus termoeléctricas

En el extremo sur de esta ruta, la comuna de Huasco, en el norte de Chile, es una de las cinco llamadas “zonas de sacrificio” del país, pero la única donde no se ha cerrado ninguna termoeléctrica ni se han comprometido fechas de cierre. Allí, las cinco plantas de Guacolda Energía SpA —propiedad del grupo Capital Advisors— queman carbón importado, incluyendo el extraído del territorio yukpa. Según datos de aduanas chilenas citados por Michelle Carrere en “El pueblo que pagó los platos rotos de la energía en Chile” (Mongabay Latam, 19 de mayo de 2026), en 2025 Chile importó más de 4 millones de toneladas de carbón, de las cuales más de un millón desembarcaron en el puerto de Huasco y la mitad provino del puerto de Ciénaga, Colombia, operado por Drummond.

El polvo negro que cubre techos, ventanas y plantas en Huasco contiene material particulado, dióxido de azufre, metales pesados como mercurio, níquel y vanadio, además de cadmio, arsénico y plomo. Estudios científicos han documentado que estas emisiones pueden producir cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y daños cognitivos en niños. Una investigación del departamento de salud pública de la Universidad Católica, encargada por Chile Sustentable, encontró que los habitantes de Huasco tenían, en 2016, un 71 % más de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con el promedio nacional. Aun así, el Ministerio de Salud chileno no ha realizado estudios de cohorte que prueben causalidad directa, y las empresas han usado ese vacío como defensa.

Por Anabel Pomar

Cobertura conjunta de Revista Cítrica y Tierra Viva

Tras 16 audiencias, más de 60 declaraciones testimoniales y una inspección ocular, el juicio oral por contaminación con agrotóxicos en Pergamino inicia su trayecto final. Concluida la última audiencia de instrucción probatoria, se fijaron las fechas para los alegatos tanto de las defensas como de la fiscalía y la querella. Los mismos están previstos para el 27 y 28 de mayo y el 4 de junio próximo, en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Rosario.

Sentados en el banquillo de los acusados se encuentran siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, Cristian Taboada; y el productor e ingeniero agrónomo José Luis Grattone. Están acusados por el delito de contaminación por la aplicación de agrotóxicos peligrosos para la salud y el ambiente en zonas periurbanas cercanas a viviendas y escuelas. En algunos casos por no respetar una ordenanza (de 2014) y una medida cautelar (de 2020) que lo prohíben o disponen zonas de exclusión y protocolos específicos.

También están sentado en el banquillo dos funcionarios municipales por ser responsables de la fiscalización de las aplicaciones. Son Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini. Y están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las penas podrían ir de tres a diez años. En el caso del productor Cortese se lo acusa también por amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz, víctima de las fumigaciones, querellante e integrante de las organizaciones Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos, en un hecho sucedido en 2020.

El TOF 2 de Rosario —integrado por los jueces Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz— además de analizar las responsabilidades y condenas, podrá adoptar medidas que brinden protección a los derechos al ambiente sano y  la salud. Esa decisión del tribunal no es nada menor, ya que las aplicaciones con plaguicidas y los cultivos transgénicos siguen siendo una actividad central en Pergamino y jamás se detuvieron en la localidad de la zona núcleo del agronegocio.

Los pobladores de Pergamino, a la hora de alejar los agrotóxicos de sus casas, dependen de la tutela provisoria que ordena la medida cautelar dictada durante la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del juez del Juzgado Federal 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo; y de  la ordenanza municipal dictada en 2014, que no les brinda protección suficiente como tampoco lo hace la ley provincial.

«Al momento de dictar sentencia, si hay condenas que reconozcan el daño ambiental que ha generado la contaminación con agrotóxicos y cómo eso ha repercutido en la salud de las personas —independientemente de la cantidad de condenados o de las penas que se impongan de acuerdo a la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)— corresponde que el tribunal aplique el principio precautorio del derecho ambiental y la función preventiva del derecho penal. En sintonía con esos principios se indica que deben evitar nuevos daños a la salud, que es el bien jurídico protegido. El tribunal debería mantener la cautelar o dictar nuevas medidas de protección”, analiza Carlos González Quintana, uno de los abogados de las querellantes Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia.

Con las pies en los barrios fumigados de Pergamino

La audiencia 16, ocurrida el miércoles 20 de mayo, comenzó con media hora de demora —por motivos profesionales de uno de los jueces del tribunal—. La palabra “demora” no es menor si se toma en cuenta que todos los hechos juzgados forman parte de una denuncia iniciada hace ocho años. El Poder Judicial se tomó casi una década para brindarles la instancia de juicio oral a quienes exigen que dejen de fumigarlos en el corazón sojero bonaerense.

Desde el 4 de febrero todo se está escuchando en el foro pertinente. El 13 de mayo, incluso, los jueces pusieron los pies en el barro al realizar una inspección ocular en los campos y barrios fumigados por los acusados para dimensionar las distancias existentes.  Los metros que separan las casas o escuelas y los campos en los que se fumiga, fueron y son el corazón de varios debates.

En la inspección ocular no se realizaron mediciones adicionales a las que ya obran en la causa, pero el percibir in situ aquello que se lee en una foja judicial no es un detalle menor para las víctimas, que esperan un fallo ejemplar del TOF 2 de Rosario. Los funcionarios llegaron a la inspección en varias camionetas y sus trajes oscuros, que en los pasillos de tribunales son algo corriente, llamaban la atención de los vecinos, que se acercaron a ver con sus ojos todo el operativo que interrumpió la actividad diaria y la tranquilidad habitual en barrios periurbanos de Pergamino y en las localidades de Peña y Ayerza. La inspección duró unas tres horas y media.

Sabrina Ortiz guió a los funcionarios que salieron a caminar el territorio, visitando sectores de los campos de los productores Cortese, Roces, Tiribó, Sabbatini y el de Fabián Acerbo, productor ya fallecido, pero donde se realizaron fumigaciones por las que están acusados Taboada y Grattone.

“Más allá de cuál sea la sentencia final, la presencialidad y la reconstrucción de los hechos dejaron poco lugar a dudas. Las distancias eran mínimas. Las fumigaciones ocurrían a pocos metros, apenas unos pasos de la casa de Sabrina. Sólo una calle angosta separó al veneno de su hogar”, reflexionó Maia Cotelo, integrante de un grupo de estudiantes de la UBA que realizaron un registro fílmico de la caravana judicial para un futuro documental sobre los daños del agronegocio tóxico.

La inspección ocular estuvo acompañada por varios medios de comunicación y desde la organización Paren de Fumigar Pergamino coincidieron en resaltar la importancia de que los jueces pudieran ver lo que se vivía con las fumigaciones. El único inconveniente se registró en el campo del productor Fernando Cortese, ya que uno de sus familiares impidió el ingreso de los medios. Ese momento de tensión se condice con la acusación que enfrenta Cortese en el banquillo, ya que al delito de contaminación se le suma el de coacción por una amenaza anterior a un familiar de Ortiz. Por fuera de la causa que trata el TOF 2, pero como contexto de lo que se vive en Pergamino, una de las hijas del productor Mario Roces fue recientemente denunciada por amenazas y hostigamiento a un funcionario judicial.

De regreso a palacio judicial, durante la última audiencia del 20 de mayo, tras desistir de algunos testigos, las defensas volvieron a sentar a declarar a los acusados para relativizar las distancias de fumigación observadas en la inspección ocular. El funcionario municipal Mario Tocalini buscó, con mapas de apoyo, mostrar que los barrios visitados habían crecido desde las imputaciones hasta la actualidad. “No era tan así”, fue el argumento sobre los cambios en los lugares fumigados. Sabbatini, Cortese y Grattone repitieron el argumento en sus declaraciones respecto de  los metros que separaban los campos de las casas. La cautelar dictada en 2020 ordenó una restricción de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas y de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres.

Dieciséis audiencias cargadas de testimonios y pruebas

Desde el inicio del juicio oral, los testimonios de las víctimas del modelo agrotóxico dejaron helada a la sala. Por momentos, llanto; por otros voces quebradas o silencios obligados por la emoción. Un total de 14 personas. Las querellantes Ortíz y Bianco declararon su sufrimiento en primera persona: haber perdido familiares o padecer aún problemas de salud. Esos testimonios pudieron escucharse en las audiencias del 12  y 26 de febrero, en las del 4 y 11 de marzo y, por último, el 7 de abril.

Sólo tres personas declararon por las defensas, diciendo que no habían sentido nunca ni olor a veneno, ni tener afectaciones, ni conocer a nadie que sufriera “por el tema”. Entre este grupo, Marcos Dotta, trabajador rural y vecino de un campo fumigado, admitió recibir agua potable en su domicilio, luego de que en la etapa de instrucción se ordenara proveer a los vecinos de los barrios donde se registró presencia de agrotóxicos. Dotta declaró bajo juramento que tomaba esa agua entregada por mandato judicial, pero manifestó que no tenía idea de por qué se la daban. También reconoció que trabajaba eventualmente para Tiribó, uno de los productores acusado. 

Las audiencias permitieron repasar el cúmulo de pruebas existentes que demuestran el impacto de los agrotóxicos en el ambiente, el agua, el suelo y en las personas vecinas de los campos fumigados.

Entre los testimonios fueron determinantes los de profesionales de varias disciplinas, que precisaron lo hallado en estudios ambientales o de fluidos humanos. Verónica Torres, médica toxicóloga, en la audiencia del 4 de marzo describió el cuadro de salud de uno de los hijos de Ortiz y declaró que indicó (hace ocho años) que la familia debía alejarse, con urgencia, de la exposición a las fumigaciones.

En la audiencia del 13 de marzo declaró  Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma del INTA, responsable de los análisis de laboratorio del agua y suelo de los lugares denunciados. Precisó que, entre noviembre de 2018 y mediados de 2020,  se analizaron diez muestras y ninguna estuvo libre de plaguicidas. Glifosato, su metabolito AMPA, metalocloro, derivados de atrazina, acetoclor, clorpirifos y 2,4D fueron las moléculas encontradas.

En la audiencia del 26 de marzo fue destacable lo aportado por María Fernanda Cuño Basaldúa, licenciada en química y perito; y por Flavia Vidal, médica forense y toxicóloga. Basaldúa, quién realizó cinco informes para la causa, señaló algo que no es muy conocido para la mayoría: las normativas argentinas y la ley provincial no pesquisan agrotóxicos cuando se monitorean matrices ambientales. A sus críticas de lo obsoleto de la legislación, la química agregó el detalle sobre todos los peligros que acarrean las moléculas de agrotóxicos encontradas en Pergamino, que está probado, además llegaron a las napas y acuíferos.

Vidal fue contundente respecto de la acción de los plaguicidas como agentes para aniquilar “plagas” y señaló que si tienen efecto sobre plantas o insectos también lo tienen sobre los humanos. En esa misma audiencia, el ingeniero químico Guillermo Hough describió las derivas que provocan las aplicaciones, aunque sean consideradas “controladas” o realizadas bajo las “buenas prácticas agrícolas”.

La genetista Delia Aiassa, en la audiencia del 27 de marzo, graficó los daños genéticos que provocan los agrotóxicos y las afectaciones detectadas en Ortiz y su hijo, ambos con daño genético. El médico pediatra y perito de parte de la querella, Medardo Avila Vázquez, también relató los daños que provocaron los agrotóxicos en el hijo de Sabrina y los riesgos que implican a futuro toda esa exposición.

Ese mismo día declaró también el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quién enumeró todos los peligros intrínsecos de la actividad basada en transgénicos y venenos. Toda esa información sobre los peligros y el riesgo del uso de agrotóxicos fue ampliada por el ingeniero químico Horacio Beldómenico en la audiencia del  7 de abril, que marcó el cierre de las exposiciones por parte de los especialistas.

Sentir los agrotóxicos en el cuerpo o negar la realidad

El relato de algunos policías que participaron en allanamientos y muestreos ordenados durante la instrucción de la causa brindaron detalles claves para la reconstrucción de los hechos. Sucedió en una de las audiencias iniciales. Los relatos de los uniformados Diego Mondedoro, Maximiliano Melo y Federico Galarza Puig fueron los que resaltaron entre un grupo de colegas que, mayormente, prefirió no recordar. Mondedoro declaró que los vecinos denunciaban que el agua se volvía intomable y que él en persona sintió afectaciones al visitar los barrios pegados a los campos fumigados. “Te picaba la garganta y sentías irritación”, reconoció.

Por su parte, Melo también relató sufrir en su propio cuerpo lo mismo que padecían los vecinos de los campos fumigados por Cortese: “Había olor, se sentía un olor artificial y te agarraba picazón en el cuerpo”. Galarza Puig señaló que, a raíz de haber leído una nota periodística (que relataba denuncias de enfermedades que hacían personas fumigadas de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia), decidió actuar de oficio e iniciar investigaciones y dar conocimiento al Poder Judicial (Juzgado de San Nicolás).

El rol de los funcionarios de la salud, en cambio, fue para desestimar las denuncias de vecinas de los barrios fumigados que habían denunciado que las enfermedades o problemas no eran tratadas como casos de contaminación ambiental. Pablo Bonelli, médico del Centro de Atención Primaria de Villa Alicia, en el periurbano de Pergamino, declaró el 8 de abril y desestimó que las enfermedades sean tantas y dijo no poder asociar ningún cuadro de los que veía a los daños por la fumigación con agrotóxicos. Bonelli, pese a que integra la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), desconocía por completo el trabajo de la SAP que denuncia los impactos de los agrotóxicos en niñeces.

En el mismo tono, María Marta Peretta, ex titular de la Dirección de Salud de Pergamino,también admitió bajo juramento desconocer la publicación de la SAP, la clasificación toxicológica del glifosato, sus peligros, la clasificación de la Agencia Internacional de Cáncer, y comparó a los plaguicidas altamente peligrosos con insecticidas hogareños. Esa funcionaria tuvo a su cargo un relevamiento en los barrios que concluyó que no había señales de alerta. El trabajo no incluyó perspectiva toxicológica ambiental, especialidad que no existe en las dependencias de salud municipales que estuvieron a su cargo.

El municipio de Pergamino, bajo la intendencia de Javier Martínez, siempre negó cualquier afectación y ha intentado, sin éxito, hacer caer la cautelar de protección. Por parte de las defensas, los testigos aportados señalaron que “todo se hacía bien” o resaltaron “el buen manejo y las buenas prácticas agrícolas”. Entre ellos, de modo presencial o virtual, declararon catorce productores rurales, empresarios fumigadores, aplicadores, ingenieros agrónomos y hasta el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Pedro Jacquelin, y un ex directivo del INTA, Daniel Freggiaro; éstos dos últimos en la audiencia del 6 de mayo.

Los acusados, que gozan de derecho a la defensa, y no tienen obligación de declarar verdad, hicieron lo propio, algunos más de una vez. Acorde a sus relatos, nada malo sucedió. Alegan que la denuncia se trata de “algo político” y deslizaron que es “todo injusto para personas de honor y trabajo”. Sin embargo, los agrotóxicos presentes en personas y en el ambiente, señalan otra historia. Resta saber que decide el Poder Judicial. El histórico juicio inicia su etapa final en la sede del TOF 2 de Rosario, en Boulevard Oroño 940, y podrá presenciarse en vivo o a través de la transmisión oficial del tribunal.

El encuentro es convocado y organizado por Koyagtun Koz Koz y su iniciativa Füta Mawiza junto a Bosque Modelo Panguipulli, la Municipalidad de Panguipulli y la Red de Economías Territoriales Wallmapu (RET).

La iniciativa busca poner en valor el Itxofill Mogen, la biodiversidad y la profunda relación entre el bosque nativo, el Buen Vivir y las formas de vida que sostienen los territorios. Durante ambas jornadas el público podrá disfrutar de venta de productos locales, frutos del bosque, artesanías, gastronomía en vivo, talleres de oficios, música, teatro de títeres y espacios de conversación e intercambio de conocimientos y prácticas

El programa contempla actividades abiertas a la comunidad como el foro “Aprendizajes del trabajo con organizaciones sociales que defienden y regeneran bosques nativos entre Valparaíso y Los Lagos”, presentaciones sobre restauración de bosques y aguas en Liquiñe, cocina en vivo desde el territorio mapuche, talleres de propagación de plantas nativas y cestería tradicional, además de espacios de nütram.

La gastronomía mapuche es también una expresión del Buen Vivir y de la soberanía alimentaria de los territorios, donde se preservan técnicas propias de cultivo, recolección y preparación que han sostenido por generaciones la vida de las familias. Por esa razón se realizará un espacio de cocina en vivo titulado: “Bosque y alimentos desde el territorio Mapunche; Cocina en Vivo” que será realizado por Anita Epulef  de Kurarrewe. A continuación María Elsa Pichumilla y Natalia Chiwaikura Bart de Pucura, realizarán la charla y cocina en vivo “Llegó el otoño a nuestras mesas”

Entre las actividades destacadas se encuentra la presentación musical de Soledad Ulloa, cantora el día viernes a las 18.00 horas. El día sábado nos acompañará en el mismo horario Andrea Aillapan con música. Para las infancias se presentará la obra de títeres “Llallinko, Protectora de las Aguas”, de la compañía “El Retorno de las Luciérnagas”, junto con la exhibición del mini documental del Plan de Educación Ambiental Biocultural de la comuna de Panguipulli.

Las organizaciones convocantes extendieron la invitación a toda la comunidad local y visitantes a participar de este espacio de encuentro, reflexión y celebración de los saberes vinculados al bosque nativo y la vida comunitaria.

FECHA Y LUGAR

Gimnasio Municipal de Panguipulli
Viernes 29 y sábado 30 de mayo de 2026
Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas
Actividad abierta a la comunidad

La medida se adoptó en el contexto del alza en el precio de los combustibles, tras una reunión que reunió a dirigentes y trabajadores de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso.

Durante el encuentro, los pescadores acordaron fijar un precio base de $520 por kilo de jibia.

Junto con ello, anunciaron la creación de la Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región, con el fin de abordar las problemáticas que afectan a las distintas caletas de la zona.

Al respecto, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví señaló que “hoy los pescadores artesanales estamos trabajando prácticamente para sobrevivir, mientras los intermediarios siguen aprovechándose y pagando precios que no reflejan la realidad del mercado”.

“No solamente vamos a dar la pelea por el precio de la jibia, también vamos a defender la pesca artesanal frente a todas las amenazas que enfrenta el sector, incluyendo la discusión por la Ley de Pesca, el costo del combustible y las dificultades que viven diariamente los trabajadores del mar”, complementó el dirigente.

Bajo esta misma línea, el presidente de la Corporación Puertecito San Antonio, Nelson Abarca, acusó que “los compradores intermediarios de las plantas se están coludiendo para aprovecharse del pescador y pagarle un precio muy bajo”.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Quintay, Javier Álvarez, advirtió que la jibia es el único recurso que les está quedando y que “si no la defendemos, vamos a morir como pescadores artesanales”.

Finalmente, hicieron un llamado transversal a parlamentarios y autoridades para involucrarse en la crisis que enfrenta actualmente la pesca artesanal.

Entre sus demandas, plantearon la eliminación del impuesto específico a los combustibles y soluciones para los pescadores afectados por sanciones y fiscalizaciones.

Vía: Noelia Ortega Sanhueza

En el marco del Día Mundial de las Abejas, académicos de la Universidad de Chile advirtieron sobre la creciente amenaza que enfrentan estos insectos esenciales para la vida, en medio de un escenario marcado por el cambio climático, la expansión de monocultivos, el uso intensivo de pesticidas y la destrucción del bosque nativo.

Aunque Chile atraviesa un auge exportador de miel y material genético apícola, especialistas llaman a no perder de vista el problema de fondo: la supervivencia de las abejas está directamente ligada a la seguridad alimentaria y al equilibrio ecológico del país.

En Chile, la Ley de Semillas de 1977 Decreto Ley N° 1.764  abrió las puertas al ingreso y expansión de semillas transgénicas, promoviendo además el uso intensivo de herbicidas como el glifosato, químico ampliamente cuestionado por sus impactos ambientales y en la salud humana. Frente a este escenario, distintas organizaciones y comunidades han levantado alternativas concretas para resguardar las semillas tradicionales y fortalecer la soberanía alimentaria de los territorios.

En ese contexto, la Biblioteca de Semillas ubicada en la Casa Taller Muso ubicada en  Julio Sosa 1502, comuna de Maipú, invita a vecinas y vecinos a convertirse en socios y ser parte de este proyecto comunitario que busca recuperar prácticas ancestrales de cultivo y cuidado de la tierra.

La iniciativa funciona mediante un sistema circular de préstamo de semillas nativas y criollas. Las personas inscritas reciben semillas para iniciar sus cultivos y, durante el proceso, cuentan con acompañamiento y orientación en el método biointensivo, técnica agroecológica que permite recuperar los suelos, optimizar el uso del agua y obtener buenos resultados incluso en espacios reducidos.

Una vez finalizado el ciclo de siembra de temporada, cada participante debe permitir que parte de sus plantas sumillen para devolver un porcentaje de semillas a la biblioteca, asegurando así la continuidad del sistema y el acceso comunitario para nuevas familias.

La Biblioteca de Semillas no solo busca apoyar la economía familiar mediante la producción de alimentos saludables, sino también fortalecer la organización comunitaria, la autonomía territorial y el derecho de los pueblos a decidir qué cultivar y qué consumir.

Las inscripciones y participación están abiertas para toda la comunidad. Porque defender las semillas es también defender la vida, la salud y el futuro de nuestros territorios.

Link formulario de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF45E3-AQYb8UW1mmYAH1mdN8SHTY4Ju8VVj9-_rUzOLNXuQ/viewform

En las estepas del Parque Nacional Patagonia, en la región de Aysén, el choyke volvió a correr libre. Choyke es la voz mapuche para nombrar al ñandú, esa gran ave corredora que habita la estepa y cuya presencia forma parte tanto de la historia natural del territorio como de la memoria cultural de los pueblos que lo han habitado.

Durante marzo y abril, 39 ejemplares de ñandú fueron liberados como parte del Programa de Conservación y Recuperación del Ñandú , una iniciativa desarrollada por  CONAF y  SAG

La noticia importa porque el ñandú, cuyo nombre científico es Rhea pennata, está en peligro de extinción en Aysén. Por eso, cada liberación no es solo una imagen bonita de aves volviendo a la estepa: es parte de un trabajo largo para reconstruir una población que fue disminuyendo por distintas amenazas y que necesita tiempo, monitoreo y protección para volver a afirmarse en el territorio.

“A la fecha llevamos más de 230 indivuduos liberados. Llevamos más de 10 años trabajando para restablecer una población, para fortalecer una población de ñandú en esta zona que por diversas razones y amenazas se fue diezmando su población”, explicó Alejandra Saavedra, coordinadora del Programa Ñandú en Chile.

El programa comenzó en 2014, cuando el Valle Chacabuco transitaba desde su

pasado como estancia ganadera hacia su presente como parque nacional. Desde entonces, la conservación del ñandú en la Patagonia chilena se transformó en una tarea de largo aliento: criar, liberar, monitorear y volver a entender cómo se mueve esta especie en la estepa.

Vía: Mauricio San Cristóbal M.

El Plan Comunal de Educación Ambiental con Enfoque Biocultural (PEAB) surge como una guía flexible y participativa que busca integrar este enfoque tanto en el currículum como en la vida cotidiana de las comunidades educativas. Durante los últimos años, el diagnósticoevidenció que, si bien existían múltiples iniciativas ambientales en las escuelas —como reciclaje o huertas—, éstas se desarrollaban de manera aislada y con escasa vinculación con la cultura mapuche y los ecosistemas del territorio.

A partir de 2023, distintas instituciones como Bosque Modelo Panguipulli, el Koyagtun de Koz Koz, CONAF oficina Panguipulli y la Corporación Municipal de Educación comenzaron a articular un trabajo conjunto, recogiendo aprendizajes acumulados y apostando por una educación basada en el diálogo de saberes. Inspirados en la idea de que el conocimiento es colectivo, se propuso avanzar hacia una formación integral que conecte distintas áreas del aprendizaje con el territorio.

El proceso se ha organizado en cuatro etapas: diagnóstico participativo, planificación colaborativa, ejecución de acciones y monitoreo reflexivo. Cada establecimiento adapta el enfoque a su contexto, promoviendo prácticas pedagógicas que fortalezcan el sentido de pertenencia, el cuidado del entorno y la valoración de la identidad cultural local.

Los avances han sido graduales. En noviembre de 2023 se realizó el Primer Encuentro de Escuelas en Coz Coz, donde se identificaron acciones existentes y se comenzó a construir el perfil del estudiante que se desea formar en la comuna. Posteriormente, en abril de 2024, se desarrolló un segundo encuentro en el Parque Nacional Villarrica (Peweñentu), el cual permitió profundizar en las oportunidades y desafíos del proceso, dando paso a la conformación de una Red de Escuelas para la Educación Biocultural.

Durante ese mismo año, se desarrollaron diversas instancias de trabajo, como reuniones de planificación, actividades de mapeo territorial en Ancacomoe y capacitaciones docentes. Estas acciones permitieron identificar espacios naturales y culturales relevantes para el aprendizaje, así como la necesidad de fortalecer la formación en contenidos culturales.

Asimismo, surgió la propuesta de promover intercambios entre establecimientos, integrando tanto escuelas rurales como urbanas, donde los estudiantes asuman un rol protagónico en la transmisión de sus propios aprendizajes.

El año 2025 trajo nuevos desafíos, particularmente por el traspaso de la administración
educativa a los Servicios Locales de Educación Pública. A pesar de ello, el trabajo continuó con acciones concretas como jornadas de arborización comunitaria, capacitaciones docentes y la realización de la segunda Feria de Educación Ambiental Biocultural, centrada en el aguacomo eje temático.

Un elemento clave ha sido la articulación con actores locales, conformando una red que
permite fortalecer las salidas pedagógicas y el vínculo con el territorio. De este modo, se ha avanzado desde intervenciones aisladas hacia un trabajo colaborativo y sostenido en el tiempo.

Este proceso cobra especial relevancia en un territorio como Panguipulli, caracterizado porsu riqueza natural y cultural, donde la presencia mapuche y la biodiversidad conviven en estrecha relación. En este contexto, el desafío ha sido integrar esta realidad en la educación formal, evitando depender de proyectos externos y promoviendo que cada establecimiento desarrolle su propio plan biocultural, alineado con sus objetivos educativos.

El enfoque biocultural propone una mirada que articula la pertinencia cultural con la
comprensión de los ecosistemas, reconociendo el conocimiento mapuche como parte viva del proceso educativo. Así, se busca que las nuevas generaciones desarrollen una relación más consciente y respetuosa con su entorno.

El PEAB se proyecta como una iniciativa pionera en la comuna y la región, impulsada por una mesa técnica que trabaja de manera colaborativa en su diseño, implementación y evaluación. Actualmente, el plan se encuentra en fase de difusión y búsqueda definanciamiento, con el objetivo de ampliar su alcance.

Esta experiencia ha comenzado a posicionarse como referente para otras comunas de la
región de Los Ríos, e incluso a nivel nacional, abriendo la posibilidad de escalar este modelo educativo hacia otros territorios que comparten desafíos similares.

Vía: Crónica Vamos en camino

Fue bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem; el secretario de Agricultura, Felipe Solá autorizó la producción y comercialización de la semilla de soja modificada genéticamente y resistente al herbicida glifosato (Resolución 167/96).

Esta ignominia, que marcó un hito fundamental en la historia del agro de Argentina, se llevó a cabo con un trámite de apenas 81 días, violando todos los requisitos técnicos y procedimientos administrativos requeridos por el marco legal y regulatorio vigente.

El informe supuestamente “científico” que acompañó el expediente de aprobación fue realizado en 1994 en Estados Unidos por la empresa Monsanto, solicitante de la introducción. Presentado en idioma inglés, contiene trabajos publicados en gran medida por técnicos de Monsanto, con escasa rigurosidad científica, y muchos describen métodos analíticos estándar de poca o nula pertinencia.

Dicho informe omite información existente, a nivel mundial, que desde fines de la década de 1980 mostraba un amplio consenso sobre los posibles riesgos ambientales de los agrotóxicos asociados al uso de plantas transgénicas.

Otros actores locales

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, es el Organismo que desde 1991 evalúa y asesora sobre la posibilidad de liberación al ambiente de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Los nombres de los integrantes de la Conabia, que en 1996 dieron su aprobación, no se hicieron públicos, aunque se sabe que pertenecían a empresas biotecnológicas, instituciones científicas (Conicet, INTA y universidades públicas) y otros organismos públicos.

Esta Comisión de «expertos» exhibió una preocupante falta de independencia y de pensamiento crítico ya que, sin haber realizado una evaluación de los riesgos ambientales y sociales asociados a los transgénicos, aceptó ciegamente lo que presentaba la empresa interesada y opinó que “en relación a la liberación de la soja transgénica en lo referente a bioseguridad agropecuaria, no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”.

Resulta inaceptable la imprudencia y falta de ética profesional de los integrantes de la Conabia que obviaron que la liberación de un nuevo cultivo genéticamente modificado debe realizarse de manera segura y responsable, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, mediante un riguroso proceso de evaluación y autorización.

Hechos cruciales

La Argentina fue el primer país de América Latina que aprobó la liberación de la soja transgénica. Las condiciones político-sociales de ese momento facilitaron que esto ocurra: un gobierno neoliberal con políticas inspiradas en el Consenso de Washington, con foco en la desregulación económica, la privatización de empresas estatales y una fuerte apertura comercial, sumado a poderosas estructuras de poder empresarial y la búsqueda de una imagen de modernización.

También influyó la nefasta influencia que, en el desarrollo del pensamiento nacional y las prioridades científico-técnicas, tuvieron las propuestas del Banco Mundial, en la década de 1990. Este organismo fijó, además de políticas de ajuste en distintas áreas de la administración pública y el sistema previsional, una serie de lineamientos para las políticas educativas y reformas estructurales en las universidades nacionales e instituciones de ciencia y técnica, que reforzaron en gran medida la prédica neoliberal.

El agronegocio comenzó a consolidarse hacia fines de la década del 90, con la aprobación del paquete tecnológico de la soja transgénica (RR, resistente al herbicida glifosato Roundup Ready), asociada a la siembra directa y al uso de nueva maquinaria agrícola.

El modelo, impulsado por intereses económicos muy poderosos, en general monopólicos y transnacionales, produjo grandes transformaciones en el medio rural del país. Grandes empresas lideran casi todos los eslabones de la producción y exportación agraria, en detrimento de los bienes comunes y en perjuicio de pequeños productores y de agricultores de la agricultura familiar, campesina e indígena.

A 30 años de ese hecho, en pleno siglo XXI, este modelo neoliberal de desarrollo agropecuario extractivista mantiene su hegemonía y se continúa reforzando. El avance biotecnológico ha permitido incorporar en un único evento la tolerancia a varios ingredientes activos (glifosato, glufosinato; 2,4-D y otros inhibidores enzimáticos), tal como lo anunciara recientemente la empresa Syngenta. Todos ellos han sido clasificados en el grupo 2A (probablemente cancerígeno para los seres humanos) por la Agencia Internacional del Cáncer (IARC).

Acerca del agronegocio

Es mucho lo que se ha escrito y la documentación existente que describe las características de este modelo productivo y la tecnología asociada, sólo por citar algunos de los rasgos más relevantes y controversiales del mismo, y en particular del monocultivo de soja, se puede remarcar que:

• Toda la cadena productiva (producción, transformación y comercialización) es manejada por empresas, tales como Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y transnacionales  como Cargill, Bunge, Dreyfus, Bayer/Monsanto, y Syngenta, que además de las semillas fabrican los fertilizantes y agrotóxicos.
• Estas empresas exportan el 85% de la producción de soja, ya sea como grano, harina, aceite y biodiesel, materias primas con muy poco valor agregado.
• Al ser un modelo de agricultura industrial que demanda superficies cultivables de mayor tamaño que las tradicionales, el afán por tierras propició la violación de derechos de pequeños agricultores, de campesinos de la agricultura familiar y comunidades indígenas que fueron excluidos y/o desplazados de sus tierras.
• La expansión de la frontera agropecuaria para el monocultivo de soja más allá de la zona pampeana originó una gran deforestación en zonas con otra vocación ecológica, como ocurrió en millones de hectáreas del Chaco Seco Argentino y el pedemonte de las yungas.
• Se redujo notablemente la superficie dedicada a otros cultivos (trigo, girasol y algodón) y a otras actividades agropecuarias como la lechería y la ganadería, haciendo desaparecer a cientos de miles de unidades productivas de tipo familiar (menores de 200 hectáreas).
• La sojización ha reducido el empleo rural, ya que 1000 hectáreas de soja emplea 15 trabajadores mientras que 1000 hectáreas de caña de azúcar emplea 350, siendo el trabajo agrario una de las actividades productivas con mayor explotación laboral.
• Este modelo usa 250 millones de litros de glifosato por año,lo que transforma a la Argentina en el país con mayor consumo de este producto por habitante en el mundo. Las dosis por hectárea se han incrementado en últimas décadas a causa de la aparición de malezas resistentes.
• Desde hace más de diez años los análisis epidemiológicos realizados por estudiantes de medicina y médicos de nuestro país muestran la elevada relación entre altas tasas de cáncer, abortos espontáneos, y nacimientos con malformaciones, en zonas rurales cultivadas con soja y alto uso de este agrotóxico.
• Recién en el 2015 la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al herbicida glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2A)». A los pocos años, 2021, comenzaron a aparecer evidencias contundentes. Un Estudio Global sobre el Efecto del Glifosato, realizado en Italia, demostró la aparición de tumores malignos (sistema nervioso, piel, hígado, tiroides, ovario, glándula mamaria, glándulas suprarrenales, riñón, vejiga, hueso, páncreas, útero y bazo) en ratas expuestas a niveles considerados seguros por las agencias reguladoras.
• A pesar de las evidencias existentes, subestimadas por las empresas que lo fabrican, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, en el 2023 aprobó su uso por diez años más.
• El uso del glifosato es la causa fundamental y ampliamente demostrada de degradación de suelos y contaminación de cuerpos de agua, aire, suelos, y alimentos en los territorios.
• Todas las características propias del modelo —como son la concentración de tierras, exclusión de pequeños agricultores de sus tierras, precarización laboral, pérdida de acceso a recursos naturales, degradación ambiental, dificultad de acceder a mercados, entre otros— generan situaciones alarmantes de pobreza.
• A pesar de los numerosos fallos judiciales, a nivel municipal como provincial, que prohíben el uso de herbicidas, insecticidas, fungicidas, y otros agrotóxicos, determinan distancias mínimas de aplicación y restricciones en zonas cercanas a escuelas rurales y poblaciones de centros urbanos, existen dudas sobre su cumplimiento, pues ello requeriría implementar las correspondientes medidas de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes, como municipios y provincias.

Modelo colonial y neoliberal

El siglo XXI enfrenta a Occidente con una profunda crisis civilizatoria, causada por un modelo de producción y consumo capitalista que afecta y amenaza la vida del planeta. Los principios civilizatorios universales propios de la Modernidad, como razón, desarrollo y progreso, fracasaron en brindar bienestar, libertad y la emancipación de los pueblos. El resultado se expresa en el antropocentrismo, la primacía del dominio y la explotación desmesurada del hombre y la naturaleza, el pensamiento único, la violación de los derechos de alteridad, la exclusión social, el hambre, las migraciones forzadas, el deterioro planetario, y la carrera armamentista y bélica.

En varios países de América Latina, a fines del XX, surgió un pensamiento crítico sobre el colonialismo y eurocentrismo que propone la descolonización en sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Se cuestiona los principios civilizatorios eurocéntricos que legitimaron el orden colonial, y que aún, bajo distintas formas, continúa vigente.

El enfoque decolonial —entre cuyos principales referentes se encuentran Arturo Escobar, Enrique Dussel, Walter Mignolo y Aníbal Quijano— propone formas alternativas de analizar la realidad latinoamericana, y ponen especial énfasis en la descolonización del ser y el saber en sus aspectos epistemológicos y de diversidad cultural.

El agronegocio, modelo hegemónico de globalización neoliberal, ha transformado la producción agropecuaria de la Argentina en una economía de enclave, estructura que perpetúa características económicas y sociales propias del colonialismo. Su fracaso como modelo de desarrollo, basado en semillas comerciales predominantemente transgénicas, monocultivo y agrotóxicos, que prioriza el rendimiento y el crecimiento económico y no contempla el bienestar humano, genera una inequitativa distribución de la riqueza, altísimos niveles de exclusión, pobreza y destrucción de los bienes comunes, está a la vista.

La continuidad y hegemonía de este modelo agropecuario, desde hace 30 años, nos interpela a confrontar la actual desesperanza generalizada de que no hay salida posible.

Otro modelo agropecuario es viable. La construcción de un paradigma alternativo de desarrollo agrícola para salir de la lógica del extractivismo obliga a pensar propuestas colectivas que contemplen un diálogo de saberes, que incluya a la ciencia crítica y la opinión de todos los actores que habitan los distintos territorios, incorporando los saberes tradicionales de las comunidades originarias.

¿Cómo construir propuestas para revertir el modelo?

Existen diferentes alternativas, las cuales deberían ser discutidas socialmente en el marco de un modelo de campo que contemple una nueva visión de la relación naturaleza-sociedad, donde la naturaleza sea considerada como un interlocutor y no como un objeto del cual apropiarse.

La pérdida de potencial productivo de los países neocoloniales, a causa del despojo de sus bienes comunes y de la degradación de sus ecosistemas por el extractivismo de los países centrales, es un desafío que requiere una reconstrucción del saber y el hacer basados en nuevos paradigmas que permitan construir una racionalidad productiva diferente.

Eduardo Gudynas plantea una propuesta que resulta promisoria y factible para salir de todos los tipos de extractivismos (minero, petrolero, agrícola) mediante un proceso de transiciones en sucesivos pasos y distintos tiempos. En cuanto al uso de la tierra en particular, resulta necesario una acabada comprensión y resignificación del desarrollo agrario a nivel de las condiciones particulares de cada territorio, mediante diferentes políticas de reconstrucción democrática.

Construir una racionalidad productiva alternativa requerirá sentar las bases conceptuales que permitan conectar con nosotros y nuestra historia, revalorizando experiencias autóctonas y comunitarias, lo cual ayudará a reconocernos y avanzar en la resolución de las dificultades de cada región, planteando un horizonte de desarrollo local y regional, con seguridad y soberanía alimentaria.

La Agroecología es una disciplina científica que representa un paradigma alternativo de desarrollo agrícola. Con un enfoque multidimensional e interdisciplinario tiene como objetivo lograr una producción con sostenibilidad ecológica, incluyendo la dimensión social, medioambiental, económica y cultural. Se caracteriza por su amplio contenido político que cuestiona la economía de libre mercado, la racionalidad de la agricultura industrial, las relaciones de poder, y la degradación de los bienes comunes, entre otras cosas.

La agroecología: ¿Mito o realidad?

Sus prácticas agrícolas mejoran las interacciones entre los diferentes componentes bióticos del sistema agrícola para incrementar los servicios ecosistémicos y permitir reducir insumos externos al sistema.

Se basa en una racionalidad productiva diferente, donde los recursos se manejan de forma integrada con el objetivo de optimizar la productividad del sistema agrícola en su totalidad, en lugar maximizar los rendimientos de las distintas especies como lo hace la agricultura industrial. Incrementa la diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas mediante policultivos, rotaciones, agrosilvicultura, rotación agrícola-ganadera, etc. a fin de aumentar la sustentabilidad y la resiliencia a fluctuaciones del clima brindando adaptación ante el cambio climático.

En base a principios de auto-organización, reciprocidad y solidaridad, promueve prácticas agrícolas alternativas que permiten diseñar sistemas productivos con sustentabilidad, equidad social y viabilidad económica.

Este tipo de agricultura, a pesar de abastecer con alimentos saludables (carnes, frutas y verduras) a más de la mitad de la población del país, representa aproximadamente el once por ciento de la tierra cultivada en el país. Esto indica que estos sistemas agrícolas deberían extenderse significativamente en la cantidad de hectáreas ocupadas como en la diversificación de los productos cultivados.

El tránsito hacia la agroecología

Se proponen algunas ideas que puedan contribuir a un debate pluralista que confronte intereses y estrategias en la búsqueda de una planificación consensuada que consolide este modelo productivo.

Destruir el mito falso de que la producción agroecológica es posible sólo a pequeña escala. Existen numerosas experiencias exitosas de producción agroecológica en municipios de la provincia de Buenos Aires, otras provincias del país, y a lo largo de Latinoamérica que muestran que es una alternativa competitiva y rentable, además de crear trabajo, contribuir al desarrollo local y evitar el éxodo rural.

Se propone también promover canales cortos de comercialización (mercados locales y regionales) para productos agroecológicos en los territorios para abastecer el mercado interno con alimentos sanos a precios justos, con arraigo local y seguridad y soberanía alimentaria.

El conocimiento científico y tecnológico es una de las herramientas fundamentales para salir de la actual crisis, los organismos científico-técnicos deberían reformular sus políticas de investigación y desarrollo, hoy mayormente cooptadas por la ciencia hegemónica y las empresas concentradas. Se busca diseñar políticas de desarrollo de tecnologías apropiadas para los distintos tipos de productores, facilitando formas asociativas y comunitarias que fortalezcan las economías regionales.

El Estado debería recobrar su rol de formular políticas públicas (acceso a la tierra, maquinarias, financiamiento, asistencia técnica, canales de comercialización, entre otras) orientadas a dar solución a los problemas que enfrentan los pequeños y medianos productores del país, entre ellos los agricultores y las cooperativas de la agricultura familiar, campesina e indígena.

La agroecología es una construcción social que está siendo visibilizada y valorada en distintas partes del mundo como una alternativa productiva imperiosa ante un futuro incierto de cambio climático global y escasez de energía.

A nivel país, a pesar del ataque del actual gobierno a la agricultura familiar, campesina e indígena, y a los organismos vinculados, resulta alentador que las producciones agroecológicas y las experiencias de transición a la agroecología se estén fortaleciendo, gracias a una fuerte convicción y acción de los que la apoyan, mediante el trabajo familiar, la formación de diversas formas asociativas, los técnicos y profesionales.

Nutrirnos de corrientes de pensamiento que sustentan otra visión de mundo, como el Buen Vivir y Derecho de la Naturaleza, nos permitirá recuperar en el “nosotros” el sentido de la existencia y construir un mundo diferente.

*Norma Sánchez. Investigadora Principal de Conicet, Profesora Emérita de la UNLP.

**Susana Ricci. Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (Cinea, Unicen) y docente de la Unicen.